Principales conclusiones de la revisión de la Directiva Europea sobre Reutilización de Información del Sector Público

La Unión Europea se creó para facilitar las transacciones comerciales entre sus estados miembros, eliminando barreras y asegurando el libre movimiento de bienes, personas y servicios. Con el auge de los datos y de la economía digital, la institución ha tenido que ampliar su ámbito de alcance más allá de los bienes físicos, e incluir entre sus funciones la creación de un Mercado Digital Único que fomente el intercambio de información de manera segura.

Los organismos públicos no dejan de generar datos, los cuales son una materia prima valiosa para favorecer el crecimiento económico. El poder de los datos abiertos públicos queda patente en los estudios de la Unión Europea: más del 50% empresas encuestadas usan datos abiertos para generar nuevos productos y servicios; y un tercio de las startups apoyadas por ODINE no existirían sin datos abiertos.

Con el objetivo de facilitar la reutilización de la información del sector público, nació la Directiva 2003/98/CE del Parlamento y Consejo Europeo (Directiva PSI en sus siglas en inglés), que introdujo disposiciones sobre no discriminación, coste, acuerdos exclusivos, transparencia y licencias, entre otros aspectos. En 2013 esta directiva fue modificada por la Directiva 2013/37/EU. La Directiva de 2013 incorporaba la necesidad de establecer una revisión de la iniciativa sobre accesibilidad y reutilización de la información pública antes del 18 de julio de 2018, con el objetivo de aumentar la cantidad de datos del sector público disponibles para su reutilización, garantizar una competencia leal y un fácil acceso a los mercados basados ​​en información del sector público, y contribuir a la innovación transfronteriza.

Para llevar a cabo esta revisión se ha llevado a cabo un análisis minucioso de otras directivas vigentes (INSPIRE o Directiva de bases de datos) con el fin de alinear los textos vigentes. Así mismo, se ha realizado una consulta pública y un análisis del impacto que han tenido en la economía los cambios introducidos en 2013. Durante el proceso de consulta se recopilaron tanto las opiniones de los organismos públicos como de los reutilizadores (actores públicos, privados, comerciales y no comerciales).

Las conclusiones han confirmado que la Directiva ha contribuido a estimular la economía europea, alcanzando sus objetivos. Además, ha tenido un impacto favorable en la transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y la eficiencia del sector público. Sin embargo, también indican que todavía hay retos que superar con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas. Algunos de estos retos están relacionados con los siguientes aspectos:

• El limitado acceso en tiempo real a los datos. Se deberían proporcionar datos más dinámicos en tiempo real, así como soluciones técnicas que faciliten su uso.

• Las tarifas por encima del coste. Las tarifas deberían limitarse “a los costes marginales en que se incurra al reproducir, poner a disposición y difundir los datos abiertos”, pero se ha constatado que existe la práctica extendida de exigir cantidades muy superiores. Esto limita las posibilidades de las empresas de menor tamaño.

• La falta de disponibilidad de datos de alto interés porque están en manos de operadores privados. Por ejemplo, datos generados por empresas proveedoras de servicios públicos (del sector utilities, transportes, etc.) o que son fruto de investigaciones financiadas con fondos públicos.

• La necesidad de evitar los acuerdos de exclusividad. Los acuerdos público-privados pueden llevar a situaciones en las que la información del sector público esté bloqueada.

• Las Incertidumbres sobre la relación entre la Directiva y ciertos instrumentos legales relacionados.

Ante estos retos, la Comisión está en proceso de revisión de la Directiva PSI, principalmente en relación a los siguientes aspectos:

• Estimular la publicación de datos dinámicos y la adopción de APIs.

• Limitar las excepciones que permiten a los organismos públicos cobrar por la reutilización de sus datos un precio superior a los costes marginales de la difusión.

• Ampliar el alcance de la Directiva PSI, incluyendo datos procedentes de empresas públicas -en este caso, el precio de reutilización sí podrá ser superiores a los costes marginales de difusión-  y datos de investigaciones con financiación pública.

• Fortalecer los requisitos de transparencia para los acuerdos público-privados que involucran información del sector público, evitando acuerdos exclusivos.

Hasta el 3 de julio, está abierto el plazo para que aquellos que lo deseen faciliten su opinión sobre los distintos aspectos incluidos en la revisión.

En resumen, la revisión de la Directiva PSI busca seguir impulsando un ecosistema de datos abiertos que permita dar un paso más hacia la constitución de un Mercado digital Único. Con la nueva Directiva PSI y su impulso de la reutilización transfronteriza de datos abiertos será más fácil iniciar nuevos negocios basados en datos, así como mejorar los ya existentes, con el consiguiente valor para la sociedad, tal y como se recoge en la siguiente figura.