Los datos abiertos en el sector privado: ¿asignatura pendiente?

Las políticas de open data y reutilización de la información se han asociado tradicionalmente a las entidades del sector público. Resulta lógico que sean ellas quienes impulsen este tipo de iniciativas, en la medida que se financian a través de fondos públicos, si tenemos en cuenta además que es una consecuencia fundamental del marco legislativo impulsado por la Unión Europea refrendado por la legislación española.

Una de las principales medidas que suelen adoptar las normas europeas que se aplican al sector público se refiere a la delimitación del alcance de su ámbito subjetivo, tal y como sucede singularmente en la contratación pública y, asimismo, por lo que respecta a la reutilización de la información. Con ello se pretende aclarar qué sujetos están obligados a cumplir con sus previsiones y dotar de mayor seguridad jurídica a su aplicación práctica. 

Este modelo regulatorio se ha seguido en España por el legislador estatal, que ha incluido en el ámbito de aplicación subjetivo de sus previsiones únicamente a las entidades con personalidad jurídico-pública. Tras la reforma que ha tenido lugar en el año 2015 en relación al régimen jurídico del sector público, existen entidades privadas “vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas” que, a ciertos efectos, se someten a las normas administrativas. Dicha consecuencia no afecta a la regulación sobre reutilización de la información, si bien expresamente se consideran sector público -aunque institucional- tras la entrada en vigor de la referida modificación legal.

Integración público privada

Al margen del debate que podría entablarse sobre la oportunidad de ampliar los sujetos destinatarios de las normas sobre reutilización, lo cierto es que nada impide que los proyectos e iniciativas sobre open data den un paso más en dicha línea. En este sentido, la irrupción del Internet de las Cosas y el big data evidencian un cambio de paradigma basado en la interconexión permanente y generalizada de dispositivos y fuentes de información que, no siempre provienen de sujetos pertenecientes al sector público. De hecho, normalmente tienen su origen en usuarios y otras entidades privadas que prestan múltiples servicios relativos a la sociedad de la información y las comunicaciones, aunque no de modo exclusivo. Aun cuando, en muchas ocasiones se refieran a actuaciones y actividades que tienen lugar en la vía pública o utilizando bienes públicos, tal y como sucede singularmente con los servicios de telefonía.

Dichos protagonistas no se encuentran vinculados por unas normas sobre acceso y reutilización inicialmente concebidas para ser aplicadas en el contexto del sector público. No obstante, resultaría de gran utilidad para los infomediarios poder integrar el conjunto de datos que se generan por los referidos sujetos privados en el tratamiento que llevan a cabo conforme a los estándares de los datos abiertos y, en concreto, de manera automatizada. Las dificultades y las potenciales barreras jurídicas pueden ser mayores en el sector privado, sobre todo si tenemos en cuenta la reticencia a compartir información con potenciales competidores en el mismo mercado. Se trata de un desafío relevante que debería conducir al establecimiento de unas mínimas condiciones jurídicas compartidas por los diversos operadores y sujetos implicados para no renunciar a la oportunidad que ofrecería la integración público-privada en esta materia.

Nos encontramos ante un debate jurídico imprescindible, si se pretende aprovechar el potencial valor añadido de la reutilización más allá del estricto cumplimiento de las obligaciones legales. En particular, si se aspira a impulsar mejores servicios con un auténtico -y diferencial- valor añadido a partir de la integración de datos procedentes tanto del sector público como del privado. Para ello, resulta necesario alinear la apertura de los datos en este último con las políticas y las iniciativas que, se están promoviendo desde lo público desde hace años. Y en particular, por lo que respecta a las condiciones técnicas en las que los datos estarían accesibles. En este desafío, más allá del marco normativo existente, corresponde a los poderes públicos liderar esta apuesta necesaria facilitando y fomentando no sólo la apertura sino también la interconexión de los datos que sean precisos para que puedan ofrecerse servicios de utilidad adaptados a las necesidades de los usuarios, con independencia que se encuentren en un poder de una entidad pública o privada.