Publicación de los estudios encargados por la Comisión Europea sobre acuerdos exclusivos en materia de información pública

La Comisión Europea ha publicado recientemente una serie de estudios destinados a analizar las barreras potenciales a las que se enfrenta el sector de la información pública en nuestro continente y, en concreto, a determinar la existencia o no de acuerdos exclusivos que vulneren la  Directiva 2003/98/CE  sobre reutilización de información del sector público.

Este trabajo, que se ha centrado inicialmente en ocho países de la UE, entre ellos España, forma parte de las  propuestas  realizadas en mayo del pasado año por la propia Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para evaluar el cumplimiento de la mencionada norma comunitaria y delimitar el escenario de su próxima revisión, antes del año 2012.

Hay que recordar, a ese respecto, la prohibición impuesta con carácter general por la UE-27, desde el 31 de diciembre de 2008, de cualquier contrato de exclusividad entre departamentos u organismos oficiales y terceras partes que restrinja la utilización, en igualdad de condiciones, de las informaciones públicas, salvo cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, en cuyo caso deberá reconsiderarse periódicamente el motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.

En este sentido, los estudios ahora publicados a partir de las opiniones de más de 4.700 agentes europeos del sector –la mitad de ellos empresas y organizaciones no oficiales- revelan la inexistencia de acuerdos de ese tipo y, en consecuencia, el suficiente cumplimiento de la Directiva.

Por ejemplo, se recuerda la extinción de algunas situaciones detectadas en su día en Suecia y en Holanda.

No obstante, esta investigación destaca la existencia de un grupo reducido de casos (en torno a 50) que podrían interferir en el adecuado desarrollo de la industria de la reutilización, así como la presencia de una serie de obstáculos estructurales que, más allá del ámbito legal, afectan también al mercado de la información pública, como son:

• 1. Bajo conocimiento y concienciación sobre la normativa reguladora europea y las potencialidades del sector. 
• 2. Cierta dispersión de las políticas y actuaciones emprendidas en la materia entre los diferentes niveles nacional, regional y local. 
• 3. Información insuficiente o ambigua sobre las condiciones de uso de los datos. 
• 4. Utilización de formatos inadecuados para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos. 
• 5. Predominancia de condiciones de uso restrictivas. 
• 6. Tarifas y precios que lastran una mayor competencia en el mercado y potencialmente favorecen a los actores con superiores recursos. 
• 7. Ausencia, dentro de cada administración, de personal con responsabilidad y potestad centralizada sobre las políticas de apertura y reutilización de los datos.