Identificador Europeo de Legislación (ELI): una oportunidad para impulsar la interoperabilidad y reutilización de textos legales

Hoy en día podemos encontrar gran cantidad de información legislativa en la red. Países, regiones y municipios hacen públicos sus textos normativos y jurídicos a través de diversos espacios y boletines oficiales. El uso de esa información puede ser de gran utilidad para impulsar mejoras en el sector: desde facilitar la localización de información jurídica hasta el desarrollo de chatbots capaces de resolver dudas legales de los ciudadanos.

Sin embargo, localizar, acceder y reutilizar estos documentos suele resultar complejo, debido a las diferencias en los ordenamientos jurídicos, los diversos idiomas o los distintos sistemas técnicos utilizados para almacenar y gestionar los datos.

Para resolver este reto, la Unión Europea cuenta con un estándar de identificación y descripción de las normas denominado Identificador Europeo de Legislación, conocido como ELI por sus siglas en inglés (European Legislation Identifier).

¿Qué es el Identificador Europeo de Legislación?

El ELI surgió en 2012 a través de unas Conclusiones del Consejo (2012/C 325/02) en las que la Unión Europea invitaba a los Estados miembros a adoptar un estándar de identificación y descripción de las normas jurídicas. Esta iniciativa ha ido evolucionando y enriqueciéndose gracias a nuevas conclusiones publicadas en 2017 (2017/C 441/05) y 2019 (2019/C 360/01).

El ELI, que se basa en un acuerdo voluntario entre los países de la UE, busca facilitar el acceso, intercambio e interconexión de la información jurídica publicada en los sistemas nacionales, europeos y mundiales. De esta forma se facilita su disponibilidad como conjuntos de datos abiertos, impulsando su reutilización.

En concreto, el ELI permite:

• Identificar documentos legislativos, como normas o recursos legales, de forma univoca mediante un identificador único (URI), comprensible tanto por personas como por máquinas.
• Definir las características de cada documento a través de metadatos procesables automáticamente. Para ello utiliza vocabularios definidos mediante ontologías consensuadas y recomendadas para cada ámbito.

Gracias a ello, se consiguen una serie de ventajas:

• Aporta mayor calidad y fiabilidad.
• Aumenta la eficacia en los flujos de información, reduciendo tiempos y ahorrando costes.
• Optimiza y agiliza el acceso a la legislación de distintos sistemas jurídicos al proporcionar la información de manera uniforme.
• Mejora de la interoperabilidad de los sistemas jurídicos, facilitando la cooperación entre países.
• Facilita la reutilización de datos jurídicos como base de nuevos servicios y productos de valor añadido que mejoran la eficiencia del sector.
• Impulsa la transparencia y la rendición de cuentas de los Estados Miembros.

Aplicación del ELI en España

El ELI es un sistema flexible que debe ser adaptado a las peculiaridades de cada territorio. En el caso del ordenamiento español, existen diversos aspectos jurídicos y técnicos que condicionan su implementación.

Uno de los principales condicionantes es la pluralidad de emisores, con normas a nivel nacional, autonómico y local, cada una de las cuales cuenta con su propio medio de publicación oficial. Además, cada organismo publica los documentos en los formatos que considera adecuados (pdf, html, xml, etc.) y con distintos metadatos. A ello hay que sumar la pluralidad lingüística, por la cual cada boletín se publica en las lenguas oficiales correspondientes.

Por ello, se acordó que la implementación del ELI se realizaría de forma coordinada por todas las administraciones, en el marco de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE), a través de dos fases:

• Debido a la complejidad de la normativa local, en la primera fase, se decidió abordar únicamente la especificación técnica aplicable al Estado y las Comunidades Autónomas, mediante acuerdo de la CSAE de 13 de marzo de 2018.
• En febrero de 2022, se ha elaborado una nueva versión para incluir en su aplicación a la normativa local.

Con esta nueva especificación, quedan establecidas las directrices comunes para la implementación del ELI en el contexto español, pero respetando las particularidades de cada organismo. Es decir, recoge únicamente los elementos mínimos necesarios para garantizar la interoperabilidad de la información legal publicada en todos los niveles de administración, pero se sigue permitiendo que cada organismo mantenga sus propios diarios oficiales, bases de datos, procesos internos, etc.

Con respecto al ámbito temporal, los organismos tienen que aplicar estas especificaciones de la siguiente manera:

• Normativa estatal: aplica a aquella publicada a partir del 29/12/1978, así como la publicada antes si cuenta con versión consolidada.
• Normativa autonómica: aplica a aquella publicada a partir del 29/12/1978.
• Normativa local: cada entidad podrá aplicar su propio criterio.

¿Cómo implementar el ELI?

En la página web https://www.elidata.es/ se ofrecen recursos técnicos para la aplicación del identificador. En ella se explica el modelo contextual y se ofrecen distintas plantillas para facilitar su aplicación:

• Plantilla URI para las normas estatales y autonómicas
• Plantilla URI para el diario oficial

También ofrece la relación de metadatos mínimos comunes, entre otros recursos.

Además, para facilitar la coordinación nacional y la compartición de experiencias, en la web también se puede encontrar información sobre la implementación efectuada por las distintas administraciones.

El ELI ya se aplica, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde su página web se puede acceder a todas las normas del BOE identificadas con ELI, distinguiendo entre las normas estatales y autonómicas. Si tomamos como referencia una norma como el Real Decreto-ley 24/2021, donde se procedía a la transposición de varias directivas europeas (incluida la de datos abiertos y reutilización de la información del sector público), vemos que se incluye un incluye un permalink ELI.

En definitiva, nos encontramos ante un mecanismo común de gran utilidad para facilitar la interoperabilidad de la información jurídica, lo cual puede impulsar su reutilización no solo a nivel nacional, sino también europeo, favoreciendo la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.

Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.