La importancia de la alfabetización en datos en el contexto de los derechos digitales y el auge de la inteligencia artificial

Fecha de la noticia: 13-09-2024

Icono de un lupa en un ordenador

La alfabetización en datos se ha convertido en un asunto crucial en la era digital. Este concepto se refiere a la capacidad de las personas para comprender el uso que se hace de los datos, así como para acceder a ellos, crearlos, analizarlos, utilizarlos o reutilizarlos, y comunicarlos.

Vivimos en un mundo donde los datos y los algoritmos influyen en decisiones cotidianas y en las oportunidades que tiene la gente para vivir bien. Su efecto se puede sentir en áreas que incluyen desde la publicidad y la oferta de empleo, hasta la justicia penal y las ayudas sociales. Por ello es fundamental comprender cómo se generan y utilizan los datos.

La alfabetización en datos puede implicar muchas áreas, pero nos vamos a centrar en su relación con los derechos digitales por una parte y la Inteligencia artificial (IA) por otro. Este artículo propone explorar la importancia de la alfabetización en datos para la ciudadanía, abordando sus implicaciones en la protección de los derechos individuales y colectivos y la promoción de una sociedad más informada y crítica en un contexto tecnológico donde la inteligencia artificial cobra cada vez más importancia.

El contexto de los derechos digitales

Cada vez hay más estudios que indican que una participación efectiva en la sociedad actual –impulsada por los datos y presidida por algoritmos— requiere de una alfabetización en datos. Los derechos civiles se traducen cada vez más en derechos digitales a medida que nuestra sociedad se vuelve más dependiente de las tecnologías y entornos digitales. Esta transformación se manifiesta de varias maneras:

  • Por un lado, los derechos reconocidos en constituciones y declaraciones de derechos humanos se están adaptando explícitamente al contexto digital. Por ejemplo, la libertad de expresión ahora incluye la libertad de expresión en línea, y el derecho a la privacidad se extiende a la protección de datos personales en entornos digitales. Además, algunos derechos civiles tradicionales se están reinterpretando en el contexto digital. Una muestra de ello es el derecho a la igualdad y no discriminación, que ahora incluye la protección contra la discriminación algorítmica y contra los sesgos en sistemas de inteligencia artificial. Otro ejemplo es el derecho a la educación, que se extiende ahora también al derecho a la educación digital. La importancia de las habilidades digitales en la sociedad se reconoce en varios marcos legales y documentos, tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en España. Por último, el derecho de acceso a Internet se está considerando cada vez más como un derecho fundamental, similar al acceso a otros servicios básicos.
  • Por otro lado, están surgiendo derechos que abordan desafíos únicos del mundo digital, como el derecho al olvido (vigente en la Unión Europea y algunos otros países que han adoptado legislaciones similares1), que permite a las personas solicitar la eliminación de la información personal disponible en línea, bajo ciertas condiciones. Otro ejemplo puede ser el derecho a la desconexión digital (en vigor en varios países, principalmente en Europa2), que garantiza que los y las trabajadoras puedan desconectarse de dispositivos y comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo. De la misma forma, existe el derecho a la neutralidad de Internet para asegurar un acceso equitativo a los contenidos en línea sin discriminación por parte de los proveedores de servicios, un derecho que también este derecho está establecido en varios países y regiones, aunque su implementación y alcance pueden variar. La UE tiene regulaciones que protegen la neutralidad de la red, incluido el Reglamento 2015/2120, que establece normas para salvaguardar el acceso abierto a Internet. La Ley de Protección de Datos española contempla la obligación de los proveedores de Internet de proporcionar una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Además, el derecho de acceso a Internet –relacionado con la neutralidad de la red— está reconocido como un derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta transformación de los derechos refleja la creciente importancia de las tecnologías digitales en todos los aspectos de nuestras vidas.

El contexto de la inteligencia artificial

La relación entre el desarrollo de la IA y los datos es fundamental y simbiótica, ya que los datos sirven como base para el desarrollo de la IA de varias maneras:

  1. Se utilizan datos para entrenar algoritmos de IA, lo que les permite aprender, detectar patrones, hacer predicciones y mejorar su rendimiento con el tiempo.
  2. La calidad y la cantidad de datos afectan directamente la precisión y la confiabilidad de los sistemas de IA. En general, los conjuntos de datos más diversos y completos conducen a modelos de IA de mejor rendimiento.
  3. La disponibilidad de datos en varios dominios puede permitir el desarrollo de sistemas de IA para diferentes casos de uso.

Por ello, la alfabetización de datos se ha vuelto cada vez más crucial en la era de la IA, ya que forma la base para aprovechar y comprender de manera eficaz las tecnologías de IA.

Además, el auge de los macrodatos y de los algoritmos ha transformado los mecanismos de participación, presentando tanto desafíos como oportunidades. Los algoritmos, aunque puedan estar diseñados para ser justos, a menudo reflejan los prejuicios de sus creadores o de los datos con los que se entrenan. Esto puede llevar a decisiones que afectan negativamente a grupos vulnerables.

En este sentido, se están llevando a cabo esfuerzos desde el punto de vista legislativo y académico para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) europea incluye garantías para evitar sesgos perjudiciales en la toma de decisiones algorítmica. Por ejemplo, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo potencial e impone requisitos más estrictos a aquellos de alto riesgo. Además, se exige el uso de datos de alta calidad para entrenar los algoritmos, minimizando los sesgos, y establece mantener documentación detallada sobre el desarrollo y funcionamiento de los sistemas, permitiendo auditorías y evaluaciones con supervisión humana. Asimismo, esta ley refuerza los derechos de las personas afectadas por decisiones de la IA, incluido el derecho a impugnar las decisiones tomadas y su explicabilidad, permitiendo a las personas afectadas entender cómo se llegó a una decisión.

La importancia de la alfabetización digital en ambos contextos

La alfabetización de datos ayuda a la ciudadanía a tomar decisiones informadas y entender todas las implicaciones de sus derechos digitales, que también se consideran, en muchos aspectos, como se ha referido anteriormente, derechos civiles universales. En este contexto, la alfabetización de datos sirve como un filtro crítico para una plena participación cívica que permita a la ciudadanía influir en las decisiones políticas y sociales. Es decir, quienes tienen el acceso a los datos y las habilidades y herramientas para navegar por la infraestructura de datos de manera efectiva pueden intervenir e influir de manera significativa en los procesos políticos y sociales, algo que promueve la Open Government Partnership.

Por otro lado, la alfabetización en datos permite a la ciudadanía cuestionar y entender estos procesos, fomentando una cultura de responsabilidad y transparencia en el uso de la IA. Asimismo, existen barreras para participar en entornos impulsados ​​por datos. Una de estas barreras es la brecha digital (es decir, la privación del acceso a infraestructuras, conectividad y formación, entre otras) y, de hecho, la falta de alfabetización en datos. Por tanto, esta última se presenta como un concepto crucial para superar los desafíos que plantea la datificación de las relaciones humanas y la plataformización de los contenidos y servicios.

Recomendaciones para implementar una sociedad preparada

Parte de la solución para abordar los desafíos que propone el desarrollo de la tecnología digital es incluir la alfabetización en datos en los currículos educativos desde una edad temprana.

Esto debería abarcar:

  • Conceptos básicos de datos: comprensión de qué son los datos, cómo se recopilan y se utilizan.
  • Análisis crítico: adquisición de las habilidades para evaluar la calidad y la fuente de los datos e identificar sesgos en la información presentada. Se busca reconocer los potenciales sesgos que los datos puedan contener y que se puedan producir en el procesamiento de dichos datos, además de impulsar la capacidad para actuar en favor de la apertura de datos y su uso para el bien común.
  • Derechos y regulaciones: información sobre los derechos de protección de datos y cómo las leyes europeas afectan al uso de la IA. Este ámbito abarcaría toda regulación presente y futura que afecte al uso de los datos y su implicación en tecnología como la IA.
  • Aplicaciones prácticas: la posibilidad de crear, usar y reusar datos abiertos disponibles en los portales habilitados por gobiernos y administraciones públicas, para generar así proyectos y oportunidades que permitan a las personas trabajar con datos reales, promoviendo un aprendizaje activo, contextualizado y continuo.

Al educar sobre el uso y la interpretación de los datos, se fomenta una sociedad más crítica y capaz de demandar responsabilidad en el uso de la IA. Las nuevas leyes de protección de datos en Europa ofrecen un marco que, junto con la educación, puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con el abuso algorítmico y promover un uso ético de la tecnología. En una sociedad datificada, en la que los datos desempeñan un papel fundamental, existe la necesidad de fomentar la alfabetización de datos en la ciudadanía desde edad temprana.

1. El derecho al olvido se estableció por primera vez en mayo de 2014 a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente, en 2018, se reforzó con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que lo incluye explícitamente en su artículo 17 como "derecho de supresión". En julio de 2015, Rusia aprobó una ley que permite a los ciudadanos solicitar la eliminación de enlaces en los buscadores rusos si la información "infringe la legislación rusa o si es falsa o se ha quedado obsoleta". Turquía ha establecido su propia versión del derecho al olvido, siguiendo un modelo similar al de la UE. Serbia también ha implementado una versión del derecho al olvido en su legislación. En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) regula el derecho al olvido, especialmente en lo que respecta a ficheros de morosos. En Estados Unidos, el derecho al olvido se considera incompatible con la Constitución, principalmente debido a la fuerte protección de la libertad de expresión. Sin embargo, existen algunas regulaciones relacionadas, como la Fair Credit Reporting Act de 1970, que permite en ciertas situaciones la eliminación de información antigua o caduca en informes crediticios.

2. Algunos países en los que se ha establecido este derecho incluyen España, regulado por el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales; Francia, que, en 2017, se convirtió en el primer país en aprobar una ley sobre el derecho a la desconexión digital; Alemania, incluido en la Ley de Horarios de Trabajo y de Descanso (Arbeitszeitgesetz); Italia, dentro de la Ley 81/201, y Bélgica. Fuera de Europa, está, por ejemplo, en Chile.


Contenido elaborado por Miren Gutiérrez, Doctora e investigadora en la Universidad de Deusto, experta en activismo de datos, justicia de datos, alfabetización de datos y desinformación de género. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor