La descentralización administrativa, un desafío para el uso de datos públicos

Como es sabido, tras la Constitución de 1978 se ha instaurado en España un modelo descentralizado de organización territorial caracterizado por la existencia, al menos, de tres niveles administrativos: el estatal, el autonómico y el local, que a su vez se integra por varios escalones en función de la Comunidad Autónoma correspondiente (provincial, insular, comarcal…).Por lo que se refiere al ámbito de las Administraciones Públicas, con carácter general este modelo organizativo supone que cada entidad tiene asignadas sus propias competencias, que puede ejercer con autonomía respecto de las demás.

Las competencias están repartidas entre varios entes públicos en determinadas materias, lo que puede suponer una dificultad añadida a la hora de que los infomediarios puedan ofrecer servicios de valor añadido a partir de la reutilización de la información en poder de todos ellos. En efecto, puede darse el caso de que algunas de las Administraciones competentes tuviera accesible un importante catálogo de información según los estándares de los datos abiertos mientras que, por el contrario, el resto o bien sólo ofrezcan datos en soporte electrónico según formatos no reutilizables de manera automatizada o, simplemente, se encuentren todavía inmersas en una realidad de gestión basada en el soporte papel. Esta diversidad de sujetos puede conllevar asimismo una especial dificultad a la hora de que la totalidad de los datos relevantes y útiles relativos a ese ámbito material puedan integrarse a través de una misma aplicación que permita su reutilización.

El caso del turismo en España 

Nada mejor para constatar el alcance de esta problemática que proyectarla sobre un ejemplo concreto. Tomemos el caso del turismo por su enorme importancia en términos económicos, ya que el peso de este sector en España supera el 11% del PIB. En el nivel estatal las competencias corresponden a un departamento concreto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que ejerce sus funciones a través una Secretaría de Estado específica; si bien, al mismo tiempo, se han creado otras entidades con su propia personalidad jurídica, como son el organismo autónomo Turespaña, encargado de dinamizar en todo el mundo España como destino turístico, así como las entidades públicas Paradores de Turismo y SEGITTUR, sociedad estatal que, en línea con su apuesta institucional por la innovación, dispone incluso de algunas bases de datos abiertas. Por otra parte, numerosas entidades vinculadas o pertenecientes al sector público estatal tienen asignadas funciones muy relevantes para el sector turístico, como puede ser el transporte aéreo, el ferrocarril o la previsión meteorológica. Tampoco podemos olvidar la titularidad estatal de ciertos espacios turísticos de ámbito cultural y reconocimiento internacional, como pueden ser algunos museos.

Las competencias administrativas en materia turística no se agotan en la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas tienen un papel muy relevante que se proyecta también en la apertura de sus propios sistemas de información específicos en materia turística, con algunos proyectos muy destacados. Pero al igual que sucedía con el Estado, en el ámbito autonómico existen igualmente una multiplicidad de entidades y órganos competentes, ya sea específicamente dedicados al sector turístico, ya con una incidencia indirecta, como puede ser el caso de las actividades náuticas, la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con el reconocimiento del patrimonio cultural o, entre otras, la gestión de espacios naturales o la gestión de las líneas de transporte de ámbito supramunicipal. Por su parte, las entidades locales —especialmente los municipios—  disponen de información turística de gran importancia, como la relativa a los espacios urbanos, el transporte colectivo de pasajeros, la gestión de instalaciones culturales —como teatros y salas de exposiciones—, actividades de ocio gestionadas directamente o promovidas con entidades privadas…

La fragmentación competencial supone una dificultad añadida a la hora de desarrollar aplicaciones basadas en la reutilización de la información turística en manos del sector público, sobre todo si lo que se pretende es ofrecer un servicio integral que, además, debería incorporar los datos de interés en poder de entidades privadas, como sucede con cierto tipo de bienes (iglesias y otros espacios religiosos) o de servicios de ocio (teatros, cines, parques de atracciones, espectáculos deportivos…).

Existen ciertas herramientas que facilitan el acceso a la información tanto a nivel de estándares generales para hacer frente a la disgregación como, asimismo, secciones específicas en los catálogos públicos. Existe el riesgo de que la fragmentación competencial característica de nuestro modelo de organización administrativa se proyecte también sobre el funcionamiento de la tecnología y, en definitiva, termine por convertirse en un inhibidor de la innovación y, por tanto,  de la competitividad. Impulsar la innovación tecnológica al servicio del turismo pasa por apostar de forma decidida por una mayor cooperación y coordinación en la apertura de los datos por parte de las administraciones implicadas, asegurando así la interoperabilidad no solo técnica, semántica y legal, sino también organizativa.