La (futura) reforma de la normativa reglamentaria estatal en materia de reutilización de la información del sector público

Una de las principales implicaciones del Gobierno Abierto se refiere a la participación de la ciudadanía en la adopción de las decisiones de los poderes públicos. Esta exigencia adquiere una especial importancia por lo que se refiere a la elaboración de las normas, de ahí que tras la reforma del procedimiento administrativo en el año 2015 se hayan establecido ciertas reglas específicamente destinadas a facilitar la participación ciudadana con ocasión de la elaboración de normas reglamentarias.

En aplicación de esta exigencia legal, a través de la web del Ministerio de Hacienda y Administración Pública se ha puesto en marcha el trámite de audiencia e información pública correspondiente al proyecto de Real Decreto por el que se regula la Reutilización de la Información del Sector Público. Hasta el día 20 de marzo se pueden realizar las aportaciones que se consideren oportunas al texto del proyecto, debiendo enviarse a través de la dirección de correo electrónico normativa.tic@correo.gob.es

Esta iniciativa tiene por objeto la tramitación de la norma reglamentaria llamada a desarrollar la legislación en materia de reutilización de la información del sector público estatal, en particular tras la reforma llevada a cabo por la Ley 18/2015, de 9 de julio, con la finalidad de adaptar la normativa a las novedades introducidas por la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio.

Tal y como se recoge en la preceptiva Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto, inicialmente se valoró la simple modificación del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. Pero la importancia de los cambios legales referidos ha llevado a plantear una modificación sustancial de dicha norma con una mayor amplitud. En concreto, los objetivos que se pretenden abordar con esta nueva regulación son:

• Fijar con carácter general las obligaciones que las entidades del sector público han de asumir en el ámbito estatal;

• Concretar el régimen aplicable a las distintas modalidades de puesta a disposición;

• Establecer a nivel normativo el modelo organizativo y de gobernanza que permita una mejor coordinación y supervisión;

• Adaptar el marco normativo a las exigencias derivadas de la aplicación de las disposiciones sobre acceso a la información, propiedad intelectual e industrial, así como, de manera particular, la protección de los datos de carácter personal.

Una de las novedades más relevantes del proyecto es el establecimiento de una regulación más detallada que cubre aspectos de gran trascendencia, como el contenido de las licencias-tipo, reforzando de este modo la seguridad jurídica de los reutilizadores. También se intenta dar respuesta a algunas de las principales exigencias impuestas por parte de la Unión Europea en 2013 y que tuvieron su reflejo en la reforma legal de 2015. Es el caso del carácter excepcional de los acuerdos exclusivos y la cuantificación de las tarifas. Además, se incorpora una regulación específica para el ámbito cultural (archivos, bibliotecas y museos).

Asimismo, en relación al modelo de gobernanza, el proyecto pretende poner en marcha un Grupo de Trabajo con el fin de impulsar la coordinación en el sector público estatal y, de manera especial, revisar el cumplimiento de los planes de impulso que cada sujeto obligado ha de publicar y mantener actualizado.

Finalmente es preciso destacar que el proyecto incorpora una clara e inequívoca exigencia en materia contractual. De esta manera, una vez entre en vigor, los pliegos de prescripciones técnicas relativos a contratos que tengan por objeto el desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimientos evolutivos de sistemas de información deberán incluir necesariamente una cláusula que contemple los aspectos relacionados con la apertura de sus datos.

Como se ha indicado previamente, el texto está sujeto a que aquellos ciudadanos que lo deseen, ya sea de manera individual o a través de diversas asociaciones, puedan compartir su opinión y realizar aportaciones adicionales que afecten a su contenido. Una vez finalice el plazo de audiencia e información pública, el próximo 20 de marzo, se procederá a establecer el texto definitivo.

Este Real Decreto es un paso más para impulsar la publicación de información con unas condiciones que facilite su reutilización, a través de formatos estructurados, abiertos e interoperables, de tal forma que se puedan utilizar para crear nuevos servicios y productos que aporten valor a la sociedad.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

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