España

Contratero es un buscador web de licitaciones y adjudicaciones públicas en España. Permite encontrar contratos por palabras clave, sector, organismo, importe y fechas, y consultar quién ha ganado contratos anteriores y por cuánto. Para ello, cuenta con diversas funcionalidades, todas gratuitas:

• Sin cuenta: vista previa de búsquedas, perfiles y fichas.
• Con cuenta gratuita: búsqueda completa, fichas con adjudicación y pliegos, historial de organismos y empresas, exportación CSV, alertas por correo y API.
• Por invitación: resumen con IA de cada contrato.

Está pensada para autónomos y empresas que buscan oportunidades de contratación, y también para quienes necesitan consultar el gasto público. Se utiliza desde el navegador, sin instalar nada. Cubre todos los sectores desde 2025 e incluye los contratos menores; el histórico anterior se centra principalmente en informática y telecomunicaciones.

La aplicación reúne datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tanto de los perfiles de contratante alojados en ella como de las plataformas autonómicas que agrega. Consulta las fuentes cada hora y enlaza cada ficha con el anuncio oficial, donde se pueden comprobar los datos y la documentación de la licitación.

Casas.es es un aplicación web gratuita que muestra un mapa de España en el que se puede obtener una ficha para cada edificio, confeccionada mediante la reutilización de datos de más de 250 fuentes oficiales y abiertas, que cruza por referencia catastral y por sección censal para que cada casa tenga datos comparables.

En cada ficha se muestra la siguiente información:

• CasasValue: estimación automática del valor con horquilla (P10-P90), número de testigos y alquiler estimado, con metodología pública. No es una tasación oficial.
• Fotografía aérea: de la parcela en 1956, en los años 80 y hoy (IGN), con un vídeo time-lapse que se descarga gratis.
• Datos catastrales: año de construcción, superficie, plantas y viviendas del Catastro; orientación y letra energética del registro oficial, con la demanda y el coste energético estimados.
• Vistas estimadas: distancia al mar, altitud y pendiente.
• Due diligence exprés: zonas inundables del SNCZI (MITECO), edificios anteriores a la prohibición del amianto y enlace al valor de referencia del Catastro.
• Impuestos estimados: IBI e ITP de su comunidad autónoma.
• Entorno: renta media de los hogares de su sección censal (INE), padrón municipal, servicios cercanos, velocidad real de internet, horas de sol (AEMET) y temperatura del mar mes a mes.
• Aviso de errores: en caso de observar algún dato erróneo, cada dato dispone de un botón para informar de ello.

Reutiliza más de 250 fuentes oficiales y abiertas: Dirección General del Catastro, Instituto Geográfico Nacional (GN/CNIG), Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, registros autonómicos de certificados energéticos y OpenStreetMap. En esta página se cita cada conjunto de datos con enlace a su publicación oficial.

Con esos datos, muestra información de alrededor de 13 millones de edificios y de más de 31 millones de inmuebles catastrales en más 8.000 municipios. 

Recientemente la Comisión Europea acaba de destacar a esta aplicación en el directorio de herramientas de BUILD UP, su portal sobre eficiencia energética de los edificios, como mapa de certificados energéticos edificio a edificio.

La aplicación web funciona en el navegador del ordenador y del móvil, sin registro y con la interfaz en 21 idiomas.

El Visualizador Comparador de Imágenes de Satélite del Instituto Geográfico Nacional (IGN) es una aplicación cartográfica que permite comparar diferentes imágenes satelitales de una misma zona mediante herramientas interactivas. 

Su objetivo es facilitar el análisis de los cambios territoriales y medioambientales producidos a lo largo del tiempo.

festivos.io es una plataforma de datos abiertos que recopila, normaliza y facilita la consulta y reutilización de los calendarios oficiales de España. 

Estructura la información mediante los códigos INE de los 8.132 municipios y combina los festivos nacionales y autonómicos con las fiestas ocales disponibles, manteniendo la referencia oficial de cada registro. Dispone de las siguientes funcionalidades:

• Buscador web.
• Calculadora de días hábiles.
• Calendarios fiscales.
• Calendarios escolares.
• Calendarios iCalendar.
• Información demográfica y analítica propia sobre la distribución y el impacto de los festivos.
• Conjuntos de datos en formato JSON.
• API pública y servidor MCP.

La cobertura local se publica de forma transparente, diferenciando entre fechas confirmadas con nombre propio verificado, denominaciones genéricas y datos todavía pendientes, sin completar los vacíos mediante inferencias.

La plataforma integra información del BOE, los boletines autonómicos, el INE, la AEAT y las consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.

La Administración General del Estado custodia uno de los mayores patrimonios de datos del país. Sin embargo, esa riqueza se ha visto limitada durante años por una gestión dispersa en silos, datos maestros que no siempre se comparten entre organismos, una trazabilidad insuficiente y procesos de depuración manuales y costosos, retos que en buena medida persisten hoy y que evidencian la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobierno del dato más sólido. A esa necesidad se suma la oportunidad que abre la redefinición del marco normativo sobre datos en la Unión Europea. El Reglamento de Datos (Data Act), el Reglamento de Gobernanza de datos (Data Governance Act), la Directiva de Datos Abiertos o el futuro Reglamento Ómnibus Digital, exigen avanzar hacia la apertura y la interoperabilidad de los datos públicos debido a una insuficiente disponibilidad en las condiciones adecuadas. En paralelo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha puesto de manifiesto la cada vez mayor necesidad de contar con datos bien gobernados y de calidad para obtener resultados fiables. 

Impulsa DATA es un proyecto liderado por la Dirección General del Dato, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y nace precisamente del cruce de ese déficit con el impulso regulatorio y la oportunidad que ha supuesto el Plan de Impulso de los Espacios de Datos Sectoriales en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre abril de 2025 y junio de 2026 se han desarrollado un total de 22 proyectos en ministerios y organismos públicos con el objetivo de avanzar en el gobierno y la publicación de datos públicos tanto abiertos como sujetos a autorización de uso. 

Impulsa DATA, facilitador de una administración data-driven

Impulsa DATA  se ha desarrollado como una iniciativa estratégica que ha contribuido a impulsar el desarrollo de la economía del dato y a promover un nuevo modelo data-driven en la Administración General del Estado, mediante el fomento de la creación de valor a partir de un recurso clave para la competitividad actual como son los datos. Su objetivo: romper los silos internos mediante una gobernanza sólida y, al mismo tiempo, acelerar la apertura y reutilización de los datos públicos. 

Para lograrlo, la iniciativa se ha articulado en torno a tres pilares: 

• Coordinación centralizada: ofreciendo un marco unificador a todos los organismos participantes, con servicios comunes, plantillas y guías de reutilización.
• Ejecución especializada: mediante la cesión de medios humanos expertos que han trabajado directamente con cada organismo en proyectos a medida de gobierno y publicación de datos.
• Infraestructura tecnológica compartida: en base a cuatro modelos técnicos distintos, con o sin herramienta de gobierno, con o sin herramienta de catálogo, pero todos ellos orientados a la federación con datos.gob.es. 

Los servicios comunes, el motor del proyecto

Una de las claves de Impulsa DATA ha sido la puesta a disposición de servicios comunes, agrupados en cuatro grandes bloques, diseñados para su reutilización por cualquier administración:

• Estrategia: incluye instrumentos para la evaluación de madurez, el diseño de la estrategia del dato y el impulso al gobierno, la gestión y la calidad de la información.
• Datos: aborda herramientas para la elaboración de inventarios, glosarios y diccionarios de datos maestros, la definición del ciclo de vida del dato y su transformación y normalización hacia estándares comunes.
• Tecnología: aporta herramientas de privacidad reforzada, conocidas como PET, y apoyo técnico en la implantación de herramientas de catálogo y gobierno.
• Cultura y legal: ha trabajado en la elaboración de pautas para la gestión del cambio organizacional, el análisis de la demanda sectorial de datos y la asesoría jurídica necesaria. 

Con el objetivo de maximizar su impacto, los servicios comunes de Impulsa DATA quedan disponibles para su reutilización por cualquier administración pública. Su diseño estandarizado y escalable facilita su adopción y contribuye a extender las buenas prácticas de gobierno del dato al conjunto de las administraciones públicas. 

Algunos proyectos que ilustran el impacto

Los proyectos ejecutados abarcan ámbitos muy diversos, desde la estadística pública hasta la seguridad vial. Destacamos a continuación algunos de ellos, que permiten hacer una idea del alcance real de la iniciativa. 

• El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha ampliado su catálogo ES_DataLab con 75 conjuntos de datos sujetos a confidencialidad, incluyendo un metadato extenso, entre los que destacan el Panel de Renta, elaborado junto con la Agencia Tributaria, y el Visualizador de Multilocalización Empresarial, desarrollado con el Banco de España.
• El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) partía de una presencia limitada en datos.gob.es, con unos 50 conjuntos de datos. Ha alcanzado los 6.300 y prevé superar los 10.000 registros publicados una vez se incorporen el repositorio Digital.CSIC, ya publicado, y el catálogo del Instituto Geológico y Minero de España.
• El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha pasado de 12 a 941 conjuntos de datos catalogados, entre los que se incluyen imágenes de satélite y ortofotos, empleadas en análisis territorial y en aplicaciones de inteligencia artificial y big data.
• Dentro de la Seguridad Social, Impulsa DATA ha coordinado a cuatro entidades gestoras (Tesorería General, Instituto Nacional, Instituto Social de la Marina y Dirección General de Ordenación) para federar 185 conjuntos de datos bajo un modelo común.
• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando en la implantación de un portal público vinculado a datos.gob.es. Se han publicado 3 conjuntos de datos, entre ellos el anuario de pesca marítima.
• El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reforzado la catalogación de los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de facilitar su interoperabilidad y reutilización. En total se han publicado siete nuevos conjuntos de datos.
• El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado en la depuración y migración de sus datos hacia una arquitectura por capas, publicando 7 conjuntos, entre ellos la estimación del parque de viviendas.
• El Ministerio de Cultura ha desarrollado una prueba piloto de gobierno del dato sobre la Encuesta del Ateneo, un fondo documental de inicios del siglo XX con información sobre nacimientos, matrimonios y defunciones en España.
• La Secretaría General de Política Interior y Procesos Electorales ha catalogado y publicado resultados electorales desagregados por mesa, municipio y provincia, un conjunto de datos con aplicación en estudios de comportamiento social y análisis de riesgos regulatorios.
• El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha catalogado el conjunto Sentencias-LEXTER, con resoluciones sobre recursos de inconstitucionalidad y conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, y ha preparado sus datos para su uso en el sistema de inteligencia artificial ALIA.
• La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General del Estado, un conjunto de datos que detalla la estructura y los perfiles profesionales de los distintos organismos. 

Otros organismos han publicado conjuntos con aplicaciones directas: la Dirección General de Tráfico ha abierto un dataset de siniestralidad orientado al análisis de puntos negros y campañas de prevención; la Dirección General de Policía ha publicado la ubicación de sus dependencias de atención ciudadana; y la Oficina Española de Patentes y Marcas ha automatizado la publicación de sus datos de invenciones, útiles para labores de vigilancia tecnológica.

Aprendizajes comunes

Las valoraciones recogidas entre los organismos participantes coinciden en varios puntos. El más repetido es la importancia de que las instituciones avancen hacia una cultura organizativa orientada al dato, con procesos óptimos de gobierno, gestión y calidad. También se menciona la relevancia en la adopción de estándares comunes, como el DCAT-AP-ES o las especificaciones UNE de gobierno del dato, y la automatización de procesos de transformación y publicación de metadatos. 

El proyecto ha servido como punto de partida para iniciativas posteriores que están teniendo lugar en las administraciones, tales como la constitución de oficinas del dato o la elaboración de hojas de ruta estratégicas para consolidar el gobierno del dato a medio plazo. La propia Dirección General del Dato ha puesto en marcha la iniciativa Ágora Data, que pretende avanzar en los servicios que se han dado desde el proyecto Impulsa Data. 

Impulsa DATA concluye así su fase de ejecución con 22 proyectos y una sólida base metodológica y tecnológica que sienta precedentes para la incorporación de nuevos organismos y el desarrollo de espacios de datos sectoriales. 

ES·pera es un observatorio independiente de las listas de espera sanitarias en España basado en datos públicos oficiales. 

Reúne, estructura y contextualiza información del Sistema Nacional de Salud y de los servicios autonómicos de salud para analizar la evolución de las listas de espera, las diferencias entre territorios, especialidades y procesos y, cuando la fuente lo permite, el detalle por hospitales. 

Incluye series históricas, comparadores, informes interanuales, visualizaciones y descarga de datos, manteniendo la trazabilidad hasta las fuentes oficiales.

El informe ofrece una panorámica general del marco jurídico español y europeo sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público. 

El punto de partida es un cambio de paradigma desde la normativa general sobre transparencia y acceso a la información, impulsado también desde el plano internacional, con referentes como la Alianza para el Gobierno Abierto y la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que España se ha ido adhiriendo progresivamente. En concreto, frente a un modelo regulatorio de acceso a la información más formalizado, propio de la normativa general sobre transparencia, la regulación sobre reutilización de la información del sector público apuesta por la disponibilidad proactiva de datos mediante catálogos, formatos legibles por máquina y licencias-tipo, situando el foco no en la solicitud individual sino en la apertura por defecto.

A nivel europeo, el informe presenta de manera sucinta cómo ha evolucionado la normativa sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, sobre todo a partir de la Directiva de 2019, que ha ampliado progresivamente su alcance y ámbito de aplicación para incluir, entre otros, los datos de investigación financiados con fondos públicos, los metadatos o los llamados datos de alto valor. A esta regulación general se han ido añadiendo normativas más recientes que intentan hacer frente a tensiones específicas de carácter jurídico, entre las que destacan: 

• El Reglamento de Gobernanza de Datos, que intenta facilitar la reutilización de información sensible por derechos de terceros, como es el caso de la protección de datos personales.

• El Reglamento de Datos, que regula el acceso equitativo a la información generada por dispositivos conectados, incluyendo relaciones entre empresas y, en casos excepcionales, hacia el sector público.

• El Reglamento sobre inteligencia artificial, que establece exigencias de calidad y representatividad relativas a los conjuntos de datos usados para entrenar sistemas de alto riesgo, conectando así la apertura de datos con la protección frente a sesgos algorítmicos.

A continuación, el informe aborda de manera específica la regulación existente en España por lo que se refiere a la reutilización de la información del sector público y, en particular, la legislación básica que se aplica en todos los ámbitos: la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (LRISP) y su reforma en 2021. De manera complementaria, y en concreto desde la perspectiva territorial, se subraya, de una parte, la notable heterogeneidad que existe en la regulación autonómica y, de otra, se presenta el modelo de ordenanza de referencia elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Figura 1. Marco normativo de los datos abiertos. Fuente: elaboración propia - datos.gob.es.

El informe presenta también los principales aspectos de la regulación existente en varios ámbitos sectoriales, ilustrando cómo los principios generales de apertura y reutilización se proyectan de forma distinta según la naturaleza de cada tipo de información:

• En el ámbito de la salud, al amparo del Espacio Europeo de Datos de Salud, se explica la distinción fundamental entre el uso de los datos para la asistencia clínica directa al paciente y su reutilización posterior con fines de investigación, innovación, planificación o gestión.

• En materia de información geográfica, se subraya la existencia de un ecosistema de compartición de datos ya muy maduro y consolidado, hasta el punto de que sirve como referencia para organizar la apertura de datos en otros sectores.

• En relación con la información ambiental, se destaca cómo un derecho de acceso históricamente muy garantista converge ahora con las nuevas tecnologías. La apertura de información detallada sobre el clima, el territorio o la biodiversidad resulta clave para alimentar sistemas de inteligencia artificial que ayuden a monitorizar, predecir y mitigar los efectos del cambio climático, apostando por la sostenibilidad.

• En el ámbito de la contratación pública, se ha avanzado decisivamente en la digitalización de la información sobre licitaciones y adjudicaciones, exigiendo su publicación proactiva en formatos abiertos a través de plataformas interoperables. Sobre esta base, se está impulsando la creación de entornos compartidos que mejoren la calidad de la información, fomentando el control ciudadano y el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido por parte de terceros.

• Por último, en el sector de la movilidad, el acceso a los datos de tráfico y transporte se está consolidando mediante infraestructuras centralizadas y la progresiva creación de espacios de datos integrados. Estas herramientas permiten estructurar y unificar la información, lo que resulta clave para que empresas y desarrolladores puedan crear aplicaciones que mejoren la experiencia del usuario y optimicen los desplazamientos en todo el territorio.

El informe finaliza apuntando una reflexión esencial para el futuro más inmediato: desde una perspectiva jurídica, el principal reto consiste en impulsar verdaderos ecosistemas de datos interoperables entre sectores diversos y heterogéneos, equilibrando la necesaria simplificación normativa a nivel europeo con el mantenimiento de las garantías jurídicas que protegen los derechos y libertades en el actual entorno digital.

Para profundizar en el contenido del informe, hemos grabado un pódcast y una video-entrevista donde el autor nos cuenta las claves del informe. Además, se ha elaborado un resumen ejecutivo.

Escucha el pódcast con el autor

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Atlas Estratégico de España es una plataforma de información geoespacial que reúne, normaliza y representa datos abiertos sobre recursos, infraestructuras y capacidades estratégicas de España. Integra actualmente 39 capas y 5.832 registros relacionados con minerales críticos y minería, energía, agua, conectividad, transporte, ciencia, territorio y soberanía.

Cada registro dispone de una ficha propia y citable. Los datos mantienen su fuente, fecha y estado de verificación —confirmado, parcial o sin verificar— y únicamente una fuente primaria permite considerar una información como confirmada. Cuando un dato no puede determinarse con suficiente evidencia, se identifica explícitamente ese vacío en lugar de completarlo mediante estimaciones.

El proyecto reutiliza información pública procedente, entre otros, del IGN y CNIG, MITECO, BOE, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, Adif, CORES, Catastro Minero, Sistema Cartográfico Nacional y Comisión Europea. Cada capa identifica la fuente original, sus condiciones de reutilización y la atribución correspondiente.

Además incorpora información que no puede representarse únicamente mediante un mapa. Las series temporales permiten consultar y citar la evolución histórica del agua embalsada en España desde 1988 y de las entradas de gas natural al sistema español desde 2004.

Actualmente mantiene más de 13.000 referencias documentales, archivadas para preservar la trazabilidad aunque las fuentes originales cambien o desaparezcan, existiendo un proceso automatizado comprueba periódicamente su disponibilidad.

Todo el contenido puede consultarse públicamente sin registro. Los datos geoespaciales pueden descargarse en formato GeoJSON por capa, las vistas del mapa pueden compartirse e integrarse en otras páginas web y cada versión publicada del proyecto queda archivada con DOI en Zenodo (10.5281/zenodo.21918595).

Cuando recibimos atención médica fuera de nuestro lugar de residencia esperamos que el profesional sanitario pueda acceder a nuestra información clínica para ofrecernos la mejor atención posible. Esos datos, tratados con las debidas garantías, también pueden ayudar a investigar enfermedades o a mejorar las decisiones del sistema sanitario. 

La digitalización ha multiplicado la cantidad de información que generan los sistemas sanitarios. Historiales clínicos, resultados de pruebas diagnósticas, registros de dispensación de medicamentos o datos procedentes de dispositivos de salud conectados conforman un volumen de datos que, bien gestionado, puede transformar la atención médica y la investigación. El reto es compartir los datos de forma segura, interoperable y respetuosa con los derechos de los pacientes. 

El Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) establece un marco común para avanzar en esa dirección. Su desarrollo permitirá que la ciudadanía acceda con mayor facilidad a su información sanitaria y que los datos puedan utilizarse, bajo autorización y en entornos protegidos, para fines de interés público. 

Recientemente se ha publicado un informe sobre la aplicación del EEDS en España y las decisiones necesarias para adaptar el sistema sanitario al nuevo marco europeo. El documento revisa el punto de partida de nuestro país, identifica los principales retos y formula recomendaciones para avanzar hacia un uso de los datos de salud más seguro e interoperable. 

Del marco normativo a la implementación: qué cambia con el EEDS

Para entender qué implica esto en la práctica, conviene primero situar el marco legal que lo sostiene. La construcción del Espacio Europeo de Datos de Salud forma parte de la estrategia europea para impulsar la economía del dato en sectores clave. En el ámbito sanitario, este espacio busca facilitar el intercambio y el uso de datos de salud con garantías de seguridad e interoperabilidad. El Reglamento (UE) 2025/327, en vigor desde marzo de 2025, establece el marco jurídico que ordena su desarrollo. Esta norma regula el uso de la información durante la asistencia sanitaria y su reutilización para fines autorizados, y también establece requisitos para los sistemas de historia clínica electrónica. 

El Reglamento articula el EEDS en torno a los dos grandes usos de los datos de salud: 

• Uso primario: es el tratamiento de los datos para prestar asistencia sanitaria. Incluye derechos como el acceso gratuito a la información de salud electrónica, solicitud de rectificaciones, conocimiento de quién ha consultado sus datos y restricción de determinados accesos. El intercambio de información entre países se canalizará a través de la infraestructura europea de datos digitales de salud (MyHealth@EU), diseñada para facilitar una atención sanitaria transfronteriza con continuidad.
• Uso secundario: es la reutilización de datos de salud con fines de investigación, innovación o diseño de políticas públicas. El acceso requiere un permiso del organismo competente y debe realizarse bajo condiciones controladas, con datos anonimizados o seudonimizados. Quedan prohibidas finalidades como la mercadotecnia y las decisiones perjudiciales para las personas. 

Las obligaciones previstas en el Reglamento (UE) 2025/327 se aplicarán de forma progresiva, siguiendo un calendario para que los Estados miembros y los organismos puedan adaptarse. La adaptación alcanzará a prestadores públicos y privados. Los centros con menos recursos necesitarán orientación para adecuar sus sistemas. La Comisión deberá aprobar los actos de ejecución clave durante el periodo de aplicación de dos años que comenzará en marzo de 2027. En marzo de 2029 comenzarán a aplicarse las obligaciones sobre las historias clínicas resumidas de los pacientes y la receta y dispensación electrónica. También entrará en aplicación buena parte del marco para el uso secundario. En 2031 se incorporarán categorías como las imágenes médicas, los resultados de laboratorio o los informes de alta hospitalaria. 

La implantación del EEDS en España deberá tener en cuenta las distintas capacidades digitales de la población. Las herramientas y los canales que se habiliten tendrán que ser fáciles de utilizar y ofrecer apoyo a quienes encuentren dificultades. El ejercicio de los derechos específicos que incorpora el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud deberá apoyarse en canales claros para que la ciudadanía pueda consultar sus datos y solicitar correcciones, así como recibir información comprensible sobre las consecuencias de limitar el acceso a determinadas categorías de datos.

España ante el EEDS: una base sólida y retos pendientes

El uso primario: más acceso y control para la ciudadanía

España parte de una posición favorable en el ámbito asistencial (uso primario). La historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud y la receta electrónica interoperable ofrecen una base ya desplegada. Tal y como destaca el informe, nuestro país cuenta además con experiencia en los servicios europeos de intercambio transfronterizo, ya que todas las comunidades autónomas están ya conectadas o se encuentran en proceso de prueba a la infraestructura de servicios digitales MyHealth@EU. 

El uso secundario: datos seguros para investigar y decidir mejor

Antes de solicitar datos, un equipo investigador necesita saber qué conjuntos existen y cuál es su calidad. HealthData@EU conectará los catálogos nacionales y facilitará la tramitación de solicitudes. Los organismos de acceso evaluarán cada petición y fijarán las condiciones de uso. 

En España, el Espacio Nacional de Datos de Salud trabaja con un modelo federado. Las fuentes mantienen el control de la información, que se pondrá a disposición de quien lo solicite a través del organismo de acceso dentro de entornos de tratamiento seguro.  El Espacio Nacional de Datos de Salud es ya una realidad tal y como podemos comprobar en su portal de comunicación y acceso, operativo desde febrero de 2026 y con más de 330 conjuntos de datos ya publicados en su catálogo.

Cinco prioridades para llegar preparados a 2029

Marzo de 2029 es el primer gran hito de aplicación del Reglamento, como hemos mencionado anteriormente. Para entonces deberán estar operativos los servicios correspondientes a las primeras categorías prioritarias del uso primario. También comenzará a aplicarse, para la mayoría de las categorías de datos, el sistema de permisos y entornos seguros destinados al uso secundario. A partir del informe pueden identificarse cinco retos que España tendrá que abordar antes de esa fecha. 

• La gobernanza ocupa el primer lugar. Será necesario delimitar las funciones de las autoridades estatales y autonómicas, además de establecer cauces estables de coordinación. La consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Digital ya planteó la adaptación del ordenamiento español al Reglamento. El documento también propuso regular una historia clínica interoperable de alcance nacional e incorporar a los prestadores privados.
• La segunda prioridad es la calidad del dato. La información debe estructurarse desde su origen y acompañarse de metadatos suficientes. Un catálogo aporta valor cuando permite conocer el contenido de un conjunto antes de iniciar una solicitud. El estándar HealthDCAT-AP proporciona un vocabulario común para documentar estos recursos.
• El tercer reto es la interoperabilidad efectiva. El intercambio debe funcionar entre comunidades autónomas y entre la sanidad pública y la privada. Un estándar técnico común no garantiza por sí mismo que todos los sistemas interpreten la información de la misma forma. Por eso, los estándares comunes deberán validarse en situaciones reales para asegurarse de que la información conserva el mismo significado al pasar de un sistema a otro.
• La cuarta prioridad es reforzar las capacidades de los profesionales que aplicarán el EEDS. Esto incluye a los servicios de salud, los centros de investigación y los organismos encargados de autorizar el acceso a los datos. El personal sanitario deberá saber cómo registrar y consultar información interoperable. Por su parte, los responsables del gobierno del dato y los equipos de apoyo jurídico y tecnológico tendrán que conocer los procedimientos de acceso, las obligaciones de trazabilidad y las condiciones de uso previstas en el Reglamento.
• Por último, la sostenibilidad marcará la diferencia entre un piloto y un servicio estable. Hará falta financiación plurianual y una evaluación periódica. La confianza ciudadana dependerá de saber quién utiliza los datos y con qué finalidad. Los controles aplicados deberán ser igualmente visibles. 

El reto de fondo: convertir los datos en confianza y valor público

El Espacio Europeo de Datos de Salud se medirá por su capacidad para mejorar la atención y facilitar la investigación sin debilitar los derechos de las personas. España dispone de infraestructuras relevantes y acumula experiencia en salud digital. Las decisiones adoptadas antes de marzo de 2029 mostrarán si esa base puede convertirse en servicios de uso cotidiano. 

El siguiente paso consiste en trasladar los principios del Reglamento a procedimientos comprensibles y sostenibles. Cuando los derechos puedan ejercerse con facilidad y la reutilización se desarrolle bajo controles verificables, el espacio de datos se integrará en el funcionamiento habitual del sistema sanitario. Así, quien precise de atención fuera de su comunidad, o de su país, encontrará su información sanitaria allí donde la necesite. Y esa misma información, reutilizada de forma segura y anónima, ayudará a investigar enfermedades, evaluar tratamientos y diseñar políticas de salud más eficaces, un beneficio que revierte sobre el conjunto de la ciudadanía.

El ecosistema de los datos abiertos en España se encuentra en una fase de madurez y consolidación. Si bien las comunidades autónomas llevan años impulsando plataformas de datos, el escenario actual exige dar un paso más: pasar de la mera publicación de datos a su apertura estratégica con impacto social y económico.

En este sentido, el V Plan de Acción de Gobierno Abierto de España y los diversos planes de digitalización de cada región han servido de base para que diversos organismos autonómicos revisen su hoja de ruta y adquieran nuevos compromisos para continuar impulsando la apertura y reutilización de datos públicos.

Como ya hicimos con el IV Plan de Gobierno Abierto, en este artículo vamos a repasar dichos compromisos. Para ello vamos a basarnos en las tareas de evaluación recogidas en el portal de Transparencia y en los ya mencionados planes estratégicos de cada comunidad autónoma. Al final del artículo se incluye una infografía con los portales de datos abiertos de cada región y los principales documentos que forman su marco estratégico en esta materia.

Andalucía

Fruto de su participación en el IV Plan, Andalucía desarrolló un plan de apertura de datos e impulso de tecnologías Big Data, e implementó un plan de formación y capacitación en gobierno abierto y apertura de datos para el personal de la administración.

La comunidad autónoma ha tenido un papel activo en la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto, con una estrategia orientada a convertir el dato en un activo de alto valor social y económico entre 2025 y 2028. La comunidad apuesta por una apertura descentralizada mediante planes específicos en cada una de sus consejerías, reforzando la escucha activa con los reutilizadores y mejorando la transparencia financiera a través de un visor del presupuesto más interactivo. Asimismo, la región tiene previsto conectar su archivo electrónico institucional (@rchivA) con plataformas de datos abiertos y crear un observatorio unificado para las universidades públicas, facilitando el acceso a información clave sobre empleabilidad, investigación y rendimiento académico en formatos completamente reutilizables.

Principado de Asturias

El Principado de Asturias puso en marcha su Foro de Gobierno Abierto dirigido a impulsar la colaboración, transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación tecnológica. En este marco, la culminación del Plan Estratégico de Transparencia quedó a la espera de un informe preceptivo y vinculante, necesario de acuerdo con la ley 8/2028 de Transparencia, Buen Gobierno y grupos de interés del Principado de Asturias. También se está trabajando en una Estrategia de Transformación Digital.

Ante este marco, el compromiso central del Principado de Asturias en el V Plan no se focaliza en los datos, sino en el desarrollo legislativo para blindar los derechos democráticos de sus ciudadanos a través de la futura Ley de Participación Asturiana.

Aragón

En este periodo, Aragón ha pasado de una estrategia enfocada en la divulgación, interoperabilidad y escucha activa de datos abiertos (Aragón Open Data 2019-2022) a una visión de gestión integral del dato como activo estratégico de la región, con el desarrollo de una Plataforma de Gobernanza de datos y el foco puesto en la inteligencia artificial. También cabe destacar su actividad en el ámbito de la salud con el lanzamiento de la primera Oficina del Dato de Salud en España, que abarcará todo el ciclo de vida del dato: desde su generación hasta su explotación.

Sus objetivos para el V Plan de gobierno abierto se centran más en la co-creación de políticas públicas y la mejora de la transparencia, entre otros aspectos.

Canarias

Canarias focalizó sus esfuerzos en la centralización de los datos abiertos de las distintas administraciones públicas de la región, con un procedimiento de actualización periódica automatizada. En este sentido, también se ha avanzado en el desarrollo de la Red Canaria de Gobierno Abierto para compartir experiencias y necesidades. Aunque no se incluyó en el plan, cabe destacar los avances en la Estrategia de Gobierno Abierto de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que tiene entre sus prioridades de actuación los datos abiertos y el gobierno del dato (gestión pública basada en datos y evaluación de políticas públicas).

Entre sus próximos planes, destaca la reforma del marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información para alinearla con los principios y criterios más actuales, eliminar ambigüedades y mejorar la claridad en la aplicación. En concreto, se detalla el deseo de “integrar y facilitar tecnologías digitales avanzadas para la gestión y divulgación de la información pública”. 

Cantabria

Al igual que en el periodo anterior, la labor de datos abiertos de Cantabria se centra en los datos estadísticos, donde destaca datos.icane.es como repositorio abierto, dependiente del Instituto Cántabro de Estadística. El objetivo de este portal es potenciar la reutilización, así como mejorar la difusión de información estadística a los usuarios por medio de herramientas basadas en estándares adoptados internacionalmente. 

Su compromiso en el Plan anterior se centró en el desarrollo de la legislación de la participación ciudadana, que culminó con la Ley 1/2026. En el nuevo ciclo, sus compromisos en el Plan actual son la creación de un portal de participación ciudadana y la mejora del portal de transparencia (en particular, mejorar el seguimiento y visualización de la información económico-presupuestaria y de contratación pública). Asimismo, en su Agenda digital de Cantabria 2024-2028 resaltan objetivos relacionados con los espacios de datos y la creación de oficinas del dato.

Castilla - La Mancha

Los compromisos de Castilla – La Mancha se centraron en el ámbito formativo, con la creación de un curso de especialización en gobierno abierto, donde uno de sus cinco ejes era la publicación y reutilización de datos abiertos. No obstante, recientemente también ha avanzado en tareas de gobernanza, con el Decreto 12/2026, de 31 de marzo, por el que se regula el Gobierno del Dato en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre otros aspectos, en él se subraya que el valor de los datos reside en sus posibilidades de uso y reutilización. También cabe destacar que han puesto en marcha una oficina del dato, entre cuyas tareas se encuentra “elaborar y mantener un catálogo de datos abiertos y de datos de alto valor”. En su estrategia digital resaltan su foco en la creación de un espacio de datos agroalimentarios compartido y seguro, y el impulso de decisiones del Gobierno Regional basadas en datos.

Para los próximos años, quieren centrar sus actividades en la actualización de su portal de transparencia, así como seguir impulsando la formación en áreas relacionadas con el gobierno abierto.

Castilla y León

Uno de los compromisos de la Junta de Castilla y León en el IV Plan de Gobierno Abierto fue la creación de un Catálogo de información pública, donde se relacionan todos los contenidos de publicidad obligatoria, sus responsables, frecuencia de actualización y formatos. En su Estrategia de especialización inteligente 2021-2027 se mencionan como líneas de actuación: el mantenimiento y ampliación del portal de análisis de datos abiertos; el fomento de la utilización de los conjuntos de datos de su portal de datos abiertos y la generación de aplicaciones y servicios mediante la convocatoria de sus premios; así como avanzar en el gobierno del dato hacia una política corporativa de gestión del ciclo de vida de los datos. En el ámbito más general de los datos, también se hace mención a la construcción de un espacio de datos autonómico de salud.

Sus compromisos en el nuevo plan de gobierno abierto estatal se centran en actividades de formación y asesoramiento tecnológico dirigidas a la ciudadanía para la adquisición de competencias digitales. También incluyen cursos en materia de transparencia y acceso a la información pública para entidades locales, y resaltan su compromiso con el gobierno del dato.

Cataluña

Los compromisos de Cataluña en el IV Plan de Gobierno Abierto se centraron en el desarrollo de una plataforma de participación ciudadana (decidimcat). Por otro lado, en el plan Pla d'Acció Open Goverment Partnership (2025-2028) se incluyó el foco en la apertura y reutilización de los datos públicos como motor de la innovación y el progreso social. En concreto, se comprometen a realizar una estrategia de impulso de la reutilización. De momento, han puesto en marcha un modelo de gobierno de datos para garantizar su interoperabilidad y reutilización.

Los nuevos compromisos adquiridos en el V Plan de Gobierno Abierto se focalizan en la participación ciudadana y en optimizar los recursos disponibles para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, entre otros.

Extremadura

En el IV Plan se comprometieron a simplificar el derecho de acceso a la información pública y la reducción de plazos de respuesta, que alcanzaron con resultado positivo. También se centraron en los laboratorios ciudadanos y la participación ciudadana. A nivel estratégico, recientemente han presentado la Estrategia de transformación digital de Extremadura 2027, que incluye entre sus líneas de actuación la puesta en marcha de un plan de gobierno del dato, un enfoque unificado para la recopilación, tratamiento y gestión de los datos, donde también se menciona la necesidad de impulsar la publicación de conjuntos de datos en el portal de datos abiertos.

En el nuevo Plan de Gobierno Abierto, sus compromisos se centran en la puesta en marcha de una plataforma de participación ciudadana y la formación, en materias más administrativas que relacionadas con los datos.

Galicia

Entre los múltiples compromisos adquiridos por la Xunta de Galicia en el IV Plan de Gobierno Abierto, destacaba la mejora del portal de transparencia y gobierno abierto, tanto a nivel de contenido (impulsando su presentación a través de imágenes, infografías, gráficos interactivos y mapas de geolocalización), como de formatos. En este sentido, se están publicando bianualmente planes generales de gestión y mejora de la calidad de los servicios del sector público autonómico (actualmente vigente el de 2026-2027). En el último, se hace mención a los avances en la calidad de los formatos en los que se facilita la información y, en concreto, en su carácter abierto “para que la información pueda ser objeto de reutilización por parte de la ciudadanía”. También han desarrollado la Estrategia Galicia Digital 2030, donde mencionan el compromiso de impulsar una estrategia gallega de datos que derive en una gestión inteligente de los datos públicos, mejorando la toma de decisiones y la participación ciudadana.

En el nuevo Plan Estatal de Gobierno Abierto sus objetivos se centran en impulsar y fortalecer la participación de la ciudadanía y en la simplificación de la información y procedimientos administrativos.

Illes Balears

A raíz del IV Plan de Gobierno Abierto, el Gobierno balear implantó actividades de difusión y formación en materia de gobierno abierto, con especial referencia a la publicidad activa y los datos abiertos. Illes Balears se ha focalizado en crear una normativa propia, donde destaca el acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2023 con medidas para impulsar la apertura y reutilización de los datos. También se elaboró el Decreto 31/2023, que establece la organización administrativa en materia de transparencia. En él, se impulsa y regula una Comisión Técnica de Datos Abiertos, encargada de coordinar el inventario, apertura, calidad y publicación automatizada (API) de los datos públicos. Este decreto incluye artículos centrados en fomentar la colaboración entre organismos para conseguir la disponibilidad de datos abiertos, en formatos reutilizables, en su catálogo de datos. 

En el nuevo plan sus compromisos están más relacionados con la participación ciudadana (creación de una plataforma para este fin) y la rendición de cuentas.

La Rioja

Entre los compromisos adquiridos por La Rioja en el IV Plan estaba la mejora del acceso al portal de transparencia y al de open data con la implantación de una plataforma semántica: una infraestructura tecnológica interna que estructura y conecta sus datos. En este sentido, se ha avanzado en la puesta a disposición de información pública y datos reutilizables, creándose un catálogo específico, para lo cual se realizó un análisis previo de la información disponible.

Con el nuevo plan, la actividad se centrará también en la creación de un catálogo de publicidad activa interactivo y de un espacio de consulta centrado en expedientes de derecho de acceso a la información pública.

Comunidad de Madrid

En el contexto del IV Plan de Gobierno Abierto, el gobierno madrileño puso su foco en la comunicación clara y la transparencia. En su Estrategia de Digitalización 2023-2026, sí se habla de datos abiertos, indicando que las líneas de actuación serán la mejora de la experiencia del ciudadano en el acceso a los datos y la incorporación de nuevos datasets.

En el V Plan de Gobierno Abierto han puesto el foco justamente en la necesidad de utilizar un lenguaje claro (por ejemplo, a través de la publicación de visualizaciones en el Portal de Transparencia) para facilitar la comprensión de la información por parte de la ciudadanía, así como en la accesibilidad cognitiva y la inclusión social de las personas con discapacidad.

Región de Murcia

La Región de Murcia sigue contando con los mismos mecanismos regulatorios que en el plan anterior, su Estrategia Regional de Datos Abiertos y el Plan Regional de Gobierno Abierto. Cabe destacar que durante el periodo de vigencia del IV Plan de Gobierno Abierto, desarrolló una estrategia de gobernanza pública, entre cuyas líneas de acción se encontraba el fomento de una cultura de datos y conocimiento abierto. Además, en su Agenda Digital 2022 – 2027, dedican un apartado al gobierno del dato, con la idea de convertirse en una organización orientada al dato, donde este se utilice para la toma de decisiones y se fomente el uso de datos abiertos y del Big Data.

Su objetivo para el nuevo periodo se centra en el fomento de la accesibilidad documental: tienen previsto el desarrollo de un plan para conseguir el acceso efectivo a la información pública en condiciones de igualdad para todas las personas.

Comunidad Foral de Navarra

El desarrollo de Open Data Navarra fue uno de los principales compromisos adquiridos por esta comunidad autónoma en el IV Plan. Tras la actualización, el foco se puso en la identificación de nuevos conjuntos de datos y la apertura de minisites con la incorporación de datos de entidades locales. Actualmente también están trabajando en base al II Plan de Gobierno Abierto 2025-2028, donde se apuesta por la apertura de datos a través de la revisión, actualización y federación del catálogo de datos abiertos con nuevos datos tanto a nivel local como de otras entidades de ámbito foral y estatal. También han puesto en marcha una Oficina del Dato, la Estrategia Digital Navarra 2030 -donde se resalta el “impulso de la política de datos abiertos e interoperables entre Administraciones Públicas y su puesta en práctica para un mayor desarrollo de los servicios públicos digitales”-, y un Manifiesto Ético del Dato.

Los compromisos del nuevo plan se centrarán más en la participación y la construcción de espacios cívicos, y la atención ciudadana de proximidad.

Comunitat Valenciana

En 2022, la Comunitat Valenciana publicó la Ley 1/2022, de 13 de abril,  de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que actualizaba el marco legal relativo a los datos abiertos y la reutilización de la información con un capítulo específico (capítulo V). Ese mismo año también presentó su estrategia de datos abiertos, donde se incluía un plan de acción y un modelo organizativo y de seguimiento. La estrategia ha sido ejecutada casi en su totalidad. Actualmente, se encuentra vigente la Estrategia de Gobierno Abierto de la Generalitat 2023-2027, cuyos ejes 9 y 10 abordan la necesidad de incrementar el catálogo de datos del Portal de Dades Obertes de la Generalitat e impulsar la colaboración entre las administraciones públicas. Durante los últimos años, también se han centrado en la realización de actuaciones de difusión, interlocución y colaboración para la consolidación de un ecosistema de agentes reutilizadores y el desarrollo de mecanismos de colaboración, entre otros. Por último, en su Plan de Transformación Digital 2025, también hacen una mención a los datos abiertos, al incluir entre sus objetivos la “creación de un Sistema Público de Gestión de Datos con el objetivo general de reutilizar y valorizar los datos generados en la Comunitat Valenciana”.

Para el periodo que abarca el V Plan de Gobierno Abierto, se centrarán en la gobernanza digital y la inteligencia artificial, mientras siguen ejecutando su estrategia de gobierno abierto.

País Vasco

En este periodo, han actualizado su normativa de datos abiertos incluyéndolos en el Decreto 91/2023, de 20 de junio, de atención integral y multicanal a la ciudadanía y acceso a los servicios públicos por medios electrónicos (artículo 36). Actualmente tienen vigente el III Plan de Acción para el Gobierno Abierto en Euskadi 2025-2028, donde se resaltan los logros alcanzados en datos abiertos, pero los nuevos compromisos están más centrados en participación ciudadana y rendición de cuentas. También están implementando su Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025, donde destacan la necesidad de una base sólida de gobernanza de datos que “permitirá el despliegue de la inteligencia artificial, la implementación de políticas públicas y establecerá entornos confiables y seguros para el intercambio y la reutilización de datos”.

En el V Plan del Gobierno Abierto, se comprometen a impulsar contenidos más comprensibles en sus portales de gobierno abierto y transparencia. El objetivo es permitir una comunicación más clara con la ciudadanía, una mejor rendición de cuentas, así como impulsar la colaboración y la concienciación.

Ceuta y Melilla

Los compromisos en el IV Plan de Gobierno Abierto de las ciudades autónomas no estaban centrados en materia de datos. No obstante, Melilla sí que ha avanzado en estos años con el desarrollo de un portal propio.

En el nuevo Plan, Melilla se ha comprometido a impulsar la transparencia, con todos los datos al alcance del ciudadano, así como a llevar a cabo actuaciones de formación en gobierno abierto. Ceuta no ha indicado ningún compromiso de manera individual.

El análisis del panorama autonómico refleja con claridad que el ecosistema de la información pública en España ha alcanzado un punto de inflexión. Los datos abiertos han sobrepasado las fronteras tradicionales del gobierno abierto para integrarse en los planes estratégicos de digitalización y transformación digital de las Comunidades Autónomas. Ya no estamos ante una mera obligación de publicidad activa, sino ante un pilar fundamental de la economía y la gestión pública moderna. Muestra de ello es cómo la mayoría de las regiones están evolucionando desde la simple publicación de catálogos hacia un verdadero gobierno y gobernanza del dato. Una tendencia que continuará durante los próximos años.

La siguiente infografía resume dónde puedes encontrar los datos abiertos de cada comunidad y su marco estratégico:

Disponible la versión interactiva (con enlaces) y la versión accesible (Word).