La regulación europea y española sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público

El informe ofrece una panorámica general del marco jurídico español y europeo sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público. 

El punto de partida es un cambio de paradigma desde la normativa general sobre transparencia y acceso a la información, impulsado también desde el plano internacional, con referentes como la Alianza para el Gobierno Abierto y la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que España se ha ido adhiriendo progresivamente. En concreto, frente a un modelo regulatorio de acceso a la información más formalizado, propio de la normativa general sobre transparencia, la regulación sobre reutilización de la información del sector público apuesta por la disponibilidad proactiva de datos mediante catálogos, formatos legibles por máquina y licencias-tipo, situando el foco no en la solicitud individual sino en la apertura por defecto.

A nivel europeo, el informe presenta de manera sucinta cómo ha evolucionado la normativa sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, sobre todo a partir de la Directiva de 2019, que ha ampliado progresivamente su alcance y ámbito de aplicación para incluir, entre otros, los datos de investigación financiados con fondos públicos, los metadatos o los llamados datos de alto valor. A esta regulación general se han ido añadiendo normativas más recientes que intentan hacer frente a tensiones específicas de carácter jurídico, entre las que destacan: 

• El Reglamento de Gobernanza de Datos, que intenta facilitar la reutilización de información sensible por derechos de terceros, como es el caso de la protección de datos personales.

• El Reglamento de Datos, que regula el acceso equitativo a la información generada por dispositivos conectados, incluyendo relaciones entre empresas y, en casos excepcionales, hacia el sector público.

• El Reglamento sobre inteligencia artificial, que establece exigencias de calidad y representatividad relativas a los conjuntos de datos usados para entrenar sistemas de alto riesgo, conectando así la apertura de datos con la protección frente a sesgos algorítmicos.

A continuación, el informe aborda de manera específica la regulación existente en España por lo que se refiere a la reutilización de la información del sector público y, en particular, la legislación básica que se aplica en todos los ámbitos: la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (LRISP) y su reforma en 2021. De manera complementaria, y en concreto desde la perspectiva territorial, se subraya, de una parte, la notable heterogeneidad que existe en la regulación autonómica y, de otra, se presenta el modelo de ordenanza de referencia elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Figura 1. Marco normativo de los datos abiertos. Fuente: elaboración propia - datos.gob.es.

El informe presenta también los principales aspectos de la regulación existente en varios ámbitos sectoriales, ilustrando cómo los principios generales de apertura y reutilización se proyectan de forma distinta según la naturaleza de cada tipo de información:

• En el ámbito de la salud, al amparo del Espacio Europeo de Datos de Salud, se explica la distinción fundamental entre el uso de los datos para la asistencia clínica directa al paciente y su reutilización posterior con fines de investigación, innovación, planificación o gestión.

• En materia de información geográfica, se subraya la existencia de un ecosistema de compartición de datos ya muy maduro y consolidado, hasta el punto de que sirve como referencia para organizar la apertura de datos en otros sectores.

• En relación con la información ambiental, se destaca cómo un derecho de acceso históricamente muy garantista converge ahora con las nuevas tecnologías. La apertura de información detallada sobre el clima, el territorio o la biodiversidad resulta clave para alimentar sistemas de inteligencia artificial que ayuden a monitorizar, predecir y mitigar los efectos del cambio climático, apostando por la sostenibilidad.

• En el ámbito de la contratación pública, se ha avanzado decisivamente en la digitalización de la información sobre licitaciones y adjudicaciones, exigiendo su publicación proactiva en formatos abiertos a través de plataformas interoperables. Sobre esta base, se está impulsando la creación de entornos compartidos que mejoren la calidad de la información, fomentando el control ciudadano y el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido por parte de terceros.

• Por último, en el sector de la movilidad, el acceso a los datos de tráfico y transporte se está consolidando mediante infraestructuras centralizadas y la progresiva creación de espacios de datos integrados. Estas herramientas permiten estructurar y unificar la información, lo que resulta clave para que empresas y desarrolladores puedan crear aplicaciones que mejoren la experiencia del usuario y optimicen los desplazamientos en todo el territorio.

El informe finaliza apuntando una reflexión esencial para el futuro más inmediato: desde una perspectiva jurídica, el principal reto consiste en impulsar verdaderos ecosistemas de datos interoperables entre sectores diversos y heterogéneos, equilibrando la necesaria simplificación normativa a nivel europeo con el mantenimiento de las garantías jurídicas que protegen los derechos y libertades en el actual entorno digital.

Para profundizar en el contenido del informe, hemos grabado un pódcast y una video-entrevista donde el autor nos cuenta las claves del informe. Además, se ha elaborado un resumen ejecutivo.

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