Hoy en día podemos encontrar gran cantidad de información legislativa en la red. Países, regiones y municipios hacen públicos sus textos normativos y jurídicos a través de diversos espacios y boletines oficiales. El uso de esa información puede ser de gran utilidad para impulsar mejoras en el sector: desde facilitar la localización de información jurídica hasta el desarrollo de chatbots capaces de resolver dudas legales de los ciudadanos.

Sin embargo, localizar, acceder y reutilizar estos documentos suele resultar complejo, debido a las diferencias en los ordenamientos jurídicos, los diversos idiomas o los distintos sistemas técnicos utilizados para almacenar y gestionar los datos.

Para resolver este reto, la Unión Europea cuenta con un estándar de identificación y descripción de las normas denominado Identificador Europeo de Legislación, conocido como ELI por sus siglas en inglés (European Legislation Identifier).

¿Qué es el Identificador Europeo de Legislación?

El ELI surgió en 2012 a través de unas Conclusiones del Consejo (2012/C 325/02) en las que la Unión Europea invitaba a los Estados miembros a adoptar un estándar de identificación y descripción de las normas jurídicas. Esta iniciativa ha ido evolucionando y enriqueciéndose gracias a nuevas conclusiones publicadas en 2017 (2017/C 441/05) y 2019 (2019/C 360/01).

El ELI, que se basa en un acuerdo voluntario entre los países de la UE, busca facilitar el acceso, intercambio e interconexión de la información jurídica publicada en los sistemas nacionales, europeos y mundiales. De esta forma se facilita su disponibilidad como conjuntos de datos abiertos, impulsando su reutilización.

En concreto, el ELI permite:

• Identificar documentos legislativos, como normas o recursos legales, de forma univoca mediante un identificador único (URI), comprensible tanto por personas como por máquinas.
• Definir las características de cada documento a través de metadatos procesables automáticamente. Para ello utiliza vocabularios definidos mediante ontologías consensuadas y recomendadas para cada ámbito.

Gracias a ello, se consiguen una serie de ventajas:

• Aporta mayor calidad y fiabilidad.
• Aumenta la eficacia en los flujos de información, reduciendo tiempos y ahorrando costes.
• Optimiza y agiliza el acceso a la legislación de distintos sistemas jurídicos al proporcionar la información de manera uniforme.
• Mejora de la interoperabilidad de los sistemas jurídicos, facilitando la cooperación entre países.
• Facilita la reutilización de datos jurídicos como base de nuevos servicios y productos de valor añadido que mejoran la eficiencia del sector.
• Impulsa la transparencia y la rendición de cuentas de los Estados Miembros.

Aplicación del ELI en España

El ELI es un sistema flexible que debe ser adaptado a las peculiaridades de cada territorio. En el caso del ordenamiento español, existen diversos aspectos jurídicos y técnicos que condicionan su implementación.

Uno de los principales condicionantes es la pluralidad de emisores, con normas a nivel nacional, autonómico y local, cada una de las cuales cuenta con su propio medio de publicación oficial. Además, cada organismo publica los documentos en los formatos que considera adecuados (pdf, html, xml, etc.) y con distintos metadatos. A ello hay que sumar la pluralidad lingüística, por la cual cada boletín se publica en las lenguas oficiales correspondientes.

Por ello, se acordó que la implementación del ELI se realizaría de forma coordinada por todas las administraciones, en el marco de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE), a través de dos fases:

• Debido a la complejidad de la normativa local, en la primera fase, se decidió abordar únicamente la especificación técnica aplicable al Estado y las Comunidades Autónomas, mediante acuerdo de la CSAE de 13 de marzo de 2018.
• En febrero de 2022, se ha elaborado una nueva versión para incluir en su aplicación a la normativa local.

Con esta nueva especificación, quedan establecidas las directrices comunes para la implementación del ELI en el contexto español, pero respetando las particularidades de cada organismo. Es decir, recoge únicamente los elementos mínimos necesarios para garantizar la interoperabilidad de la información legal publicada en todos los niveles de administración, pero se sigue permitiendo que cada organismo mantenga sus propios diarios oficiales, bases de datos, procesos internos, etc.

Con respecto al ámbito temporal, los organismos tienen que aplicar estas especificaciones de la siguiente manera:

• Normativa estatal: aplica a aquella publicada a partir del 29/12/1978, así como la publicada antes si cuenta con versión consolidada.
• Normativa autonómica: aplica a aquella publicada a partir del 29/12/1978.
• Normativa local: cada entidad podrá aplicar su propio criterio.

¿Cómo implementar el ELI?

En la página web https://www.elidata.es/ se ofrecen recursos técnicos para la aplicación del identificador. En ella se explica el modelo contextual y se ofrecen distintas plantillas para facilitar su aplicación:

• Plantilla URI para las normas estatales y autonómicas
• Plantilla URI para el diario oficial

También ofrece la relación de metadatos mínimos comunes, entre otros recursos.

Además, para facilitar la coordinación nacional y la compartición de experiencias, en la web también se puede encontrar información sobre la implementación efectuada por las distintas administraciones.

El ELI ya se aplica, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde su página web se puede acceder a todas las normas del BOE identificadas con ELI, distinguiendo entre las normas estatales y autonómicas. Si tomamos como referencia una norma como el Real Decreto-ley 24/2021, donde se procedía a la transposición de varias directivas europeas (incluida la de datos abiertos y reutilización de la información del sector público), vemos que se incluye un incluye un permalink ELI.

En definitiva, nos encontramos ante un mecanismo común de gran utilidad para facilitar la interoperabilidad de la información jurídica, lo cual puede impulsar su reutilización no solo a nivel nacional, sino también europeo, favoreciendo la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.

Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.

La transformación digital afecta a todos los sectores, desde la agricultura al turismo o la educación. Entre sus objetivos está la optimización de los procesos, la mejora de la experiencia del cliente e incluso el impulso de nuevos modelos de negocio.

El sector legal no es una excepción y por ello en los últimos años hemos visto un auge de soluciones y herramientas encaminadas a ayudar al jurista a realizar de una manera más eficiente su trabajo. Es lo que se conoce como LegalTech.

¿Qué es el LegalTech?

El concepto LegalTech hace referencia al uso de nuevos procesos y herramientas tecnológicas para ofrecer servicios jurídicos más eficientes. Es por tanto un concepto extenso, que aplica tanto a herramientas que facilitan la ejecución de tareas (por ejemplo, la gestión financiera) como a servicios que aprovechan las ventajas de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el blockchain.

En ocasiones se utiliza el término LawTech como sinónimo de LegalTech. Aunque algunos juristas dicen que son términos distintos y que no hay que confundirlos, no existe consenso y en algunos lugares, como Reino Unido, está extendido el uso de LawTech en sustitución de LegalTech.

Ejemplos de herramientas de LegalTech o LawTech

A través de la aplicación de distintas tecnologías, estás herramientas pueden realizar distintas funciones, como por ejemplo:

• Localizar información en grandes volúmenes de información legal. Existen herramientas capaces de extraer este contenido jurídico, utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).  Con ellas se busca facilitar el filtrado y localización de información de interés, así como ponerla a disposición del usuario de una manera visual. De esta forma se ayuda a los juristas a realizar una mejor investigación y, en consecuencia, reducir el tiempo de preparación de los casos y definir estrategias procesales más sólidas. Un ejemplo de herramienta en este ámbito es Ross Intelligence.
• Realizar análisis predictivos. En el mercado también encontramos herramientas dirigidas a analizar información legal y elaborar predicciones que anticipan los comportamientos y resultados de, utilizando inteligencia artificial. Estas herramientas tratan de responder a preguntas como cuánto va a durar un proceso judicial, cuál es la sentencia más probable o si existe posibilidad de recurso. Herramientas de este tipo son LexMachina, Blue J, Watson de IBM o Jurimetria.
• Resolver consultas legales. Utilizando asistentes conversacionales (chatbots) basados en Inteligencia artificial se puede dar respuesta a diversas preguntas, como por ejemplo: cómo superar las multas de aparcamiento, cómo recurrir las comisiones bancarias o cómo poner una denuncia. Este tipo de herramientas liberan a los abogados de tareas sencillas, pudiendo dedicar su tiempo a actividades de mayor valor. Un ejemplo de chatbots legal es DoNotPay.
• Ayudar en la redacción de contratos y demandas. Las herramientas de LegalTech también pueden ayudar a automatizar y simplifica determinadas tareas, generando ahorros de tiempo y costes. Es el caso de Contract Express que automatiza la redacción de documentos jurídicos estándar.
• Resolver disputas legales. Existen algunos litigios que se pueden resolver de manera sencilla utilizando herramientas tecnológicas de código abierto como Kleros, un protocolo de resolución de litigios online o. Kleros utiliza blockchain para resolver conflictos de la forma más justa posible.

El papel de los datos abiertos en el LegalTech

Para que todas estas herramientas funcionen adecuadamente, optimizando la labor de los juristas, es necesario contar con datos de valor. En este sentido, los datos abiertos son una gran oportunidad.

Según la iniciativa de Legal Data Vision, que utiliza datos de Reino Unido y fue lanzada en marzo de 2022, por LawtechUK and the Open Data Institute el 67% de las empresas de innovación asegura necesitar acceso a datos para desarrollar soluciones jurídicas transformadoras y sólo el 20% de los abogados afirma que su organización capta los datos de forma eficaz. Esta iniciativa tiene como fin promover el acceso y uso responsable de los datos jurídicos para impulsar la innovación en el sector y obtener resultados que beneficien a la sociedad.

Según Gartner, las áreas legales van a aumentar el gasto en soluciones tecnológicas en un 200% para 2025. En países como Francia, ya estén surgiendo gran cantidad de start-ups centradas en este ámbito, muchas de las cuales reutilizan datos abiertos. En España también estamos viviendo una expansión del sector, que permitirá implantar mejoras en los procesos y servicios de las empresas legales. En 2021 había más de 400 compañías operativas en este ámbito y, a nivel mundial, según cifras de Stadista, el sector generó más de 27.000 millones de euros.

Sin embargo, para que este campo tenga un mayor avance es necesario impulsar el acceso a información jurídica en formatos que puedan ser leídos por máquinas y que permitan un tratamiento masivo.

En definitiva, nos encontramos ante un mercado en auge, gracias a la irrupción de tecnologías disruptivas. Las empresas legales necesitan acceder a información actualizada y de calidad, que les permita realizar su trabajo de una manera más eficiente. Uno de los métodos para lograrlo es aprovechar el potencial de los datos abiertos.

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Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.