Acceso y reutilización de información pública como base del gobierno abierto

Aunque el concepto de gobierno abierto surgió hace varias décadas es ahora, con el mundo digital, cuando se está facilitando su desarrollo. Los ciudadanos demandan un papel más activo en la vida política, lo cual está llevando a los gobiernos a transformar los sistemas democráticos en base a 3 principios: transparencia, colaboración y participación, tal y como muestra el siguiente gráfico:

Para que estos tres pilares se hagan realidad, las instituciones están abriendo nuevas vías de diálogo, donde las administraciones y la sociedad se comunican de manera bilateral y trabajan de manera conjunta en el beneficio de todos. Y para que esta colaboración sea efectiva, son necesarios los datos abiertos.

El acceso y la reutilización de la información pública es fundamental para conseguir un gobierno abierto. Con estos principios se busca:

• El acceso a la información pública busca empoderar a los ciudadanos, facilitando que puedan conocer qué acciones se están llevando a cabo y traer a juicio las acciones de las entidades públicas.

• La reutilización de la información tiene como objetivo que los ciudadanos, muchas veces a través de asociaciones empresariales, utilicen dicha información pública para crear nuevos servicios y productos que aporten valor a la sociedad, lo cual también repercute en la mejora de la actividad económica.

Ambos conceptos están relacionados, pero las distintas visiones hacen que necesiten marcos legales diferenciados. En este contexto, el ordenamiento jurídico español contempla dos leyes: la Ley de Acceso a la Información y la Ley de Reutilización de Información del Sector Público.

REGULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

En España, el acceso a la información está regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley establece una serie de obligaciones referentes a la publicación de información pública que permita a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones que les afectan. Entre la información que se debe compartir está la distribución de fondos públicos, las funciones de los distintos órganos o los criterios de actuación de las diversas instituciones.

Esta información debe ser compartida de la forma más comprensible posible: a través de datos de calidad, claros y sencillos, que se actualizan periódicamente y que son accesible universalmente (es decir, accesibles para personas con discapacidad), entre otras características.

Esta ley es de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado, las Comunidades y Ciudades autónomas y las administraciones locales, así como algunos organismos indicados en el texto legislativo, como la Casa Real, el Tribunal Constitucional o el Banco de España, entre otros.

REGULACIÓN DE LA REUTILIZACIÓN

Por el contrario, la reutilización de información pública está regulada por la  Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que fue adaptada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para incluir los cambios normativos de la Unión Europea (Directiva 2013/37/UE). En esta ley se hace mención a la necesidad de procesar y publicar la información con unas condiciones que faciliten su reutilización: formatos estructurados, abiertos e interoperables, que garanticen la seguridad, así como la propiedad intelectual e industrial. Es importante que los datos estén completos, y que sean fiables y de calidad.

La información que comparten los organismos públicos para ser reutilizada es de naturaleza muy diversa, y va desde los datos de carácter social o económico hasta información geográfica o estadística. Estos datos pueden ser utilizados para crear, por ejemplo, aplicaciones, ya sea con fines comerciales o no, que ayuden a los doctores a tratar a sus pacientes, a los agricultores a gestionar con eficacia sus explotaciones agrícolas o a los ciudadanos a conocer dónde están los puntos de acceso libre a internet.

Esta ley afecta a las administraciones y organismos del sector público a todos los niveles, incluyendo a las entidades gestoras de la Seguridad Social o las Agencias Estatales, entre otros organismos.

En definitiva, para que un gobierno abierto funcione es necesario que los ciudadanos tengan acceso a información fácil de comprender, pero también fácil de reutilizar. Los datos abiertos no solo tienen que ser accesibles, sino que, a través de su reutilización, también tienen que dar la posibilidad a los ciudadanos y empresas de ser parte activa de la comunidad, generando nuevos productos y servicios que puedan ayudar al conjunto de la sociedad.