Contratación del sector público, innovación tecnológica y open data: hacia las compras abiertas

La contratación pública representa en torno al 20% del PIB en España y, por tanto, se trata de un sector en el que la transparencia juega un papel de importancia reduplicada: de una parte por cuanto se trata de un mecanismo esencial para facilitar el control efectivo del gasto público y, de otra, en la medida que supone un impulso imprescindible para aumentar la competencia por parte de las empresas interesadas en participar en los procesos de selección.

En este sentido, la actual regulación legal de la contratación del sector público contempla como principios esenciales facilitar, a través de Internet, el acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, así como la no discriminación y la igualdad entre los candidatos. En concreto, desde el año 2007, la legislación en el ámbito de la contratación pública ha impulsado la puesta en marcha de herramientas como el perfil del contratante y la plataforma de contratación del sector público que, auspiciada por la Administración General del Estado, integra la información procedente de numerosas entidades públicas. De este modo, se ha producido un importante avance por cuanto se ha hecho accesible, por medios electrónicos, un volumen importante de información de gran relevancia para los licitadores.

Por otra parte, resulta imprescindible llevar a cabo una interpretación sistemática y conjunta de las diversas normas que regulan la transparencia y el acceso a la información en este ámbito, ya que de lo contrario existe el riesgo de una visión excesivamente fragmentaria del marco normativo aplicable. En efecto, la legislación sobre contratos públicos se centra en los aspectos relativos a la adjudicación, el procedimiento utilizado y la identidad del adjudicatario, así como el importe y la duración del contrato. En cambio, la legislación sobre transparencia ha reforzado el uso de medios electrónicos en la difusión de información relativa a un momento posterior del ciclo contractual, esto es, la ejecución del contrato, de manera que exige que en los portales de transparencia se difunda el número de licitadores que han participado y las modificaciones del contrato, junto con las incidencias relacionadas con el desistimiento y la renuncia por parte de los adjudicatarios.

La dualidad regulatoria aludida también supone una pluralidad de instrumentos de difusión —perfil del contratante, plataforma de contratación y portal de transparencia—, lo que supone una dificultad añadida y obliga a que las Administraciones Públicas realicen un esfuerzo adicional de coordinación desde las exigencias de la interoperabilidad a partir de estándares técnicos, jurídicos y organizativos que faciliten la interconexión entre las diversas fuentes informativas. Más aún, además de la exigencia referida, resulta esencial que a la hora de plantearse la apertura de los datos, las entidades públicas contemplen de manera unitaria el ciclo completo de la gestión contractual, lo que implica tener en cuenta no sólo las insuficiencias legales informativas en cuanto a la fase de adjudicación -contratos menores, identidad de los licitadores no adjudicatarios y sus ofertas económicas, precios unitarios de los bienes, posibles bajas temerarias…- sino, posteriormente, las relativas a la ejecución del contrato -subcontrataciones, prórrogas, prestaciones complementarias…-. En otras palabras, al margen de que la nueva regulación asuma o no este planteamiento, resulta imprescindible un efectivo y comprometido compromiso por parte de las entidades públicas más allá de lo establecido en las previsiones legales.

En este línea, a pesar de tales insuficiencias, existen destacados ejemplos que no sólo tratan de superar la restrictiva visión del legislador afrontando varias de las disfunciones aludidas sino que, además, ofrecen un modelo reconocido y alternativo de transparencia, demostrando así que el efectivo compromiso por un proyecto de contratación realmente abierta es más poderoso que cualquier pretendido obstáculo normativo. Ahora bien, más allá de que las iniciativas se deban sustentar en parámetros técnicos avanzados e interoperables que específicamente se refieran al ámbito de la contratación pública, la efectiva apuesta por un modelo abierto de compra pública requiere apostar por una perspectiva más amplia que englobe todo tipo de estándares y, por tanto, adopten una visión más consistente.

Este planteamiento sólo puede abordarse si se tienen en cuenta las exigencias del Gobierno Abierto. En consecuencia, más allá de la simple modernización tecnológica de la gestión relativa a la contratación pública al amparo de la reforma de la Administración electrónica, resulta imprescindible impulsar decididamente un nuevo modelo de compras abiertas, en el que la perspectiva de la innovación tecnológica en el acceso a la información adquiera un protagonismo esencial. Sólo así podrá fomentarse decididamente la colaboración del sector privado desarrollando herramientas que ofrezcan un indiscutible valor añadido, bien desde la perspectiva del ámbito empresarial bien de la sociedad civil; que ya ha demostrado su madurez a la hora de reforzar la transparencia en el ámbito de la contratación pública, tanto en relación con la modalidad contractual más relevante desde la perspectiva del gasto público como, de manera general y más reciente, ofreciendo una sugerente herramienta que está llamada a convertirse en referencia indiscutible incluso en el ámbito internacional.

En definitiva, a partir de estas claves ha de afrontarse el desafío de la transparencia en materia de contratación pública teniendo en cuenta las exigencias actuales de la innovación tecnológica, de manera que no siga siendo por más tiempo uno de los grandes desafíos futuros a la hora de abordar definitivamente su modernización. Se trata, por tanto, de impulsar un decidido avance en este ámbito donde, a pesar de su enorme potencial económico y precisamente por ello, los problemas de coordinación de los diversos actores pueden desincentivar la disponibilidad de la información en las condiciones adecuadas. Solo a través de un decidido impulso legislativo se podrá avanzar desde la mera publicidad y transparencia por medios electrónicos como exigencia de un estricto “cumplimiento normativo” a un escenario de compra pública abierta basada en la innovación tecnológica. Confiemos que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso ayude a despejar las dudas y superar las deficiencias que dificultan este importante desafío.