Presupuestos públicos y datos abiertos: una ineludible exigencia democrática

Uno de los momentos culminantes de la actividad pública a lo largo de cada año es la tramitación y aprobación de los respectivos presupuestos, ya sea en el ámbito del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Precisamente, en el origen de las cámaras representativas se encuentra la necesidad de que los reyes sólo pudieran disponer de los ingresos autorizados por aquéllas, limitando así su capacidad de recaudación y, por tanto, de gasto. Proyectando estos antecedentes a nuestro actual modelo político puede afirmarse la existencia de una profunda vinculación entre la aprobación de las cuentas públicas y el carácter democrático de las decisiones acerca de los ingresos y los gastos que corresponde adoptar a la representación parlamentaria de la ciudadanía.

Hace tan sólo unos días, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se trata de un documento integrado por varios cientos de páginas en forma de texto articulado y anexos que, no obstante, ha de ser completado con múltiples memorias e informes cuya extensión y complejidad es ciertamente destacable. La tramitación parlamentaria de este proyecto está dando lugar a un intenso debate parlamentario con numerosas intervenciones y diversos trámites cuyo seguimiento es, sin duda, muy difícil de asumir —y comprender— por parte de la ciudadanía.

El Gobierno suele ofrecer una breve reseña informativa sobre los Presupuestos cuando aprueba el proyecto de ley y existe, también, una destacada transparencia en la fase de tramitación de la iniciativa legislativa. Pero en muchas ocasiones, los datos se encuentran incorporados a documentos estructurados —normalmente en formato pdf— o, cuando se ofrecen en formatos reutilizables, se limitan únicamente a la versión inicial aprobada por el Ejecutivo. En consecuencia, no se suele disponer de la versión definitivamente aprobada por las Cortes Generales conforme a los estándares de los datos abiertos y, lo que sin duda sería más relevante, tampoco se encuentra accesible conforme a dicha exigencia la información relativa a la ejecución presupuestaria en sus diversos ciclos y fases. De manera que cualquier servicio avanzado que se pretenda impulsar sobre el estado real del gasto público a partir de las previsiones presupuestarias —ya por los grupos políticos, por los órganos de control económico-financiero o, sobre todo según lo que ahora nos interesa, por parte de la sociedad civil— resulta poco menos que inviable.

Las herramientas tecnológicas disponibles actualmente permitirían reforzar indiscutiblemente el control sobre las decisiones que adoptan los poderes públicos tanto en la aprobación como, en especial, la ejecución presupuestaria, proporcionando instrumentos de gran utilidad para la ciudadanía a la hora de conocer y, por tanto, controlar el uso que se realiza de los fondos públicos y la forma en que se adoptan las decisiones económico-presupuestarias.

Sin embargo, la transparencia conforme a formatos tradicionales es un simple primer paso en la apertura democrática de las instituciones públicas, sin duda importante y necesario, pero manifiestamente insuficiente por cuanto sólo opera unilateralmente, es decir, en una sola dirección, ya que no facilita el nivel de control que hoy día permitiría la tecnología desde la perspectiva de la colaboración; una dimensión del Gobierno Abierto que normalmente se omite e, incluso, menosprecia.

Pero si se quiere realmente impulsar un cambio de paradigma profundamente democrático, la transparencia ha de estar basada en una innovación tecnológica que potencie no ya la participación sino, además, la colaboración activa de los agentes sociales; y, sobre todo, requiere la publicación de toda la información —en sus diversas fases, que ha de incluir la ejecución presupuestaria— conforme a los estándares propios de los datos abiertos, de manera que la sociedad pueda generar de manera autónoma sus propios mecanismos de control y participación.

Hasta ahora, se ha argumentado que los actores implicados y experimentados en la participación carecen de potestades legislativas y, por su parte, quienes las tienen atribuidas carecen de un incentivo real para impulsar la participación. Sin embargo, en -el actual estadio de evolución tecnológica existen herramientas que podrían facilitar a los agentes sociales articular sus propios instrumentos de fiscalización mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios o, simplemente, el perfeccionamiento de algunos ya existentes. Aunque este planteamiento —sobre todo si se lograra convertir en un ejemplo de “cooperación sin coordinación”— permitiría dar un enorme salto cualitativo en el control de la planificación y el uso de los fondos públicos, la premisa inexcusable consiste en pasar de la mera transparencia unidireccional a una más avanzada tecnológicamente que, en definitiva, también sería más democrática. Y para ello, la información económico-presupuestaria, en sus diversas manifestaciones y fases, ha de estar necesariamente accesible en el formato propio de los datos abiertos.