La reutilización de la información del sector público y la Industria 4.0

El impulso de la digitalización en la actividad industrial constituye uno de los ejes principales para abordar la transformación que pretende impulsar la Agenda España Digital 2025. A este respecto, son varias las iniciativas que ya se han puesto en marcha desde las instituciones públicas, entre las que destacan el programa Industria Conectada 4.0, a través del cual se pretende fomentar un marco de actuación conjunta y coordinada del sector público y privado en este ámbito.

Al margen de los debates acerca de lo que supone la Industria 4.0 y los desafíos que plantea, entre los principales requerimientos que se han identificado para evaluar la madurez y viabilidad de este tipo de proyectos se encuentra el relativo a la existencia de “una estrategia de recopilación, análisis y uso de datos relevantes, fomentando la implantación de tecnologías que lo faciliten, orientada a la toma de decisiones y a la satisfacción del cliente”, así como el uso de tecnologías que “permitan obtener modelos predictivos y prescriptivos, por ejemplo, Big Data e Inteligencia Artificial”. Precisamente, la Estrategia Española de I+D+I Artificial otorga una singular relevancia al uso masivo de datos que, en definitiva, precisa de su disponibilidad en condiciones adecuadas, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. En el caso de la Industria 4.0 esta exigencia se convierte en estratégica, en particular si se tiene en cuenta que casi la mitad del gasto tecnológico de las empresas está vinculado a la gestión de datos.

Aunque una parte relevante de los datos serán los que se generen en el desarrollo de su propia actividad por parte de las empresas, no puede obviarse que la reutilización de datos de terceros adquiere una singular importancia por el valor añadido que aporta, sobre todo por lo que se refiere a la información proporcionada por las entidades del sector público. En todo caso, los sectores concretos donde se desarrolle la actividad industrial determinarán qué tipo de datos resulten de especial utilidad. En este sentido, la industria alimentaria puede tener mayor interés en conocer con la mayor precisión posible no sólo la predicción meteorológica sino también datos históricos relacionados con el clima y, de este modo, planificar adecuadamente tanto su producción como, asimismo, la gestión de su personal, las actividades logísticas e, incluso, inversiones futuras. O, siguiendo con otro ejemplo, desde la industria farmacéutica y la vinculada al suministro de material sanitario se podrían adoptar decisiones más eficaces y eficientes si se pudiera acceder en condiciones adecuadas a información actualizada proveniente de los sistemas de salud autonómicos lo que, en última instancia redundaría no sólo en su propio beneficio sino, adicionalmente, en la mejor satisfacción de los propios intereses públicos.

Más allá de las particularidades de cada uno de los sectores sobre los que se proyecte la concreta actividad empresarial, con carácter general las entidades del sector público disponen de bancos de datos relevantes cuya efectiva apertura a fin de permitir su reutilización de manera automatizada sería de gran interés a la hora de facilitar la transformación digital de la actividad industrial. En concreto, la disponibilidad de información socio-económica puede aportar un indiscutible valor añadido, de manera que la adopción de las decisiones sobre la propia actividad de las empresas pueda estar basada en datos generados por los servicios de estadística pública, en parámetros que tengan relevancia desde la perspectiva de la actividad económica —caso, por ejemplo, de los tributos o los niveles de renta— o, incluso, en la planificación de la propia actividad de las entidades públicas con implicaciones patrimoniales, como sucede en el ámbito de las subvenciones o la contratación. Por otro lado, son numerosos los registros públicos con información estructurada cuya apertura aportaría un importante valor añadido desde la perspectiva industrial, tal y como sucede con aquellos que proporcionen información relevante sobre la población o la apertura de establecimientos que desarrollen actividades económicas que incidan directa o indirectamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad industrial, ya sea por lo que respecta a las condiciones de producción o sobre el mercado en el que se distribuyan sus productos. Adicionalmente, la accesibilidad de la información ambiental, urbanística y, en general, sobre la ordenación territorial supondría un indiscutible en el contexto de la transformación digital de la actividad industrial, ya que permitiría integrar variables esenciales para los tratamientos de datos que precisan este tipo de empresas.

Ahora bien, la disponibilidad de datos de terceros en los proyectos vinculados a la Industria 4.0 no puede limitarse únicamente al sector público, ya que resulta de especial trascendencia poder contar con datos proporcionados por sujetos privados. En concreto, existen ciertos sectores de actividad en los que su accesibilidad con fines de reutilización por parte de las empresas industriales presentaría una singular relevancia, tal y como sucede con el ámbito de las telecomunicaciones, la energía o, entre otros, las entidades financieras. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con los datos generados en el ámbito del sector público, no existe una regulación que obligue a que los sujetos privados ofrezcan información a terceros generada en el desarrollo de su propia actividad en formatos abiertos y reutilizables.

Es más, puede concurrir en ocasiones un interés legítimo por parte de tales entidades para evitar que otros sujetos accedan a los datos que tienen en su poder caso, por ejemplo, de que eventuales derechos de propiedad intelectual o industrial se vean afectados, existan obligaciones contractuales que cumplir o, simplemente, razones comerciales aconsejen evitar que información relevante esté disponible a empresas competidoras. Sin embargo, salvo la tímida regulación europea dirigida a facilitar la libre circulación de datos que no tengan carácter personal, no existe un marco normativo específico que resulte de aplicación para el sector privado por lo que, en última instancia, la posibilidad de reutilización de información relevante para proyectos relacionados con la Industria 4.0 estaría limitada a los acuerdos que puedan alcanzarse de manera voluntaria.

Así pues, el decidido impulso de la Industria 4.0 requiere la existencia de un adecuado ecosistema por lo que respecta a la accesibilidad de los datos generados por otras entidades que, en definitiva, no se pueden limitar única y exclusivamente al sector público. No se trata simplemente de adoptar una perspectiva de incrementar la eficiencia desde la perspectiva de los costes sino, más bien, de optimizar todos los procesos; lo que también afecta a ciertos aspectos sociales de creciente importancia como la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente o la mejora en las condiciones laborales. Y es precisamente en relación a estos desafíos donde el papel que ha de jugar la Administración Pública resulta crucial, no sólo ofreciendo datos relevantes para su reutilización por parte de las empresas industriales sino, sobre todo, impulsando la consolidación de un modelo de producción tecnológica y socialmente avanzando a partir de los parámetros de la Industria 4.0, lo que requiere dinamizar igualmente unas condiciones jurídicas adecuadas que garanticen la accesibilidad de información generada por entidades privadas en ciertos sectores estratégicos.