Unión Europea (UE)
Fecha del documento: 29-09-2011
La Comisión Europea inició en el último cuarto del siglo XX una serie de consultas y conversaciones con los principales representantes del mercado de la información, tanto públicos como privados, con el fin de avanzar en el desarrollo de un marco de referencia propio.
Este proceso, que a lo largo de los años fue definiendo un conjunto compartido de principios y recomendaciones, se tradujo en 1998 en el lanzamiento del Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información.
La Directiva 2003/98/CE
En octubre de 2001, una Comunicación sobre la iniciativa eEurope avanzó la necesidad de ir más allá del ámbito general definido hasta la fecha e implantar un espacio legal único para toda la UE. Es así como el 17 de noviembre de 2003 se aprobó, para su entrada en vigor a finales de ese mismo año, la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre la información del sector público.
La Directiva, incorporada ya al ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros, establece un marco común europeo sobre reutilización de los datos públicos que aspira a crear un verdadero mercado interior de la información. Como ya hiciera el Libro Verde, la norma comunitaria destaca la necesidad de considerar esta actividad reutilizadora como una importante fuente de creación de empleo y un estímulo para el sector privado.
Los objetivos de la Directiva 2003/98/CE son, esencialmente:
- Facilitar la creación de servicios europeos basados en la información del sector público y, con el fin último de ayudar al crecimiento económico y a la creación de empleo, promover el desarrollo del sector de los contenidos digitales.
- Fomentar el uso transfronterizo de los documentos del sector público por las empresas privadas, para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
- Evitar que la competencia se vea afectada en el mercado interior.
Con el fin de alcanzar estos retos, la norma comunitaria establece un conjunto mínimo de obligaciones para armonizar las leyes, reglamentos y prácticas de los Estados miembros en relación con la explotación de la información del sector público. Además, elimina los principales obstáculos detectados en el mercado interior para la reutilización de esta información: prácticas discriminatorias, acuerdos exclusivos y falta de transparencia.
Actualización del marco comunitario
La Comisión Europea publicó en mayo de 2009 una Comunicación dirigida al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre recomendaciones en materia de reutilización de la información del sector público.
La Comunicación, que se acompañaba de un plan de trabajo específico, es el resultado de la revisión realizada un año antes acerca del grado de aplicación de la Directiva 2003/98/CE en los diferentes estados de la Unión Europea.
En ella, se citan posibles aspectos de mejora y cambios positivos ya experimentados gracias a la norma, como:
- Aprobación de nuevas normativas nacionales que favorecen la reutilización.
- Supresión de acuerdos exclusivos celebrados por organismos del sector público.
- Establecimiento de tarifas más reducidas aplicables a la reutilización.
- Desarrollo de modelos de licenciamiento más claros para la reutilización de la información.
- Creación de mecanismos de resolución de conflictos en materia de reutilización de información del sector público.
- Creación de portales web públicos sobre información del sector público disponible.
A finales de 2009, las autoridades europeas reunidas en la Conferencia de Visby (Suecia) identificaron los retos prioritarios de la futura política comunitaria en materia de innovación y desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Destacaron, así, la reducción de la llamada brecha digital y la creación de nuevos productos, servicios y puestos de trabajo en sectores de base tecnológica y alto valor añadido, como el de la reutilización de la información del sector público.
En este contexto, los participantes realizaron un llamamiento a todas las instituciones y Estados miembros de la UE a mejorar la estructura y el acceso a los datos bajo su gestión, no sin antes incidir en el potencial socioeconómico de dichos recursos y en la necesidad de actualizar la Directiva 2003/98/CE antes de finalizar el año 2012.
Apenas unos meses después y de forma paralela, la UE adopta la Declaración de Malmö (Suecia). En ella se fijan las directrices y objetivos específicos que habrán de guiar el desarrollo de los denominados servicios de tercera generación dentro del continente europeo, es decir, de aquellos definidos e implementados con la participación de los propios ciudadanos a los que se pretende satisfacer.
Este documento apuesta por el factor humano (empleados públicos) y por las TIC como ejes fundamentales en el desarrollo de una Administración más accesible y ágil, capaz de atender de manera eficaz toda clase de retos económicos, sociales y medioambientales. Y destaca, para la consecución de ese fin, el fomento de la atención pública multicanal, la implicación de la ciudadanía, la simplificación de procedimientos, la reducción de cargas administrativas y, en especial, la reutilización de datos públicos.
Por ello, la Declaración de Malmö anima a los gobiernos europeos a identificar las barreras legales, técnicas y organizativas que obstaculicen el desarrollo del mercado único europeo; a adecuar sus respectivos marcos de interoperabilidad a las referencias comunes; a promover en sus respectivos territorios el uso de aplicaciones abiertas y software libre; y a promover e intercambiar iniciativas innovadoras en el campo de la Gobernanza y la alfabetización digital.
La Agenda Digital Europea y el Plan de Acción de Administración Electrónica
El documento que define las bases para la futura Sociedad de la Información en Europa es la Agenda Digital (dentro de la Estrategia Europa 2020). Su texto de partida, la Declaración de Granada, se firmó en mayo de 2010 en la ciudad del mismo nombre bajo la Presidencia Española de turno de la UE.
Sus ejes principales son:
- Creación de un mercado único digital.
- Interoperabilidad y estandarización.
- Confianza y seguridad.
- Acceso a Internet.
- I+D.
- Alfabetización y capacitación digitales.
- Inclusión y aplicación de las TIC a los retos sociales, como el cambio climático o el envejecimiento de la población.
Dentro de este importante compromiso político, la UE y sus 27 Estados miembros otorgaron a la reutilización de la información del sector público un papel destacado en cuanto al fomento de la innovación, la eficiencia pública, la eliminación de trabas administrativas y la generación de una economía “más eco-eficiente”.
La Comunicación publicada el 19 de mayo de 2010 materializa la apuesta de la Comisión Europea por una política activa de promoción de los datos públicos. Lo hace, además, en el sentido de estimular un mercado único para los contenidos digitales en línea y en condiciones de transparencia, eficacia y no discriminación.
El Plan de Acción de Administración Electrónica 2011-2015 desarrolla con carácter concreto y específico las líneas marcadas en la Agenda Digital de manera introductoria.
Así, establece un calendario anual para:
- La definición de un modelo de indicadores de reutilización de la información del sector público que hagan posible su evaluación.
- La revisión de la Directiva 2003/98/CE, sobre todo en lo referente a su ámbito de aplicación y a los principios de tarificación del acceso y uso. Este proceso se inició en septiembre de 2010 con una consulta pública,
