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La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversos aspectos de la sociedad y nuestro entorno. Con avances tecnológicos cada vez más rápidos, la IA está transformando la forma en que se realizan las tareas diarias en diferentes sectores de la economía.  

Por ello, el empleo es uno de estos sectores en los que más impacto genera. Entre las principales novedades, esta tecnología está introduciendo nuevos perfiles profesionales y modificando o transformando puestos de trabajo ya existentes. Ante este panorama, se plantean interrogantes sobre el futuro del empleo y cómo afectará a los trabajadores en el mercado laboral.  

¿Cuáles son las principales cifras de la IA en el empleo? 

El Fondo Monetario Internacional lo ha señalado recientemente: la Inteligencia Artificial afectará a un 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, tanto remplazando unos como complementando y creando otros nuevos.  

La irrupción de la IA en el mundo laboral ha facilitado que algunas tareas que antes requerían de la intervención humana, ahora se realicen de forma más automática. Además, como advierte este mismo organismo internacional, frente a otros procesos de automatización vividos en décadas pasadas, la era de la IA viene también a transformar puestos de trabajo de alta preparación o cualificación (high skilled job). 

Asimismo, este documento expone que el impacto de la IA en el trabajo será diferente según el nivel de desarrollo del país. Así, será mayor en el caso de economías avanzadas, donde se prevé que hasta 6 de cada 10 empleos se vean condicionados por esta tecnología. En el caso de economías emergentes, llegará hasta un 40% y, en países de bajos ingresos, se reflejará en un 26% de los empleos. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también advierte en su informe Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality’ que los efectos de la llegada de la IA a los puestos administrativos afectarán en particular a las mujeres, debido a la alta tasa de empleo femenino en este sector laboral. 

En el caso español, según cifras del pasado año, no sólo se observa la influencia de la IA en los puestos de trabajo, sino que aflora la dificultad de conseguir personas con formación especializada. Según el informe sobre el talento en inteligencia artificial elaborado por Indesia, el pasado año un 20% de las ofertas de empleo relacionadas con datos e Inteligencia Artificial no se cubrió por falta de profesionales con especialización. 

Proyecciones a futuro 

Aunque aún no existen cifras fidedignas que permitan ver cómo serán los próximos años, algunos organismos, como la OCDE, afirman que aún estamos en un estadio inicial del desarrollo de la IA en el mercado laboral, pero a las puertas de un avance a gran escala. Según su informe Employment Outlook 2023’, “la adopción de la IA por parte de las empresas sigue siendo relativamente baja”, aunque advierte de que “los rápidos avances, incluidos los de la IA generativa (por ejemplo, ChatGPT), la caída de los costes y la creciente disponibilidad de trabajadores con conocimientos de IA sugieren que los países de la OCDE pueden estar al borde de una revolución de la IA”. Cabe destacar que la IA generativa es uno de los campos donde tienen un gran impacto los datos abiertos

¿Y qué ocurrirá en España? Quizá todavía es pronto para apuntar cifras muy precisas, pero el informe elaborado el pasado año por Indesia ya advirtió de que la industria española demandará más de 90.000 profesionales del área de data e IA hasta 2025. Este mismo documento apunta además los desafíos que deberán acometer las compañías españolas, ya que la globalización y la intensificación del trabajo en remoto lleva a que las empresas nacionales estén compitiendo con compañías internacionales que ofrecen también empleo 100% a distancia, “con mejores condiciones salariales, proyectos más atractivos e innovadores y planes de carrera más retadores”, señala el informe.  

¿Qué empleos está modificando la IA? 

A pesar de que uno de los mayores temores de la llegada de esta tecnología al mundo laboral es la destrucción del empleo, las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apuntan a un escenario bastante más halagüeño. En concreto, este organismo prevé que la IA complementará puestos de trabajo en lugar de destruirlos.  

No hay excesiva unanimidad con respecto a cuáles serán los sectores más afectados. En su informe ‘The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers’, la OCDE señala que industria manufacturera y la financiera son dos de las áreas más afectadas por la irrupción de la Inteligencia Artificial.  

Por otro lado, Randstad ha publicado recientemente un informe sobre la evolución de los últimos dos años con una visión a futuro hasta 2033. El documento apunta que los sectores más afectados serán los empleos ligados al comercio, la hostelería y el transporte. Entre aquellos empleos que permanecerán sin apenas afección, se encuentran la agricultura, ganadería y pesca, las actividades asociativas, las industrias extractivas o la construcción. Y, por último, un tercer grupo, en el que se encuentran los sectores laborales en los que habrá creación de perfiles nuevos. En este caso, se encuentran las empresas de programación y consultoría, las científicas y técnicas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación y las publicaciones. 

Más allá de los desarrolladores de software, entre los nuevos puestos de trabajo que está trayendo la inteligencia artificial, encontraremos alguno que van desde expertos en procesamiento del lenguaje natural o ingenieros de AI Prompt (expertos en hacer las preguntas necesarias para conseguir que aplicaciones de IA generativa ofrezcan un resultado específico) hasta auditores de algoritmos o incluso artistas

En definitiva, aunque todavía es pronto para señalar qué tipo de empleos exactos son los más influenciados, las organizaciones apuntan un dato: a mayor probabilidad de automatización de los procesos ligados al puesto de trabajo, existe una mayor afección de la IA a la hora de transformar o modificar ese perfil laboral.  

Los retos de la IA en el mercado laboral 

Uno de los organismos que más ha estudiado cuáles son los retos y repercusiones de la IA en el empleo es la OIT. En el plano de las necesidades, la OIT señala la necesidad de diseñar políticas que apoyen una transición ordenada, justa y consultiva. Para ello, apunta que la voz de los trabajadores, la capacitación y una protección social adecuada serán claves para gestionar la transición. “De lo contrario, se corre el riesgo de que sólo unos pocos países y participantes en el mercado bien preparados se beneficien de la nueva tecnología”, advierte el organismo. 

Por su parte, la OCDE señala una serie de recomendaciones para que los gobiernos puedan acomodar esta nueva realidad laboral, entre las que se encuentra la necesidad de: 

  • Establecer políticas concretas que garanticen la aplicación de principios clave para un uso fiable de la IA. A través de la puesta en marcha de estos mecanismos, la OCDE considera que se aprovechan los beneficios que la IA puede aportar al lugar de trabajo y, al mismo tiempo, se hace frente a los posibles riesgos para los derechos fundamentales y en favor del bienestar de los trabajadores.  

  • Crear nuevas cualificaciones, mientras que otras cambiarán o quedarán obsoletas. Para ello, apunta a la formación, necesaria “tanto para los trabajadores poco cualificados como para los de más edad, pero también para los más cualificados”. Por ello, “los gobiernos deberían animar al empresariado a ofrecer más formación, integrar las competencias en IA en la educación y apoyar la diversidad en la mano de obra de la IA”.  

En resumen, aunque las cifras todavía no permiten observar el panorama al completo, varios organismos internacionales sí coinciden en que la revolución de la IA está por llegar. También, apuntan la necesidad de acomodarse a este nuevo escenario a través de la formación interna en las empresas para poder hacer frente a las necesidades que plantea la tecnología. Por último, en materia gubernamental, organismos como la OIT señalan que es necesario asegurar que la transición en la revolución tecnológica sea justa y dentro de unos márgenes de usos fiables de la Inteligencia Artificial. 

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España continúa avanzando en materia de datos abiertos. Así lo corrobora la última edición del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (Open, Useful and Re-usable data), también conocido como OURdata Index. Este informe es elaborado de forma periódica por la OCDE, con el fin de evaluar los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos a la hora de diseñar e implementar políticas nacionales de datos abiertos

Lanzado por primera vez en 2015, el Índice contó con dos ediciones posteriores publicadas en 2017 y 2019. En esta cuarta edición se ha producido un cambio de metodología, lo cual no hace posible comparar los resultados con los de ediciones previas. 

Para realizar el análisis, se recopilaron datos relativos a las políticas efectuadas por 40 países en el periodo de 2020-2021. Se trata de un periodo marcado por la pandemia de COVID-19, que ocasionó una situación excepcional en todo el mundo y puso de manifiesto la necesidad por parte de los gobiernos de garantizar el acceso a datos de alta calidad, para fomentar la resiliencia y facilitar respuestas conjuntas de toda la sociedad ante una crisis. 

El informe final se publicará durante el segundo trimestre de 2024. No obstante, la OCDE ha hecho público un resumen donde ya se recogen algunas de las principales conclusiones del estudio.  

España se sitúa entre los líderes mundiales 

De acuerdo con el estudio, España ocupa la quinta posición en materia de datos abiertos, solo por detrás de Corea del Sur, Francia, Polonia y Estonia, tal y como recoge la siguiente gráfica.  

 

El informe evalúa tres pilares y nueve subpilares, todos los cuales tienen el mismo valor en la puntuación final: 

  1. Disponibilidad de datos: este indicador mide hasta qué punto los gobiernos han adoptado e implementado requisitos formales para la publicación de datos abiertos. También evalúa si los distintos actores implicados en el proceso de publicación de datos (stakeholders) están llevando a cabo alguna tarea para identificar la demanda de datos en general y la disponibilidad de conjuntos de datos de gran valor, en particular. En este sentido, hay señalar que, aunque el informe habla de datos de gran valor (high value datasets), no se trata del mismo concepto de datos de alto valor que maneja la UE. En el caso de la OCDE, se tienen en cuenta también otras categorías de gran impacto como sanidad, educación, crímenes y justicia o finanzas públicas, entre otros. El detalle de las categorías que se tienen en cuenta está indicado en el anexo del informe. 

  2. Accesibilidad de los datos: este indicador evalúa si los conjuntos de datos de gran valor gubernamentales se proporcionan en formatos abiertos y reutilizables, actualizados, con una buena calidad de metadatos y a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). También analiza la participación de distintos actores en el portal central de datos abiertos y en la mejora de la calidad de los datos. 

  3. Apoyo gubernamental a la reutilización de datos: este indicador estudia hasta qué punto los gobiernos desempeñan un papel proactivo en la promoción de la reutilización de los datos públicos abiertos, dentro y fuera de la administración. 

Diagrama

Descripción generada automáticamente 

Teniendo en cuenta estos indicadores, España se encuentra en el grupo de “países líderes”. Estos países demuestran un enfoque integral de las iniciativas de datos abiertos y, en general, obtienen buenos resultados en todos los aspectos. En el caso concreto de España, destaca a la hora de impulsar la reutilización de datos, donde se sitúa en segundo lugar. Se ha tenido en cuenta cómo desde el ámbito gubernamental se conciencia a las empresas y a la sociedad civil sobre las oportunidades que ofrecen los datos públicos abiertos, participando en asociaciones y eventos de creación conjunta para estimular la reutilización de datos. También se destaca la disponibilidad de iniciativas de concienciación y capacitación para funcionarios públicos en materia de publicación de datos abiertos, análisis y reutilización, así como los esfuerzos para llevar a cabo evaluaciones del impacto de los datos públicos abiertos y la presentación de ejemplos de reutilización. 

Por el contrario, se sitúa en decimoprimera posición en accesibilidad de datos en general, aunque sube hasta la sexta si hablamos de datos de gran valor. Por último, nos situamos en el sexto puesto en materia de accesibilidad. 

Conclusiones generales 

El informe incluye una serie de conclusiones generales de todos los países. De acuerdo con el estudio, sólo el 48% de los conjuntos de datos de gran valor están disponibles como datos abiertos en los países de la OCDE. Aunque la pandemia COVID-19 influyó positivamente en la publicación de datos sanitarios abiertos, sólo el 43% de los conjuntos de datos de esta categoría están disponibles en la actualidad. Por tanto, se anima a la colaboración entre los agentes de la sanidad pública y la privada para fomentar la publicación de estos datos de manera sistemática a escala nacional.  

Los resultados también indican que los países deberían dar prioridad a la publicación de datos abiertos en ámbitos como la contratación pública, los presupuestos públicos y las actuaciones de grupos de presión, así como impulsar aquellos relacionados con la agenda verde, destacando los relacionados con la observación de la Tierra, el medio ambiente y los datos meteorológicos. Además, se debería considerar la posibilidad de poner a disposición de todos los ciudadanos los registros de empresas y los datos de propiedad de las mismas como datos abiertos.  

En el lado contrario de la balanza, existe una gran disponibilidad de datos estadísticos y geoespaciales. 

En general, los países de la OCDE han mejorado la calidad de los datos gubernamentales abiertos, una cuestión importante que también afecta a los recientes avances en Inteligencia Artificial (IA). El panorama en evolución de las aplicaciones de IA hace necesario garantizar la calidad de los datos, prestando especial atención a la calidad de los metadatos y el acceso a través de APIs. 

En definitiva, el informe resalta la importancia de los datos públicos abiertos para la democracia en la era digital, así como a la hora de impulsar la innovación, tanto en el sector público como el privado. 

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La labor de la OCDE en materia de datos abiertos comenzó en 2013, pero se ha ampliado constantemente para reflejar su creciente importancia en los países miembros y asociados. La OCDE considera los datos abiertos como un activo clave para el desarrollo económico, la innovación digital y la buena gobernanza, aunque siempre prestando especial atención a la privacidad, la transparencia y la ética.  

La OCDE incluye la necesidad de crear una cultura basada en los datos como uno de los principios necesarios para promover la transformación digital del sector público. En sus propias palabras “los datos de gobierno abierto son un bien público, que debe entregarse con un propósito, de manera proactiva y con un enfoque en la reutilización, en línea con las necesidades del usuario y su posible contribución a la creación conjunta de valor”. En este sentido, ha desarrollado una serie de indicadores para evaluar la transformación digital de los países, basados en 6 dimensiones clave: 

                                                                    

El índice OURdata: una forma de medir la disponibilidad, accesibilidad y reutilización de datos gubernamentales 

En este marco teórico se basa el índice OURdata, que evalúa los avances y desafíos de las políticas de datos de gobierno abiertos utilizando 3 pilares: 

  1. Disponibilidad de datos: mide el grado en que los gobiernos han adoptado y aplicado requisitos oficiales para promover la apertura de los datos gubernamentales a nivel central.  

  1. Accesibilidad de los datos: mide la disponibilidad de requisitos formales destinados a promover el acceso sin restricciones a los datos. 

  1. Apoyo gubernamental a la reutilización de datos: mide el grado en que los gobiernos desempeñan una función proactiva en la promoción de la reutilización de los datos gubernamentales dentro y fuera del gobierno. 

Estos pilares se resumen en el siguiente cuadro: 

                                                                            

Los resultados del índice OURdata 2019 

La última edición del índice OURdata publicado por la OCDE es de 2019. Este informe compara los resultados obtenidos con los de 2017, con el objetivo de conocer en qué estado de madurez se encuentran los países analizados de cara a promover mejoras que aumenten los flujos de datos. 

En los resultados de 2019 se aprecian mejoras generales en todos los países. La mayoría de los países ha adoptado el enfoque de “abierto por defecto”, incluyendo requisitos formales no solo en las estrategias de datos abiertos, sino también en leyes y reglamentos. Además, cada vez más gobiernos, están habilitando sus portales de datos abiertos como instrumentos de comunicación y retroalimentación. Se busca que estos portales no sean meros "catálogos de datos" sino plataformas para fomentar prácticas innovadoras, de colaboración e intercambio de conocimientos

Sin embargo, a pesar de estas mejoras todavía se aprecian áreas de mejora a nivel general. Se necesitan enfoques más sostenibles a largo plazo, con marcos de gobernanza más definidos. También es necesario impulsar la formación de los funcionarios públicos e impulsar el compromiso político a alto nivel para ayudar al reconocimiento del valor de los datos. Es por tanto necesario centrarse no solo en la oferta, sino poner en práctica mecanismos que estimulen la demanda y reutilización

En este sentido, el informe proporciona una serie de recomendaciones a los Gobiernos de la OCDE: 

  • Asegurar el apoyo político a los datos abiertos y establecer entornos propicios para sostener esfuerzos de implementación a largo plazo. 

  • Construir un enfoque común con el foco puesto en el desarrollo sostenible y temáticas de género, entre otras áreas. 

  • Crear portales de Datos Abiertos Gubernamentales adoptando un enfoque de “Abierto por defecto” y de “Gobierno como plataforma”. 

  • Constatar que la publicación de datos sea proactiva, oportuna y comprensible tanto para humanos como para máquinas (utilizando metadatos, estándares comunes, etc.), así como abordar los problemas de calidad y sesgos en la recopilación y generación de datos. 

  • Mantener prácticas que aseguren la publicación de taxonomías de datos de alto valor y su integración en diferentes sectores, impulsando una mayor innovación social, gubernamental y empresaria.  

  • Asegurar políticas de datos abiertos y establecer marcos de gobernanza que faciliten su monitorización y que estén alineados con las regulaciones de protección de datos. En este sentido, la OCDE ha desarrolla un marco de gobernanza de datos del sector público donde se incluyen buenas prácticas a seguir en base a componentes estratégicos, tácticos y de puesta a disposición de los datos, detallado en su informe The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector

  • Establecer modelos federados que faciliten el descubrimiento de datos, al tiempo que mantienen los niveles correctos de autonomía a nivel local, y aseguran la calidad a nivel central. 

  • Realizar los arreglos necesarios para permitir la entrega de valor público a través de los datos abiertos con el fin de mantener y multiplicar sus beneficios e impacto. 

  • Mantener los esfuerzos que apuntan a promover la reutilización de datos abiertos de gobierno fuera del sector público, así como su integración en tiempo real en la cadena de valor de actores relevantes (por ejemplo, por medio de APIs).  

  • Aumentar los esfuerzos de medición enfocados a entender los efectos de la reutilización de datos dentro del sector público. 

La posición de España 

En el índice de 2019, España ocupa la octava posición, por encima de la media de los países analizados, aunque con un ligero descenso con respecto a 2017. El indicador donde mejor puntuación obtiene nuestro país es en accesibilidad a datos.  Entre otras cuestiones, el informe resalta como buena práctica la creación de la serie de informes “Tecnologías emergentes y datos abiertos”, donde se ayuda al lector a comprender cómo funcionan distintas tecnologías disruptivas, cuál es el papel de los datos (abiertos) en ellas y cuál será su impacto en nuestra sociedad. Actualmente están disponibles los volúmenes dedicado a la Inteligencia Artificial y el Procesamiento del Lenguaje Natural

      

La OCDE ya está trabajando en la próxima edición del índice, la cual se espera que vea la luz en 2021. Entonces podremos analizar si los países han seguido las recomendaciones de este organismo y han impulsado mejoras en sus políticas de datos abiertos. 

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Los asistentes  virtuales,  los algoritmos de predicción de compra o los sistemas de detección de fraude. Todos interactuamos en el día a día con tecnologías de  Inteligencia Artificial.

Aunque todavía queda mucho desarrollo por delante, no se puede negar el impacto que la Inteligencia Artificial tiene ya en nuestras vidas. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial (o IA) no nos referimos a robots con aspecto humanoide que piensen como nosotros, sino a una sucesión de algoritmos que nos ayudan a extraer valor de grandes volúmenes de datos de forma ágil y eficiente, facilitando la toma de decisiones de manera automática. Estos algoritmos necesitan ser entrenados con datos de calidad para que su comportamiento se adecúe a las reglas de nuestro contexto social.

Actualmente, la Inteligencia Artificial tiene un gran impacto en la cadena de valor de los negocios, y condiciona muchas de las decisiones que toman no solo las empresas sino también los individuos. Por ello es fundamental que los datos que utilicen no estén sesgados y que respete los derechos humanos y los valores democráticos.

La Unión Europea y los gobiernos de los distintos países están impulsando políticas en este sentido. Para ayudarles en este proceso, la OCDE ha desarrollado una serie de principios mínimos que deberían cumplir los sistemas de IA. Se trata de una serie de estándares prácticos y flexibles que puedan resistir el paso del tiempo en un campo en constante evolución. Estos estándares no son legalmente vinculantes, pero buscan influir en las normas internacionales y funcionar como base de las distintas legislaciones.

Los principios de la OCDE para la Inteligencia Artificial se basan en las recomendaciones desarrolladas por un grupo de trabajo integrado por 50 miembros expertos en IA, entre los que hay representantes de gobiernos y líderes de las comunidades empresariales, así como de la sociedad civil, académica y científica. Estas recomendaciones fueron adoptadas el 22 de mayo de 2019 por los países miembros de la OCDE.

Dichas recomendaciones identifican cinco principios complementarios basados ​​en valores para la administración responsable de la Inteligencia Artificial:

  1. La IA debe beneficiar a las personas y al planeta impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar.
  2. Los sistemas de IA deben diseñarse respetando el estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, y deben incluir los mecanismos apropiados - como por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario- para garantizar una sociedad justa y equitativa.
  3. Debe existir una transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas de IA, para garantizar que las personas entiendan sus resultados y puedan desafiarlos.
  4. Los sistemas de IA deben funcionar de manera sólida y segura a lo largo de su ciclo de vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse continuamente.
  5. Las organizaciones e individuos que desarrollan, despliegan u operan sistemas de IA deben ser responsables de su correcto funcionamiento, en base a los principios anteriormente descritos.

Tomando como referencia estos principios, la OCDE también proporciona cinco recomendaciones a los gobiernos:

  1. Facilitar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, con el objetivo de estimular la innovación en Inteligencia Artificial de manera segura y fiable.
  2. Fomentar los ecosistemas de IA accesibles con infraestructura y tecnologías digitales, y mecanismos para compartir datos y conocimientos.
  3. Asegurar un marco de políticas que abra el camino para el despliegue de sistemas de IA fiable.
  4. Capacitar a las personas con habilidades necesarias para la IA y apoyar a los trabajadores para una transición justa.
  5. Cooperar a través de las fronteras y los sectores para avanzar en la administración responsable de IA fiable.

Estas recomendaciones son un primer paso para la consecución de una Inteligencia Artificial responsable. Entre sus próximos pasos, la OCDE contempla el desarrollo del Observatorio de Políticas de IA, que se encargará de proporcionar orientación sobre las métricas, políticas y buenas prácticas con el objetivo de ayudar a implementar los principios anteriormente indicados, algo fundamental si queremos pasar del ámbito teórico a la práctica.

Los gobiernos pueden tomar como base estas recomendaciones y elaborar sus propias políticas, lo que facilitará la homogeneidad de los sistemas de Inteligencia Artificial y garantizará que su comportamiento respecte los principios básicos de convivencia.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado los resultados de la segunda edición del Open-Useful-Reusable data Index (OURData Index), el índice desarrollado para apoyar a los países miembros de esta organización en el impulso de políticas de datos abiertos.

España sigue a la cabeza en el desarrollo de sus políticas de open data, gracias al trabajo que ha venido realizando en el impulso de apertura de datos procedentes del sector público y en la estrategia enfocada hacia un Gobierno Abierto y transparente. El índice de la OCDE 2017 sitúa a España en la 6 posición, por detrás de Corea, Francia, Japón, Gran Bretaña y México y por delante de Estados Unidos, Canadá, Alemania o Noruega. En concreto, este Índice de Datos Abiertos OURdata 2017 (Open Useful Reusable Government Data Index) analiza y mide 140 indicadores relativos a tres pilares fundamentales: la disponibilidad de los datos, la accesibilidad de los mismos y el apoyo gubernamental para su reutilización. 

Esta segunda edición del OURData Index ha sido reforzada al incorporar los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, según se detalla en el apartado en el que se relata la metodología. Dicho índice forma parte del informe Government at a Glance 2017 que proporciona los últimos datos disponibles sobre las administraciones públicas en los 35 países de la OCDE e incluye también datos sobre Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lituania, Rusia y Sudáfrica. En el capítulo de Gobierno Abierto, la OCDE aborda las estrategias y objetivos en gobierno abierto, la coordinación y gestión de recursos humanos, el seguimiento y evaluación de estrategias de gobierno abierto, la Participación ciudadana en la formulación de políticas y los datos gubernamentales abiertos.

Entre sus conclusiones, se destaca que en 2017 cerca del 50% de los países de la OCDE (17 de 35 países) han adoptado una política nacional de gobierno abierto. El nuevo OURData Indexmuestra que los países han avanzado mucho en abrir datos gubernamentales utilizando formatos abiertos y reutilizables pero se puede hacer más para estimular su reutilización entre los ciudadanos y las empresas”. En ese sentido, apunta que el uso de nuevas tecnologías y nuevos enfoques, como los basados en las ciencias del comportamiento, pueden ayudar a codiseñar y coproducir los servicios con los ciudadanos y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Al tiempo que reconoce que las políticas públicas abiertas están ganando impulso -detalla como ejemplos los Hackathons para promover la reutilización de datos y la formación y sesiones informativas-, este índice aboga por una mayor evaluación. “Pocos países -señala- evalúan si las iniciativas gubernamentales abiertas alcanzan los objetivos económicos, sociales, de productividad del sector público o de rendición de cuentas deseados”.

Esta edición incluye nuevos indicadores y fuentes de datos adicionales, lo que permite tener un panorama más amplio de los datos de las administraciones públicas en los países de la OCDE.

Las  conclusiones más destacadas en el OUR Data Index según la propia OCDE son las siguientes:

  • La reutilización de los Open Government Data (OGD) debe fortalecerse. Los gobiernos han realizado un gran esfuerzo en la creación de los requisitos formales para la divulgación de gran cantidad de conjuntos de datos en formatos abiertos, no restrictivos y reutilizables. Sin embargo, pocos gobiernos han dado un enfoque activo para fomentar la reutilización de datos tanto dentro como fuera del sector público.

  • Implementación tardía de las políticas y prácticas de datos abiertos. Países como la República Checa, Letonia, la República Eslovaca y Eslovenia llevan retraso mientras  Canadá, Francia, Corea, el Reino Unido y los Estados Unidos son pioneros, especialmente en datos disponibles y  accesibilidad a portales centrales de datos.

  • La mayoría de los países ha creado plataformas públicas en las que los usuarios pueden desempeñar un papel importante en completar los datos disponibles y mejorar su calidad.

  • Pocos países siguen de cerca el impacto económico y social de los datos abiertos, así como su impacto sobre la productividad y eficiencia del sector público.

La OCDE está estudiando cómo los países pueden promover la productividad y la eficacia de las políticas de reutilización de datos. Con más de 200 indicadores, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ofrece en su informe datos e ideas con los que se pueden comprender y comparar las políticas de cada país. Políticos, periodistas, académicos y público en general pueden analizar tablas comparativas por países de un modo detallado y disponer de una presentación clara de los datos utilizados para obtener una visión global. Más información.

Las conclusiones de esta nueva edición del índice, en relación al grado de implementación de políticas de datos abiertos en términos de reutilización e impacto, accesibilidad y disponibilidad, pueden contribuir a reajustar las políticas públicas en aquellos países participantes. Así, y en el caso concreto de España, se deberá hacer especial énfasis en los aspectos ligados a la disponibilidad y accesibilidad de datos, poniendo el foco en asegurar la calidad y en priorizar la puesta a disposición de aquellos más demandados.

Por último señalar cómo políticos, periodistas, académicos y público en general pueden analizar los datos brutos y las tablas comparativas por países de un modo detallado, y realizar análisis ajustados a sus necesidades. Más información.

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Los índices y barómetros de open data pretenden reflejar el ranking internacional de los países en su aplicación de políticas de datos abiertos. Aunque es prácticamente imposible medir de forma exacta el nivel de apertura, hay algunas iniciativas que muestran una visión general del interés en open data en los diferentes países del mundo.  En los últimos meses se han ido publicando algunos de estos índices que, aunque valoran diferentes aspectos relacionados con los datos abiertos, tienen la misma finalidad. ¿Cuántos índices globales se elaboran actualmente en el mundo sobre open data?, ¿reflejan realidades diferentes?, ¿qué metodología emplean?, ¿qué países se analizan? En este artículo ofrecemos una descripción de los cuatro índices más destacados y algunas de sus peculiaridades.

Open Data Barometer (ODB) World Wide Web Foundation

El pasado 1 de junio fue publicado el último Barómetro Open Data,  elaborado con carácter anual por la World Wide Web Foundation desde el año 2013. El Barómetro Open Data evalúa las políticas y prácticas de datos abiertos que están desarrollando 115 países en todo el mundo. Concretamente, la Web Foundation mide cómo los Gobiernos ponen sus datos a disposición de sus ciudadanos a partir de tres fuentes principales de información: cuestionarios de evaluación completados por expertos, auto-evaluaciones por parte de los gobiernos y otros datos provenientes de bases de datos internacionales. 

El ODB analiza tres bloques de indicadores dirigidos a medir el avance de las iniciativas de datos abiertos, la implementación de los programas open data y el impacto de los datos abiertos en los negocios, política y sociedad civil. Asimismo, analiza la existencia y calidad de 15 conjuntos de datos clave a nivel nacional (desde los presupuestos gubernamentales, el censo, el gasto público y horarios de los transportes públicos estadísticas de criminalidad, medio ambiente o contratos públicos …), su grado de actualización, accesibilidad, posibilidad de reutilización, gratuidad, tipo de licencia, interoperabilidad, etcétera. En definitiva, más de 150 investigadores y representantes gubernamentales que hacen posible la elaboración de un informe que incluye un conjunto de conclusiones sobre el estado general del sector open data en el mundo.

Informe anual European Data Portal  

El pasado 4 de marzo –Día Mundial de Open Data- el Portal Europeo de Datos Públicos (European Data Portal) publicó su informe anual en el que analiza el nivel de madurez del ecosistema de datos abiertos en Europa. En la segunda edición del informe, el portal evalúa a 31 países (los 28 miembros de la Unión Europea junto a Noruega, Suiza y Liechtenstein). Según este informe, el estado de los datos abiertos en toda Europa ha mejorado en términos globales pero destaca también discrepancias significativas entre los países, así como barreras políticas, legales y técnicas.

Con el fin de identificar el nivel de madurez del país se fijan dos bloques de indicadores dirigidos a medir la madurez de los datos abiertos en toda Europa: la disponibilidad de datos abiertos y la madurez de los portales de datos. El primero valora diferentes aspectos variados de las políticas open data en cada estado y en qué medida cada país desarrolla acciones para medir el impacto social y económico de la reutilización de los datos. El segundo analizar el nivel de madurez de los portales de datos abiertos, mide la usabilidad de las plataformas, así como la facilidad para la reutilización de los datos y la capacidad de acceso a datos.

Global Open Data Index (GODI) – Open Knowledge Foundation

El Global Open Data Index, más conocido como GODI, se elabora por la Open Knowledge Foundation. El pasado 15 de junio, OKF publicó  su índice global de datos abiertos de 2017 en el que analiza 94 estados y territorios en el mundo. A través de este índice se analizan diez categorías de datos. Para medir el nivel de apertura de estos diez tipos de datos, Open Data Index basa su calificación en las respuestas de un cuestionario que incluye cuestiones sobre el formato, el nivel de apertura, la actualización o periodicidad de publicación de los datos. La puntuación de cada una de ellas se suma para crear un ranking final donde se visualiza, además, el nivel de apertura de cada datasets nacional. Esta iniciativa, de carácter colaborativo, está abierta para cualquier ciudadano que desee convertirse en analista de un país determinado.

Índice OURData Index – OCDE

El Índice OURData (Open, Useful, Re-usable Government Data) analiza la situación de open data de 28 países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El OECD OURData Index evalúa los esfuerzos de los gobiernos por implementar datos abiertos en tres áreas críticas: apertura, utilidad y reutilización de los datos gubernamentales. Los datos del índice provienen de los países miembros y se centran en los esfuerzos del gobierno para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los datos del sector público y para estimular una mayor reutilización. El Índice se basa en la metodología de la OCDE y en las directrices de la Carta de los OGD (Open Goverment Data) del G8. El  análisis de la OGD de la OCDE incluye: información de negocios, registros,  información sobre patentes y marcas, bases de datos de licitaciones públicas, información geográfica, información legal, información meteorológica, datos sociales e información de transporte.

Los expertos precisan que tales estudios no deben ser considerados el reflejo exacto de la situación real, ya que se trata de análisis parciales que seleccionan criterios y métricas concretos, ofreciendo una imagen del ecosistema de datos abiertos incompleta. No obstante, este tipo de índices o ránkings es útil para ciudadanos interesados, organizaciones y grupos civiles y para los políticos y publicadores de datos. Dichos rankings son de especial ayuda para aquellos campos donde el open data todavía es una materia incipiente. 

 

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El libre acceso a los datos de forma abierta a través de la Web nos proporciona el potencial transformador necesario para permitir a los ciudadanos participar más plenamente en el proceso democrático, conseguir que los gobiernos y demás agentes de desarrollo sean más eficientes y fomentar la creación de nuevos servicios que mejoren nuestras vidas. Sin embargo, para que todos estos potenciales beneficios se hagan realidad primero tenemos que ser capaces de implementar un modelo de datos abiertos efectivo.

Es en este punto donde se hace imprescindible la posibilidad de medir los diferentes modelos de apertura de datos y su progreso, para poder entender cuáles son los que funcionan mejor en diferentes contextos. Con ello pretendemos no sólo ser capaces de medir el rendimiento de las distintas iniciativas, sino también mejorar nuestra comprensión sobre la teoría y práctica en la apertura de datos, así como de su cadena de valor.

No obstante, medir la apertura de datos no es siempre una tarea fácil. La evaluación de las iniciativas de datos abiertos ha sido identificado como uno de los retos principales en la agenda global del open data. Existen múltiples formas de medir los modelos de datos abiertos, desde rankings hasta casos de uso pasando por métricas cuantitativas o cualitativas sobre el rendimiento o impacto de una iniciativa determinada. Pero la primera pregunta que surge habitualmente es ¿qué es exactamente lo que queremos o debemos medir?

Afortunadamente el marco común para la evaluación de los datos abiertos, liderado por las entidad internacional World Wide Web Foundation y la institución estadounidense The GovLab, define una serie de dimensiones y componentes que deberían estar presentes en dicha evaluación, incluyendo:

  • Contexto: englobando todas las circunstancias del entorno en el que se publican los datos, incluyendo aspectos legales, organizativos, políticos, técnicos, sociales y económicos.
  • Datos: analizando la variedad, cantidad y calidad de los datos disponibles, incluyendo en general todos los principios de los datos abiertos, tales como disponibilidad, actualización, usabilidad, licencias de uso, etc.
  • Uso: profundizando sobre aspectos como ¿quién está usando los datos en la actualidad? ¿para qué se están utilizando? ¿quién puede estar siendo excluido? ¿qué objetivos nos hemos establecido? ¿qué sectores están siendo los más exitosos?
  • Impacto: intentando medir el provecho obtenido gracias a la apertura de datos, incluyendo beneficios sociales, políticos o económicos en general u otros impactos más específicos en áreas como el medio ambiente, la innovación o la inclusión.

Sobre la base de este marco de referencia se han ido construyendo a lo largo del tiempo múltiples estudios y análisis que evalúan las diferentes dimensiones de las iniciativas de datos abiertos existentes en la actualidad, por lo que no nos resultará difícil encontrar alguno que se ajuste a nuestros intereses o necesidades.

Algunos de estos estudios, como por ejemplo el Open Data Barometer realizado por la Web Foundation, cubren con su análisis todas las dimensiones indicadas en el marco de referencia. Otros se centran en un subconjunto específico, como el OURdata Index de la OECD que analiza únicamente contexto y disponibilidad de datos. En otros casos el análisis se centra en una dimensión específica, como la disponibilidad de datos en el Open Data Index, el uso de los datos en el Open Data Impact Map, o el impacto de estas iniciativas en el Open Data’s Impact. También existen estudios más especializados en sectores específicos, como el Open Data Inventory que se centra en los datos estadísticos, o aquellos que dentro de un único componente se centran en determinados aspectos del análisis, como el Open Data Usability Index o el Open Data Accessibility Framework.

Por último existen también estudios más globales, especialmente en el ámbito del Gobierno Abierto, que incluyen también de una forma u otra algunos aspectos relativos a los datos abiertos dentro de sus respectivos análisis. Tal es el caso por ejemplo del Open Government Index o la famosa eGovernment survey de las Naciones Unidas.

El grupo de trabajo sobre evaluación de iniciativas de datos abiertos de la Carta Internacional de los Datos Abiertos continúa trabajando en la definición de nuevos métodos que permitan evaluar la implementación de sus principios entre los países que se adhieren a la Carta. El objetivo a medio plazo será la actualización del marco común para la evaluación de los datos abiertos, dando lugar a una nueva versión más completa y que esté totalmente alineada con dichos principios. Este nuevo framework servirá como referencia para la evaluación de todas aquellas iniciativas de apertura de datos que utilicen los principios del Charter en la implementación de sus políticas.

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Noticia

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha hecho público recientemente un informe sobre la ejecución del Plan Avanza, que engloba la estrategia española para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que destaca los logros alcanzados en los últimos años por nuestro país en la difusión y aprovechamiento de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
 
Dicho estudio, titulado “Buena Gobernanza en las Políticas Digitales: cómo maximizar el potencial de las TIC” y elaborado a partir de un exhaustivo análisis documental y comparativo de los indicadores de referencia internacionales en materia de Sociedad de la Información, señala que el Plan Avanza es la política más completa puesta en marcha en España hasta la fecha para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y ha permitido alcanzar ya importantes logros en la difusión de las TIC.
 
En el informe se realiza una mención expresa a la modernización administrativa y mejora de los servicios públicos gracias a las TIC. En este sentido, destaca especialmente el grado de consecución de España de los objetivos y principios recogidos en la  Directiva 2003/98/CE de reutilización de la Información del Sector Público  –desarrollada a nivel nacional por la  Ley 37/2007-, al tiempo que subraya el papel prominente que, apenas un año y medio después de su nacimiento, empieza a jugar el Proyecto Aporta.
 
Los autores del trabajo resaltan las iniciativas lanzadas desde el propio portal de el Proyecto Aporta para el fomento de una cultura de reutilización de la información pública, facilitando la puesta a disposición por parte de las Administraciones Públicas de la información disponible, e impulsando el mercado de la reutilización a través de la transformación de los datos públicos en aplicaciones de gran valor social y económico.
 
Así, por ejemplo, en el informe se cita la creación de un Catálogo online que permite acceder desde un único punto a los diferentes recursos de información pública disponible en la Administración General del Estado, la organización de  eventos y actividades de carácter divulgativo y la publicación online de diferentes  materiales de formación  especializados en reutilización, entre los que destaca la Guía Aporta.
 
El informe, presentado el día 12 de julio por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, y el director de Administración Pública y Desarrollo de la OCDE, Rolf Alter, anima a impulsar las iniciativas de Gobierno Abierto en España, tales como la desarrollada por el Proyecto Aporta, con el objetivo de aumentar la confianza, la participación y la transparencia del sector público a través del uso sistemático de las TIC, la Web 2.0 y las redes sociales.
 
La OCDE –que también hace un reconocimiento al trabajo desarrollado en este aspecto por las comunidades autónomas y, en especial, por el Gobierno del País Vasco- recuerda la necesidad de seguir avanzando en cuatro líneas básicas para el completo despegue de las políticas de reutilización de la información del sector público:
 

- Fomentar una cultura de intercambio de información en el sector público.

- Concienciar de las ventajas potenciales del Gobierno Abierto y de la reutilización de datos públicos.

- Garantizar que las informaciones que se ofrezcan sean de verdadero valor y utilidad para sus usuarios.

- Vincular estas iniciativas a las estrategias globales para su eficaz gestión y ejecución.

 
 
El Plan Avanza
 
El Plan Avanza es un programa puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que entre los ejercicios 2006 y 2009 ha movilizado más de 9.000 millones de euros en colaboración con administraciones autonómicas y locales, entidades privadas y colectivos ciudadanos.
 
Sus actuaciones han contribuido a situar a la administración pública española en el tercer puesto del mundo en materia de participación electrónica y en el noveno en Administración electrónica, según la última clasificación de Naciones Unidas.
 
El Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio de 2010 la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2. Esta segunda fase da continuidad al Plan Avanza, incorporando las actuaciones en ejecución y actualizando sus objetivos iniciales para adecuarlos a los nuevos retos de la Sociedad en Red.
 
Una de las principales contribuciones del Plan Avanza 2 es coadyuvar al cambio de modelo económico de nuestro país a través de las TIC, ya que la generalización de su uso permite y permitirá un incremento de la competitividad y la productividad, además de favorecer la igualdad de oportunidades, dinamizando la economía y consolidando un modelo de crecimiento económico sostenible.
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