Políticas y legislación de datos abiertos en Europa

En junio de 2013, los países miembros del G8 llegaron a un acuerdo sobre sus políticas de datos abiertos y firmaron el Open Data Charter. A través de este documento, se reconoce la importancia que cobra el open data para la mejora gubernamental y el desarrollo socioeconómico. No obstante, para garantizar una política de datos abiertos exitosa a medio y largo plazo es necesario dibujar un camino legislativo que fije la línea base a seguir.

Con la aprobación por el Parlamento Europeo de la Directiva 2003/98/CE se estableció un marco común de referencia en reutilización de la información pública para los estados miembros de la UE, quienes incorporaron dicha normativa a sus respectivos ordenamientos jurídicos y desarrollaron un marco político concreto para cada país.

En el caso de Francia, la política de datos abiertos está marcada por el grupo de trabajo Etalab, creado a principios de 2011. Esta entidad coordina a más de 250 corresponsales de diferentes organismos públicos y es responsable de la publicación de datos, la gestión del portal open data data.gouv.fr  y de la implementación de estrategias de reutilización de la información pública y privada.

En 2013, el gobierno galo presentó una nueva hoja de ruta para la apertura de la información pública en el país; la cual extiende la directiva de datos abiertos más allá del ámbito de la administración nacional. De esta manera, las autoridades locales, las autoridades administrativas independientes, los operadores comerciales e industriales del sector público, entre otros, también deben incorporar dicha política open data en su funcionamiento interno.

En Italia es la entidad estatal AgID (Agencia para una Italia Digital) la responsable de establecer las políticas open data a nivel nacional, crear las pautas que deben seguir las administraciones y elaborar un informe anual sobre el estado de implementación de las medidas que se hayan establecido.  

Además, el artículo 9 del Decreto-Legge n. 179/2012, establece el principio general de apertura por defecto. Esto supone que, si no existe otra licencia explícita asociada a la información pública, cualquier dato publicado en los portales de la administración italiana se considera abierto por defecto. No obstante, esta normativa no impone el uso de formatos legibles por máquinas no propietarios ni exige que se proporcione algún tipo de metadato asociado a la información; dos aspectos que obstaculizan la posible reutilización de la información pública.

Pionero a escala internacional en materia open data, el Gobierno de Reino Unido publicó en 2012 el documento Open Data White Paper, que profundiza en el concepto de gobierno abierto, establece una serie de principios de datos abiertos a cumplir por el servicio público británico y apuesta por la reutilización y uso inteligente de dicha información.

Además, el pasado mes de marzo, el Comité Selectivo de la Administración Pública en el Reino Unido publicó un informe en el que se recomienda extender las obligaciones de los organismos del Gobierno en cuanto a apertura de los datos a cualquier empresa proveedora de la administración pública.

Para conseguir este objetivo, el gobierno ha creado un paquete de medidas para el impulso del open data en el Reino Unido el cual incluye un proyecto formativo especial para el funcionariado británico. El objetivo de este programa es mostrar las mejoras en eficiencia y ahorro, las oportunidades de desarrollo e innovación y los múltiples beneficios económicos que la apertura de la información pública supone para el país.