Ciencia e innovación para las políticas públicas: el concepto de I+P

En un mundo cada vez más complejo, las decisiones públicas necesitan más que intuición: requieren evidencia científica. Aquí es donde entran en juego las iniciativas de I+P (Innovación + Política Pública): una intersección entre creatividad, conocimiento basado en datos y acción política.

En este artículo vamos a explicar este concepto, incluyendo ejemplos e información sobre programas de financiación.

¿Qué es I+P?

I+P no es una fórmula matemática, sino una práctica estratégica que combina el conocimiento científico, la investigación y la participación ciudadana para mejorar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. No se trata únicamente de aplicar tecnología a lo público, sino de repensar cómo se toman las decisiones, cómo se formulan soluciones y cómo se involucra a la sociedad en estos procesos a través de la aplicación de metodologías científicas.

Esta idea nace del concepto “ciencia para las políticas públicas”, también conocida como “ciencia para la política” o “Science for Policy” (S4P) e implica la colaboración activa entre las administraciones públicas y la comunidad científica.

Las iniciativas de I+P promueven la evidencia empírica y la experimentación. Para ello, impulsan el uso de datos, tecnologías emergentes, pruebas piloto, metodologías ágiles y ciclos de retroalimentación que ayudan a diseñar políticas más eficientes y eficaces, centradas en las necesidades reales de la ciudadanía. Gracias a ello se facilita la toma de decisiones en tiempo real y la posibilidad de realizar ajustes ágiles ante situaciones que requieren respuestas rápidas. En definitiva, se trata de dar respuestas más creativas y acertadas a los retos de hoy en día, como pueden ser el cambio climático o la desigualdad digital, áreas donde las políticas tradicionales se pueden quedar cortas.

El siguiente visual resume estos y otros beneficios.

Fuente: Convocatoria de innovación pública de FECYT- adaptado por datos.gob.es.

Ejemplos de iniciativas de I+P

El uso de datos para la toma de decisiones políticas quedó patente durante la pandemia de COVID-19, donde los responsables políticos iban adaptando las medidas a tomar en base a los reportes de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero más allá de este tipo de acontecimientos extraordinarios, hoy en día encontramos iniciativas consolidadas que buscan cada vez más promover la innovación y la toma de decisiones fundamentada en datos científicos en el ámbito público de forma continua. Veamos dos ejemplos.

• Informes periódicos de instituciones científicas para acercar el conocimiento científico a la toma de decisiones públicas

Los informes científicos sobre temas como el cambio climático, la resistencia bacteriana o la producción alimentaria son ejemplos de cómo la ciencia puede orientar decisiones políticas informadas.

La iniciativa Science4Policy del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es un ejemplo de ello. Se trata de una colección de informes temáticos que presentan evidencias sólidas, generadas en sus centros de investigación, sobre problemas sociales relevantes. Cada informe incluye:

• Una introducción al problema y su impacto social.
• Información sobre la investigación desarrollada por el CSIC sobre el tema.
• Conclusiones y recomendaciones para políticas públicas.

Su objetivo principal es transformar el conocimiento científico en aportaciones accesibles para públicos no especializados, facilitando así decisiones informadas por parte de los poderes públicos.

• Los laboratorios de innovación pública, un espacio para la creatividad basada en la ciencia

Los laboratorios de innovación pública o GovLabs son espacios experimentales que permiten a empleados públicos, científicos, expertos en diversas materias y ciudadanos co-crear políticas, prototipar soluciones y aprender de forma iterativa.

Un ejemplo es el Laboratorio de Innovación Pública (LIP) impulsado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), donde se han realizado pilotos sobre el uso de tecnologías para impulsar el puesto de trabajo de nueva generación, la colaboración intermunicipal para compartir talento o la descentralización de pruebas selectivas. Además, cuentan con un Catálogo de Recursos de Innovación donde se recopilan herramientas con licencias abiertas puestas en marcha por diversos organismos y que pueden servir de apoyo a los emprendedores públicos.

También cabe la pena destacar a la Red Española de Innovación Pública y Transferencia Científica, impulsada por la Fundación NovaGob. Es un espacio colaborativo que reúne a profesionales, administraciones públicas, universidades y organizaciones del tercer sector con el objetivo de transformar la gestión pública en España. A través de grupos de trabajo y repositorios de buenas prácticas, impulsa el uso de la inteligencia artificial, la simplificación administrativa y la mejora de la atención ciudadana.

También encontramos laboratorios de innovación pública a nivel regional, como, por ejemplo Govtechlab Madrid, un proyecto liderado por la Fundación para el Conocimiento madri+d que conecta startups y pymes digitales con instituciones públicas para resolver retos reales. Durante el curso 2023/2024, lanzaron 9 pilotos, por ejemplo, para recopilar y analizar la opinión de la ciudadanía para tomar mejores decisiones en el Ayuntamiento de Alcobendas, unificar la toma y gestión de datos en las inscripciones de las actividades del Área de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte o proporcionar información veraz y actualizada de manera digital sobre el tejido comercial mostoleño.

El papel de los gobiernos e instituciones públicas

La innovación en política pública puede estar impulsada por una diversidad de actores: administraciones públicas abiertas al cambio, universidades y centros de investigación, startups cívicas y empresas tecnológicas, organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos comprometidos.

La Comisión Europea, por ejemplo, desempeña un papel clave en el fortalecimiento del ecosistema de ciencia para la política en Europa, promoviendo el uso efectivo del conocimiento científico en la toma de decisiones a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local. A través de programas como Horizonte Europa y la Agenda de Política del Espacio Europeo de Investigación 2025-2027, se impulsan acciones para desarrollar capacidades, compartir buenas prácticas y alinear la investigación con las necesidades sociales.

En España también encontramos acciones como la reciente convocatoria de financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, cuyo objetivo es impulsar:

• Proyectos de investigación que generen nuevas evidencias científicas aplicables al diseño de políticas públicas (Categoría A).
• Actividades de asesoramiento científico y transferencia de conocimiento entre investigadores y responsables públicos (Categoría B).

Los proyectos pueden recibir hasta 100.000 euros (Categoría A) o 25.000 euros (Categoría B), cubriendo hasta el 90% del coste total. Pueden participar organismos de investigación, universidades, entidades sanitarias, centros tecnológicos, centros de I+D y otros actores que promuevan la transferencia de la I+D. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el próximo 17 de septiembre de 2025. Para más información, se deben visitar las bases de la convocatoria o asistir a algunas sesiones formativas que se están realizando.

Conclusión

En un mundo donde los desafíos sociales, económicos y medioambientales son cada vez más complejos, necesitamos nuevas formas de pensar y actuar desde las instituciones públicas. Por ello, I+P no es una moda, es una necesidad que nos permite pasar del “creemos que funciona” al “sabemos que funciona”, fomentando una política más adaptativa, ágil y eficaz.