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Los portales de datos abiertos están experimentando un importante crecimiento en el número de conjuntos de datos que están siendo publicados en la categoría de transporte y movilidad. Sirva como ejemplo el portal de datos abiertos de la UE que ya cuenta con casi 48.000 conjuntos de datos en la categoría de transporte o el propio portal español datos.gob.es, que registra en torno a 2.000, si incluimos los que están dentro de la categoría de sector público. Una de las razones principales del crecimiento en la publicación de los datos relacionados con el transporte es la existencia de tres directivas que tienen entre sus objetivos maximizar la reutilización de conjuntos de datos en el área. La directiva PSI de reutilización de información del sector público en combinación con las directivas INSPIRE sobre infraestructura de información espacial e ITS sobre implantación de los sistemas de transporte inteligentes, junto con otros desarrollos legislativos, hacen que cada vez resulte más complicado justificar que los datos de transporte y movilidad permanezcan cerrados.

En este sentido, en España, la ley 37/2007 en su redacción de noviembre de 2021, añade la obligación de publicar datos abiertos a las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público institucional que actúen como compañías aéreas. Con ello se consigue dar un paso más allá respecto a las más frecuentes obligaciones con los datos de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

Además, los datos abiertos están en el corazón de las estrategias de movilidad inteligente, conectada y respetuosa con el medio ambiente, tanto en el caso de la estrategia española “es.movilidad”,  como en el caso de la estrategia de movilidad sostenible propuesta por la comisión europea. En ambos casos los datos abiertos se han introducido como uno de los vectores de innovación clave en la transformación digital del sector para contribuir a la consecución de los objetivos de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y de protección al medio ambiente.

Sin embargo, se suele hablar mucho menos de la importancia y necesidad de los datos abiertos durante la fase de investigación, que después conduce a las innovaciones que todos disfrutamos. Y sin esta etapa en la que los investigadores trabajan para adquirir un mejor conocimiento del funcionamiento de las dinámicas de transporte y movilidad de las que todos somos parte, y en la que los datos abiertos tienen un papel fundamental, no sería posible obtener innovaciones relevantes o políticas públicas bien informadas. En este sentido vamos a revisar dos iniciativas muy relevantes en las que se están realizando esfuerzos coordinados plurinacionales en el ámbito de la investigación en movilidad y transporte.

El sistema de información y seguimiento de la investigación y la innovación en el transporte

A nivel europeo, la UE también apoya con firmeza la investigación e innovación en transporte, consciente de que necesita adaptarse a realidades globales como el cambio climático y la digitalización. La agenda estratégica de investigación e innovación en el transporte (STRIA) describe lo que está haciendo la UE para acelerar la investigación y la innovación necesarias para cambiar radicalmente el transporte apoyando prioridades como la electrificación, el transporte conectado y automatizado o la movilidad inteligente.

En este sentido, el sistema de información y seguimiento de la investigación y la innovación en el transporte (TRIMIS) es la herramienta que la Comisión Europea mantiene para proporcionar información de acceso abierto sobre la investigación y la innovación (I+i) en el transporte y que se lanzó con la misión de apoyar la formulación de las políticas públicas en el ámbito del transporte y la movilidad.

TRIMIS mantiene actualizado un cuadro de mando con el que visualizar los datos sobre investigación e innovación en transporte y ofrece una descripción general y datos detallados sobre la financiación y las organizaciones involucradas en estas investigaciones. La información puede filtrarse por las siete prioridades de STRIA y también incluye datos sobre la capacidad de innovación del sector del transporte.

Si nos fijamos en la distribución geográfica de los fondos de investigación que proporciona TRIMIS, vemos que España aparece en quinto lugar, muy lejos de Alemania y Francia. Los sistemas de transporte en los que se está haciendo un mayor esfuerzo son el transporte por carretera y aéreo, beneficiarios de más de la mitad del esfuerzo total.

 
Gráfica que muestra la distribución geográfica de los fondos de investigación que proporciona TRIMIS. Las primeras plazas las ocupan: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Paises Bajo y Bélgica.

Sin embargo, encontramos que en el área estratégica de Servicios y movilidad inteligente (SMO), que se evalúan en términos de su contribución a la sostenibilidad general del sistema de energía y transporte, en España se está liderando el esfuerzo investigador al mismo nivel que Alemania. Cabe destacar además que el esfuerzo que se está realizando en España en lo que se refiere al transporte multimodal es superior al de otros países.

Gráfica con la distribución de la financiación de Servicios y movilidad inteligente (SMO). El primer lugar lo ocupa Alemania, seguido muy de cerca por España. A continuación aparecen Italia, Francia, Reino Unido, Béligica y Países Bajos.

Como ejemplo del esfuerzo investigador que se está realizando en España tenemos el conjunto de datos piloto para implementar capacidades semánticas sobre la información de incidencias de tráfico relacionadas con la seguridad en la red estatal de carreteras españolas, excepto País Vasco y Cataluña, que publica la Dirección General de Tráfico y que utiliza una ontología para representar incidentes de tráfico que ha desarrollado a Universidad de Valencia.

El área de los sistemas y servicios de movilidad inteligente pretende contribuir a la descarbonización del sector del transporte europeo y entre sus principales prioridades están el desarrollo de sistemas que conecten los servicios de movilidad urbana y rural y promuevan el cambio modal, el uso sostenible del suelo, la suficiencia en la demanda de viajes y los modos de viaje activos y ligeros; el desarrollo de soluciones de gestión de datos de movilidad e infraestructura digital pública de acceso justo o la implantación de la intermodalidad, la interoperabilidad y el acoplamiento sectorial.

La iniciativa 100 preguntas en el ámbito de la movilidad

La Iniciativa de 100 Preguntas, lanzada por The Govlab en colaboración con Schmidt Futures, pretende identificar las 100 preguntas más importantes del mundo en una serie de dominios críticos para el futuro de la humanidad, como son el género, la migración o la calidad del aire.

Uno de estos dominios está dedicado precisamente al transporte y la movilidad urbana y tiene como objetivo identificar preguntas en las cuales los datos y la ciencia de datos tienen un gran potencial para obtener respuestas que contribuyan a impulsar importantes avances en conocimiento e innovación sobre los dilemas públicos más importantes y los problemas más graves que tienen que resolverse.

De acuerdo con la metodología utilizada, la iniciativa finalizó el 28 de julio la cuarta etapa en la que el público en general realizó la votación con la que se decidieron cuáles serían las 10 preguntas finales que deben ser abordadas. Las 48 preguntas iniciales fueron propuestas por un grupo de expertos en movilidad y científicos de datos por lo que están concebidas para que puedan ser respondidas con datos y pensadas para que, si se consiguen resolver, puedan tener un impacto transformador para las políticas de movilidad urbana.

En la próxima etapa, el grupo de trabajo de GovLab identificará cuáles son los conjuntos de datos que podrían proporcionar respuestas a las preguntas seleccionadas, algunas tan complejas como saber “¿dónde quieren ir los viajeros pero realmente no pueden y cuáles son las razones por las que no pueden alcanzar su destino con facilidad?” o “¿cómo podemos incentivar a las personas a realizar viajes en modos sostenibles, como caminar, andar en bicicleta y/o transporte público, en lugar de vehículos de motor personales?

Otras preguntas están relacionadas con las dificultades encontradas por los reutilizadores y que han sido puestas de manifiesto con frecuencia en artículos de investigación como “Open Transport Data for maximising reuse in multimodal route”: “¿Cómo se pueden compartir los datos de transporte/movilidad recopilados con dispositivos como teléfonos inteligentes, y ponerlos a disposición de los investigadores, planificadores urbanos y legisladores?"

En algunos casos es previsible que los conjuntos de datos necesarios para responder las preguntas no estén disponibles o pertenezcan a compañías privadas por lo que también se intentará definir cuáles son los nuevos conjuntos de datos que deben generarse para ayudar a llenar los vacíos identificados. El objetivo final es proporcionar una definición clara de los requisitos de datos para responder a las preguntas y facilitar la formación de colaboraciones de datos que contribuyan a avanzar en la obtención de estas respuestas[2].

En definitiva, los cambios en el modo en que utilizamos el transporte y los estilos de vida, como el uso de teléfonos inteligentes, aplicaciones web móviles y redes sociales, junto con la tendencia a alquilar, en lugar de poseer un medio de transporte en particular, han abierto nuevos caminos hacia la movilidad sostenible y unas enormes posibilidades en el análisis e investigación de los datos capturados por estas aplicaciones.

Por ello las iniciativas globales para coordinar los esfuerzos de investigación son esenciales ya que las ciudades necesitan bases de conocimiento sólidas a las que recurrir para que las decisiones políticas sobre desarrollo urbano, transporte limpio, igualdad de acceso a oportunidades económicas y calidad de vida en los centros urbanos sean efectivas. No debemos olvidar que todo este conocimiento es además clave para que puedan establecerse adecuadamente prioridades y, de este modo, podamos aprovechar al máximo los escasos recursos públicos de los que habitualmente disponemos para afrontar los desafíos.


Contenido elaborado por Jose Luis Marín, Senior Consultant in Data, Strategy, Innovation & Digitalization.

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

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Los planteamientos actuales para la elaboración de políticas públicas que respondan de forma ágil al ritmo de evolución de las tendencias en el ámbito tecnológico resultan con demasiada frecuencia infructuosos. Los encargados de la formulación de dichas políticas se ven a menudo presionados a elaborar y adoptar leyes o directrices sin contar con la evidencia necesaria para poder hacerlo con garantías y sin tener la oportunidad de consultar a los expertos y usuarios afectados lo que significa que no se diseñarán teniendo en cuenta las necesidades de quienes se verán directamente afectados por ellos posteriormente.

Este problema es particularmente acuciante en el caso de las tecnologías emergentes, donde además algunas empresas suelen resistirse activamente a la reglamentación usando sus propios grupos de presión, o simplemente ocupando el espacio vacío de regulación estableciendo normas de facto mediante sus propias prácticas.

Por todo lo anterior, los responsables políticos están empezando a adoptar algunos enfoques alternativos para la elaboración de políticas públicas en el entorno tecnológico. Entre estas alternativas destaca el auge de los laboratorios de innovación en políticas públicas, cuyo principal objetivo es el de ofrecer una herramienta que facilite la creación ágil de dichas políticas garantizando la orientación al interés público al mismo tiempo que permite la innovación y el desarrollo de las empresas.

¿Qué es un laboratorio de políticas públicas?

Un laboratorio de políticas o Policy Lab en inglés es un espacio en el que los distintos grupos interesados son invitados a trabajar en conjunto aportando cada uno sus competencias particulares para encontrar soluciones a problemas comunes. Para ello se trabaja mediante un proceso abierto e iterativo en el que se experimenta con las posibles soluciones que se vayan encontrando, pero manteniendo un foco permanente en las necesidades y expectativas de los individuos afectados. El trabajo de estos laboratorios se basa en la evidencia para abordar cuestiones que resultan de particular relevancia social, a menudo en áreas muy dinámicas y en pleno crecimiento como por ejemplo la tecnología, el cambio climático o las finanzas.

Así pues, los laboratorios de políticas se están convirtiendo en mecanismos cada vez más populares para trazar puentes entre expertos, administración pública y sociedad, y poder así resolver los desafíos pendientes aprovechando a su vez las oportunidades que ofrecen las áreas de conocimiento emergentes. Este tipo de laboratorios han estado floreciendo de forma profusa últimamente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los laboratorios de políticas tecnológicas en particular tienen como objetivo hacer avanzar las políticas aplicables en el sector tecnológico a través de la investigación, la educación y el co-liderazgo de pensamiento, consiguiendo así restablecer la confianza en los mecanismos de diseño y decisión necesarios para que dichas políticas tengan éxito. Algunos ejemplos actuales son:

Laboratorios de políticas de datos abiertos

Dentro de los laboratorios de políticas tecnológicas es también frecuente encontrar algunos especializados en temáticas más específicas, como es el caso de los Laboratorios de Políticas de Datos Abiertos. El objetivo en este caso es apoyar a los responsables de la toma de decisiones en su labor de acelerar la reutilización y el intercambio responsable de datos en beneficio de la sociedad y la difusión equitativa de las oportunidades sociales y económicas asociadas a esos datos.

Un claro ejemplo lo tenemos en el Open Data Policy Lab, puesto en marcha recientemente por Microsoft y el GovLab con el objetivo de ayudar a los organismos gubernamentales de todos los niveles a identificar las mejores prácticas para mejorar la disponibilidad, la reutilización y la utilidad de los datos que gestionan desde la elaboración de modelos legislativos eficaces hasta la forma en la que abordar el reto de identificar y publicar conjuntos de datos de alto valor necesarios para ayudar a hacer frente a los desafíos críticos de la sociedad.

Su labor consiste en facilitar la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad para abordar una serie de obstáculos que actualmente se interponen en el camino del acceso a los datos de forma responsable entre ellos la ausencia de un modelo de gobernanza propicio, la falta de capacidad interna o el acceso limitado a los conocimientos y recursos externos. Para ello el Open Data Policy Lab se centra en cuatro actividades principales:

  • Análisis: mediante investigaciones para identificar las mejores prácticas en el campo de los datos abiertos e informar sobre el desarrollo de iniciativas de datos que contribuyan al desarrollo económico y social.
  • Guía: desarrollando metodologías, directrices, conjuntos de herramientas y otros materiales que sirvan para facilitar un intercambio de datos más eficaz y fomentar la toma de decisiones basada en los datos a la hora de abordar cuestiones de política pública.
  • Redes comunitarias: construyendo una comunidad de gestores de datos y responsables de la toma de decisiones en los sectores público y privado para compartir conocimientos, llevar a cabo una labor de colaboración y estimular el intercambio de datos.
  • Acción: identificando los desafíos clave de la sociedad que puedan beneficiarse de la apertura de datos y a implementar iniciativas de prueba de concepto que demuestren cómo aprovechar el poder de los datos abiertos para resolver esos retos.

En definitiva, los laboratorios de políticas públicas son herramientas prometedoras que pueden contribuir definitivamente a dar el paso hacia la esperada tercera ola en el movimiento de los datos abiertos, ya que cuentan con todos los elementos necesarios para afrontar y dar solución de forma ágil a las limitaciones en los modelos de gobernanza de datos actuales mediante una apertura respetuosa con los datos, basada en los intereses públicos y construida sobre la acción colaborativa.


Contenido elaborado por Carlos Iglesias, Open data Researcher y consultor, World Wide Web Foundation.

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

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Los jóvenes se han consolidado en los últimos años como el grupo demográfico más conectado en el mundo y son también en la actualidad los actores más relevantes dentro de la nueva economía digital. Uno de cada tres usuarios de internet a lo largo del planeta es un niño. Además esta tendencia se ha venido acelerando todavía más en el contexto actual de emergencia sanitaria, en el que los jóvenes han incrementado exponencialmente el tiempo que pasan online a la vez que son mucho más activos y comparten mucha más información en las redes sociales. Un ejemplo claro de las consecuencias de este uso incremental lo tenemos en las necesidades en torno a la enseñanza online, donde se plantean nuevos retos en torno a la privacidad de los estudiantes, mientras conocemos ya algunos primeros casos relacionados con problemas en la gestión de los datos bastante preocupantes.

Por otro lado, los jóvenes se preocupan por su privacidad más de lo que inicialmente podemos pensar. No obstante, reconocen tener bastantes problemas a la hora de entender cómo los distintos servicios y herramientas online recopilan y reutilizan su información personal y con qué finalidad lo hacen.

Es por todo lo anterior que, aunque en general la legislación relacionada con la privacidad online todavía sigue desarrollándose a lo largo del mundo, son ya varios los gobiernos que en la actualidad reconocen que los niños y los menores de edad en general requieren de un tratamiento especial en cuanto a la privacidad de sus datos como grupo particularmente vulnerable en el contexto digital.

Así pues, los menores cuentan ya con un grado de protección especial en algunos de los marcos legislativos de referencia en cuanto a privacidad a nivel global, como es el caso de la regulación Europea (GDPR) o la Estadounidense (COPPA). Por ejemplo, ambas establecen límites a la edad general de consentimiento legal para el tratamiento de los datos personales (16 años en la GDPR y 13 años en la COPPA), además de disponer otras medidas de protección adicionales como requerir el consentimiento de los padres, limitar el ámbito de uso de esos datos o utilizar un lenguaje más sencillo en la información proporcionada sobre la privacidad.

Sin embargo, el grado de protección que ofrecemos a los niños y jóvenes en el mundo online no es todavía comparable con la protección con la que cuentan en el mundo offline, y por ello debemos seguir avanzando en la creación de espacios online seguros que cuenten con fuertes medidas de respeto de la privacidad y características específicas para que los menores puedan sentirse seguros y estar realmente protegidos además de continuar educando tanto a los jóvenes como a sus tutores en las buenas prácticas en cuanto a la gestión de los datos personales.

Con ese objetivo ha nacido la iniciativa de gestión responsable de los datos de relativos a la infancia (RD4C), promovida por UNICEF y The GovLab. El objetivo de esta iniciativa es concienciar acerca de la necesidad de prestar especial atención a las actividades relacionadas con los datos que afectan a los menores, ayudándonos a comprender mejor los posibles riesgos y a mejorar las prácticas en torno a la recopilación y análisis de datos para poder así mitigarlos. Para ello nos proponen una serie de principios que deberíamos seguir en el tratamiento de dichos datos:

  • Procesos participativos: Involucrando e informando a las personas y grupos afectados por el uso de datos para y sobre los niños. 
  • Responsabilidad y rendición de cuentas: Estableciendo procesos, funciones y responsabilidades institucionales en cuanto al tratamiento de los datos. 
  • Centrado en las personas: Dando prioridad a las necesidades y expectativas de los niños y jóvenes, sus tutores y sus círculos sociales. 
  • Prevención de daños: Evaluando de forma anticipada los potenciales riesgos durante las etapas del ciclo de vida de los datos, incluyendo recopilación, almacenamiento, preparación, intercambio, análisis y uso. 
  • Proporcional: Ajustando la amplitud de la recopilación de datos y la duración de la retención de los mismos con el propósito inicialmente previsto. 
  • Protección de los derechos de los niños: Reconociendo los distintos derechos y requisitos necesarios para ayudar a los niños a desarrollar todo su potencial. 
  • Dirigido por un propósito: Especificando para qué se necesitan los datos y cómo su uso puede suponer un beneficio potencial para la mejora de la vida de los niños.

Algunos gobiernos han comenzado también a ir un paso más allá y favorecer un grado de protección más alto a los menores mediante el desarrollo de sus propias pautas destinadas a mejorar el diseño de los servicios online. Un buen ejemplo lo tenemos en el código de conducta elaborado por el Reino Unido que de forma similar al R4DC insta también a obrar siempre en interés de los propios menores, pero introduce además una serie de patrones de diseño de los servicios que incluye recomendaciones como la inclusión de controles parentales, la limitación en la recolección de datos personales o las restricciones en cuanto al uso de patrones de diseños engañosos que fomenten la compartición de datos. Otro buen ejemplo lo tenemos en la nota técnica publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la protección del menor en Internet, que nos ofrece recomendaciones detalladas para facilitar el control parental en el acceso a servicios y aplicaciones online.

Desde datos.gob.es queremos también contribuir al uso responsable de los datos que afectan a los jóvenes, y creemos también en los procesos participativos. Es por ello que hemos incluido los problemas de seguridad y/o privacidad de los datos en el ámbito de la enseñanza como uno de los retos a resolver en el próximo Desafío Aporta. Esperamos que os animéis a participar y nos enviéis todas vuestras ideas en este y otros ámbitos relacionados con la educación digital antes del 18 de Noviembre.


Contenido elaborado por Carlos Iglesias, Open data Researcher y consultor, World Wide Web Foundation.

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

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