Los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público en el IV Plan de Gobierno Abierto

El IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 supone un nuevo paso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030 adoptada por su Asamblea General. En concreto, para la consecución del número 16, relativo a la Paz, la Justicia y las Instituciones Sólidas.

El Plan fue aprobado en octubre de 2020 por acuerdo del Pleno del Foro de Gobierno Abierto, un órgano colegiado adscrito a la Administración General del Estado. Este órgano cuenta con la participación de otras Administraciones y de la sociedad civil que, por otra parte, han tenido un destacado protagonismo en su proceso de elaboración. A este respecto hay que destacar que, en coherencia con los principios del Gobierno Abierto, el Plan se elaboró partiendo de un proceso de consulta abierta a la sociedad, en el que casi el 70% de las observaciones se referían a la transparencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos.

Entre los principales retos, el IV Plan plantea la necesidad de reforzar la transparencia, el acceso público a la información y la rendición de cuentas. A tal efecto, la apuesta decidida por impulsar los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público adquiere una singular importancia, en particular por lo que se refiere a las posibilidades de impulsar sistemas preventivos de integridad pública y, en concreto, en el ámbito de la contratación del sector público. Se trata, sin duda, de una apuesta que conlleva un cambio cultural y organizativo relevante que requiere inexcusablemente de acciones formativas tanto para el personal de las Administraciones Públicas como para la sociedad en general. 

El Plan de Gobierno Abierto y la reutilización de la información del sector público 

En el Plan se recogen los principales compromisos en esta materia para “contribuir a una sociedad más justa, pacífica e inclusiva”. En el caso concreto de la transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas, en el Plan se indica que su impulso se llevará a cabo “mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos”, lo que necesariamente conlleva una modificación de la regulación vigente sobre transparencia, acceso a la información, datos abiertos y reutilización de la información del sector público.

En concreto, se contempla como primer paso la trasposición de las novedades que incorpora la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. A este respecto, se considera que dicha reforma puede tener un alto impacto transformador y de fomento del ecosistema de datos por cuanto exige ampliar el alcance del marco normativo vigente. Por lo que se refiere a la ejecución material de este compromiso, se alude como fecha de inicio julio de 2020 —momento en el que se abrió una consulta pública previa a la elaboración del correspondiente Anteproyecto de Ley— y se indica como fecha de finalización el día 17 de julio de 2021, cuando ya se debería haber aprobado definitivamente la nueva legislación estatal. 

Principales compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 

En el proceso de elaboración del Plan se ha prestado una especial atención a las aportaciones de las diferentes entidades públicas y privadas que forman parte del Foro de Gobierno Abierto a través de su participación en diversas reuniones y grupos de trabajo, además del trámite de consulta abierta a la sociedad civil al que antes se ha hecho referencia.

Durante el proceso de elaboración del Plan las propias Administraciones públicas incluyeron aportaciones de especial interés. Se trata de compromisos que han adquirido y figuran como propuestas de mejora en el propio Plan. Al margen del impulso de la normativa general aludida, desde el punto de vista de las iniciativas impulsadas por entidades públicas estatales se presentaron propuestas ciertamente relevantes. Entre ellas destacan la relativa a los datos sobre selección y formación de funcionarios disponibles por parte del Instituto Nacional de Administración Pública, la puesta en marcha de un Open Data Climático por parte de AEMET, la difusión en formatos abiertos de la información del Sistema de Calidad Turística Español, el impulso de un ecosistema de datos y servicios geográficos abiertos, así como la apertura de los datos del Registro Mercantil.

Con relación a las iniciativas planteadas por las Comunidades Autónomas, se destacan los siguientes compromisos: