En las políticas que está impulsando la Unión Europea se ha planteado la existencia de una íntima conexión entre la inteligencia artificial y los datos abiertos. A este respecto, como se ha destacado, los datos abiertos son esenciales para el correcto funcionamiento de la inteligencia artificial, ya que los algoritmos han de ser alimentados por datos cuya calidad y disponibilidad resulta imprescindible para su continua mejora y, asimismo, para auditar su correcto funcionamiento.
La inteligencia artificial conlleva un incremento de la sofisticación en los tratamientos de los datos, ya que requiere de una mayor precisión, actualización y calidad de los mismos que, por otro lado, han de ser obtenidos de fuentes muy diversas para incrementar la calidad del resultado final de los algoritmos. Asimismo, el hecho de que los tratamientos se realicen de forma automatizada y deban ofrecer respuestas precisas de manera inmediata ante circunstancias cambiantes supone una dificultad añadida. Se precisa, por tanto, una perspectiva dinámica que justifica la necesidad de que los datos no sólo se ofrezcan en formato abierto y legible por máquinas, sino también con los niveles más elevados de precisión y desagregación.
Esta exigencia adquiere una especial importancia por lo que se refiere a la accesibilidad de los datos generados por parte del sector público, sin duda una de las principales fuentes de donde se nutren los algoritmos debido tanto al elevado número de conjunto de datos disponibles como, asimismo, por el especial interés de las materias a las que se refiere su actividad, en especial los servicios públicos. En este sentido, al margen de la necesidad de superar las insuficiencias del marco legal vigente en cuanto al limitado alcance de las obligaciones que se imponen a las entidades públicas, resulta conveniente valorar en qué medida las condiciones jurídicas en que se ofrecen los datos sirven para dinamizar el desarrollo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial.
Así, en primer lugar, el artículo 5.3 de la Ley señala con rotundidad que “no podrá exigirse a las Administraciones y organismos del sector público que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización”. Teniendo en cuenta esta previsión legal, las referidas entidades pueden apoyarse en la inexistencia de una obligación de garantizar indefinidamente el suministro de los datos. También en la limitación de responsabilidad que contemplan algunas disposiciones al afirmar que el uso de los datos se realizará bajo la responsabilidad y riesgo de los usuarios o agentes de la reutilización o, incluso, la exoneración por cualquier error u omisión que venga determinado por la incorrección de los propios datos. Ahora bien, se trata de una interpretación cuyo efectivo alcance en cada caso concreto ha de contrastarse con la exigente regulación europea en la materia por lo que se refiere al alcance de las obligaciones y las vías de tutela, en particular tras la reforma que tuvo lugar en el año 2013.
Más allá de un planteamiento basado en el estricto cumplimiento normativo desde una interpretación restrictiva, lo cierto es que la necesidad de ofrecer políticas de apertura de datos del sector público para hacer frente a las singulares exigencias de la inteligencia artificial precisa de una aproximación proactiva que adopte una visión de mayor alcance. En este sentido, la interacción entre sujetos públicos y privados en contextos de mediciones y obtenciones sistemáticas de datos, continuamente actualizados a partir de conexiones generalizadas - como sucede en las iniciativas de ciudades inteligentes -, nos sitúa ante un escenario tecnológico donde las políticas activas de gestión contractual adquieren una especial importancia a fin de superar las barreras y dificultades jurídicas para su apertura. En efecto, en ocasiones los servicios públicos municipales son prestados con frecuencia por sujetos privados que se encuentran al margen de la normativa sobre reutilización y, además, los datos no siempre se obtienen de servicios u objetos gestionados por entidades públicas o con ocasión de actividades cuya gestión les corresponda; incluso a pesar del interés general subyacente en ámbitos como el suministro eléctrico, la prestación de servicios de telefonía y comunicaciones electrónicas o, incluso, los servicios financieros.
Por esta razón la iniciativa que puso en marcha la Unión Europea en 2017 adquiere una singular importancia desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ya que pretende superar buena parte de las restricciones jurídicas actualmente existentes para la apertura de los datos. En el mismo sentido, la Estrategia española de I+D+I en Inteligencia Artificial, presentada recientemente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sienta como una de sus prioridades el desarrollo de un ecosistema digital de datos entre cuyas medidas destacan la necesidad de garantizar un uso óptimo de los datos abiertos, así como la creación de un Instituto Nacional de Datos encargado de la gobernanza de los datos procedentes de los diferentes niveles de la Administración Pública. Asimismo, en la misma línea de la iniciativa europea antes referida, entre otras medidas se plantea la necesidad de ampliar las obligaciones de apertura a ciertas entidades privadas y a los datos científicos, lo que sin duda tendría un impacto relevante para el mejor funcionamiento de los algoritmos.
La singularidad tecnológica que plantea la Inteligencia Artificial requiere, sin duda, un marco ético y jurídico adecuado, que permita hacer frente a los desafíos que conlleva. La nueva Directiva sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público recientemente aprobada por el Parlamento Europeo supondrá un decidido impulso para la inteligencia artificial en la medida que dicha iniciativa ampliará tanto los sujetos obligados como el tipo de datos que habrán de estar disponibles. Sin duda una medida ciertamente relevante, a la que seguirán otras muchas en marco de la estrategia de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, una de cuyas principales premisas es asegurar un marco normativo adecuado para facilitar la innovación tecnológica desde el respeto a los derechos fundamentales y los principios éticos.
Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).
Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.
Betterplace es una empresa tecnológica especializada en Location Intelligence cuya tecnología extrae y analiza información empresarial que, cruzada con datos públicos y privados, ayuda a los usuarios a optimizar tiempo y recursos en el día a día de su negocio. En sus propias palabras: "traducimos tablas a mapas para así guiar la toma de decisiones".
La cantidad de datos que generamos no deja de crecer. El 90% de los datos creados en toda la historia de la humanidad se produjeron durante el último año. Además, se estima que la cantidad total de datos crecerá un 40% durante la próxima década. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de los datos en la economía y sociedad actual. Los datos nos aportan conocimiento, que permite tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso.
Para optimizar las ventajas que el uso de los datos pueden aportar a nuestro día a día, cada vez más organismos y empresas están apostando por incorporar nuevas tecnologías que ayuden a mejorar su gestión y a obtener un mayor valor. El informe Nuevas tendencias y desafíos en el mundo de los datos analiza algunas de estas tendencias tecnológicas y sociales que están revolucionando el mundo de los datos. Estas tecnologías son Big Data y la Inteligencia artificial, los algoritmos de decisión, Internet de las Cosas y Blockchain.

A continuación se recogen algunas de las principales conclusiones del informe:
Big Data e Inteligencia artificial
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¿Qué es? El análisis de grandes volúmenes de datos, procedentes de distintas fuentes y con diferentes formatos, en tiempo real, que adquiere una nueva dimensión cuando se combina con tecnologías de Inteligencia artificial, las cuales aplican pautas de razonamiento a dichos datos.
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¿Cuáles son sus beneficios? Gracias a estas tecnologías las empresas y organismos pueden entender mejor el funcionamiento actual y futuro de su entorno, y afrontar los retos en el momento adecuado. La combinación de Inteligencia Artificial y Big Data puede impulsar el crecimiento económico, dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y optimizar los servicios públicos. Además, puede contribuir al fortalecimiento de la democracia.
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¿Qué desafíos quedan por afrontar? La escasez de talento con las habilidades necesarias, la limitación en las infraestructuras actuales y la protección de la privacidad son los principales retos a los que tienen que hacer frente las organizaciones a la hora de implementar una iniciativa de Big Data.
Algoritmos de decisión
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¿Qué es? Se trata de agentes automatizados capaces de extraer valor de un gran volumen de datos de forma ágil y eficiente, facilitando la toma de decisiones de manera automática.
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¿Cuáles son sus beneficios? Los algoritmos de decisión permiten una toma de decisiones más eficiente, transparente y equitativa.
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¿Qué desafíos quedan por afrontar? Entre los retos a los que tienen que hacer frente los responsables de gestión de los algoritmos está garantizar la calidad y disponibilidad de los datos a través de controles y auditorías, así como garantizar su integridad, ética e independencia.
Internet de las Cosas
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¿Qué es? Cuando hablamos de Internet de las Cosas (IoT en sus siglas en inglés) nos referimos a una red de objetos conectados, de manera inalámbrica o por cable, capaces de generar datos sin intervención humana.
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¿Cuáles son sus beneficios? IoT facilita la automatización de los procesos y proporciona nuevas y múltiples formas de interacción que contribuyen a mejorar la universalidad y la accesibilidad a los servicios.
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¿Qué desafíos quedan por afrontar? Los principales inhibidores del IoT son la seguridad y la privacidad, las garantías de interoperabilidad y la necesidad de nuevas infraestructuras. Asimismo, es importante tener en cuenta que el IoT puede contribuir a aumentar la brecha existente entre las distintas clases sociales según sus posibilidades de acceso a los datos y servicios.
Blockchain
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¿Qué es? Blockchain, también conocido como cadena de bloques, es una base de datos distribuida que controla la transferencia de información digital. Es decir, una especie de libro de cuentas donde se cifran y entrelazan los registros, de tal forma que, un cambio en uno de los bloques afecta a todos los demás.
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¿Cuáles son sus beneficios? Su principal ventaja es la seguridad y privacidad de la información, junto con la integridad, la sostenibilidad, la transparencia y el (cuasi) anonimato. Esto va a permitir transformar nuestro sistema político y habilitar profundos cambios sociales.
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¿Qué desafíos quedan por afrontar? La falta de talento cualificado, los cambios regulatorios o la seguridad electrónica de los ciudadanos y los límites en la capacidad de adaptación de las instituciones son los principales retos destacados en el informe.
Gracias a Big Data y la Inteligencia artificial, los algoritmos de decisión, Internet de las Cosas o Blockchain, los organismos y empresas podrán extraer el valor necesario de los datos, lo cual les ayudará a mejorar los servicios y productos destinados a los ciudadanos. Aunque estas cuatro tecnologías todavía se encuentran en una fase de adopción incipiente, se espera que tengan un gran crecimiento durante los próximos años, una vez se superen los desafíos anteriormente indicados –si quieres profundizar en estos desafíos puedes leer el informe Nuevas tendencias y desafíos en el mundo de los datos-.