Inteligencia artificial en entidades locales: claves de la FEMP para una implantación responsable, legal y eficaz

Las administraciones públicas y, en concreto, las entidades locales se encuentran en un momento crucial de transformación digital. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) plantea tanto oportunidades extraordinarias como desafíos complejos que requieren una adaptación estructurada, ética y fundamentada. En este contexto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha lanzado la Guía Práctica y Políticas de Uso de la Inteligencia Artificial en las Entidades Locales, un documento de referencia que aspira a funcionar como brújula para ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales en su camino hacia la adopción responsable de esta tecnología que avanza a pasos agigantados.

La guía parte de una idea clave: la IA no es solo una cuestión tecnológica, sino organizativa, jurídica, ética y cultural. Su implantación exige planificación, gobernanza y una visión estratégica adaptada al tamaño y madurez digital de cada entidad local. En este post, veremos algunas claves relevantes del documento.

En este vídeo puedes volver a ver la sesión de presentación de la Guía.

La guía parte de una idea clave: la IA no es solo una cuestión tecnológica, sino organizativa, jurídica, ética y cultural. Su implantación exige planificación, gobernanza y una visión estratégica adaptada al tamaño y madurez digital de cada entidad local. En este post, veremos algunas claves relevantes del documento.

Por qué una guía sobre IA para las entidades locales

Las administraciones locales llevan años persiguiendo la mejora continua de los servicios públicos, pero a menudo se han visto limitadas por la falta de recursos tecnológicos, la rigidez organizativa o la fragmentación de los datos. La IA abre una oportunidad inédita para superar muchas de estas barreras, porque permite:

• Automatizar procesos.
• Analizar grandes volúmenes de información.
• Anticipar necesidades ciudadanas.
• Personalizar la atención pública.

Sin embargo, junto a estas oportunidades surgen riesgos evidentes: pérdida de transparencia, sesgos discriminatorios, vulneraciones de la privacidad o una automatización acrítica de decisiones que afectan a derechos fundamentales. De ahí la necesidad de una guía que ayude a saber qué se puede hacer con IA, qué no se debe hacer y cómo hacerlo con garantías.

El 48% de las administraciones públicas utiliza la Inteligencia Artificial para agilizar la relación con el ciudadano

La guía se estructura en torno a varios ejes fundamentales que abordan las múltiples dimensiones de la implementación de IA en el ámbito local:

El marco jurídico: el Reglamento Europeo de IA como eje central

Uno de los pilares de la guía es el análisis del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), la primera norma integral a nivel mundial que regula la IA con un enfoque basado en el riesgo, y que afecta de lleno a las entidades locales tanto si desarrollan sistemas de IA como si los utilizan o contratan.

En concreto, los distintos niveles de riesgo que reconoce la RIA son:

• Riesgo inadmisible: incluye prácticas prohibidas como la puntuación social, la manipulación subliminal o ciertos usos de biometría.
• Riesgo alto: abarca sistemas utilizados en ámbitos sensibles como la gestión de servicios públicos, el empleo, la educación, la seguridad o la toma de decisiones administrativas. Estos sistemas deben cumplir con una serie de requisitos estrictos, como por ejemplo la necesidad de supervisión humana o la trazabilidad de los datos.
• Riesgo específico de transparencia: se aplica a chatbots o contenidos generados por IA y se les impone principalmente obligaciones de información (por ejemplo, etiquetar los contenidos como generados por una IA).
• Riesgo mínimo: como filtros de correo no deseado o videojuegos basados en IA, sin obligaciones, aunque se recomienda adoptar códigos de conducta.

Un aspecto crucial es que, desde febrero de 2025, las entidades locales deben alfabetizar en IA a su personal, es decir, ofrecer formación para que quienes operan estos sistemas comprendan sus implicaciones técnicas, jurídicas y éticas. Además, deben revisar si alguno de sus sistemas incurre en las prácticas prohibidas por el RIA, como la manipulación subliminal o el social scoring (puntuación social).

Para las entidades locales, esto implica la necesidad de identificar qué sistemas de IA utilizan, evaluar su nivel de riesgo y cumplir con las obligaciones correspondientes.

IA, procedimiento administrativo y protección de datos

La guía recuerda que automatizar un proceso no equivale necesariamente a usar IA, pero que cuando se incorporan sistemas capaces de inferir, recomendar o decidir, el impacto jurídico es mucho mayor.

La incorporación de IA en procedimientos administrativos debe respetar principios como:

• Transparencia y explicabilidad de las decisiones.
• Identificación del órgano responsable.
• Posibilidad de impugnación.
• Supervisión humana efectiva.

Además, el uso de IA debe ser plenamente compatible con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las entidades locales deben poder justificar las decisiones automatizadas, garantizar los derechos de las personas afectadas y extremar las precauciones cuando se tratan datos personales sensibles.

Gobernar los datos para gobernar la IA

La guía es tajante en un punto: no se puede implementar IA sin una sólida gobernanza de datos. La IA se alimenta de datos, y su calidad, disponibilidad y gestión ética determinarán el éxito o fracaso de cualquier iniciativa. El documento introduce el concepto de "dato único" y se refiere a la información unificada. En relación con esto, se ha visto que muchas organizaciones descubren deficiencias estructurales precisamente al intentar implementar IA, una idea que se abordó en el pódcast de datos.gob.es sobre datos e IA.

Para la gobernanza de datos en la IA en el contexto local, la guía define la importancia de:

• La privacidad desde el diseño.
• Valor estratégico de los datos.
• Responsabilidad ética institucional.
• Trazabilidad.
• Conocimiento compartido y gestión de la calidad.

Además, se recomienda la adopción de marcos internacionales reconocidos como DAMA-DMBOOK.

La guía también insiste en la importancia de la calidad, disponibilidad y correcta gestión de los datos para “garantizar un uso eficaz y responsable de la inteligencia artificial en nuestras administraciones locales". Para ello, es esencial:

• Adoptar estándares de interoperabilidad, como los ya existentes a nivel estatal y europeo.

• Utilizar APIs y sistemas de intercambio de datos seguros, que permitan compartir información de forma eficiente entre distintos organismos públicos.

• Aprovechar fuentes de datos abiertos, como las que proporciona el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de España o las plataformas locales de datos públicos.

Cómo conocer el estado de madurez en IA

Otro de los aspectos más innovadores de la guía es la metodología FEMP.IA, que permite a las entidades locales autoevaluar su nivel de madurez organizativa para el despliegue de IA. Esta metodología distingue tres niveles progresivos que deberían adoptarse en orden:

1. Nivel 1 - Administración Electrónica (AE): digitalización de áreas de negocio mediante soluciones corporativas basadas en el dato único.
2. Nivel 2 - Robotización de Procesos Automatizados (RPA): automatización de procesos de gestión y actuaciones administrativas.
3. Nivel 3 - Inteligencia Artificial: utilización de herramientas de análisis especializado que facilitan información obtenida automáticamente.

Esta aproximación gradual es fundamental, pues reconoce que no todas las entidades parten del mismo punto y que intentar saltar etapas puede resultar contraproducente.

La guía incide en que la IA debe verse como una herramienta de apoyo, no como un sustituto del juicio humano, especialmente en decisiones sensibles.

Requisitos para desplegar IA en una entidad local

El documento detalla de forma sistemática los requisitos necesarios para implantar IA con garantías:

• Normativos y éticos, asegurando el cumplimiento legal y el respeto a los derechos fundamentales.
• Organizativos, definiendo roles técnicos, jurídicos y de gobernanza.
• Tecnológicos, incluyendo infraestructura, integración con sistemas existentes, escalabilidad y ciberseguridad.
• Estratégicos, apostando por despliegues progresivos, pilotos y evaluación continua.

Más allá de la tecnología, la guía subraya la importancia de la ética, la transparencia y la confianza ciudadana. Todo ello es clave y apunta la idea de que el éxito no radica en avanzar rápido, sino en avanzar bien: con una base sólida, evitando improvisaciones y garantizando que la IA se aplique de manera ética, eficaz y orientada al interés general.

Asimismo, se destaca la relevancia de la colaboración público-privada y del intercambio de experiencias entre entidades locales, como vía para reducir riesgos, compartir conocimiento y optimizar recursos.

Casos reales y conclusiones

El documento se completa con numerosos casos de uso reales en ayuntamientos y diputaciones, que demuestran que la IA ya es una realidad tangible en ámbitos como la atención ciudadana, la gestión social, las licencias urbanísticas o los chatbots municipales.

En conclusión, la guía de la FEMP se presenta como un manual imprescindible para cualquier entidad local que quiera abordar la IA con responsabilidad. Su principal aportación no es solo explicar qué es la IA, sino ofrecer un marco práctico para implantarla con sentido, poniendo siempre en el centro a la ciudadanía, los derechos fundamentales y el buen gobierno.