Hacienda

El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) es una herramienta que contribuye a la transparencia, difusión y reutilización de datos relacionados con las subvenciones y ayudas públicas. Este sistema centraliza toda la información sobre convocatorias y concesiones de subvenciones y ayudas públicas aprobadas por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Orígenes del proyecto

Hay que remontarse a 2014 para encontrar el inicio de este proyecto. Ese año se abordó una reforma de la Ley General de Subvenciones de 2003 (Ley 38/2003) con una enorme repercusión en dos aspectos significativos:

• Por una parte, la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que había sido creada por la citada Ley en 2003, pasó a estar disponible para su consulta completa por los órganos gestores de subvenciones y ayudas de todas las administraciones públicas y aquellos otros legalmente autorizados.
• Por otra parte, se creó el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, como sitio web público, de acceso libre y sin restricciones para todos los ciudadanos. Con ello se daba cumplimiento a los requisitos de publicidad y transparencia de todas las subvenciones y ayudas públicas otorgadas en España, especialmente las convocatorias y las concesiones, con identificación de los beneficiarios de las mismas. Este espacio comenzó a funcionar el 1 de enero de 2015, ofreciendo datos de la administración del Estado. Al año siguiente se amplió a las administraciones autonómica y local, cubriendo de este modo todo el espectro del sector público.

Formatos de datos y funcionalidades iniciales

Desde su origen hubo una seria apuesta por la reutilización de los datos para la sociedad que los origina. Ya inicialmente el sitio web permitió  descargar datos en diferentes formatos (CSV, XLSX y PDF) que permiten su reutilización, si bien limitando el tamaño de las descargas a 10.000 registros por cuestiones de rendimiento y capacidad técnica.

Además, desde el primer momento se dispuso de un mecanismo de suscripción de alertas. Un ciudadano o empresa podía -y puede- registrar tantas alertas como necesite para que el sistema le comunique automáticamente cuando se publique cualquier convocatoria de su interés, enviándole un enlace a la misma. Se suprimió así, de golpe, la tediosa necesidad de consultar diariamente las decenas de diarios oficiales que se publican en España para conocer las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Un proyecto en constante evolución para hacer frente a su crecimiento

La evolución normativa en materia de ayudas y subvenciones en la Unión Europea, y la adhesión de España a la iniciativa Open Government Partnership de las Naciones Unidas, fueron modelando el crecimiento del sitio web en años sucesivos, incrementando la oferta de vistas de datos específicos (ayudas de Estado y de minimis, grandes beneficiarios, partidos políticos, etc.), que hicieron más fácil para el ciudadano y el reutilizador de datos el acceso a los mismos.

En los albores de la pandemia, el sistema soportaba ya 1,3 millones de visitas anuales, sirviendo 3,3 millones de páginas de concesiones y convocatorias. Esto suponía un reto a nivel de rendimiento, ya que se alcanzaron unos volúmenes nunca previstos en los diseños técnicos iniciales. Se hacía necesaria una reforma tecnológica profunda que fuera capaz de soportar la alta demanda de información y nivel de servicio.

La reforma se abordó, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino recogiendo, además:

• Las novedades establecidas en el Real Decreto 130/2019 que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
• La necesidad socialmente demandada de habilitar un interfaz API-REST para descarga de información en formato reutilizable JSON que permitiera superar las limitaciones técnicas.

Características de la plataforma actual

El nuevo sitio web fue puesto en producción a finales de noviembre de 2023, ofreciendo múltiples vistas de convocatorias (520.000 a diciembre de 2024), concesiones (27.700.000), concesiones de ayudas de Estado (5.000.000), concesiones de minimis (3.190.000), planes estratégicos de subvenciones (1.341), infracciones muy graves (4), subvenciones a partidos (7.580), y subvenciones a grandes beneficiarios (145.000).

Toda esta información es accesible hoy a través de pantalla, descargable en formatos PDF, CSV, XSLX y del interfaz API-REST en formato JSON y XML, siendo libremente reutilizable por empresas infomediarias y ciudadanos, sin más restricciones que las establecidas en las leyes.

Figura 1. Captura de la web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y ayudas Públicas (SNPSAP)

Desde su puesta en producción hace 11 meses, el nuevo sistema ha recibido 7,5 millones de visitas de ciudadanos y empresas. Y a través del interfaz API-REST se realizan miles de descargas diarias, contribuyendo poderosamente a la difusión de la información subvencional “en bruto” para su reutilización por la sociedad para todo tipo de análisis, estudios, etc. Además, diariamente se emiten de media 35.000 mensajes de correo electrónico de alerta a ciudadanos y empresas para informarr de nuevas convocatorias de ayudas.

Ventajas de SNPSAP

La difusión social y reutilización de toda esta información elimina asimetrías y fricciones en los mercados, y permite a los operadores y ciudadanos trabajar de modo más eficiente y productivo, redundando en mayores cotas de bienestar para la sociedad.

La publicación de datos en abierto permite a los ciudadanos y organizaciones, no solo conocer cómo se distribuyen los fondos públicos, sino también identificar nuevas oportunidades. Este sistema garantiza que todas las personas y organizaciones tengan el mismo acceso a la información, independientemente de su tamaño o recursos, contribuyendo a una distribución más equitativa de las ayudas públicas.

Una de las principales exigencias que plantea la transformación digital del sector público se refiere a la existencia de unas condiciones óptimas de interoperabilidad a la hora de compartir datos. Se trata de una premisa esencial desde diversos puntos de vista, en particular por lo que se refiere a las actuaciones y trámites en los que participan varias entidades. En concreto, la interoperabilidad permite:

• La interconexión de los registros electrónicos de apoderamientos y de presentación de escritos ante las entidades públicas.
• El intercambio de datos, documentos y expedientes en el ejercicio de las respectivas competencias, lo que resulta esencial para la simplificación administrativa y, en especial, a la hora de garantizar el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de las Administraciones públicas;
• El desarrollo de servicios avanzados y personalizados basados en el intercambio de información, como puede ser el caso de la carpeta ciudadana.

La interoperabilidad también juega un papel destacado a la hora de facilitar la integración de diversas fuentes de datos abiertos de cara a su reutilización, de ahí que exista incluso una norma técnica específica a este respecto. Con ella se pretende fijar unas condiciones comunes que permitan “facilitar y garantizar el proceso de reutilización de la información de carácter público procedente de las Administraciones públicas, asegurando la persistencia de la información, el uso de formatos, así como los términos y condiciones de uso adecuados”.

La interoperabilidad en el ámbito europeo

La interoperabilidad es, por tanto, una premisa para facilitar las relaciones entre diversas entidades, lo que resulta de especial trascendencia en el contexto europeo si tenemos en cuenta que las relaciones jurídicas se darán con frecuencia entre Estados distintos. Se trata, por tanto, de un gran desafío para el impulso de servicios públicos digitales transfronterizos y, en consecuencia, para hacer efectivos derechos y valores esenciales en la Unión Europea vinculados a la libre circulación de personas.

Por esta razón se ha impulsado la aprobación de un marco normativo que facilite el intercambio de datos transfronterizo para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos digitales a nivel europeo. Se trata del Reglamento (UE) 2024/903 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (denominado Reglamento sobre la Europa Interoperable), normativa directamente aplicable con carácter general en toda la Unión Europea desde el día 12 de julio de 2024.

Con esta regulación se pretende ofrecer las condiciones adecuadas para facilitar la interoperabilidad transfronteriza, lo que requiere un planteamiento avanzado en el establecimiento y la gestión de los requisitos jurídicos, organizativos, semánticos y técnicos. En concreto, estarán afectados los servicios públicos digitales transeuropeos, esto es, aquellos que requieran interacción a través de las fronteras de los Estados miembros mediante sus sistemas de redes y de información. Este sería el caso, por ejemplo, del cambio de residencia para trabajar o estudiar en otro Estado miembro, el reconocimiento de títulos académicos o cualificaciones profesionales, el acceso a los datos de salud y Seguridad Social o, por lo que se refiere a las personas jurídicas, el intercambio de datos fiscales o de información necesaria para participar en un procedimiento de licitación en el ámbito de la contratación pública. En definitiva, “todos aquellos servicios que aplican el principio de «solo una vez» para acceder a datos transfronterizos e intercambiarlos”.

¿Cuáles son las principales medidas que contempla?

• Evaluación de interoperabilidad: con carácter previo a la adopción de decisiones sobre condiciones relativas a servicios públicos digitales transeuropeos por parte de las entidades de la Unión Europea o de los organismos del sector público de los Estados, el Reglamento les obliga a que lleven a cabo una evaluación de la interoperabilidad, si bien se trata de una medida que sólo será preceptiva a partir de enero de 2025. El resultado de dicha evaluación deberá ser publicado en un sitio web oficial en un formato legible por máquina que permita su traducción automática.
• Compartición de soluciones de interoperabilidad: las entidades antes referidas estarán obligadas a compartir las soluciones de interoperabilidad que den soporte a un servicio público digital transeuropeo, lo que incluye la documentación técnica y el código fuente, así como las referencias a las normas abiertas o especificaciones técnicas que se hubieren utilizado. No obstante, esta obligación tiene algunos límites, como sucede en aquellos supuestos en que existan derechos de propiedad intelectual a favor de terceros. Además, dichas soluciones serán objeto de publicación en el Portal de la Europa Interoperable, que habrá de sustituir al actual portal Joinup.
• Habilitación de sandboxes: una de las principales novedades consiste en la habilitación a los organismos públicos para que procedan a la creación de sandboxes o espacios controlados de pruebas de interoperabilidad que, en el caso de tratar datos de carácter personal, serán gestionados bajo la supervisión de la correspondiente autoridad de control competente para ello. Con esta figura se pretende fomentar la innovación y facilitar la cooperación desde las exigencias de la seguridad jurídica, impulsando a tal efecto el desarrollo de soluciones de interoperabilidad a partir de la mejor comprensión de las oportunidades y los obstáculos que puedan plantearse.
• Creación de un comité para la gobernanza: por lo que se refiere a la gobernanza, se contempla la creación de un comité compuesto por representantes de cada uno de los Estados y de la Comisión, a quien corresponderá su presidencia. Entre sus principales funciones se encuentran establecer los criterios para la evaluación de la interoperabilidad, facilitar la puesta en común de las soluciones de interoperabilidad, supervisar la coherencia de las mismas o desarrollar el Marco Europeo de Interoperabilidad, entre otras. Por su parte, los Estados miembros tendrán que designar al menos una autoridad competente para la aplicación del Reglamento antes del 12 de enero de 2025, que hará las funciones de punto de contacto único en caso de que existan varias. Sus principales funciones consistirán en coordinar la aplicación de la normativa, apoyar a los organismos públicos en la realización de la evaluación y, entre otras, fomentar la reutilización de soluciones de interoperabilidad.

El intercambio de datos entre los organismos públicos del conjunto de la Unión Europea y sus Estados miembros con plenas garantías jurídicas constituye una prioridad esencial para el eficaz ejercicio de sus competencias y, por tanto, para garantizar la eficacia en la realización de los trámites desde la perspectiva de la buena administración. El nuevo Reglamento sobre la Europea Interoperable supone un importante avance en el marco normativo a la hora de impulsar este objetivo, pero es necesario complementar la regulación con un cambio de paradigma en la práctica administrativa. A este respecto es imprescindible apostar decididamente por un modelo de gestión documental basada principalmente en datos, lo que además permite abordar de manera más sencilla el cumplimiento normativo de la regulación sobre protección de datos de carácter personal, resultando plenamente coherente con el planteamiento y las soluciones impulsadas por el Reglamento de Gobernanza de Datos a la hora de promover la reutilización de la información generada por las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Los premios 2024 Best Cases Award del observatorio Public Sector Tech Watch ya tienen finalistas. Estos premios buscan destacar soluciones que utilizan tecnologías emergentes, como inteligencia artificial o blockchain, en las administraciones públicas, a través de dos categorías:

• Soluciones para mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos (Government-to-Citizen o G2C).
• Soluciones para mejorar los procesos internos de las propias administraciones (Government-to-Government o G2G).

Con estos premios se pretende generar un mecanismo para compartir las mejores experiencias sobre el uso de tecnologías emergentes en el sector público y así dar visibilidad a las administraciones más innovadoras de Europa.

Casi el 60% de las soluciones finalistas son españolas

En total, se han recibido 32 propuestas, 14 de las cuales han sido preseleccionadas en una evaluación previa. De ellas, más de la mitad son soluciones de organismos españoles. En concreto, se han preseleccionado nueve finalistas para la categoría G2G -cinco de ellas españolas- y cinco para G2C -tres de ellas ligadas a nuestro país-.

A continuación, se resumen en qué consisten estas soluciones españolas.

Soluciones para mejorar los procesos internos de las propias administraciones

• Innovación en el gobierno local: transformación digital y GeoAI para la gestión de datos (Diputación de Alicante).

Suma Gestión Tributaria, de la Diputación de Alicante, es el organismo encargado de gestionar y recaudar los tributos municipales de los ayuntamientos de su provincia. Para optimizar esta tarea, han desarrollado una solución que combina sistemas de información geográfica e inteligencia artificial (machine learning y deep learning) para mejorar la formación en detección de inmuebles que no tributan en los padrones. Esta solución recaba datos de múltiples administraciones y entidades con el objetivo de evitar retrasos en la recaudación de los ayuntamientos.

• Inspector autonómico de infraestructuras públicas: seguimiento de zonas de obras (Diputación Foral de Bizkaia e Interbiak).

El inspector autónomo de carreteras y el inspector autónomo urbano ayudan a las administraciones públicas a realizar un seguimiento automático de las carreteras. Estas soluciones, que se pueden instalar en cualquier vehículo, utilizan técnicas de visión artificial o por computadora junto a información procedente de sensores para comprobar de forma automática el estado de señales de tráfico, marcas viales, barreras de protección, etc. También realizan tareas de previsión temprana de la degradación del pavimento, monitorizan zonas de obras y generan alertas ante peligros, como posibles deslizamientos.

• Aplicación de drones para el transporte de muestras biológicas (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información -CTTI-, Generalitat de Catalunya).

Este proyecto piloto implementa y evalúa una ruta de transporte sanitario en la región sanitaria de Girona. Su objetivo es transportar muestras biológicas (sangre y orina) entre un centro de salud primaria y un hospital utilizando drones. Gracias a ello, el trayecto ha pasado de durar 20 minutos con el transporte terrestre a siete minutos con el uso de drones. Esto ha permitido mejorar la calidad de las muestras transportadas, aumentar la flexibilidad en la programación de los tiempos de transporte y reducir el impacto medioambiental.

• Automatización robótica de procesos en la administración de justicia (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha una solución para la robotización de procesos administrativos con el fin de agilizar trabajos rutinarios, repetitivos y de bajo riesgo. Hasta la fecha, se han puesto en marcha más de 25 líneas de automatización de procesos, entre las que se encuentran la cancelación automática de antecedentes penales, las solicitudes de nacionalidad, la emisión automática de certificaciones de seguros de vida, etc. Gracias a ello se estima que se han ahorrado más de 500 mil horas de trabajo.

• Inteligencia artificial en el tratamiento de las publicaciones oficiales (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y Servicio de Documentación y Publicaciones Oficiales, Diputación de Barcelona).

El CIDO (Buscador de Información y Documentación Oficial) ha implementado un sistema de IA que genera automáticamente resúmenes de publicaciones oficiales de las administraciones públicas de Barcelona. Utilizando técnicas de aprendizaje automático supervisado y redes neuronales, el sistema genera resúmenes de hasta 100 palabras para publicaciones en catalán o castellano. La herramienta permite el registro de modificaciones manuales para mejorar la precisión.

Soluciones para mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos

• Escritorio Virtual de Inmediación Digital: acercar la Justicia a los ciudadanos a través de la digitalización (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

El Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) permite realizar vistas a distancia con plenas garantías de seguridad jurídica utilizando tecnologías blockchain. La solución integra la convocatoria de la vista, la aportación de la documentación, la identificación de los participantes, la aceptación de consentimientos, la generación del documento justificativo de la actuación realizada, la firma de éste y la grabación de la sesión. De esta forma se pueden realizar actos jurídicos desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse y de forma sencilla, haciendo que la justicia sea más inclusiva, accesible y ecológica. A finales de junio de 2024, se habían celebrado más de 370.000 sesiones virtuales a través de la EVID.

• Aplicación de la IA Generativa para facilitar a los ciudadanos la comprensión de los textos legales (Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions -EADOP-, Generalitat de Catalunya).

A menudo, el lenguaje jurídico es una barrera que impide a la ciudadanía entender fácilmente los textos legales. Para eliminar este obstáculo, el Govern pone a disposición de los usuarios del Portal Jurídico de Cataluña y de la población en general los resúmenes de normas de derecho catalán en lenguaje sencillo obtenidos a partir de la inteligencia artificial generativa. El objetivo es que, a finales de año, estén disponibles los resúmenes de las más de 14.000 disposiciones normativas vigentes adaptadas a la comunicación clara. Los resúmenes estarán editados en catalán y en castellano, con la perspectiva de ofrecer también en el futuro su versión en aranés.

• Emi - Empleo Inteligente (Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia).

Emi, Empleo Inteligente es una herramienta de inteligencia artificial y big data que ayuda a las oficinas del Servicio Público de Empleo de Galicia a orientar a las personas desempleadas hacia las competencias que requiere el mercado laboral, en función de sus capacidades. Los modelos de IA realizan proyecciones a seis meses de los contratos de una ocupación concreta para una zona geográfica elegida. Además, permiten calcular la probabilidad de encontrar empleo de los individuos en los próximos meses.

Puedes ver todas las soluciones presentadas aquí. Los ganadores se anunciarán en el evento final que se celebrará el 28 de noviembre. La ceremonia se celebra en Bruselas, pero se podrá seguir también de manera online. Para ello es necesario registrarse aquí.

Public Sector Tech Watch: un observatorio para inspirar nuevos proyectos

Public Sector Tech Watch (PSTW), gestionado por la Comisión Europea, se posiciona como una “ventanilla única” para todos aquellos interesados -sector público, responsables políticos, empresas privadas, mundo académico, etc.- en los últimos avances tecnológicos para mejorar el funcionamiento del sector público y la prestación de servicios. Para ello cuenta con varias secciones donde se muestra la siguiente información de interés:

• Cases: contiene ejemplos de cómo utilizan tecnologías innovadores y sus datos asociados las organizaciones del sector público en Europa.
• Stories: presenta testimonios para mostrar los retos a los que se enfrentan las administraciones europeas en la aplicación de soluciones tecnológicas.

Si conoces algún caso de interés que actualmente no esté monitorizado por PSTW, puedes darlo de alta aquí. Los casos de éxito son revisados y evaluados antes de incluirse en la base de datos.

La decidida apuesta por los espacios comunes de datos a nivel europeo es uno de los ejes principales de la Estrategia Europea de Datos aprobada en 2020. En dicho documento ya se anunciaba este planteamiento como base para, por una parte, dar soporte al impulso de las políticas públicas y, por otra, facilitar el desarrollo de productos y servicios innovadores a partir de la inteligencia de datos y el aprendizaje automático.

Ahora bien, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos sectoriales precisaba, como presupuesto ineludible, un marco normativo adecuado de carácter transversal que permitiera establecer las condiciones de viabilidad y seguridad desde la perspectiva jurídica. A este respecto, una vez consolidada la reforma de la regulación sobre reutilización de la información del sector público con novedades de gran calado como los datos de alto valor, en 2022 se aprobó la regulación sobre gobernanza de datos y posteriormente, ya en 2023, la denominada Ley de Datos. Con estas iniciativas ya aprobadas y la reciente publicación oficial del Reglamento sobre Inteligencia Artificial, el impulso de los espacios de datos adquiere una especial trascendencia, en particular en el ámbito del sector público, con el fin de garantizar la disponibilidad de datos suficientes y de calidad.

Los espacios de datos: diversidad en su configuración y regulación

En la Estrategia Europea de Datos ya se contemplaba la creación de espacios comunes europeos de datos en una serie de sectores y ámbitos de interés público, si bien al mismo tiempo no se descartaba que se pusieran en marcha otros nuevos. De hecho, en los últimos años se han anunciado nuevos espacios, con lo que el número actual se ha ampliado notablemente como veremos más adelante.

La razón principal de los espacios de datos consiste en facilitar la puesta en común y el intercambio de datos fiables y seguros en sectores económicos estratégicos y ámbitos de interés público. Así pues, no se trata simplemente de promover grandes conjuntos de datos sino, sobre todo, de apostar por iniciativas que ofrezcan la accesibilidad de los datos según modelos de gobernanza idóneos que, en última instancia, permitan la interoperabilidad de aquellos en el conjunto de la Unión Europea a partir de infraestructuras tecnológicas adecuadas.

Aunque se puedan ofrecer caracterizaciones generales de los espacios de datos a partir de una serie de notas comunes, lo cierto es que existe una gran diversidad desde la perspectiva jurídica en cuanto a los fines que persiguen, las condiciones en las que se comparten los datos y, en particular, los sujetos que participan.

Esta heterogeneidad también se encuentra presente en los espacios relacionados con el sector público, es decir, aquellos en los que existe un protagonismo destacado de los datos generados por Administraciones y otras entidades públicas en el ejercicio de sus funciones a los que, por tanto, resulta de plena aplicación la regulación sobre reutilización y datos abiertos aprobada en 2019.

¿Cuáles son los espacios europeos de datos relativos al sector público?

A principios de 2024 se hizo pública la segunda versión de un documento de trabajo de la Comisión Europea con el doble objetivo de ofrecer una visión actualizada del marco normativo europeo para los espacios de datos y, asimismo, identificar las iniciativas europeas sobre espacios de datos para evaluar su grado de madurez y los principales desafíos de futuro que plantea cada una de ellas.

En concreto, por lo que se refiere a las Administraciones públicas se contemplan cuatro espacios de datos: el espacio de datos jurídicos, el relativo a la contratación pública, el vinculado al sistema técnico “una sola vez” en el contexto de la Administración electrónica y, finalmente, el espacio de datos de seguridad para la innovación. Se trata de iniciativas muy diversas que, además, presentan un grado de madurez desigual, de manera que algunas cuentan con un nivel de desarrollo ciertamente avanzado y un sólido soporte institucional, mientras que otros casos simplemente están esbozados inicialmente y tienen por delante un esfuerzo considerable para su diseño e implementación.

Analicemos más en profundidad cada uno de estos espacios a los que se refiere el citado documento de trabajo.

1. Espacio de datos jurídicos

Se trata de un espacio de datos vinculado con la legislación y la jurisprudencia generadas tanto por la Unión Europea como por los Estados miembros. Con esta iniciativa se pretende apoyar al colectivo de las profesiones jurídicas, a las Administraciones públicas y, en general, facilitar a la sociedad el acceso con el fin de reforzar los mecanismos del Estado de Derecho. Este espacio se ha fundamentado hasta ahora en dos iniciativas concretas:

• Una relativa a la información sobre la normativa publicada oficialmente, que se ha articulado a través del Identificador Europeo de Legislación-ELI (European Legislation Identifier). Se trata de un estándar europeo que facilita la identificación de las normas de manera estable y fácilmente reutilizable ya que describe la legislación con un conjunto de metadatos procesables automáticamente, de acuerdo con una ontología recomendada.
• La segunda, por su parte, se refiere a las decisiones adoptadas por los órganos judiciales, cuya accesibilidad se ha facilitado mediante un sistema europeo de identificador único denominado ECLI (European Case Law Identifier) que se asigna a las decisiones de los órganos judiciales tanto europeos como estatales.

Estas dos relevantes iniciativas, que facilitan el acceso y el tratamiento automatizado de la información jurídica, han exigido pasar de un modelo de gestión basada en documentos (boletín oficial, resoluciones judiciales) a un modelo basado en datos. Y ha sido precisamente este cambio de paradigma el que permite ofrecer servicios avanzados de información que van más allá de los límites jurídicos y lingüísticos que plantean la diversidad regulatoria e idiomática existente a lo largo de la Unión Europea.

En todo caso, aun reconociendo el importante avance que suponen, todavía restan importantes retos a los que hacer frente, como podría ser el caso de facilitar el acceso por preceptos concretos y no por documentos normativos o, entre otros, la disponibilidad de los documentos judiciales a partir de las normas que aplican y, asimismo, la vinculación de las normas con su interpretación judicial por los diversos órganos judiciales de todos los Estados. En el caso de estos dos últimos supuestos el desafío es incluso mayor, ya que exigirían el enlace automatizado de ambos identificadores.

2. Espacio de datos de contratación pública

Se trata, sin duda, de uno de los espacios con un mayor impacto potencial por cuanto en el conjunto de la Unión Europea se calcula que las entidades públicas invierten unos dos billones de euros (casi el 14% del PIB) en la compra de servicios, obras y suministros. Así pues, con este espacio se pretende no sólo facilitar el acceso al mercado de la contratación pública en toda la Unión Europea sino también reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público asociado a dicha actividad, lo que resulta esencial en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la eficiencia.

La relevancia práctica de este espacio viene reforzada por el hecho de que disponga de un documento oficial específico que respalda decididamente el proyecto y donde se establece una precisa hoja de ruta con el objetivo de asegurar su despliegue en unos plazos razonables. Además, a pesar de las limitaciones en su ámbito de aplicación (no se contempla ampliar la obligación de publicación a los contratos que se encuentran por debajo de los umbrales establecidos a nivel europeo, ni tampoco los anuncios relativos a la finalización de los contratos), se encuentra en un estado muy avanzado, en particular por lo que se refiere a la disponibilidad de una ontología específica que facilita la accesibilidad de la información y su reutilización al reforzar las condiciones de interoperabilidad.

En definitiva, con este espacio se está facilitando el tratamiento automatizado de los datos relativos a la contratación pública partiendo de la interconexión de los conjuntos de datos existentes, lo que facilita una visión más completa de la contratación pública en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que se ha calculado que existen más de 250.000 poderes adjudicadores de contratos públicos.

3. Sistema Técnico Único (Administración electrónica)

Con este nuevo espacio se pretende dar soporte a la necesidad que existe en los procedimientos administrativos de recopilar información emitida por Administraciones de otros Estados, sin que se le requiera directamente a los interesados. Se trata, por tanto, de recopilar de forma automática y segura las pruebas requeridas en un ámbito formalizado a partir de la interconexión directa entre las diversas entidades públicas que, de esta manera, actuarán como fuentes auténticas de la información requerida.

Esta iniciativa está vinculada con el objetivo de abordar la simplificación administrativa y, en concreto, con la aplicación de:

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1463 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, por el que se establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema técnico para el intercambio automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación del principio de «solo una vez».
• Reglamento (UE) del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (Reglamento sobre la Europa Interoperable), con el que se pretende establecer una sólida estructura de gobernanza de la interoperabilidad en el sector público.

4. Espacio de datos de seguridad para la innovación

En este caso el objetivo consiste en mejorar el acceso de las autoridades policiales a los datos necesarios para entrenar y validar algoritmos con el objetivo de reforzar el uso de la inteligencia artificial y, de este modo, reforzar el cumplimiento normativo con pleno respeto de las normas éticas y jurídicas.

Aunque se parte de una ineludible necesidad de facilitar el intercambio de datos entre las autoridades policiales de los Estados miembros, sin embargo, el documento de trabajo enfatiza que no se trata de una prioridad en las estrategias sobre Inteligencia Artificial en este ámbito, destacándose asimismo que el uso avanzado de datos en este área desde la perspectiva de la innovación es relativamente bajo en la actualidad.

A este respecto es oportuno destacar la iniciativa para el desarrollo del sandbox de Europol, proyecto que fue auspiciado por la decisión del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) al apostar por la creación de un espacio aislado que permita a los Estados desarrollar, entrenar y validar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ahora que ya se encuentra en gran medida consolidado el proceso de digitalización de las entidades públicas, el principal reto para los espacios de datos en este ámbito consiste en ofrecer condiciones técnicas, jurídicas y organizativas adecuadas para facilitar la disponibilidad de los datos y su interoperabilidad. En este sentido, convendría tener en cuenta estos espacios de datos a la hora de ampliar el listado de datos de alto valor, en la línea ya adelantada por el estudio publicado por la Comisión Europea en 2023, donde se enfatiza que los conjuntos de datos con mayor potencial son los relativos a Gobierno y administración pública, los vinculados a Justicia y asuntos jurídicos, así como los datos financieros.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Existen una serie de datos muy valiosos, pero que por su naturaleza no se pueden abrir al gran público. Son datos confidenciales sobre los que recaen derechos de terceros que impiden su puesta a disposición a través de plataformas abiertas, pero que pueden ser fundamentales para investigaciones que promuevan avances para toda la sociedad, en campos como el diagnóstico médico, la evaluación de políticas públicas, la detección o enjuiciamiento de infracciones penales, etc. 

Para facilitar la extracción de valor de estos datos, respetando la normativa vigente y los derechos vinculados, se han puesto a disposición de los investigadores unos entornos de tratamiento seguro, conocidos como salas seguras. El objetivo es que los investigadores puedan solicitar y, posteriormente, utilizar e integrar los datos contenidos en ciertas bases de datos en poder de organismos para llevar a cabo trabajos con fines científicos de interés público. Todo ello de manera controlada, segura y preservando la privacidad. Por ello, los investigadores e instituciones que tengan acceso a los datos estarán obligados a guardar absoluta reserva sobre los mismos y a no difundir ninguna información identificable.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), distintas instancias de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Banco de España han firmado un convenio para dinamizar el acceso controlado a este tipo de datos. El acuerdo se enmarca en la estrategia de la Unión Europea y el Reglamento de Gobernanza de Datos (Data Governance Act o DGA en inglés), como te contamos en este artículo. Una de las ventajas de este convenio es que facilita el cruce de datos de diferentes organismos a través de Es_Datalab.

Es_Datalab, acceso conjunto a múltiples bases de datos

ES_DataLab es un laboratorio de microdatos restringido para investigadores que desarrollan proyectos con fines científicos y de interés público. El acceso a los microdatos se da en un entorno que garantiza la confidencialidad de la información, ya que no permite la identificación directa de las unidades, procedentes de distintas bases de datos.

Para acceder a este entorno se debe realizar una solicitud que se describe aquí y el acceso solo será válido durante el periodo especificado que dure la investigación. El proceso es el siguiente:

1. El investigador debe ser reconocido como "entidad de investigación".  Actualmente existe un registro de entidades (universidades, institutos de investigación, departamentos de investigación de administraciones públicas, etc.) que se irá ampliando a medida que nuevos organismos soliciten su incorporación.
2. Una vez acreditada, la entidad debe solicitar el acceso a los microdatos, para lo cual es necesario presentar una propuesta de investigación.

A través de Es_ Datalab, se puede acceder a diversos microdatos, recogidos en este enlace. En este sentido, ES_Datalab facilita el cruce de bases de datos de las instituciones participantes, maximizando el valor que los datos pueden ofrecer al desarrollo de la investigación.

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de los datos ofrecidos por cada uno de los organismos, ya sea a través de ES_datalab para su cruce con otras fuentes, o en sus propios entornos de tratamiento seguro.

Instituto Nacional de Estadística

Actualmente pone a disposición microdatos relativos conjuntos de datos del INE, entre los que se encuentran:

• Resultados de encuestas que recogen información sobre la inserción laboral de titulados universitarios, la estructura salarial, la población activa, las condiciones de vida, la salud en España, etc.
• Estadísticas sobre diversos aspectos sociales y económicos, como matrimonios o defunciones, actividades de protección medioambiental, filiales de empresas en el exterior, etc.
• Censos, tanto generales de población como por actividades económicas (por ejemplo, el censo agrario).

El INE, a su vez, cuenta con su propia sala segura que facilita el acceso a datos confidenciales para la realización de análisis estadísticos con fines científicos de interés público.

 Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Los microdatos relativos a las bases de datos que la AEAT ofrece incluyen información detallada sobre:

• Datos sobre las principales partidas contenidas en diversos modelos, como por ejemplo el modelo 100, relativo a la declaración anual del IRPF, el modelo 576, sobre matriculaciones de vehículos, o el modelo 714, del Impuesto sobre patrimonio, entre otros.
• Estadísticas de comercio exterior, con datos tanto totales como segmentados por sector de actividad.

También cabe destacar la aportación del Instituto de Estudios Fiscales, que se nutre de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Ligado al Ministerio de Hacienda, ha puesto a disposición de los ciudadanos un Área de estadística del Instituto de Estudios Fiscales, así como su propia sala segura. Entre sus bases de datos destacan, por ejemplo, las muestras de IRPF, los paneles de hogares, los paneles de renta o la base de datos económicos del sector español (BADESPE). La descripción de los productos y el protocolo de petición de datos se encuentra disponible aquí.

Seguridad Social

La Seguridad Social concede acceso a microdatos que hacen referencia a bases de datos como:

• La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que incluye datos individuales, actuales e históricos, de bases de cotización, afiliaciones (vida laboral), pensiones, convivientes, Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), etc.
• Los afiliados a la Seguridad Social con información mensual de relaciones laborales, por fechas de alta y baja de empresas, tipo de contrato, colectivo, régimen, provincia, etc.
• Las prestaciones reconocidas en el ejercicio anterior, que incluye pensiones de jubilación, incapacidad permanente, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor.
• Otras bases de datos como diversas liquidaciones presupuestarias, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por COVID-19, los reconocimientos médicos del Instituto Social de la Marina (ISM) o datos sobre la formación marítima de estudiantes.

Las salas seguras de la Seguridad Social, disponibles en Madrid, Barcelona y Albacete, permiten el tratamiento de esta y otra información protegida ofreciendo acceso a una serie de puestos seguros con diversos programas y lenguajes de programación (SAS, STATA, R, Python y LibreOffice). También se permite el acceso remoto a través de dispositivos seguros (llamados “dispositivos bastionados”) que se distribuyen entre los investigadores.

Gracias a estos datos se han podido realizar estudios sobre el impacto de la edad de Jubilación sobre la mortalidad o el uso de los permisos de paternidad en España.

Banco de España

También encontramos en Es_Datalab microdatos relativos al Banco de España y a bases de datos como: 

• Bases de datos sobre empresas, con información sobre empresas individuales, grupos empresariales no financieros consolidados o la estructura de grupos empresariales.
• Datos macroeconómicos, como la deuda del sector público o los préstamos a personas jurídicas.
• Otros datos relativos a indicadores de sostenibilidad o el panel de hogares.

BELab es el laboratorio de datos protegidos gestionado por el Banco de España, que ofrece acceso in situ (Madrid) y en remoto. Sus datos han permitido el desarrollo de proyectos sobre los efectos del salario mínimo interprofesional en las empresas españolas, la gestión de la tecnología en el sector textil o el machine learning aplicado al riesgo de crédito, entre otros. Puedes conocer todos los proyectos aquí, tanto los finalizados como los que todavía están en marcha.

Impulso a la reutilización de datos gracias al Reglamento de Gobernanza de Datos

Todas estas medidas forman parte del planteamiento y procesos armonizados llevado a cabo en ejecución de las previsiones del Reglamento de Gobernanza de Datos (Data Governance Act o DGA en inglés) para facilitar y fomentar la utilización con fines de investigación científica de los datos que obren en poder de los organismos del sector público, por razones de interés público. Asimismo, a fin de incentivar la reutilización de categorías específicas de datos que obren en poder de organismos del sector público, se ha habilitado en datos.gob.es el “Punto Único de Información Nacional” (NSIP por sus siglas en inglés), gestionado por la Dirección General del Dato.

Con ello, se busca contribuir al avance de la investigación científica en nuestro país, al tiempo que se protege la confidencialidad de los datos sensibles. Las Salas Seguras son un recurso importante para la reutilización de datos protegidos en poder del sector público. Permiten un tratamiento controlado de la información, preservan la privacidad y otros derechos vinculados a los datos, al mismo tiempo que facilitan el cumplimiento del Reglamento de Gobernanza de Datos europeo.

La Guía de Gobierno Abierto para Empleadas y Empleados Públicos es un manual para orientar al personal de las administraciones públicas de todos los niveles (local, regional y estatal) sobre el concepto y las condiciones necesarias para lograr un “gobierno abierto inclusivo en un entorno digital”. Concretamente, el documento busca que la administración asuma el gobierno abierto como un elemento transversal de la sociedad, fomentando su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se trata de una guía exhaustiva, práctica y bien estructurada, que facilita la comprensión y la implementación de los principios del gobierno abierto, dando a conocer ejemplos y buenas prácticas que impulsen el desarrollo de las competencias necesarias para facilitar la sostenibilidad del gobierno abierto a largo plazo.

¿Qué es el gobierno abierto?

La guía adopta la definición más aceptada de gobierno abierto, basada en tres ejes:

1. Transparencia y acceso a la información (eje visión): Hace referencia al acceso abierto a la información pública para facilitar una mayor rendición de cuentas.
2. Participación ciudadana (eje voz): Ofrece la posibilidad de que la ciudadanía sea escuchada e intervenga para mejorar los procesos de decisión y cocreación en las políticas públicas.
3. Colaboración (eje valor): Se centra en la cooperación dentro de la administración o de manera externa, con la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil, a través de la innovación para generar una mayor coproducción en el diseño y puesta en marcha de los servicios públicos.

Este manual define dichos ejes y los descompone en sus elementos más relevantes para su mejor comprensión y aplicación. Según la guía, los elementos básicos de la administración abierta son:

• Una integridad transversal a toda acción pública.
• Los datos son “la materia prima de gobiernos y administraciones públicas” y, por ese motivo, deben ponerse a disposición de “cualquier actor”, respetando los límites que establece la ley.  El uso de tecnologías de la información y comunicación (digitales) se concibe como un “espacio de expansión de la acción pública”, sin desatender las brechas digitales.
• La ciudadanía se sitúa en el centro de la administración abierta, porque no es solo objeto de la acción pública, sino que también “debe gozar de un papel protagonista en todas las dinámicas de transparencia, participación y colaboración”.
• La sostenibilidad de las iniciativas de la administración.

Adaptación de un visual de la Guía de Gobierno Abierto para Empleadas y Empleados Públicos. Fuente: https://funcionpublica.hacienda.gob.es/Secretaria-de-Estado-de-Funcion-Publica/Actualidad/ultimas-noticias/Noticias/2023/04/2023_04_11.html

Beneficios del Gobierno abierto

Con todo ello, se consiguen una serie de beneficios:

• Más calidad institucional y más legitimidad
• Aumento de la confianza en las instituciones
• Políticas más específicas para atender a la ciudadanía
• Más equidad de acceso a la formulación de políticas
• Más innovación en las actuaciones públicas

¿Cómo puedo utilizar la guía?

La guía es muy útil, ya que, para explicar algunos conceptos, plantea retos para que las propias personas funcionarias puedan reflexionar sobre ellos e incluso ponerlos en marcha. Asimismo, los autores proponen casos que van ofreciendo un panorama del gobierno abierto en el mundo y su evolución, tanto de los conceptos relacionados con éste como de las leyes, normativas, planes relevantes y ámbitos de aplicación (incluidos la Ley 19/2023 de transparencia, la agenda España Digital 2025,  Carta Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD). Como ejemplo, entre los casos que menciona, se incluyen el Plan de Inclusión Social Elkar-EKIN de la de Diputación Foral de Gipuzkoa y Frena La Curva,  una iniciativa puesta en marcha por miembros de la Dirección General de Participa­ción Ciudadana y el LAAAB del Gobierno de Aragón durante el COVID-19.

La guía también incluye un test de autodiagnóstico en rendición de cuentas, fomento de la colaboración, referencias bibliográficas y propuestas de mejora.

Además, ofrece diagramas y resúmenes para explicar y esquematizar cada concepto, así como pautas específicas para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se incluye la pregunta ¿dónde están los límites en el acceso a la información pública? Para responderla, la guía cita en qué casos se puede dar acceso a información que haga referencia a la ideología, creencias, afiliación religiosa o sindical de una persona (pág. 26). Con una adaptación a contextos concretos, el manual muy bien podría servir de base para organizar talleres de formación para personas funcionarias por la cantidad de asuntos relevantes que aborda y su organización.

Los autores hacen bien en incluir también advertencias y críticas constructivas a la situación del gobierno abierto en las instituciones. Aunque no hacen señalamientos directos, hablan de:

• Cajas negras: Se critican por ser sistemas cerrados. Se afirma que las cajas negras se deben abrir y transparentar y se debe “incrementar la representación de sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones públicas”.
• Lenguaje administrativo: Es un reto para una real transparencia, ya que, según un estudio que menciona la guía, de 760 textos oficiales, un 78% de ellos no eran claros. Entre lo más difícil de entender se encuentran las solicitudes de becas, ayudas y subvenciones, y los trámites vinculados con el empleo.
• La existencia de una falta de transparencia en algunos municipios, según apunta otro estudio mencionado en la guía. El índice de gobierno abierto global, elaborado por World Justice Project, coloca España en el puesto 24, por detrás de países como Estonia (14), Chile (18), Costa Rica (19) o Uruguay (21) y por delante de Italia (28), Grecia (36) o Rumanía (51), entre 102 países. Open Knowledge Foundation ha dejado de actualizar su Global Open Data Index, específicamente sobre datos abiertos.

En resumen, la administración pública se concibe como un paso hacia un Estado abierto, con la incorporación de los valores de lo abierto a todos los poderes del Estado, incluidos los poderes legislativo y judicial, además del gubernamental.

Otras cuestiones adicionales que se podrían tener en cuenta

Para aquellos que quieran seguir el camino hacia un gobierno abierto, existen una serie de cuestiones a tener en cuenta:

• La guía se puede adaptar a diferentes ámbitos y escalas de lo público. Pero la administración pública no es homogénea ni las personas que la componen tienen las mismas responsabilidades, motivaciones, conocimientos o posturas ante el gobierno abierto. En un examen sobre el uso por parte de la ciudadanía de datos abiertos de la administración vasca, se concluía que un obstáculo para la transparencia es la falta de aceptación o colaboración en algunos sectores de la propia administración. Un paso hacia adelante, por tanto, podría ser hacer campañas internas para la difusión de las ventajas para la administración de integrar perspectivas ciudadanas y generar esos espacios para integrar sus aportaciones.
• Aunque el modelo de caja negra está desapareciendo de la administración pública, que está sometida a gran escrutinio, este ha vuelto de la mano de sistemas algorítmicos cerrados y opacos aplicados a la administración de lo público. Hay muchos estudios en la literatura científica –por ejemplo, este— que alertan de que sistemas de caja opaca erróneos pueden estar funcionando en la administración pública sin que nadie se dé cuenta hasta que se generan resultados dañinos. Este es un asunto que necesita revisión.
• Para su adaptación a contextos concretos, habría que poder definir más concretamente qué es la participación, colaboración y cocreación. Como indica la guía, no solo implican la transparencia, sino poner en práctica iniciativas de colaboración o de innovación. Pero además es necesario hacerse una serie de preguntas adicionales ¿qué es una iniciativa de colaboración o innovación?, ¿qué metodologías existen?, ¿cómo se organiza y mide su éxito?
• La guía resalta la necesidad de incluir a la ciudadanía en el gobierno abierto. Cuando se habla de la inclusión y participación, sobre todo se menciona a la sociedad civil organizada y la academia, por ejemplo, en el Foro de Gobierno Abierto. Pero existen posibilidades de mejora para impulsar una participación y colaboración de las personas a título individual, sobre todo, si se trata de personas con poco acceso a la tecnología. La guía menciona brechas digitales de género, territoriales, por razón de edad o discapacidad, pero no las explora. Sin embargo, cuando se ha plataformizado el acceso a muchos servicios, ayudas y asistencia públicas (sobre todo después de la pandemia de COVID-19), dichas brechas digitales afectan a muchas personas, especialmente personas ancianas, de bajos recursos y a mujeres. Dado que una guía generalista no puede abordar todos los asuntos relevantes en detalle, este merecería una guía aparte.

Cada vez más las instituciones públicas acuden a la decisión algorítmica para una toma de decisiones eficaz, rápida e inclusiva. Por ello, resulta también cada vez más relevante la formación de la propia administración en materia de gobierno abierto en un entorno digitalizado, datificado y plataformizado. Esta guía es un gran primer paso para aquellos que quieren aproximarse a la materia.

Contenido elaborado por Miren Gutiérrez, Doctora e investigadora en la Universidad de Deusto, experta en activismo de datos, justicia de datos, alfabetización de datos y desinformación de género. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor

El enfoque de la regulación de la Unión Europea ha dado un giro importante desde que en 2003 se impulsara la primera normativa sobre reutilización de la información del sector público. En concreto, como consecuencia de la Estrategia Europea de Datos aprobada en 2020 se está ampliando el enfoque regulatorio al menos desde dos puntos de vista: 

• por una parte, se están impulsando modelos de gobernanza que tengan en cuenta la necesidad de integrar, desde el diseño y por defecto, el respeto a otros derechos e intereses jurídicamente relevantes, como es el caso de la protección de los datos personales, la propiedad intelectual o el secreto comercial, tal y como ha sucedido singularmente a través del Reglamento de Gobernanza de los Datos; 

• por otra parte, ampliando el ámbito subjetivo de las normas para ir más allá del sector público, de manera que también se empiezan a contemplar obligaciones dirigidas específicamente a entidades privadas, tal y como demuestra la aprobación en noviembre de 2023 del Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (conocido como Ley de Datos). 

En este nuevo planteamiento adquieren un singular protagonismo los espacios de datos, tanto por lo que se refiere a la importancia de los sectores sobre los que versan (salud, movilidad, medio ambiente, energía…) como, sobre todo, por el destacado papel que están llamados a jugar a la hora de facilitar la puesta a disposición de grandes cantidades de datos, en concreto a la hora de superar los obstáculos técnicos y jurídicos que dificultan su puesta en común. A este respecto, en España ya disponemos de una previsión legal al respecto, que se ha concretado con la creación de una sección específica en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En la propia Estrategia se contempla la creación de “un espacio común europeo de datos relativos a las administraciones públicas, a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del gasto público y la calidad del gasto, luchar contra la corrupción tanto a nivel nacional como de la UE, y abordar las necesidades en relación con el cumplimiento de las normas, además de apoyar la aplicación efectiva de la legislación de la UE y favorecer aplicaciones innovadoras”. Si bien, al mismo tiempo se reconoce, que “los datos concernientes a la contratación pública se difunden a través de varios sistemas en los Estados miembros, están disponibles en diferentes formatos y no son fáciles de utilizar” concluyendo la necesidad, en muchos casos, de “mejorar la calidad de los datos”. 

¿Por qué un espacio de datos en el ámbito de la contratación pública? 

Dentro de la actividad que llevan a cabo las entidades públicas destaca la contratación pública, cuya relevancia en la economía del conjunto de la UE llega hasta casi el 14% del PIB, por lo que se trata de un polo estratégico para dinamizar una economía más innovadora, competitiva y eficiente. Sin embargo, tal y como se reconoce expresamente en la Comunicación de la Comisión titulada Contratación pública: Un espacio de datos para mejorar el gasto público, impulsar la elaboración de políticas basadas en datos y mejorar el acceso de las pymes a las licitaciones, publicada en marzo de 2023, aunque existe una gran cantidad de datos sobre contratación pública, sin embargo “de momento su utilidad para los contribuyentes, los responsables públicos y los compradores públicos es escasa”. 

La regulación sobre contratación pública aprobada en 2014 incorporó una decidida apuesta por el uso de medios electrónicos en la divulgación de la información relativa a la convocatoria y la adjudicación de los procedimientos, si bien dicha normativa adolece de algunas limitaciones importantes:  

• se refiere únicamente a los contratos que superen unos umbrales mínimos fijados a nivel europeo, lo que limita la medida al 20% de la contratación pública en la UE, de manera que son los propios Estados quienes han de promover medidas de transparencia propias para el resto de los supuestos; 

• no afecta a la fase de ejecución contractual, de manera que no se aplica a cuestiones tan relevantes como el precio finalmente pagado, los plazos de ejecución realmente consumidos o, entre otras cuestiones, los posibles incumplimientos por parte del contratista y, en su caso, las medidas adoptadas por las entidades públicas al respecto; 

• aunque se refiere al uso de medios electrónicos a la hora de cumplir con la obligación de transparencia, sin embargo, no contempla la necesidad de que se articule en base a formatos abiertos que permitan la reutilización automatizada de la información. 

Ciertamente, desde la aprobación de la regulación de 2014 se han producido importantes avances a la hora de facilitar la normalización del proceso de recogida de datos, sobre todo al imponerse la utilización de formularios electrónicos para los umbrales antes indicados desde el 25 de octubre de 2023. Sin embargo, resultaba imprescindible un planteamiento más ambicioso que permitiera “aprovechar plenamente el poder que ofrecen los datos sobre contratación pública”. Para ello, en esta nueva iniciativa se contemplan no sólo medidas dirigidas a incrementar decididamente la cantidad de datos disponibles y su calidad sino, además, la creación de una plataforma a escala de la UE para hacer frente a la dispersión actual, así como la combinación con un conjunto de herramientas basadas en tecnologías avanzadas, singularmente la inteligencia artificial. 

Las ventajas de este planteamiento son evidentes desde diversos puntos de vista:  

• por una parte, podría proporcionase una información más precisa a las entidades públicas a la hora de planificar y adoptar sus decisiones;  

• pero también, por otro lado, se facilitarían las funciones de control y supervisión por parte de las autoridades competentes y, en general, de la sociedad;  

• y, sobre todo, se impulsaría de manera decisiva el acceso efectivo de las empresas y, en particular, de las pymes a la información sobre procedimientos actuales o futuros a los que poder concurrir. 

¿Cuáles son los principales retos que se han de afrontar desde el punto de vista jurídico? 

La Comunicación sobre el espacio de datos europeo de la contratación pública supone una importante iniciativa de gran interés por cuanto esboza el camino a seguir, planteando las ventajas que podría suponer su puesta en marcha, enfatizando las posibilidades que ofrece un planteamiento tan ambicioso y, asimismo, identificando las principales condiciones que lo harían viable. Todo ello desde el análisis de relevantes casos de uso, la identificación de los actores claves en este proceso y el establecimiento de un calendario preciso con un horizonte temporal hasta 2025. 

El impulso de un espacio europeo de datos específico en el ámbito de la contratación pública es, sin duda, una iniciativa que potencialmente podría tener un enorme impacto tanto en la propia actividad contractual de las entidades públicas como, asimismo, por lo que se refiere a las empresas y, en general, a la sociedad. Pero para que esto sea posible también habría que plantearse importantes desafíos desde la perspectiva jurídica: 

En primer lugar, actualmente no se contempla ampliar la obligación de publicación a los contratos que se encuentran por debajo de los umbrales establecidos a nivel europeo, lo que supone que la mayor parte de las licitaciones quedarían fuera del ámbito del espacio. Esta limitación plantea una consecuencia adicional, ya que supone dejar en manos de los Estados miembros el establecimiento adicional de obligaciones de publicidad activa a partir de las cuales proceder a la recogida y, en su caso, integración de los datos, lo que podría suponer una dificultad importante a la hora de asegurar la integración de múltiples y heterogéneas fuentes de datos, en particular desde la perspectiva de la interoperabilidad. A este respecto, la Comisión pretende crear un conjunto armonizado de datos que, en el caso de que fueran de obligado acatamiento por parte de todas las entidades públicas a nivel europeo, permitiría no sólo que los datos se recopilen por medios electrónicos, sino que, además, puedan traducirse a un lenguaje común que facilite su tratamiento automatizado. 

En segundo lugar, aunque la Comunicación inste a los Estados para que se esfuercen “por recopilar datos tanto en la fase previa a la adjudicación como en la fase posterior a esta”, sin embargo, configura como voluntarios los anuncios de finalización de los contratos. Si fueran obligatorios se podría “alcanzar una comprensión mucho más detallada de la totalidad del ciclo de la contratación pública”, además de impulsar la adopción de medidas correctoras ante situaciones jurídicamente discutibles tanto por lo que se refiere a la posición jurídica de las empresas que no resultaron adjudicatarias como, asimismo, de las autoridades encargadas de llevar a cabo funciones de fiscalización. 

Otro de los principales retos para el óptimo funcionamiento del espacio europeo de datos consiste en la fiabilidad de los datos publicados, ya que con frecuencia se pueden deslizar errores a la hora de cumplimentar los formularios o, incluso, dicha tarea puede percibirse como una actividad rutinaria que se realiza en ocasiones sin prestar la debida atención a su ejecución, tal y como viene demostrando la práctica administrativa con relación a los CPV. Aunque es preciso reconocer que en la actualidad existen herramientas avanzadas que podrían ayudar a corregir este tipo de disfunciones, lo cierto es que resulta imprescindible ir más allá de una mera digitalización de los procesos de gestión y apostar decididamente por modelos de tramitación automatizados que estén basados en los datos y no en los documentos, como todavía hoy resulta habitual en muchos ámbitos del sector público. Desde estas premisas se podría avanzar decididamente desde las exigencias de interoperabilidad antes referidas e implementar las herramientas analíticas basadas en tecnologías emergentes a que se refiere la Comunicación. 

La necesaria adaptación de la regulación europea sobre contratación pública 

Dada la relevancia de los objetivos planteados y la enorme dificultad que conllevan los retos anteriormente indicados, parece justificado que una iniciativa tan ambiciosa y con un potencial impacto tan destacado se articule a partir de una sólida base normativa. Resulta imprescindible ir más allá de las recomendaciones, estableciendo claras y precisas obligaciones jurídicas para los Estados miembros y, en general, para las entidades públicas, a la hora de gestionar y difundir la información sobre su actividad contractual, tal y como se ha planteado por ejemplo en el espacio de datos sanitarios. 

En definitiva, casi diez años después de la aprobación del paquete de directivas sobre contratación pública, quizás haya llegado el momento de proceder a su actualización con un planteamiento más ambicioso que, desde las exigencias y posibilidades de la innovación tecnológica, permita poner realmente en valor la ingente cantidad de datos que se generan en este ámbito. Más aún, ¿por qué no configurar los datos de la contratación pública como datos de alto valor al amparo de la regulación sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público? 

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Tras varios meses de competición, el pasado 20 de octubre el concurso de datos abiertos organizado por la UE llegó a su fin. El EU Datathon es un certamen que brinda a los desarrolladores y científicos de datos la oportunidad de demostrar a través de su creatividad el potencial de los datos abiertos

Aunque en este post puedes conocer en detalle los proyectos que resultaron ganadores, en este caso queremos destacar la participación de dos desarrolladores españoles cuyas iniciativas fueron elegidas como semifinalistas entre las 156 propuestas presentadas en un inicio.

En una edición que batió récord de participación tanto en número de concursantes como de países de procedencia, Antonio Moneo y Manuel Jose García representaron a España con dos proyectos que brillaron por su carácter innovador a la hora de reutilizar datos abiertos.

Utilizar la Inteligencia Artificial para resolver de forma óptima las licitaciones públicas

Manuel José García es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciónes por la Univerdidad de Oviedo y, actualmente, trabaja como científico de datos en la consultora tecnológica NTT Data. Tras hacerse con el primer premio en el concurso de Datos Abiertos de Euskadi en el año 2020, García decidió presentarse al hackathon europeo aprovechando el aprendizaje derivado de la investigación realizada en su tesis doctoral y que dio lugar al proyecto ’Detección de licitaciones irregulares en España mediante el análisis masivo de datos y la inteligencia artificial’.

“Se trata de una iniciativa que utiliza el Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) para analizar los datos de las licitaciones públicas y recomendar de manera automática aquellas empresas que mejor puedan acometer la licitación. Para ello se crea un buscador de empresas que puedan llevar a cabo una licitación y se rellena un formulario describiendo los detalles que caracterizan al concurso público. A partir de ahí, el programa busca las empresas más aptas para llevar a cabo el proyecto”, describe Manuel Jose García, quien añade que la relación de empresas recomendadas por licitación se consigue gracias a que el modelo de IA se ha entrenado con el histórico de cientos de miles de licitaciones y empresas ganadoras del pasado, aprendiendo qué tipo de empresas ganan las licitaciones y que características tienen.

Un requisito indispensable para poder participar en el datathon europeo es utilizar información procedente de los catálogos de datos que tanto Europa como España a nivel nacional, autonómico y local ponen a disposición de la ciudadanía. En el caso concreto de Manuel José García, su proyecto se ha desarrollado recurriendo a los datos de las licitaciones públicas disponibles en las Plataformas de Contratación Pública.

“El proyecto se ha desarrollado utilizando dos tipos de fuentes de datos. Por un lado, los datos públicos y gratuitos de las licitaciones y, por el otro, los datos empresariales necesarios para buscar y caracterizar a las empresas presentes en el buscador.  En particular, se han utilizado las cuentas anuales que las empresas deben presentar ante el Registro Mercantil. Estos datos son públicos pero de pago, estando en boga su gratuidad al ser datos gestionados por un ente público”, comenta el científico de datos.

De hecho es precisamente este punto relacionado con los datos del Registro Mercantil lo que supuso un reto para sacar adelante el proyecto: “Conseguir datos estructurados de licitaciones públicas es complicado, ya que el formato de datos en abierto de la Plataforma de Contratación de España es difícil de manejar. Además, es necesario hacer una limpieza profunda de los datos porque su calidad es baja”, apunta.

Bajo su criterio, si las administraciones públicas quieren fomentar la reutilización de datos abiertos, “Deben promover la cultura del dato. Es decir, ser conscientes de la importancia que tienen los datos que manejan y almacenan y, a su vez, ser proactivos para explotar esos datos y ponerlos a disposición de terceros”.

Arquitectura y datos abiertos para visibilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Además de ser Director de Gestión del Cambio y Análisis Avanzado en BBVA, Antonio Moneo también ha sido semifinalista de la última edición del datathon europeo gracias a un proyecto que fusiona el arte con la divulgación de los datos abiertos.

“Tangible Data (Datos Tangibles) es una iniciativa cuyo objetivo es convertir series de datos emblemáticas en esculturas físicas y, así, poder hacer tangibles problemas como el cambio climático, la desigualdad o la transparencia de nuestros gobiernos. En un contexto de exceso de información y creciente brecha digital, es fundamental apoyarnos en el entorno físico para explicar lo que pasa en el mundo”, explica Antonio Moneo y subraya que “representar los datos en una escultura permite presentar un desafío desde un punto de vista objetivo y respetuoso”.

A la hora de seleccionar los conjuntos de datos abiertos, Moneo tenía claro que quería visibilizar realidades y estadísticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que su proyecto cumpliese el propósito social que le llevó a presentarse al datathon: “Utilizamos datos abiertos de fuentes fiables y adecuadamente licenciadas con criterios Creative Commons o MIT. En ocasiones hemos usado alguna fuente de datos privada, pero nuestro objetivo es poner en valor la información que ya está disponible. Además, solemos usar los datos tal cual están publicados y solo aplicamos algunas transformaciones como suavizaciones de las curvas con medias móviles que nos permiten hacer las esculturas más agradables al tacto y, por supuesto, técnicas para crear volúmenes en tres dimensiones que son la base para las esculturas”, relata.

Así, para llevar a cabo Tangible Data ha sido necesario, por un lado, construir una estructura física y, por el otro, hacer que esta invite al usuario a trasladarse al ámbito digital donde, al fin y al cabo, se encuentra la información que buscan visibilizar. “El primer paso es diseñar un modelo 3D en formato virtual que enviamos a producir localmente, apoyándonos en la red de FabLabs. Posteriormente, incluimos un código QR en la escultura que permite a la audiencia conocer en profundidad el significado de los datos que refleja la misma”, desglosa el impulsor del proyecto.

Elaborar un proyecto tan ambicioso tanto desde el punto de vista físico como desde la perspectiva divulgativa no es una tarea sencilla. Y es que, no solo se trata de sortear el diseño de la escultura como tal, sino también de dar con los datos necesarios para trasladar la realidad que se busca representar: “La comparabilidad es uno de los mayores retos que nos hemos encontrado porque, en muchos casos, los datos más relevantes para medir el entorno no son siempre comparables. A veces, encontramos datos a nivel regional, otras a nivel nacional o a nivel local, pero no siempre es posible encontrar toda la información que necesitas. Por ello, para solucionar este reto, hemos invertido más tiempo en buscar datos y, en muchos casos, se ha modificado la idea inicial sobre una escultura porque no encontrábamos datos de suficiente calidad”, desarrolla.

Igualmente, Moneo comenta que la otra gran dificultad que ha marcado el desarrollo del proyecto ha sido acceder a datos actualizados. “La actualización siempre es un tema crítico, pero en estos momentos lo es más. Las consecuencias del COVID, la guerra en Ucrania y la actual crisis energética dibujan un mundo muy distinto al que teníamos en 2015 cuando se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, se estima que como consecuencia de la pandemia, entre 70 y 150 millones de personas pasarán al segmento de pobreza extrema (menos de 1.9 dólares al día). Este cambio, que rompe la tendencia de las últimas tres décadas, todavía no está reflejado en las estadísticas del Banco Mundial, que se detienen en 2019. Por lo tanto, parece que datos muy relevantes reflejan una realidad distorsionada”, concluye.

Un balance positivo de su paso por el EU Datathon

A pesar de no haber llegado a la final que les hubiese permitido competir por una parte del premio total, que ascendía a 200.000 euros, los dos participantes coinciden en que su experiencia en el datathon ha sido más que positiva. Así, mientras Manuel José García considera que “la Comisión Europea debe seguir apostando por estas iniciativas para que la gente sea consciente del valor que tienen los datos y los retos que pueden llegar a resolver”, por su parte, Antonio Moneo apunta que “este tipo de acciones motivan a las agencias que impulsan los datos y a quienes están haciendo desarrollo para mejorar el impacto de los datos en la sociedad”.

Además, ambos participantes han conseguido despertar sus inquietudes profesionales gracias a este reto, a la par que han podido testear el potencial y la calidad de sus respectivos trabajos frente a expertos europeos en materia de datos.

La Semana de la Administración Abierta, organizada por la Alianza de Gobierno Abierto en el marco de la Open Gov Week, se celebra este año del 27 de junio al 1 de julio de 2022. La finalidad de esta iniciativa es abrir y acercar las Administraciones públicas a la ciudadanía, basándose en los principios de Gobierno Abierto anteriormente mencionados. En nuestro país, esta iniciativa está impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública, en colaboración con el Foro de Gobierno Abierto.

Como viene siendo habitual, este año la Semana de la Administración Abierta contará con numerosos eventos organizados por las Administraciones Públicas a lo largo de todo el territorio nacional. Debido a las circunstancias sanitarias, algunas de estas actividades aún se celebrarán en formato virtual o semipresencial, junto con otros eventos cuya celebración se desarrollará de manera exclusivamente presencial.

Webinar online el 29 de junio para conocer a la Oficina del Dato y la Iniciativa Aporta

Puedes ver las presentaciones del evento aquí:

Si quiere ver las presentaciones a pantalla completa y descargarlas, puedes visitar nuestro perfil en slideshare:

• Presentación Oficina del Dato
• Presentación datos.gob.es

Entre los tipos de actividades que tendrán lugar durante esta semana se pueden encontrar algunos de diversa naturaleza como presentaciones de planes y programas de gobierno, consultas ciudadanas y procesos participativos o jornadas de puertas abiertas, entre otros. De todos ellos, queremos resaltar el evento que organizará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que la ciudadanía pueda ampliar su conocimiento sobre la Oficina del Dato, y que también conozca más detalles acerca de la Iniciativa Aporta de datos.gob.es.

Este evento, que se celebrará a través de un webinar online el próximo miércoles 29 de junio de 12:00 a 13:30, constará de dos partes: una dedicada a ampliar información sobre la Oficina del Dato y otra a divulgar la actividad del portal datos.gob.es.

Primera parte: Oficina del Dato

La Oficina del Dato  dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, será la protagonista de esta primera parte del evento online. En él tratarán de explicar la forma en la que hacen frente a los principales retos que existen hoy en día en la economía del dato, definiendo los marcos legales y políticos de compartición y gobernanza de datos.

La Unión Europea ha establecido como una de las próximas prioridades el impulso de la economía del dato, y una de las medidas que ha llevado a cabo nuestro país para alcanzar este objetivo ha sido la creación de la Oficina del Dato. En este webinar podrás ampliar tu conocimiento acerca de cuáles son las funciones de este organismo y cómo puede intervenir para favorecer la compartición de datos como medio para impulsar la economía del dato.

En concreto, la Oficina del Dato está centrada en habilitar la compartición de datos mediante el despliegue de espacios de datos. El espacio de datos es pieza clave para el desarrollo de la economía del dato, al habilitar su acceso, intercambio y reutilización legítima, posicionando al dato como recurso no rival, cuya utilidad crece según su uso se generaliza en un claro ejemplo de efecto red. Los espacios de datos van más allá del intercambio bilateral de información, constituyendo en su versión más avanzada auténticas redes de compartición donde materializar el valor del dato.

Segunda parte: Iniciativa Aporta/datos.gob.es

La segunda parte, protagonizada por la Iniciativa Aporta, estará dirigida a sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de los datos abiertos como elemento clave del gobierno abierto y qué actuaciones se están realizando para incentivar su publicación y su uso. 

Los datos abiertos son una pieza clave en el impulso de la economía del dato. España ocupa los primeros puestos en el índice de madurez europeo de datos abiertos. En este evento virtual podrás descubrir qué subyace a la filosofía y a la práctica de los datos abiertos, y qué servicios se ofrecen desde la plataforma datos.gob.es como ventanilla única de los datos reutilizables ofrecidos por el sector público, entre otros aspectos.

Otros eventos de interés de la Semana de la Administración Abierta 2022

Aunque puedes consultar el calendario completo de los eventos que tendrán lugar durante la Semana de la Administración Abierta en este enlace, a continuación, realizamos una pequeña selección de aquellos relacionados con temáticas como datos abiertos, transparencia, gobierno abierto o ciencia ciudadana, entre otros.

• 30 de junio. "Reutilización de la información del sector público más allá del open data" (online), Universidad de Valencia, Cátedra PAGODA: en este seminario se analizará, entre otras cuestiones, cómo la dinámica de los entornos tradicionales de Open Data plantea dudas respecto de la finalidad en el uso de los datos, la atribución y la trazabilidad de tales usos.

• 27 de junio. "Gobierno Abierto para todas las Personas" (semipresencial), Secretaría de Estado de Función Pública, Madrid: este evento abordará el proyecto sobre Colaboración para la Comunicación Inclusiva de Gobierno Abierto, fruto del convenio firmado entre la Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

• 29 de junio.  "Presentación del Portal Digital de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Fuenlabrada" (presencial), Salón de actos del CIFE - Avda. de las Provincias, 33, Fuenlabrada : descripción de las nuevas secciones del portal: transparencia, datos abiertos, participación, visores económicos, de infraestructuras, etc. Gracias a ellos el ayuntamiento podrá rendir cuentas de manera más precisa a los ciudadanos y estos podrán acceder de forma fácil y comprensible a la información administrativa de relevancia municipal.

• 29 de junio. “Gobierno abierto, transparencia y servicio público frente al reto demográfico: la atención a la ciudadanía dirigida a todos los Ayuntamientos de Madrid” (online), Dirección General del Catastro. Gerencia regional del catastro de Madrid: esta sesión informativa dará a conocer la oferta multicanal de que dispone la Dirección General del Catastro permitiendo universalizar el acceso a la información catastral y hacer llegar la prestación de servicios presenciales de información.

En definitiva, iniciativas como la Semana de la Administración Abierta permiten a la ciudadanía ampliar su conocimiento y participación dentro de las Administraciones públicas. Recuerda que esta ha sido tan solo una pequeña selección de eventos, pero puedes consultarlos todos a través de este mapa.