En el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, el desarrollo de capacidades se ha convertido en un aspecto prioritario dentro del movimiento open data internacional. Al fin y al cabo la necesidad de herramientas formativas es imprescindible para los líderes responsables de las políticas RISP, los productores y reutilizadores de datos, el sector público y privado, e incluso, los ciudadanos. Por ello, facilitar herramientas formativas que permitan a los diferentes agentes avanzar en la apertura y reutilización constituye una tarea prioritaria.

Con este objetivo, desde la línea de difusión, sensibilización y formación de Iniciativa Aporta, se han elaborado ocho unidades didácticas, dirigidas a todo tipo de público: desde ciudadanos que se acercan por primera vez a los datos abiertos hasta reutilizadores y empleados públicos, responsables de iniciativas de apertura de la información, que deseen ampliar sus conocimientos.

Las unidades formativas están diseñada para entender los conceptos básicos del movimiento open data, para conocer buenas prácticas en la implementación de políticas de datos abiertos y su reutilización, pautas metodológicas para la apertura, normativas técnicas como DCAT-AP y NTI-RISP o además del uso de herramientas de tratamiento de datos, entre otros aspectos.

En la elaboración de los recursos, se han tenido en cuenta dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento, orientado a ampliar los conocimientos para resolver las dudas y reflexiones planteadas y el aprendizaje significativo basado en el conocimiento previo, a través del uso de ejemplos prácticos para contextualizar y aplicar los conceptos tratados.

Además, los módulos formativos contienen materiales complementarios a través de enlaces a páginas externas y documentos para su descarga sin necesidad de conexión. De esta forma, se le brinda la oportunidad al alumno de ampliar sus conocimientos y familiarizarse con fuentes relevantes donde obtener información fiable y actualizada sobre el sector open data.

Todas las unidades se distribuyen bajo la licencia Creative Commons Share-Alike Attribution Licence (CC-BY-SA) que permite copiar, distribuir el material en cualquier medio o formato y adaptarlo para crear nuevos recursos a partir de él.

¿Qué contenidos están disponibles?

El material formativo elaborado por Iniciativa Aporta consta de ocho unidades didácticas que abordan los siguientes contenidos del sector de la apertura y reutilización de la información del sector público:

1. Conceptos básicos, beneficios del Open Data y Barreras
2. Marco Normativo
3. Tendencias y buenas prácticas en la implementación de políticas de datos abiertos
4. La reutilización de datos públicos en su papel transformador
5. Pautas metodológicas para la apertura de datos
6. DCAT-AP y la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de Información (NTI-RISP)
7. Uso de herramientas básicas de tratamiento de datos
8. Buenas prácticas en el diseño de APIs y Linked Data

¿En qué consisten las unidades didácticas?

Cada unidad está diseñada para que el alumno adquiera o amplíe sus conocimientos sobre el sector de la apertura y reutilización del sector público. Con el fin de facilitar su comprensión, todas ellas cuentan con una estructura similar que incluye objetivos, contenidos, actividades de evaluación, ejemplos prácticos, información complementaria y conclusiones.

Todas las unidades didácticas puede realizarse de forma online, directamente desde el portal de datos.gob.es o, en su defecto, también es posible su descarga en el equipo del usuario e, incluso, su carga en una plataforma LMS.

¿Es necesario realizar todas las unidades didácticas?

Cada unidad independiente en sí misma; permitiendo al alumno adquirir los conocimientos necesarios en una materia específica acorde a sus necesidades formativas. No obstante, aquellos alumnos que deseen poseer una visión más completa del sector RISP, tienen la oportunidad de realizar la serie completa de ocho unidades didácticas para conocer en profundidad los aspectos más relevantes de las iniciativas de datos abiertos.

¿Dónde están publicadas las unidades didácticas?

Las unidades didácticas están disponibles dentro de la sección web “Documentación” bajo la categoría “Materiales formativos” para su realización a través del portal online o para su descarga en el equipo del alumno.

Materiales formativos de la Iniciativa Aporta

 

En junio de 2019, la Unión Europea publicó la Directiva (EU) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Esta norma incorporaba algunas novedades al universo de los datos abiertos en Europa, como por ejemplo:

• La ampliación de las obligaciones al sector de los servicios públicos, el transporte y la investigación que esté total o parcialmente financiado por el Sector Público.
• Promover el acceso en tiempo real a los datos dinámicos, utilizando para ellos los medios técnicos adecuados, incorporando el concepto de datos de alto valor.
• La reducción de las excepciones al establecimiento de tarifas basadas en costes marginales.
• El aumento de la transparencia en el establecimiento de acuerdos exclusivos, reduciendo aún más las condiciones para realizar este tipo de acuerdos.

La incorporación de las novedades al marco legal español

Una vez publicada la directiva, cada uno de los países miembros tienen que realizar la transposición de la misma a su correspondiente ordenamiento jurídico. La fecha límite para llevar a cabo esta acción es el 17 de julio de 2021.

En España, ya se está trabajando en este proceso. En ese sentido, se ha puesto en marcha una consulta pública para conocer la opinión de los ciudadanos y organizaciones afectadas por la futura norma en base a distintos aspectos:

• Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
• La necesidad y oportunidad de su aprobación.
• Los objetivos de la norma.
• Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El texto completo de la consulta está publicado en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Aquellos ciudadanos que lo deseen tienen hasta el 31 de julio para hacer sus comentarios.

Con esta acción se busca impulsar la participación pública en el proceso de elaboración normativo español, un paso previo a la elaboración del anteproyecto de ley.

Desde sus orígenes el movimiento de los datos abiertos ha estado centrado en la apertura de los datos del sector público, e incluso la propia declaración original de los principios de los datos abiertos hace referencia única a los datos provenientes de las administraciones públicas (open government data - OGD). No obstante, esa percepción ha ido evolucionando y hoy en día es más frecuente hablar de los datos abiertos en un ámbito más general que incluye a todos los sectores, como demuestra por ejemplo la declaración de los principios de los datos abiertos promovida más recientemente por el Open Data Charter, cuya formulación es perfectamente aplicable a cualquier sector.

Por otro lado, si bien en la actualidad contamos ya con una más que respetable y valiosa cantidad de datos disponibles en formato abierto provenientes de la administración, existen también algunas limitaciones con respecto a los modelos de gobernanza y sostenibilidad de los datos públicos que, junto a los retos pendientes de la transformación digital en el sector, están en cierto modo limitando la disponibilidad final de los datos. La gestión del ciclo de vida de los datos, los aspectos técnicos y legales, la adaptación de las capacidades de los empleados públicos o la creciente preocupación frente a los potenciales problemas de privacidad son algunas de las barreras con las que las administraciones públicas se tienen que enfrentar cuando intentan llevar sus proyectos de datos abiertos al siguiente nivel.

En este contexto, surgen también otros sectores productores de datos como fuentes complementarias a los cientos de catálogos de datos abiertos que los gobiernos han venido publicando en los últimos años. Estos nuevos datos provienen de otros publicadores ajenos del sector público – como el sector privado, el sector académico o el denominado tercer sector – todos ellos movidos por distintas motivaciones y por los posibles beneficios asociados a la reputación social, la innovación o la captación de talento, entre otros. Incluso la propia ciudadanía se ha convertido hoy en día en una amplia fuente de datos, aunque a veces sea de forma involuntaria. 

Gracias a esta mayor variedad de productores de datos, se incrementan las posibilidades de enriquecer la información mediante la combinación de las distintas fuentes ahora disponibles, pero, al mismo tiempo, se crea además una nueva necesidad de mejorar la coordinación e integración entre todas las partes para poder así habilitar una producción y reutilización de los datos más eficiente y obtener así las mejoras esperadas en el ámbito social, económico y científico. Por tanto, el reto actual consiste en la búsqueda de nuevos modelos y relaciones de colaboración entre las distintas partes que den una respuesta adecuada a los desafíos existentes a la hora de conseguir una mejor gestión y mayor disponibilidad de datos, beneficiando finalmente a todas las partes y facilitando su reutilización en mayor medida.

Para tener una visión más completa de la situación y conocer más en detalle quiénes son estos nuevos sectores productores de datos, cuáles son sus motivaciones y qué nuevos modelos de colaboración están surgiendo entre ellos, se ha elaborado este informe, que se divide en dos partes:

En la primera parte del informe haremos un recorrido por los distintos sectores productores de datos – dejando el sector público aparte por un momento – y las fuentes de datos alternativas que nos ofrecen, mostrando sus motivaciones, sus particularidades y varios ejemplos. 

En la segunda parte del informe nos centraremos en analizar cuáles son los modelos de colaboración que pueden surgir entre el sector público y otros sectores para dar lugar a actuaciones conjuntas que consigan mejorar la gobernanza, disponibilidad y reutilización final de los datos, mostrando nuevamente las diferencias y semejanzas entre cada uno de ellos y distintos ejemplos de cómo se han puesto en práctica hasta el momento.

Desde la visión experimental de los concursos y competiciones, al objetivo puramente empresarial ligado al lanzamiento de las incubadoras. Desde los modelos relacionados con el punto de vista de la responsabilidad legal de los data trust, a los modelos participativo de los data collaboratives. Desde las acciones con perspectiva más formativa de los data fellowships, a las propuestas dirigidas al empoderamiento de las cooperativas de datos. Todos ellos son modelos posibles, algunos de ellos en una fase previa de consolidación pero otros más probados y refinados, y que puedan ser adoptados más fácilmente. Descubrámoslos en este informe y veamos en qué media se pueden poner en práctica en los diferentes contextos.

Hace sólo año y medio de la plena entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo que ha supuesto todo un revulsivo a nivel global en cuanto a la forma de afrontar la gestión de los datos y la privacidad. Sin embargo, casi tres de cada cuatro personas piden a sus gobiernos que aumenten todavía más la regulación sobre las grandes compañías tecnológicas para proteger sus datos personales. Y no son sólo los usuarios de esas compañías los que piden una mayor regulación, sino que incluso los CEOs de las grandes plataformas de datos como Mark Zuckerberg (Facebook) se suman al mismo llamamiento. En este contexto se está cocinando ya una nueva generación de normativas relativas a los datos de carácter personal, cuyo objetivo será, por un lado, complementar la normativa Europea existente y, por otro, rellenar los vacíos legales que hay en Estados Unidos en la actualidad.

La situación en Europa

Mientras en Europa seguimos todavía tratando de asimilar el potencial impacto de la GDPR y garantizar un mayor grado de implantación, la presidenta de la Comisión Europea – Ursula von der Leyen – ha encargado al Comisionado de Mercado Interior – Thierry Breton – que establezca una nueva estrategia de datos Europea que apueste por la innovación a través de los datos a la vez que proteja la identidad digital de las personas. Por el momento, y mientras no se concrete dicha estrategia, seguimos pendientes del nuevo reglamento de privacidad digital (ePrivacy) relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, actualmente en progreso y que está llamado a complementar la GDPR reemplazando a la directiva actual – cuya última versión lleva en vigor más de 10 años (desde el año 2009), todo un mundo en el ámbito en el que nos movemos.

Este muy esperado nuevo reglamento, que será de aplicación directa para todos los países miembro, continúa desarrollándose después de prácticamente una decena de borradores presentados y dos años de negociaciones entre las distintas partes que contribuyen a su desarrollo. Este reglamento, también conocido como ley de las cookies por ser el responsable de los mensajes de aviso que aparecen en los sitios web que visitamos, es de vital importancia precisamente por afectar a uno de los mecanismos más usado (y a veces también abusado) para acceder a los datos de los usuarios online. Si bien es todavía incierto cuál será el resultado final, durante las negociaciones hemos visto como se ha pasado de un texto inicial más proteccionista, en el que se reforzaba la importancia del consentimiento explícito incluyendo la posibilidad de configurar nuestros navegadores para oponerse automáticamente a todo tratamiento de datos no autorizado (el famoso modo “no rastrear o “do not track”), a un borrador actual más garantista en el que se apuesta prácticamente por mantener el status quo con tan sólo algunos cambios de menor calado.

La situación en Estados Unidos

Si cruzamos el charco y echamos un vistazo a lo que está pasando en Estados Unidos – mercado de referencia en la actualidad en cuanto al desarrollo de las plataformas online que gestionan nuestros datos –, hemos empezado el año con la entrada en vigor de la Ley de Privacidad de los Consumidores (CCPA) en el estado de California, siendo varios los estados que tienen también en marcha sus propias iniciativas legislativas en la materia. Un hito muy relevante al tratarse no únicamente de la primera ley completa de este tipo en el país, sino que también parte del estado en el que se emplaza el Silicon Valley, que vio nacer una gran parte de esas grandes plataformas.

Si bien es cierto que la CCPA ha recibido algunas críticas por quedarse por detrás de la GDPR en algunos aspectos, y que el marco legal federal no termina de llegar mientras continúan las voces que lo siguen reclamando, empiezan al menos a ponerse en marcha un gran número de iniciativas legislativas federales en el país que podrían elevar el listón en cuanto a exigencia de forma considerable – yendo incluso más allá de los requisitos establecidos por la legislación Europea actual. Entre estas iniciativas se incluyen, por ejemplo:

• La ley de los derechos de los consumidores online (COPRA Act), cuyo objetivo es aumentar el control sobre los datos personales, prohibiendo los usos dañinos y estableciendo normas específicas y estrictas para la recopilación, el uso y el intercambio de los datos de los consumidores.
• La propuesta de ley para aumentar la compatibilidad y la competencia al permitir la migración de servicios (ACCESS Act), cuyo objetivo principal es habilitar la portabilidad de datos entre distintas plataformas, fomentando así la competencia e innovación en los servicios ofrecidos por las grandes compañías.
• La propuesta de ley para el diseño de salvaguardas contables para contribuir a ampliar la supervisión y regulación de los datos (DASHBOARD Act), cuya finalidad es aumentar la transparencia en cuanto el uso de los datos personales por parte de las grandes compañías, incluyendo una estimación económica objetiva del valor obtenido a través de dichos datos.
• El programa para el fin del rastreo no autorizado (Do Not Track Act), cuyo objetivo es limitar considerablemente el rastreo online de los datos personales de aquellas personas que así lo soliciten, de forma similar a cómo se hace ya en la actualidad con los registros telefónicos de exclusión publicitaria (como por ejemplo la Lista Robinson en nuestro país)
• La ley para responsabilizarse de los negocios propios (MYOBA Act) pretende terminar radicalmente con los potenciales abusos sobre la privacidad y los datos personales haciendo directa y jurídicamente responsables a los CEOs de las compañías de los incumplimientos graves respecto a la normativa existente.

Es importante también señalar que, con el objetivo de que todo este conjunto de leyes que se están proponiendo en los Estados Unidos no supongan un obstáculo para la innovación, en general su ámbito de aplicación se ha visto reducido a las grandes compañías ya consolidadas que cuentan con un alto número de usuarios y grandes volúmenes de facturación, aunque los márgenes específicos varían de una ley a otra.

En cualquier caso, el gran reto ahora – tanto en Europa como en Estados Unidos – está por un lado en clarificar los términos y límites de aplicación establecidos en todas estas leyes y ver cómo se consolidan finalmente y por otro lado en cómo conseguir la convergencia entre todas estas iniciativas para poder así evitar un mosaico legislativo que suponga un quebradero de cabeza para las compañías globalizadas y también una posible discriminación entre los derechos de unas personas y otras dependiendo de qué legislación se les aplique.

España es el segundo país con mayor esperanza de vida en el mundo, solo por detrás de Japón. Los españoles vivimos de media 83 años. Este dato tan positivo queda empañado por otro más negativo: la baja tasa de natalidad, que nos está llevando hacia un envejecimiento de la población. Esta situación hace que necesitemos un sistema de salud más eficiente para seguir proporcionando a la ciudadanía unos servicios sanitarios de calidad.

Al igual que en otros sectores, la mejora de la eficiencia pasa por la necesaria transformación digital, en la cual los datos en general -y los datos abiertos en particular- tienen un papel protagonista. Los datos abiertos pueden ayudarnos a comprender mejor la situación de los pacientes, y junto con tecnologías como big data o los sistemas de inteligencia artificial facilitar la detección temprana de enfermedades. En definitiva, pueden ayudar a mejorar tanto la gestión como la prestación de servicios.  

Pero en un ámbito donde la privacidad del paciente es fundamental, nos surgen una serie de dudas: ¿Qué tipos de datos se pueden abrir? ¿Qué dice la legislación al respecto?

El informe “Datos abiertos y sanidad: contexto tecnológico, actores implicados y marco jurídico”, elaborado por Julián Valero, trata de arrojar un poco de luz sobre esta situación. Para ello, se plantea los siguientes objetivos:

1. Conocer los condicionamientos, limitaciones y restricciones que imponen las vigentes normas jurídicas.

2. Plantear cómo deberían adaptarse las garantías que ofrece el Derecho a una nueva realidad basada en la innovación tecnológica. 

El informe comienza mostrando la situación actual del sistema de salud español, recogiendo los retos a afrontar, pero también las oportunidades que vienen de la mano de las nuevas tendencias tecnológicas, como Internet de las Cosas o la ya mencionada Inteligencia Artificial.

Una vez explicado el contexto, el informe se centra en los distintos actores implicados en la prestación del servicio de salud, tanto públicos como privados, y se enumeran las principales leyes y normas que afectan a cada grupo. También se abordan las novedades del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su incidencia sobre la apertura de datos sanitarios.

El informe finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones para impulsar políticas públicas en el ámbito de la salud que impulsen mejoras en la prestación de los servicios sanitarios.

Puedes descargar el informe completo a continuación.

Una de las principales dificultades a la hora de impulsar la reutilización de la información del sector público se refiere a la diversidad de licencias existentes. Dada la inexistencia de una obligación de carácter general, cada entidad pública puede decidir las condiciones jurídicas en que ha de tener lugar el acceso de cara a su posterior reutilización teniendo en cuenta la preferencia legal por las licencias abiertas, de manera que se establezcan las mínimas restricciones posibles.

En todo caso, no existen unas directrices claras de cómo utilizar licencias,  de manera que cada entidad podría establecer las condiciones a las que se ha de someter quien desee reutilizar la información sin tener que acudir a dicho instrumento. Tampoco existe un criterio legal inequívoco que permita a las entidades públicas elegir un determinado tipo de licencia frente a otro; lo que en última instancia supone que la decisión se base normalmente en criterios de oportunidad o, en su caso, en función de los condicionamientos previos de la gestión documental realizada a nivel interno por la entidad (soporte en el que se lleve a cabo, formatos utilizados, respeto de las reglas de interoperabilidad…).

Partiendo de estas premisas, resulta de gran importancia el establecimiento de criterios concretos para la adopción de tales decisiones, en particular a través de la aprobación de una norma jurídica en sentido estricto. Así sucede, por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, donde se han establecido reglamentariamente unas reglas generales para la puesta a disposición de los datos y, asimismo, se ha consagrado la preferencia por la apertura sin condiciones salvo que exista una motivación adecuada que justifique la opción por un régimen de reutilización sujeto a las mismas. Aunque ya sin carácter normativo, también se puede optar por el establecimiento de meras directrices que, aun careciendo de fuerza obligatoria en sentido estricto, pueden ser ciertamente útiles para dar a conocer preferencias generales en cada ámbito administrativo.

Esta problemática se reproduce e, incluso, se multiplica si la proyectamos en el ámbito europeo. En efecto, aunque la nueva Directiva 1024/2019 ha establecido reglas concretas sobre el uso de las licencias, lo cierto es que deja un amplio margen discrecionalidad a los Estados miembros cuando aprueben sus propias normas ya que, además de instarles simplemente a que alienten el uso de licencias tipo, sólo establece una mera obligación de velar (artículo 9.2)

por que las licencias tipo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a aplicaciones concretas de la licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente.

En consecuencia, los Estados miembros tienen libertad para únicamente establecer las condiciones sin utilizar licencias; configurar una licencia propia adaptándose a las concretas medidas que se desean establecer; o, en su caso, contemplar el uso de licencias tipo. Ahora bien, en ausencia de las directrices y normas antes referidas, en principio no existirán criterios objetivos y predeterminados para fijar las condiciones de acceso y reutilización de la información, lo que afectaría no sólo a las propias entidades públicas sino, en especial, a quien pretenda impulsar un proyecto concreto basado en la reutilización, ya con fines comerciales ya con un objetivo de carácter político-social. Más aún al constatar que pueden existir múltiples alternativas en función de la forma en que se combinen los diversos criterios que pueden tenerse en cuenta. En concreto, más allá de la necesaria atribución de la autoría —reconocimiento—, habría que valorar, entre otras circunstancias, si se permite o no la comercialización; si en este último caso se atribuye la facultad de difusión en las mismas condiciones jurídicas en que se facilitan los datos; o, sin ánimo exhaustivo, si se admite la realización de modificaciones, adaptaciones o, incluso, traducciones como resultado del tratamiento de los datos.

Para hacer frente a esta dificultad se han elaborado múltiples estudios y explicaciones que, tanto desde una perspectiva académica como, asimismo, desde una decidida aproximación práctica, pretenden ayudar a comprender el alcance de cada uno de los tipos de licencias, lo que resulta de especial interés cuando el análisis intenta sistematizar la práctica existente en cada uno de los Estados de la Unión Europea. Sin embargo, normalmente tales instrumentos adolecen de un planteamiento excesivamente rígido, lo que dificulta su uso y limita su utilidad, de ahí la importancia de impulsar iniciativas dinámicas que faciliten efectivamente la comprensión del alcance de cada uno de los diversos tipos de licencias.

Este es, precisamente, el valor añadido del asistente de licencias que ha puesto en marcha el Portal Europeo de Datos. Se trata de una herramienta que permite llevar a cabo ajustes avanzados que combinan, de un parte, la elección de las especificaciones y condiciones de uso y, por otra parte, ofrece información sistematizada en formatos muy intuitivos, tales como la asignación de colores o la puesta a disposición de información clara y sencilla de comprender mediante de fichas-resumen.

En concreto, el asistente permite realizar múltiples ajustes avanzados de asignación combinando tres criterios:

• Las obligaciones que conlleva la licencia, elemento que a su vez de articula a partir de varios sub-criterios (lesser copyleft, atribución, compartir por igual, aviso, copyleft y cambios de estado).

• Los permisos que se otorgan, criterio que también se sistematiza según cinco opciones más precisas (trabajos derivados, distribución, reproducción, sublicencia y concesión de la patente).

• La prohibición o autorización de usos comerciales de los datos.

Todos estos criterios pueden ser activados en la configuración que se elija al utilizar el asistente, de manera que se pueden buscar aquellas licencias que incorporen sólo uno de ellos o varios. También es posible activar en cada búsqueda elementos pertenecientes a cada uno de los criterios principales, a dos de ellos o, asimismo, a los que respeten los englobados en los tres, según el grado de precisión indicado en cada supuesto. En todo caso, si se activaran varios criterios de búsqueda incompatibles jurídicamente entre sí, no se obtendría resultado alguno, lo que permite explorar de manera intuitiva y eficaz todas las posibilidades de licencias existentes para un caso concreto a partir de búsquedas que, de otro modo, resultarían ciertamente complejas.

Además, el asistente permite enlazar cada tipo de licencia con una ficha-resumen donde se presentan de manera sencilla y fácilmente comprensible las limitaciones y posibilidades de cada uno de los tipos de licencia. Incluso, además de indicar las posibilidades, obligaciones y prohibiciones asignando colores intuitivos a cada alternativa, en ocasiones se incluye una sucinta explicación para facilitar la comprensión de cada una de las alternativas. Finalmente, cada una de las fichas permite enlazar al resto de licencias comparables, de manera que es posible realizar ese análisis de forma sencilla. 

Aun cuando se podrían añadir algunas funciones avanzadas como la vinculación de las licencias con iniciativas y proyectos concretos que estén utilizando ese tipo para facilitar su comprensión o, incluso, incorporar una mayor profundidad de análisis destacando las principales ventajas e inconvenientes de cada una de los tipos de licencia, lo cierto es que es que se trata de un instrumento de un indiscutible valor añadido a la hora de explorar potenciales configuraciones de las condiciones de uso a través de licencias por parte de los poderes públicos; quienes, además, pueden acudir al asistente para proyectar simulaciones múltiples a la hora de decidir el concreto tipo de licencia por el que optar en cada caso en función de criterios diversos. 

Por lo que se refiere a los reutilizadores, la herramienta facilita la efectiva comprensión de cada uno de los tipos de licencia, ayudando a determinar cuáles son las obligaciones que se asumen y las limitaciones a las que se han de someter los tratamientos de la información.

En definitiva, el asistente constituye sin duda un esfuerzo destacable a la hora de facilitar la interoperabilidad de las licencias en términos jurídicos que, sin duda, puede servir de base para futuras iniciativas más completas como la que se está impulsando en el marco de la plataforma Joinup, donde ya se ha generado un sugerente documento de trabajo inicial.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

¿Por qué son importantes los datos abiertos? ¿Cuál es su relación con el gobierno abierto? ¿Cómo puedo poner en marcha una iniciativa de este tipo? ¿A quién puedo tomar cómo referente? Estas son algunas de las preguntas que trata de responder la Guía Open Data: Publicación y reutilización de Datos Abiertos como iniciativa de Gobierno Abierto en la Administración.

Elaborada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, esta guía se enmarca en la Comunidad Rural Digital (CRD), un proyecto de colaboración entre Administraciones Públicas de Portugal y España. El objetivo del proyecto es mejorar la innovación tecnológica de las instituciones del medio rural, fomentando la cooperación y su competitividad.

La guía se divide en 5 secciones: introducción a los datos abiertos, situación actual del gobierno abierto y el open data, implantación de datos abiertos, soluciones innovadoras y casos de éxito, y conclusiones.

En la primera sección de introducción, perfecta para aquellos poco familiarizados con el mundo de los datos abiertos, se repasan algunos conceptos básicos. El informe se centra en el gobierno abierto como un modo de interacción sociopolítico basado en 4 pilares - transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración-, los cuales pueden ser impulsados y mejorados gracias a los datos abiertos. Todo ello se explica en esta sección, que también describe los principios que deben cumplir los datos para considerarse abiertos.

A continuación, se aborda la situación actual del gobierno abierto y el open data en España, Portugal y Europa incluyendo la normativa existente. En el caso de España, el informe destaca la existencia de casi 300 iniciativas, incluidas en el mapa de iniciativas de datos.gob.es, así como la existencia de más de 660 empresas que reutilizan información, beneficiándose de ello con un volumen de negocio superior a los 1.700 millones de euros anuales. Estos datos, unidos a la buena posición de España en el informe European Open Data Maturity Landscaping 2018, demuestran el buen momento de los datos abiertos en nuestro país.

La tercera sección del informe se centra en la implantación de datos abiertos en una organización. Para facilitar este proceso, los autores de la guía han elaborado un plan con una serie de etapas que son detalladas en el informe:

Por último, el informe muestra varios ejemplos de soluciones innovadoras y casos de éxito, basándose en 2 criterios:  

• Ejemplos de portales de datos abiertos de referencia, que destaquen por su funcionalidad, como el portal de datos abiertos Aragon Open Data o el centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre otros.

• Ejemplos de buenas prácticas en materia de reutilización, por su carácter innovador y el valor económico o social que generan. Se incluyen ejemplos de distintos sectores, como el inmobiliario (TerceroB), meteorológico (Meteogrid), la contratación pública (EuroAlert) o el periodismo de datos y la transparencia pública (Civio).

El informe acaba recogiendo una serie de conclusiones, como la necesidad de ampliar la formación tanto de los empleados públicos que están inmersos en la apertura de datos abiertos como de las empresas y particulares para impulsar el uso y análisis de los datos.

A continuación puedes descargar el informe completo y profundizar en todos estos apartados.

Axesor es una empresa de servicios especialista en sistemas de gestión del riesgo de crédito, de conocimiento empresarial, financiero y de marketing.​

• Una compañía del grupo Experian, empresa internacional de servicios de información global, con 17.800 personas que operan en 45 países​
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Entre sus principales objetivos destacan:

• Maximizar el ahorro de empresas al reducir sus impagados y los periodos medios de cobro, optimizando sus recursos y tiempos de gestión, gracias a una gestión avanzada del riesgo de crédito comercial.
• Mejorar los Planes de Marketing y Expansión de empresas, a través de un exhaustivo análisis de su entorno y competencia, así como un mayor conocimiento de clientes.
• Optimizar los recursos de empresas, asumiendo sus trámites con las Administraciones Públicas.

Uno de los principales desafíos de la actividad investigadora es el relativo a la difusión de los resultados obtenidos. Desde hace ya unos años se ha puesto especial énfasis en promover el acceso universal al conocimiento “mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica”, utilizando la expresión de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. A este respecto, el legislador incorporó a su articulado una novedad sin duda de gran relevancia por lo que se refiere al acceso abierto de los contenidos que fuesen a ser difundidos en publicaciones de investigación, en particular cuando la actividad hubiere sido financiada con cargo a los presupuestos públicos estatales.

Sin embargo, no existe una previsión similar a nivel normativo por lo que se refiere a los datos generados con ocasión de dichas actividades investigadoras. En consecuencia, la opción por los datos abiertos –en el sentido de que se encuentren registrados en formatos no propietarios que pueden ser leídos por máquinas- constituye simplemente una mera posibilidad, sin que la normativa general sobre reutilización resulte claramente aplicable. A este respecto, existen diversos obstáculos jurídicos que pueden dificultar la apertura de los datos:

• Las reticencias y dificultades derivadas de los derechos de propiedad intelectual
• El compromiso de confidencialidad que puede existir en algunos casos
• La posible pérdida de ventajas competitivas ante la eventual explotación comercial/industrial de los resultados, o, sin ánimo exhaustivo,
• La protección de los datos de carácter personal.

Más allá de la dimensión estrictamente normativa, la Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020 realizó inicialmente una tímida apuesta al contemplar el “acceso abierto a datos y microdatos” como uno de los seis mecanismo de articulación para su desarrollo y ejecución. Posteriormente, el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020 dio un paso más y contempla la posibilidad de que los proyectos de I+D+i financiados incluyan, con carácter voluntario, un plan de gestión de los datos de investigación que se depositarán en repositorios institucionales; aludiendo genéricamente a que, en todo caso, “se respetarán todas las situaciones en las que los mismos han de protegerse por razones de confidencialidad, seguridad, protección, etc. o cuando los mismos sean necesarios para la explotación comercial de los resultados obtenidos”.

Por su parte, la Unión Europea ha impulsado progresivamente la apertura de los datos en los proyectos financiados en el marco del H2020. En este sentido, se ha ampliado en 2017 la obligación de presentar un plan de gestión. Además, en el Programa de Trabajo de 2018-2020 se han concretado las razones que permitirían eximir a los participantes de la obligación general de apertura de los datos. En este sentido, en las instrucciones oficiales que se ofrecen a los solicitantes y beneficiarios de los proyectos se ha incorporado información más precisa de carácter práctico, facilitando de este modo el cumplimiento de dicha obligación y, sobre todo, el respeto a los diferentes bienes jurídicos potencialmente en conflicto.

Aun cuando tales medidas estén limitadas a proyectos formalizados y financiados con cargo a un  programa concreto, constituye sin duda un referente cuya posible proyección en España debería abordarse con cierta urgencia. Se trata, en definitiva, de evaluar cuál es el camino recorrido hasta ahora y, sobre todo, identificar los retos pendientes, actualizando de este modo anteriores aportaciones, sin duda ya desbordadas por los novedosos planteamientos que se están impulsando desde la Unión Europea. Iniciativas ciertamente sugerentes ya se han puesto en marcha desde el punto de vista de la reflexión académica, pero parece llegado el momento de pasar a la acción y, en concreto, a la incorporación de una auténtica obligación en futuras convocatorias para la financiación de proyectos de investigación. Y, por qué no, a plantearse incluso una reforma normativa, si bien en este caso convendría esperar a que desde la Unión Europea se diese este paso para evitar indeseables fragmentaciones estatales en el marco regulatorio.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Por décimo año consecutivo, Asedie organiza una nueva edición de la “Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información del Sector Público”. La cita tendrá lugar el próximo día 23 de octubre en la sede de la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid.

Al igual que en años anteriores, el objetivo principal es servir de plataforma para compartir conocimientos y experiencias a través del acercamiento de todos los implicados en la Comunidad de la Información y de los Datos, así como promover la colaboración público-privada en beneficio del interés general.

Bajo el lema, “La información, recurso esencial para el desarrollo económico”, grandes expertos abordarán la importancia del sector Infomediario y la evolución del acceso y la reutilización de la información. 

Programa

El evento comenzará a las 9:45, con unas palabras del Presidente de Asedie, D. Dionisio Torre. A continuación D. Carlos Romero, Consejero de Industria,Telecomunicaciones y Audiovisual, D. Jesús Rubí, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, y Bárbara Ulbaldi, Head of Digital Government and Open Data Policies Team de la OCDE, transmitirán su visión sobre los retos y oportunidades del sector infomediario, prestando especial interés a la situación de las normativas que afectan el Sector.

Tras el descanso para el café, tendrá lugar una mesa redonda titulada “La implementación de la Reutilización y su evolución en los últimos 10 años”, en la que intervendrán Dª Cristina Morales, Subdirectora General de Contenidos de la Sociedad de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, D. Jorge Salazar, Coordinador del Registro Mercantil del Colegio Registradores, D. Pedro Vivas, Jefe del Área de Soporte IDE/SIG del Ministerio de Fomento, y D. Enrique Crespo, Jefe del Servicio de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Madrid.

El evento concluirá con la entrega del premio Asedie. Este galardón viene entregándose desde hace 5 años, con el objetivo de destacar la labor de aquellas personas, empresas o instituciones que hayan realizado el mejor trabajo o la mayor contribución a la innovación y desarrollo del Sector Infomediario.

Inscripción

La entrada es gratuita, pero las plazas son limitadas. Por ello, aquellos interesados en acudir a la conferencia deben realizar su inscripción mediante este formulario online.