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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, en su edición de 8 de noviembre de 2011, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
Culmina, de esta forma, el proceso de tramitación del citado texto normativo, tras la aprobación del Consejo de Ministros, previo informe favorable del Consejo de Estado, y que ha contado con la participación del sector mediante consulta pública realizada a finales de 2010 (ver el borrador del texto sometido a consulta).
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La red profesional dedicada a los aspectos legales de la información del sector público, LAPSI, mantiene abierta hasta el próximo 23 de diciembre la convocatoria de su 3º Premio al mejor proyecto de portal temático en Internet, dotado con 1.000 euros.
El propósito de la iniciativa, que valorará aquellos trabajos que mejor integren los conceptos de diseño y usabilidad web, es fomentar la publicación de las informaciones que gestionan las administraciones y otros organismos públicos para su acceso, consulta y reutilización.
Participantes
La propuesta se dirige, por ello, tanto a proyectos web de instituciones, departamentos y agencias oficiales como de organizaciones profesionales, de empresas, de colectivos ciudadanos o de particulares en el contexto de la información del sector público en la Unión Europea.
Los participantes, que verán sus nombres publicados en la web de LAPSI justo al cierre del plazo de presentación de proyectos, podrán ser tanto gestores como diseñadores del sitio web candidato.
Requisitos
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria son:
- El proyecto de diseño deberá referirse a un portal sobre información del sector público.
- Los trabajos que se presenten habrán de mencionar algunos de los aspectos legales de la información del sector público, como las condiciones de acceso y de reutilización.
- La propuesta tendrá que incluir:
a) Una breve descripción en inglés (máximo, 5 páginas).
b) En caso de tratarse de un proyecto modificado y actualizado después del 25 de septiembre de 2010, se requerirá aportar un enlace a la anterior versión del portal o, al menos, un archivo en formato PDF que recoja el diseño previo.
c) La dirección en Internet del proyecto. Si se trata de un trabajo presentado en lengua no inglesa, habrá también de remitirse un gráfico con su correspondiente traducción.
- La valoración se realizará sobre una combinación de los puntos a, b, y c.
- El candidato habrá de aportar sus datos personales; título del trabajo concursante; nombres de los integrantes del equipo creador (si hubiera varios) y del director del proyecto; fecha de realización y de lanzamiento inicial (si existiera); y una indicación –en una página aparte- de la institución que se entiende que explotará el proyecto.
La información mencionada deberá remitirse con independencia de si el trabajo presentado ha concurrido ya en otros certámenes y del resultado obtenido en los mismos.
Plazos y criterios de evaluación
- 23 de diciembre de 2011 (16:00 horas CET). Cierre de la inscripción online.
- 10 de enero de 2011. Notificación a los finalistas e invitación al acto de entrega de los premios.
- 23-24 de enero de 2011. 2º Conferencia Pública de LAPSI (Bruselas – Bélgica-).
- 24 de enero de 2011. Gala de entrega de premios.
Todo el material que aporten los candidatos será susceptible de aparecer publicado en la web de LAPSI (http://www.lapsi-project.eu). Los participantes, asimismo, se considerarán “partes interesadas”.
Los criterios de evaluación se aplicarán exclusivamente sobre la información aportada. Las puntaciones, hasta un máximo de 10 puntos por categoría, se medirán en términos de relevancia (de menor a mayor), según los siguientes apartados:
- Elementos formales (2 puntos).
¿He revisado adecuadamente mi proyecto o contiene erratas, faltas gramaticales o errores de sintaxis? ¿Cumple éste con los requisitos formales indicados en los criterios de selección?
- Elementos funcionales (6 puntos).
¿Es el proyecto diseñado “amigable” para el usuario? ¿Facilita el acceso a la información del sector público? ¿Es original? ¿Tiene una presencia agradable? ¿Conciencia verdaderamente sobre los aspectos legales de la información del sector público, tales como la libre competencia, la protección de datos y la privacidad o los derechos de propiedad intelectual?
- Puntos adicionales por implicación en el re-diseño de portales sobre información del sector público (2 puntos).
¿Se ha realizado o implementado el proyecto después del 25 de septiembre de 2010?
El encargado de valorar las iniciativas participantes será un grupo independiente de expertos procedentes de toda Europa y de múltiples campos de trabajo. Con ello, LAPSI aspira a considerar el máximo número y variedad posible de aspectos, tanto técnicos como sociales, y a garantizar la completa imparcialidad y rigor profesional de la elección definitiva del ganador.
El proceso de evaluación se realizará en varias fases:
- Fase 1. Los expertos trabajarán de forma separada en el estudio de los proyectos inicialmente aceptados.
- Fase 2. El jurado consensuará una clasificación provisional de los trabajos, de los que se etiquetarán como finalistas los dos mejor puntuados. Una vez que esa clasificación sea definitiva, los concursantes recibirán una notificación electrónica de los resultados de todo el profeso. El listado de finalistas se publicará, simultáneamente, en la web de LAPSI.
Contacto: projectmanager@lapsi-project.eu.
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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público, para el sector público estatal.
Culmina así la tramitación de esta norma que, siguiendo las mejores prácticas del Gobierno Abierto, fue sometida a un enriquecedor trámite de información pública haciendo uso de medios electrónicos y que ha recibido el apoyo generalizado del sector privado, la sociedad civil, el sector público, incluyendo valoraciones positivas por parte del Consejo de Estado y la Comisión Europea.
El objetivo del Real Decreto es situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo además la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la transparencia en la actuación de las administraciones públicas como principio básico de la democracia.
La ampliación de nuestro marco legal coloca a nuestro país, adicionalmente, en posición de ejercer una posición de liderazgo en la futura revisión de la Directiva europea sobre la materia.
Se quiere potenciar además el crecimiento del sector infomediario, que está desarrollando productos y servicios innovadores mediante la reutilización de la información pública. A pesar de su relativa juventud, el sector ha alcanzado en 2010 un volumen de negocio que se sitúa entre 550 y 650 millones de euros, dando empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores, equivalente a sectores más consolidados del mercado de los contenidos digitales.
Partiendo del marco general establecido por la Ley sobre reutilización de la información del sector público, el nuevo Real Decreto aporta soluciones a las necesidades detectadas tras los primeros años de su vigencia y en el curso de la implementación del Proyecto Aporta. El Real Decreto detalla para la Administración General del Estado (AGE) las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.
El texto precisa las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público estatal para promover la reutilización. En concreto, establece una autorización general para la reutilización de la información disponible en la AGE, salvo que lo impida la normativa de acceso o una normativa específica, como la aplicable a la protección de datos de carácter personal. Asimismo, define las responsabilidades en materia de reutilización de la información en cada organismo público en el ámbito de la AGE.
El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el marco del Proyecto Aporta, que permita acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública disponible, en principio en el ámbito de la AGE.
En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, siendo aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. A fin de expresar de modo uniforme estas condiciones, el Real Decreto contiene un aviso legal tipo para ser utilizado en las páginas web y sedes electrónicas de la Administración General del Estado. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.
En definitiva, gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.
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El profesional de la Información, revista electrónica dedicada al mundo de la información, las bibliotecas y las TIC, ha publicado en su última entrega un artículo especial sobre reutilización de datos públicos.
El documento, de siete páginas, está firmado por Carlos Marcos-Martín y Salvador-Luis Soriano, subdirectores generales de diferentes áreas en los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y de Industria, Turismo y Comercio, respectivamente.
En él, ambos autores realizan una retrospectiva general del sector, analizan los esfuerzos de la Administración General del Estado en materia de información pública y adelantan algunas claves sobre el futuro de Proyecto Aporta y el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007.
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¿Cómo se mide la apertura de un gobierno? ¿Qué criterios determinan si un país es más “abierto” que otro?
Estas son las preguntas principales que trata de responder el estudio Gobierno Abierto: más allá de medidas estáticas (PDF), elaborado en el Reino Unido por la organización de estudios sociales y políticos Parzipations.
El documento, que pretende involucrar a la OCDE en la definición de una serie específica de indicadores sobre transparencia, participación y colaboración, incluye entre sus criterios de referencia algunos directamente relacionados con la apertura y reutilización de información del sector público.
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La Asociación Italiana de Gobierno Abierto a publicado en formato online la segunda versión de la Guía “Cómo se hace Open Data”, presentada oficialmente durante el encuentro “Open Data: del dicho al hecho”, que tuvo lugar en Roma (Italia) el 11 de mayo de 2011.
La Guía se presenta como un verdadero manual que aborda los aspectos tanto técnicos como legales que es preciso afrontar para liberar los datos. Se enriquece, así, con referencias a casos específicos y experiencias concretas tendentes a facilitar que, en Italia, en este ámbito, se pase efectivamente de las palabras a los hechos.
Esto documento ha contado con la participación de expertos como Ernesto Belisario, Gianluigi Cogo, Stefano Epifani y Claudio Forghieri.
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La consultora Rooter publicó hace unas semanas un artículo científico (“paper”, en su descripción original) dedicado en exclusiva al "Open Data".
Este documento, elaborado por Alberto Abella, describe no sólo los principios esenciales de la apertura de datos y sus oportunidades sociales y comerciales sino, además, algunas de sus aplicaciones prácticas más populares.
Describe, también, el marco legal y tecnológico de referencia, así como las principales iniciativas públicas, nacionales y autonómicas, desarrolladas en los últimos años en España.
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La Comisión Europea ha destacado el éxito de nuestro país en la implementación de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que ha permitido que más del 95 por ciento de los procedimientos administrativos españoles estén ya disponibles y accesibles también a través de Internet.
Este logro es sólo una de las conclusiones del reciente informe publicado por las autoridades comunitarias sobre administración electrónica, un documento que incluye a Proyecto Aporta y a su estrategia de promoción de la apertura y reutilización de la información pública como una de las “mejores prácticas” de la Unión Europea.
Otras experiencias españolas destacas son @Firma, el Servicio de Verificación y Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación y RedTr@baja.
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Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública han llevado a cabo una consulta pública sobre el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Este proceso, que ha estado abierto a la participación de todos los ciudadanos, profesionales, organizaciones y colectivos interesados, finalizó el pasado 15 de diciembre de 2010.
Las respuestas recibidas y cuyos autores autorizaron su publicación pueden consultarse en Internet.
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La Comisión Europea ha adelantado algunos resultados previos de la consulta pública celebrada entre los meses de septiembre y noviembre de 2010 para delimitar el futuro escenario de la reforma de la Directiva sobre reutilización de Información del Sector Público.
Una de las conclusiones iniciales, a expensas de que las autoridades comunitarias publiquen próximamente su informe completo, es la que apunta hacia una participación ciudadana muy elevada y un notable nivel de aportaciones por parte de expertos y reutilizaciones.
Con todo, según Euroalert, el mensaje principal de la consulta es el que indica que la mayoría de los actores implicados considera fundamental la revisión de la citada norma europea para garantizar el máximo aprovechamiento del potencial que ofrecen la apertura y la reutilización de los datos públicos.