Entrevista
María Jesús González-Espejo es, junto Laura Fauqueur, cofundadoras del Instituto de Innovación Legal, una empresa especializada en asesorar a profesionales, despachos y organizaciones del sector jurídico en proyectos de innovación y transformación digital. Para ello se basan en 4 pilares: consultoría, formación, eventos e información.
Desde datos.gob.es hemos hablado con ella para que nos cuenten el papel de los datos abiertos a la hora de conseguir un sistema judicial más transparente y cercano.
¿Cuál es el impacto de los datos y las nuevas tecnologías en el sector jurídico? ¿Por qué es importante transformar este sector?
La tecnología y los datos pueden y van a transformar el sector de muchas formas. Por una parte, tecnología y datos impactan en el marco legal. En efecto, las nuevas tecnologías están exigiendo nuevas regulaciones y generando también nuevas fuentes de negocio para los abogados que se especializan y son capaces de asesorar sobre ellas.
Por otra parte, la tecnología permite al jurista gestionar mejor su trabajo y sus organizaciones. Y aunque quizás más tarde de lo que lo han hecho en otros sectores, hoy los juristas saben que pueden ser mucho más eficientes si usan tecnología para determinadas tareas, sobre todo aquellas donde el dato y su manejo son relevantes: gestión de asuntos; gestión de clientes; gestión de personas; gestión del conocimiento; gestión financiera y de predicción jurídica. El impacto de estas tecnologías en los profesionales del Derecho y en sus organizaciones es enorme.
Finalmente, hay servicios jurídicos que pueden ofrecerse para a través de tecnología, mejorando su prestación. Por ejemplo, los chatbots permiten facilitar el asesoramiento de forma más eficiente, y las herramientas de automatización de contratos, generarlos de forma sencilla y sin necesidad de apoyo profesional. Este tipo de tecnologías claramente impactarán en el mercado del empleo.
El Instituto de Innovación Legal busca ayudar a conseguir la transformación digital del sector a través de distintos proyectos. ¿Cuál es el papel de los datos abiertos en este proceso de transformación?
Creo que el Instituto de Innovación Legal ha sido uno de los primeros operadores privados que ha reivindicado la necesidad de que haya más datos abiertos. En el sector legal hay una serie de datos que son clave para el desarrollo de más y mejor Legal Tech: las sentencias, las resoluciones y otras informaciones que resultan de procedimientos jurídicos y que deben ser públicas. Muchos de los organismos que las custodian: el CGPJ, el CENDOJ, Registradores, Notariado, Ministerio de Justicia, Colegios de Abogados, etc. nos facilitan estupendos informes y estadísticas, pero no así los datos. En nuestra opinión, ese es el gran paso que es necesario dar para se pueda producir la verdadera “Revolución Legal Tech”, tal y como reivindiqué durante mi intervención en el Senado.
¿Qué es el Legal Design Thinking? ¿Qué ventajas puede aportar?
El Legal Design Thinking es una metodología, basada en el Design Thinking. El origen del Design Thinking se ubica en los años 50 y en la Universidad de Stanford en EE.UU., pero es realmente en los años 90, de la mano de David Kelley cuando comienza a concebirse tal y como hoy lo conocemos. En los años 90 también profesores de esta misma universidad comienzan a investigar en las aplicaciones de esta metodología al ámbito legal. Paralelamente a esta escuela norteamericana, en Helsinki, varios investigadores de distintas especializaciones (jurídica, diseño, etc.) desarrollan trabajos centrados sobre todo en el llamado Visual Design Thinking y su aplicación al sector legal.
Esta metodología ayuda a resolver problemas legales, entendiendo por tales, los que se refieren al funcionamiento del sistema legal o de los prestadores de servicios jurídicos, Legal Design Thinking (LDC). La palabra “problema” debemos entenderla no en el sentido tradicional, como algo negativo, sino en uno más amplio, como reto o situación susceptible de mejora a través de la creatividad. Esta actividad es el eje sobre el que se articula el Design Thinking. El otro eje principal de la disciplina del Design Thinking es el cliente, el usuario, el destinatario del servicio, del contrato, de la norma, de la sentencia. En resumen, el Legal Design Thinking es una disciplina que se encuadraría en la heurística y que tiene como objetivo principal, la búsqueda de soluciones a problemas a través de la creatividad poniendo siempre en el centro de la actividad a las personas.
La ventaja de esta disciplina es que es de gran utilidad para muchas de las necesidades que hoy tienen los despachos de abogados y otras organizaciones del sector legal como son la revisión de sus modelos de negocio; la identificación y el desarrollo de nuevos productos o servicios; la compresión del customer journey (viaje del cliente) para lograr satisfacer mejor las necesidades de éstos o el funcionamiento de sus equipos.
Uno de los retos para abordar la transformación digital del sector jurídico es la falta de personal con capacidades y conocimientos tecnológicos, algo que también sucede en otros sectores. ¿Cuáles son las capacidades necesarias y cómo se pueden adquirir?
Adquirir conocimientos tecnológicos no es fácil, pero es posible. Ya hay algunas obras completas que analizan en profundidad la Legal Tech, como este manual del que he tenido la suerte de ser coautora. Además, hay numerosas conferencias, congresos, etc. donde puede aprenderse sobre el tema.
Más complejo resulta sin embargo adquirir las habilidades necesarias como la gestión de proyectos; liderazgo; gestión del cambio; gestión del tiempo; etc. Las razones son que, por una parte, nuestro sector tiene su propia idiosincrasia y requiere formación hecha a medida; pero a la vez los juristas suelen estar escasos de tiempo y, en consecuencia, muchos cursos no logran el aforo suficiente. Así que no siempre es fácil encontrar oferta formativa adecuada.
También organizan hackatones, como #HackTheJustice (2017) y JustiApps (2014), donde, entre otras cuestiones, se busca desarrollar aplicaciones que ayuden a mejorar la eficiencia y la transparencia del sector. ¿Cómo ha sido la acogida de estos eventos? ¿Qué retos se han encontrado a la hora de acceder y reutilizar datos públicos jurídicos?
La acogida de estos eventos ha sido muy buena. De hecho, han contado con apoyos de muchas instituciones relevantes como el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Notariado y de empresas como Amazon, Banco de Santander, Ilunión, Everis, Thomson Reuters, WKE, etc. En las dos ediciones contamos con un número suficiente de participantes que además tenían perfiles muy distintos: entre los juristas había abogados, jueces, letrados de la administración de Justicia, estudiantes de Derecho, etc. Para todos ellos, trabajar durante un fin de semana con diseñadores y desarrolladores de apps, ha sido una experiencia única que a muchos les ha cambiado la vida. Varios de nuestros participantes han decidido dar un giro a sus vidas profesionales en parte tras su participación en nuestros hackáthones.
Cuando hicimos el primer hackathon, nos dimos cuenta de que no había casi datasets de nuestro campo e hicimos una ronda de llamadas para intentar conseguirlos. Las respuestas no fueron muy positivas. Desde nuestro primer hackathon no se han producido grandes cambios. Así que aún hay margen de trabajo para seguir pidiendo a las instituciones que tienen esos datos, que por favor, los abran.
¿Qué medidas consideran que son necesarias para fomentar la apertura y reutilización de datos abiertos legales?
La medida más importante parece a simple vista sencilla: todas las administraciones que sean responsables de datos susceptibles de convertirse en datasets deberían abrirlos. Comenzando por el Ministerio de Justicia y siguiendo por el CENDOJ o Registradores. Todos los datasets deberían estar inventariados de forma que quien desee localizarlos no tenga que dedicar días a su localización.
Para fomentar la reutilización, quizás podría organizarse un Legal Datathon una vez al año. Por supuesto, los hackáthones y ese tipo de actividades también ayudan y sería muy bueno que alguna institución pública quisiera organizarlos. Además, la creación de incubadoras Legal Tech en los colegios profesionales apoyaría a los emprendedores que reutilizan esos datos. Finalmente, formar en materia de datos, big data, transparencia, etc. a los alumnos de Derecho e incluso a los propios profesionales es quizás la medida más necesaria y práctica que podría implantarse, si se quiere fomentar que el sector legal no se quede atrás en materia de datos abiertos.
El Instituto de Innovación Legal también es una incubadora de proyectos Legal Tech. En base a su experiencia, ¿cómo es la situación en España en cuanto a innovación en el sector jurídico? ¿Podría comentarnos alguno de los proyectos que tienen entre manos?
La situación es mejor en algunos aspectos y peor en otros. España tiene una ventaja clara: el potencial del mercado de habla hispana. Y varias desventajas: falta de espíritu emprendedor en tecnología entre el colectivo de juristas; falta de apoyo institucional; falta de formación en las habilidades y conocimientos necesarios; etc. Sin embargo, yo soy optimista y creo que en España estamos tomando consciencia de que estamos ante un sector con un gran potencial y en los próximos años creo que podemos convertirnos en la cuna de muchas Legal Tech que transformarán a los profesionales y organizaciones jurídicas y la forma cómo hoy se prestan muchos servicios legales.
Entre los proyectos más relevantes que tenemos entre manos, está el lanzamiento del primer comparador de Legal Tech que va a ser una herramienta utilísima para cualquier despacho o profesional que desee conocer qué tecnología hay disponible en el mercado.
Evento
El próximo octubre tendrá lugar una edición más del Congreso Derecho TICs-SICARM, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia los días 21 y 22 de dicho mes. En esta ocasión, con motivo de la aprobación el pasado 23 de abril del Proyecto Ley que modifica la actual Ley RISP, bajo el lema "La reforma de la legislación española sobre open data: ¿una herramienta de apoyo al emprendedor?”, el encuentro se convertirá en un foro académico donde se debatan los desafíos y obstáculos que supone el marco normativo vigente al mismo tiempo que se expongan las oportunidades que ofrece la nueva regulación.
Entre las temáticas de mayor interés expuestas para el Congreso se encuentra, entre una extensa lista, la fragmentación de las competencias administrativas como barrera para el open linked data; la diversidad de licencias como un problema para la reutilización; nuevos escenarios de innovación y datos abiertos o la web semántica como premisa para la innovación tecnológica en la gestión de la información administrativa.
Todas aquellas personas interesadas en presentar sus escritos y defenderlos públicamente durante sobre el Congreso Derecho TICs-SICARM tienen como fecha límite hasta el 20 de junio, remitiendo sus comunicaciones a través de la dirección electrónica idertec@um.es. Las propuestas seleccionadas se difundirán vía email y en acceso abierto; no obstante, aquéllas que no hayan sido aceptadas podrán ser defendidas mediante un poster académico y se les dará difusión según su calidad evaluada por el comité organizador.
Los autores seleccionados tendrán hasta el 22 de septiembre para la entrega del texto definitivo de las comunicación para así poder cerrar el programa antes del 10 de octubre, fecha en se presentará la agenda de las dos jornadas del Congreso.
Noticia
Datos.gob.es recoge en formato descargable la nueva Guía de aplicación del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla para el ámbito estatal la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Este trabajo, impulsado por los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, está disponible para su consulta en versión de texto en el apartado Guías y normas, dentro de la sección Saber más del presente espacio web.
Su objetivo es informar y facilitar el cumplimiento de la mencionada norma a los departamentos, organismos y entidades del sector público estatal a los que hace ésta referencia, tanto en lo que atañe a las adaptaciones como al mantenimiento de los respectivos sistema de información y sitios web.
La Guía ofrece instrucciones básicas sobre los modelos y herramientas más idóneas para desarrollar las medidas contempladas en el Real Decreto. Ofrece, asimismo, un esquema de organización sobre el que apoyar y dar soporte a la apertura de los datos públicos.
El documento, de 79 páginas, consta de 8 capítulos y 10 anexos con información práctica y detallada. Los primeros tratan los siguientes aspectos:
- Introducción.
- Marco de referencia
- Objeto y alcance de esta Guía.
- Ámbito de aplicación y destinatarios.
- Establecimiento de la estrategia.
- El tratamiento de la información.
- Adaptaciones a realizar en sitios web y sistemas de información.
- Evaluación y soporte.
De esta forma, pretende darse respuesta fácil y precisa a cuestiones tales como qué documentos son reutilizables; cuál es el plazo para adaptar el Real Decreto; quién se encarga de coordinar las actividades de reutilización; cómo se publican y catalogan los datos; qué persona puede ser necesario para prestar soporte RISP; o cómo se evalúa la reutilización.
Los anexos, por su parte, contienen documentos de referencia, estándares, buenas prácticas y ejemplos, y aviso legal, entre otros trabajos.
Esta Guía, elaborada en colaboración con Fundación CTIC, se complementará con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de la Información del Sector Público contemplada en el RD 1495/2011, que se encuentra actualmente en fase de elaboración.
Noticia
El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal, establece en su Disposición Adicional Segunda el plazo de un año de adaptación al mismo desde su entrada en vigor el 9 de Noviembre de 2011. Con el objetivo de facilitar esta adaptación a las entidades que les es de aplicación la norma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han elaborado dos guías que ahora son publicadas en borrador.
La Guía de aplicación del Real Decreto 1495/2011 tiene como objetivo informar y facilitar a los organismos del sector público estatal el cumplimiento del Real Decreto 1495/2011 por el que se desarrolla de la Ley 37/2007, de forma que puedan realizar adecuadamente las adaptaciones y tareas de mantenimiento necesarias en sus sistemas de información y sitios web. La guía describe tanto los pasos a seguir como los modelos o herramientas a emplear, así como una propuesta de esquema organizativo que apoye y dé soporte a la publicación y puesta a disposición de la información del Sector Público. La guía se complementará con la futura Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de la Información del Sector Público prevista en el Real Decreto, a cuyo borrador hace referencia de modo explícito en aquellos aspectos necesarios.
Por su parte, la Guía de funcionamiento, mantenimiento y actualización del catálogo de información pública datos.gob.es tiene un doble objetivo: por un lado informar a los organismos del sector público estatal de los pasos a seguir y herramientas a emplear, para la catalogación de sus conjuntos de datos a través del portal web del Catálogo de Información Pública datos.gob.es, y por otro lado informar a empresas y ciudadanía en general de los pasos a seguir y herramientas del portal para buscar, consultar y acceder a los conjuntos de datos expuestos, así como para la catalogación de aplicaciones que hagan uso de ellos.
Ambos documentos serán presentados a la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica, y pretenden ser una ayuda para los gestores públicos a la hora de afrontar la adaptación a la nueva norma, que consagra el principio de autorización generalizada de reutilización de la información del sector público puesta a disposición de ciudadanos y empresas.
Evento
Los grupos de investigación PUBLIDOC-UCM y ACRÓPOLIS, pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Carlos III de Madrid, respectivamente, organizan los próximos días 15 y 16 de febrero la “II Jornada sobre Reutilización de la Información del Sector Público: acceso y uso de la información”.
El objetivo de dicho foro, diseñado como espacio de encuentro y discusión científica entre organismos públicos, empresas y ciudadanos, es crear una red de colaboración en materia de gestión e investigación de los datos que custodian las administraciones, agencias y organismos oficiales de nuestro país.
En concreto, el encuentro pretende avanzar hacia un mayor conocimiento del sector infomediario, sus beneficios, ámbito normativo, aplicaciones, barreras de acceso y uso, impacto socioeconómico, interacción en Internet e integración con otras actividades.
El programa de las sesiones, que se celebrarán de forma alternativa en una y otra institución académica, está compuesto por expertos destacados en la gestión y reutilización de la información del sector público, tanto de España como de fuera de nuestro país.
Proyecto Aporta, iniciativa bajo la cual se gestiona el portal datos.gob.es, participará en estas jornadas el día 15 de febrero, centrando su intervención en el marco normativo creado por el Real Decreto 1495/2011.
Esta participación forma parte de las tareas de difusión del nuevo marco legal y las oportunidades sociales y económicas ligadas a la apertura y reutilización de la información del sector público.
Dicho esfuerzo se concreta, por ejemplo, en la jornada sobre Open Government Data y RISP celebrada en Granada el pasado 12 de enero, en el marco del Día W3C en España; y de la sesión sobre Periodismo de Datos organizada ese mismo día en Madrid en el espacio de Media Lab Prado.
Noticia
La red europea LAPSI ha seleccionado el portal datos.gob.es entre la terna de finalistas de su Tercer Premio al portal sobre información del sector público más amigable de la Unión Europea.
El jurado del concurso estima, así, que el sitio web que gestiona el Catálogo de Información Pública de la Administración General del Estado reúne las mejores valoraciones respecto a los criterios básicos de la convocatoria: diseño atractivo, usabilidad y difusión de la reutilización de los datos públicos.
Entre los proyectos elegidos para la fase final figura, además del portal sueco InfoTorg, la iniciativa española CartoCiudad, que está auspiciada por el Instituto Geográfico Nacional y que integra datos de otras fuentes como la Dirección General del Catastro.
La presencia de dos finalistas del sector público español en el premio LAPSI pone de manifiesto, tal y como recoge el Portal de Administración Electrónica, el esfuerzo de nuestro país para poner a disposición de empresas y ciudadanos la información del sector público y para promover su reutilización.
La Comisión Europea ha valorado en unos 2.000 millones de euros el potencial económico del sector infomediario en España, con una cuota ya alcanzada de entre 550 y 650 millones de euros, según el Estudio publicado el pasado mes de junio por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (ONTSI) y por Proyecto Aporta.
La reciente aprobación del Real Decreto 1495/2011 y la apertura de la versión beta del portal datos.gob.es en el mes de octubre de 2011 permitirán seguir avanzando en la potenciación de este sector de la economía digital y en la construcción de una administración más abierta y transparente.
El mantenimiento del portal datos.gob.es está encomendando por el Real Decreto 1495/2011 a la Secretaría de Estado de Administración Pública y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en colaboración con el resto de organismos del sector público estatal.
Noticia
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, presentó el pasado 12 de diciembre la nueva estrategia de esta institución en materia de reutilización de la información del sector público y open data.
Con ella, según la responsable comunitaria, se pretende aprovechar los potenciales dividendos de la apertura de datos para la economía de la UE.
En este sentido, la propuesta de la Comisión Europea pasa por la ya anunciada revisión de la Directiva 2003/98/CE en la que se proponen cuatro medidas fundamentales:
- Que todos los documentos difundidos por organismos públicos puedan reutilizarse para fines comerciales y no comerciales, salvo que estén sujetos a restricciones derivadas de la normativa de acceso (tal y como ya recoge en España el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, de desarrollo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal).
- La obligación de ofrecer los datos en formatos legibles mediante máquinas para garantizar su efectiva reutilización.
- La extensión del ámbito de aplicación de la Directiva, de forma que acoja también a las bibliotecas, los museos y los archivos.
- La implantación de un modelo de costes marginales, salvo excepciones justificadas, para el acceso a los datos públicos.
La nueva estrategia comunitaria consta, además, de los siguientes documentos de referencia:
- El borrador de la Comunicación sobre “Datos abiertos: un motor para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente”.
- La versión provisional de la nueva Directiva.
- El estudio de impacto que acompaña a la propuesta de revisión (en inglés).
- La Decisión de la Comisión sobre reutilización de los documentos generados y conservados por dicha institución.
Proyecto Aporta da la bienvenida a esta iniciativa, que en buena medida supone trasladar al ámbito de la UE algunas medidas clave ya introducidas en el sector público estatal español a través del antes citado Real Decreto y comparte la visión de Neelie Kroes en cuanto a la oportunidad que hoy nos brinda el “nuevo oro” que son los datos públicos.
Evento
LAPSI, la red dedicada a los aspectos legales de la información del sector público, celebra los próximos días 23 y 24 de enero de 2012 su Segunda Conferencia Pública.
Este encuentro, que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica), es el foro elegido para la presentación del “estado del arte” de las recomendaciones de dicha red sobre políticas en materia de Información del Sector Público (ISP).
Así, se prestará especial atención a cuestiones relacionadas con la reutilización de los datos, tales como derechos de propiedad intelectual, privacidad, protección y tratamiento de la información de carácter personal o libre competencia.
Los miembros de LAPSI abordarán sus puntos de vista en compañía de ponentes externos, expertos en información pública, actores potencialmente involucrados y ciudadanos interesados en el campo del llamado “Open Data”.
Junto a las actividades programadas, está prevista también, durante la jornada del 24 de enero, la elección del ganador del 3º Premio LAPSI al mejor portal temático en Internet de la Unión Europea sobre Información del Sector público.
Noticia
An unofficial English translation of the Royal Decree 1495/2011, of 24th October 2011, whereby the Law 37/2007, of November 16, on the re-use of public sector information, developed for the public state sector, has been posted on this website.
This regulation was adopted last month by the Council of Ministers and establishes the rule of making public data open and available by default.
The Royal Decree underwent a public consultation during November and December 2010.
It can also be accessed in the Official Gazette in its Spanish original version:
Noticia
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, en su edición de 8 de noviembre de 2011, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
Culmina, de esta forma, el proceso de tramitación del citado texto normativo, tras la aprobación del Consejo de Ministros, previo informe favorable del Consejo de Estado, y que ha contado con la participación del sector mediante consulta pública realizada a finales de 2010 (ver el borrador del texto sometido a consulta).