Sector público

El avance imparable de las TIC en las ciudades y territorios rurales, y el contexto social, económico y cultural que lo sustenta, exige habilidades y competencias que nos posicionan de manera ventajosa ante nuevos escenarios y entornos de innovación territorial. En este contexto, la Diputación Provincial de Badajoz ha sabido adaptarse y adelantarse a las circunstancias, y a partir del año 2018 puso en marcha la iniciativa “Badajoz Es Más – Smart Provincia”.

¿Qué es “Badajoz Es Más"?

El proyecto “Badajoz Es Más” es una iniciativa llevada a cabo por la Diputación Provincial de Badajoz cuyo objetivo es conseguir unos servicios más eficientes, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y fomentar el emprendimiento y la innovación a través de las tecnologías y el gobierno del dato en una región integrada por 135 municipios. Se busca una transformación digital del territorio, que favorezcan la creación de oportunidades de negocio, de mejora social y de asentamiento de la población.

Tradicionalmente, los proyectos de “Smart Cities” han puesto sus esfuerzos en las ciudades, renovación de centros históricos, etc. Sin embargo, “Badajoz Es Más” está centrado en la transformación de las zonas rurales, los pueblos inteligentes y sus ciudadanos, poniendo el foco en los retos rurales como la despoblación de los municipios rurales, la brecha digital, la retención de talento o la dispersión de los servicios. Se quiere evitar los “silos” aislados y transformar estos retos en oportunidades mediante la mejora de la gestión de la información, a través de la explotación de los datos de una manera productiva y eficiente.

El ciudadano, en el Centro

El proyecto “Badajoz es Más” persigue llevar a cabo la transformación digital del territorio poniendo a disposición de los municipios, empresas y ciudadanos las nuevas tecnologías del IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, etc. A continuación, se exponen las líneas maestras del proyecto.

Plataforma Provincial de Gestión Inteligente de Servicios Públicos.

Es el componente nuclear de la iniciativa, ya que permite la integración de la información de cualquier dispositivo IoT, sistema de información o fuente de datos en un único lugar para su almacenamiento, visualización y análisis.  En concreto, se recopilan datos de diversas fuentes: los diversos sensores de las soluciones inteligentes implantadas en la región, los servicios web y las aplicaciones, la información ofrecida por ciudadanos y redes sociales.

Toda la información se recolecta en una Plataforma horizontal y abierta, basada en el estándar de código abierto FIWARE, una iniciativa promovida por la Comisión Europea que aporta la capacidad de homogeneizar los datos (FIWARE Data Model) y favorecer su interoperabilidad. Construido siguiendo las directrices marcadas por AENOR (UNE 178104), cuenta con un módulo central Orion Context Broker (OCB) que permite administrar todo el ciclo de vida de la información. De esta forma, ofrece la capacidad de monitorizar y gestionar de forma centralizada un conjunto ampliable de servicios públicos a través de cuadros de mando internos.

La  plataforma es “multientidad”, es decir permite proveer de información, conocimiento y servicios tanto a la propia Diputación Provincial como a su Municipios asociados (también conocidos como “Pueblos Inteligentes”). La visualización de los diferentes modelos de explotación de información procesados en los distintos niveles de la Plataforma se realiza sobre distintos cuadros de mando, que pueden dar servicio a un municipio o localidad concreta solo mostrando sus datos y servicios, o también disponer de una visión global de todos los servicios y datos a nivel de la Diputación de Badajoz.

Parte de la información recopilada en la plataforma se pone, también, a disposición de terceros a través de diversos canales:

• Portal de datos abiertos. Aquellos datos recopilados susceptibles de ser abiertos a terceros para su reutilización, se comparten a través de su portal de datos abiertos. En él podemos encontrar información tan diversa como datos en tiempo real sobre las playas de la región con bandera azul (se monitoriza la calidad del aire, del agua,la contaminación sonora, el aforo, etc.) o el flujo del tráfico, lo cual permite predecir los atascos.
• Portal para los ciudadanos Provincia Digital Badajoz. Este portal ofrece información sobre las soluciones implementadas actualmente en la provincia y sus datos en tiempo real de una forma amigable, con una experiencia de usuario sencilla que permite a aquellas personas sin conocimientos técnicos acceder conocer los proyectos desarrollados.

La siguiente gráfica muestra el ciclo de la información, desde su recolección, paso por la plataforma y distribución a los distintos canales. Todo ello bajo un fuerte gobierno del dato.

Servicios Públicos eficientes

Además de la implantación y puesta en marcha de la Plataforma Provincial de Gestión Inteligente de Servicios Públicos, este proyecto ya ha integrado distintos servicios o “verticales” existentes para:

• Comenzar a implantar estos nuevos servicios en la provincia y ser el ejemplo y la “punta de lanza” de esta transformación tecnológica.
• Mostrar los beneficios de la implantación de estas tecnologías para realizar una labor divulgativa y demostrativa con el ánimo de causar el impacto suficiente como para que de manera gradual los demás Ayuntamientos y organizaciones se vayan sumando a la iniciativa.

Actualmente se cuenta con más de 40 empresas enviando datos a la Plataforma Provincial, más de 60 fuentes de datos integradas, más de 800 dispositivos conectados, más del 500 transacciones por minuto… Cabe destacar que se trabaja para que los nuevos pliegos que se presentan lleven asociados una cláusula para que los datos provenientes de los diversos trabajos financiados con dinero público se viertan también a la plataforma.

La idea es poder realizar una gestión estandarizada, de tal forma que la solución que se ha implantado en un municipio sirva también para otro. De esta forma no solo se mejora la eficiencia, sino que también se pueden comparar los resultados entre municipios. Puede visualizar algunos de los servicios ya implantados en la Provincia, así que como sus Cuadros de Mando construidos desde la Plataforma Provincial en este vídeo.

Ecosistema de Innovación

Para conseguir que la iniciativa llegue su público objetivo, la Diputación Provincial de Badajoz ha desarrollado un ecosistema de innovación que sirve de punto de encuentro entre:

• Ciudadanos, que demandan estos servicios.
• Emprendedores y entidades educativas, que tienen interés en estas tecnologías.
• Empresas, que tienen la capacidad de implantar estas soluciones.
• Entidades públicas, que pueden poner en marcha este tipo de proyectos.

Se trata de facilitar y proveer las herramientas, conocimientos y asesoramiento necesario para que los proyectos que surjan de este encuentro puedan llevarse a cabo.

Este ecosistema tiene como elemento central un centro de innovación físico denominado FIWARE Space. FIWARE Space lleva a cabo labores como la organización de eventos para la divulgación de las tecnologías y conceptos Smart entre empresas y ciudadanos, talleres demostrativos y formativos, Hackathones con universidades y centros de estudio, etc. También cuenta con un Showroom para la exposición de soluciones, realiza Retos dotados económicamente y tiene presencia en congresos nacionales e internacionales.

Además, llevan a cabo labores de mentorización a empresas y entras entidades. En total, cerca de 40 empresas han  sido mentorizadas por FIWARE Space, llegando a lanzar sus propias soluciones en varias ocasiones al Market de FIWARE, o proponiendo los modelos de datos generados como estándares para todo el ecosistema mundial. A estas empresas se les ofrece un servicio gratuito para que adquieran los conocimientos necesarios para trabajar de forma estandarizada, generando datos uniformes al resto de la región, y para conectar sus soluciones a la plataforma, ayudándoles y asesorándoles en los retos que puedan surgir.

Una de las claves de FIWARE Space es su carácter abierto, habiendo firmado multitud de acuerdos de colaboración y convenios con entidades tanto locales, como internacionales. Por ejemplo, se está trabajando en la normalización de modelos de datos avanzados para el turismo con el Instituto de Ciudades del Futuro (Argentina). Para aquellos que quieran más información, puede seguir la actividad de su centro a través de su blog semanal.

Próximos pasos: convergencia con Espacios de Datos y Gaia-X

Fruto del carácter colaborativo y abierto del proyecto, el concepto Espacio de Datos encaja perfectamente en la filosofía de “Badajoz es Más”. La Diputación de Badajoz cuentan actualmente con multitud de verticales con información interesante para su compartición (y futura explotación) de datos de forma confiable, soberana y segura. Como Entidad Pública, la comparación y obtención de otras fuentes de datos enriquecerá en gran medida al proyecto, aportando una visión externa imprescindible para su crecimiento. Gaia-X es la propuesta para la creación de una infraestructura de datos para Europa, y es el estándar hacía el que está convergiendo actualmente el proyecto “Badajoz es Más”, fruto de su colaboración con el hub Gaia-X España.

La Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE) ha publicado la duodécima edición de su “Informe sobre el Sector Infomediario”, en el que hace un repaso a las iniciativas de impulso de la economía del dato en el país. Además, esta edición conmemora los 25 años de trayectoria de la asociación en el sector. 

En el 12º Informe sobre la Economía del Dato en el ámbito infomediario, ASEDIE ofrece cifras exactas sobre el sector en España para continuar su labor anual de poner en valor y transmitir su tamaño e importancia. La presentación de esta edición tuvo lugar en el salón de actos de Madrid International Lab el pasado 20 de marzo.  

A continuación, se resumen las principales conclusiones del estudio. 

La Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público recoge la obligatoriedad de las administraciones públicas de contar con un catálogo de datos propio que, a su vez, contribuirá a nutrir el catálogo nacional (datos.gob.es). Algunos portales autonómicos, además de albergar conjuntos de datos, ofrecen contenido, organizan eventos y firman alianzas en pro de difundir la cultura del dato. Analizamos el caso de Catalunya con su portal de datos abiertos  y su compromiso durante los últimos años.

Datos abiertos en Catalunya: historia de los últimos años

Desde la creación de su primer portal de datos abiertos en 2010, la Generalitat de Catalunya ha publicado casi 1.200 conjuntos de datos abiertos.

Su objetivo es fomentar la apertura y accesibilidad de los datos con los que cuenta, colaborando con diversos sectores de la sociedad, incluyendo la academia, el sector privado y la sociedad civil, para maximizar el valor de los datos abiertos y fomentar su uso en la toma de decisiones y el desarrollo de soluciones para los desafíos actuales de la sociedad.

En esta línea, la Generalitat de Catalunya alcanzó un acuerdo de gobierno sobre estrategia de datos abiertos. Este hito sitúa la abertura y reutilización de la información pública en el centro de la relación entre ciudadanía y administración pública catalana. Entre los objetivos de este enfoque, el documento destaca el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y la creación de políticas públicas teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía. A partir de entonces, el Gobierno de Catalunya apuesta por promover su portal de datos abiertos y fomentar su uso siempre respetando los principios del gobierno de datos.

En este sentido, en 2022 el área de Datos Abiertos pasó a formar parte de la Dirección General de Administración Digital, la cual concibe los datos como activo estratégico y palanca de cambio para la administración digital, con el fin último de mejorar los servicios públicos ofrecidos por esta administración. Es en este momento que el área de Datos Abiertos se ve reforzada por el papel estratégico que cobra el dato en el marco de esta administración pública: los datos abiertos pasan a formar parte del ciclo de vida del dato, como un elemento integral y esencial. El Gobierno de los datos en la Generalitat de Catalunya se lleva a cabo mediante el Modelo de Gobierno de los Datos, que establece las directrices en toda la organización, promueve el impulso de la cultura del dato e involucra a todos los agentes clave que deben participar en ese proceso de transformación.

El documento también recoge el compromiso de la Generalitat de Catalunya de adherirse a los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos promovida por la red Open Data Charter (ODC), en la que participan actualmente más de 170 gobiernos de todo el mundo, y que tiene como objetivo integrar la cultura y la práctica de la apertura de datos en los gobiernos. Teniendo en cuenta lo que establece ODC en su Carta Internacional, los datos deben ser:

• Abiertos por defecto
• Actualizados
• Accesibles y reutilizables
• Comparables e interoperables
• Para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana
• Para el desarrollo inclusivo y la innovación

El compromiso de la Generalitat de Catalunya por la apertura de los datos del sector público y el fomento de la reutilización también quedó de manifiesto en 2020 cuando entró a formar parte del Open Government Partnership. Esta organización, que apuesta por una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable, es referente a nivel mundial en lo que respecta a poner en valor el uso de los datos abiertos para mejorar la sociedad.

El mismo año en el que Open Data Catalunya se suma a ODC también se celebra la primera sesión de Cafè amb Dades: una serie de charlas divulgativas presenciales y en línea en las que se aborda un tema relacionado con los datos abiertos en la Generalitat de Catalunya.

Cafè amb Dades: un espacio para divulgar sobre datos abiertos

Estos eventos que organiza el portal de datos abiertos catalán son un espacio pensado para compartir experiencias y conocimientos sobre datos abiertos y temas relacionados.  Las ponencias duran dos horas, se celebran de forma pesencial y virtual y los temas que se abordan dependen de la actualidad y/o el interés de la audiencia que puede proponer sus ideas a través de un buzón de contacto. El Àrea de Dades Obertes de la Direcció General d’Administració Digital organiza estos eventos basados en los siguientes valores:

• Pedagogía: dar a conocer la estrategia de datos abiertos de la Generalitat Catalana y su impacto en diferentes ámbitos.
• Dinamismo: ofrecer ponencias cortas con contenidos comprensibles para todo el mundo.
• Trabajo online: organizar sesiones participativas, abiertas que inviten al diálogo para crear comunidad.
• Aplicación: animar a los asistentes a incorporar el uso de los datos abiertos en su día a día.

Todas las sesiones quedan grabadas y disponibles para el público. Las últimas que se han celebrado versaron sobre cuestiones tan relevantes como la gestión del agua utilizando datos abiertos o los datos con perspectiva de género.

Facilitar la comprensión del dato

La Generalitat de Catalunya reconoce la importancia de publicar datos y facilitar la búsqueda, así como fomentar la comprensión de los datos. Con el objetivo de facilitar la búsqueda de datos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Generalitat de Catalunya llevó a cabo una clasificación de los conjuntos de datos del portal de la Generalitat por cada uno de los ODS al que se puede acceder desde un visor de datos.

Esta clasificación también proporciona información sobre cómo se está alineando la actividad de los departamentos en torno a los ODS y facilita la búsqueda y reutilización de los conjuntos de datos relacionados con los mismos.

Apuesta por la difusión de la cultura del dato

El portal de la Comunidad Autónoma de Catalunya, además de albergar más un millar de conjuntos de datos abiertos y difundir eventos presenciales y virtuales sobre la aplicación de sus conjuntos de datos en diferentes temáticas, ofrece:

• Contenidos que difunden la cultura del dato:
  
  • Sesiones web, con toda la actualidad digital de la administración explicada en vídeos de 30min que se presentan el primer jueves de cada mes.
  • Entrevistas a personas expertas en temáticas relacionadas con los datos abiertos.
  • Publicaciones especializadas en materia de Administración digital y de Gobierno Abierto.
  • Noticias, donde se incluyen las novedades del sector.
• Participación y representación en actividades como:
  
  • Semana del Gobierno abierto
  • Eventos por motivo del Open Data Day
• Proyectos de sensibilización y colaboración con la sociedad civil
• Interacción con la comunidad de reutilizadores
  
  • Contacto a través de un formulario de peticiones
  • Información y recursos para desarrolladores

El inventario de conjuntos de datos de la Generalitat de Catalunya

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya, en el proceso de apertura de datos públicos, ha llevado a cabo una tarea de inventariar los datos, cuya primera fase finalizó en 2022. Este inventario, concebido como un registro único, ordenado y descriptivo de los conjuntos de datos tiene como objetivo coordinar los procesos de apertura de los datos de esta administración.

En esta primera fase, el inventario dotó de una herramienta para consultar de forma sencilla todos los conjuntos de datos disponibles y su información descriptiva, además de dar una visión transversal de la información disponible y un lenguaje único en toda la organización.

Actualmente, se está trabajando en una segunda fase del proyecto, que pasa por actualizar y mantener la información recogido en el inventario, así como ampliarlo a las entidades del sector público.

Si no quieres perderte nada, puedes seguir al portal de datos abiertos de Catalunya en Twitter.

En resumen, la Generalitat de Catalunya cuenta con un acuerdo de gobierno sobre estrategia de datos abiertos, un modelo de gobierno de datos en marcha y presencia en organizaciones internacionales como Open Data Charter u Open Government Partnership. Su compromiso por el acceso y la reutilización de los datos abiertos la sitúan como una de las administraciones públicas referentes en España.

En datos.gob.es nos hacemos eco de las buenas prácticas en materia de datos abiertos y tecnologías relacionadas que existen por todo el territorio español. Si quieres que hablemos de tu iniciativa, escríbenos a dinamizacion@datos.gob.es.

La Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Bilbao colaboran en el Aula Open data Bilbao Bizkaia, una iniciativa que persigue desarrollar el uso de los datos abiertos de las dos instituciones vizcaínas (Diputación Foral y Ayuntamiento) para su aprovechamiento en proyectos universitarios. El objetivo final es que, gracias a dicha reutilización, se puedan mejorar los servicios públicos que prestan y generar nuevo conocimiento que contribuya a la resolución de problemas sociales.

La iniciativa, dirigida tanto al alumnado universitario como al profesorado y personal de investigación, nació como un convenio de colaboración entre las tres administraciones (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y UPV/EHU). Para ello se tomaron como referencia otros convenios realizados con la Escuela de Ingeniería de Bilbao para la creación de Aulas de Empresa, pero en este caso siendo un aula de datos abiertos, que fomentará la apertura de datos generados y la reutilización de la información pública.

El Aula Open data Bilbao Bizkaia lleva en marcha desde 2022 y su funcionamiento es similar al de las doce Aulas de Empresa que ya estaban en marcha en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Estas Aulas de empresa son aulas-laboratorio dentro de la escuela, creadas y financiadas por empresas e instituciones para promover sus actividades de I+D+i. En ese sentido, tal y como declaran los organizadores del Aula “son un instrumento eficaz de colaboración entre los Departamentos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y el tejido empresarial, tanto en actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como en todo lo referente a la formación”.

Datos abiertos para innovar en el aula

 En este Aula, además de desarrollarse proyectos basados en la reutilización de datos abiertos que mejoren los servicios forales y municipales, se crean visualizaciones de datos a partir de iniciativas de tratamiento de la información abierta, propuestas por la comunidad universitaria y cuyo fin es la mejora del bienestar de la ciudadanía. Otro de sus ámbitos de trabajo es la puesta en marcha de actividades de formación que contribuyan a la mejora de las habilidades digitales de la comunidad universitaria.

Durante la primera edición del Aula Open Data Bilbao-Bizkaia, del curso 2022-2023, el alumnado desarrolló proyectos de reutilización de datos sobre reciclaje o actividades al aire libre, entre otros. Todos ellos se crearon utilizando datos autonómicos. Puedes consultar aquí los proyectos: https://sites.google.com/view/opendatabilbaobizkaia/home?authuser=0.

¿Cómo puedo entrar en Aula Open Data Bilbao-Bizkaia?

El Aula Open data Bilbao Bizkaia cuenta con un espacio propio en la sede en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en San Mamés. Este espacio se ha acondicionado gracias a una subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, que también colaboran financiando los gastos de gestión del aula.

El programa está enfocado a que alumnos/as de grado y máster en ingeniería realicen sus trabajos de fin de grado/fin de máster respectivamente. No obstante, no es necesario estar en el último curso de Grado o Máster para participar en el Aula. La iniciativa está abierta a cualquier persona con interés en los datos.

Al inicio del curso se imparte formación en Power BI y herramientas para el análisis de datos.

El programa es gratuito, y el alumnado que realiza su trabajo dentro de convenio recibe una retribución. El proceso de selección es mediante CV.

En el siguiente enlace se visualiza toda la información referente al Aula.

https://www.aulaopendatabilbaobizkaia.eus/aula_es.html

Nadie duda ya de la importancia de los datos en la sociedad y la economía actuales. Los datos están presentes hoy en día en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Es por ello que cada vez más países han ido incorporando a sus políticas normativas específicas referentes a los datos: ya sean sobre datos personales, empresariales o gubernamentales, o bien para regular una serie de cuestiones, como quién puede acceder a ellos, dónde pueden almacenarse, cómo deben protegerse, etc.

Sin embargo, cuando se examinan esas políticas con más detenimiento, se pueden observar diferencias significativas entre ellas, dependiendo de los objetivos principales que establece cada país a la hora de aplicar sus políticas de datos. Así pues, todos los países reconocen el valor social y económico de los datos, pero las políticas que implementan para maximizar ese valor pueden variar ampliamente. Para algunos, los datos son principalmente un activo económico, para otros puede ser un medio de innovación y modernización, y para otros una herramienta para el desarrollo.

Un informe reciente del Centro para la Innovación a través de los Datos compara las políticas generales aplicables en varios países que han sido precisamente seleccionados por las diferencias respecto a su visión de cómo se deben gestionar los datos: China, India, Singapur, el Reino Unido y la Unión Europea. A continuación, haremos un repaso de las características principales de sus políticas de datos, centrándonos principalmente en aquellos aspectos relacionados con el fomento de la innovación a través del uso de los datos.

CHINA

Sus esfuerzos se centran en construir una economía interna de datos sólida para fortalecer la competitividad nacional y mantener el control del gobierno a través de la recopilación y uso de datos. Cuenta con dos agencias desde las que se dirigen las políticas de datos: la administración del ciberespacio (CAC) y la administración nacional de datos (NDA).

Las principales políticas que gobiernan los datos en el país son:

• El plan quinquenal nacional de informatización, publicado a finales de 2021 para incrementar la recopilación de datos en la industria nacional.
• La ley de seguridad de los datos (DSL), efectiva desde septiembre de 2021 y donde se otorga especial protección a todos los datos que se considera puedan tener un impacto en la seguridad nacional.
• La ley de ciberseguridad (CSL), efectiva desde junio de 2017 y a través de la cual se prohíbe el anonimato online y se concede también acceso a los datos por parte del gobierno cuando sea requerido por cuestiones de seguridad.
• La ley de protección de la información personal (PIPL), efectiva desde noviembre de 2021 y que establece la obligatoriedad de mantener los datos en el territorio nacional.

INDIA

Su objetivo principal es utilizar la política de datos para desbloquear un nuevo recurso económico e impulsar la modernización y el desarrollo del país. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEIT por sus siglas en inglés) rige y supervisa las políticas de datos en el país, que resumimos a continuación:

• La ley de protección de datos digitales personales del 2023, cuyo objetivo es habilitar el procesamiento de datos personales de forma que se reconozca, tanto el derecho de las personas a proteger sus datos, como la necesidad de procesarlos para fines legítimos.
• La arquitectura de empoderamiento y protección de los datos (DEPA), que se puso en marcha en el 2020 y otorga a los ciudadanos un mayor control sobre sus datos personales al establecer intermediarios entre los usuarios de la información y los proveedores, además de proporcionar consentimiento a las empresas en función de un conjunto de permisos establecido por el usuario.
• El marco de gobernanza de los datos no personales, también aprobado en el 2020 y a través del cual se establece que los beneficios obtenidos a través de los datos deben repercutir también en la comunidad, y no solo en las empresas que recopilan esos datos. También indica que deben compartirse datos de gran valor y aquellos relacionados con el interés público (como por ejemplo los datos de energía, transporte, geoespaciales o sanidad).

SINGAPUR

Pretende utilizar los datos como vehículo para atraer nuevas empresas a operar dentro del país. La Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm (IMDA) es la entidad encargada de gestionar las políticas de datos en este caso, lo que incluye el control de la Comisión de Protección de Datos Personales (PDPC).

Entre la normativa más relevante en este caso podemos encontrar:

• La ley de Protección de Datos Personales (PDPA), actualizada por última vez en el 2021 y que se basa en el consentimiento, pero también establece algunas excepciones por interés legítimo público.
• El marco de confianza para la compartición de datos, publicado en el 2019 y donde se establecen estándares para el intercambio de datos entre empresas (incluyendo plantillas para establecer acuerdos legales de intercambio), aunque con ciertas protecciones para el secreto comercial.
• La obligatoriedad de portabilidad de datos (DPO), que será próximamente incorporada a la PDPA para establecer el derecho a la transmisión de datos personales a otro servicio (siempre que cuente con sede en el país) en un formato estándar que facilite el intercambio.

REINO UNIDO

Quiere impulsar la competitividad económica del país, al mismo tiempo que protege la privacidad de los datos de sus ciudadanos. La Oficina del Comisionado de la Información (ICO) es el organismo encargado de la protección de datos y las pautas para poder compartirlos.

En el caso del Reino Unido el marco legislativo es muy amplio:

• El núcleo de los principios de privacidad, como la portabilidad de datos o las condiciones de acceso a los datos personales, está cubierto por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) del 2016, la ley de Protección de Datos (DPA) del 2018, la regulación para la Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas del 2013 y la propuesta de ley de Protección de Datos e Información Digital todavía bajo debate.
• La ley de Economía Digital, establecida en el 2017 y donde se definen las normas para compartir datos entre administraciones públicas para el desarrollo de los servicios públicos.
• El Código para Compartir Datos, que entró en vigor en Octubre de 2021 y determina buenas prácticas que sirven de guía a las empresas a la hora de compartir datos.
• La Directiva de Servicios de Pago (PSD2), que entró en vigor inicialmente en el 2018 requiriendo a los bancos compartir sus datos en formatos estandarizados para fomentar el desarrollo de nuevos servicios.

UNIÓN EUROPEA

Utiliza un enfoque basado en los derechos humanos para la protección de datos. El objetivo es dar prioridad a la creación de un mercado único que facilite el  flujo libre de datos entre los estados miembro. Los Consejos Europeos de Protección de Datos (EDPB) y de Innovación a través de los Datos son los principales organismos responsables de supervisar la protección de datos en la Unión.

Nuevamente, la normativa aplicable es muy amplia y ha continuado extendiéndose recientemente:

• El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que se ha convertido en la regulación más completa y descriptiva en el mundo, y que está basada en los principios de legalidad, equidad, transparencia, contención, minimización, exactitud, almacenamiento, integridad, confidencialidad y responsabilidad.
• El programa para la Década Digital, para el fomento de un mercado digital único, interoperable, interconectado y seguro.
• La Declaración de Principios y Derechos Digitales, que amplía los derechos digitales y sobre los datos ya existentes en la norma de protección.
• La Ley de Datos y  el Reglamento de Gobernanza de Datos, que facilitan la accesibilidad a los datos de forma horizontal, es decir entre sectores y dentro de los mismos, siguiendo los principios de la UE. La Ley de Datos Impulsa reglas armonizadas relativas al acceso y uso equitativo de los datos, aclarando quién puede crear valor a partir de ellos y bajo qué condiciones. Por su parte, el Reglamento de Gobernanza de datos regula el intercambio seguro de conjuntos de datos que están bajo el poder de organismos públicos sobre los que concurren derechos de terceros, así como los servicios de intermediación de datos y su cesión altruista para el beneficio de la sociedad.

Las claves para el fomento de la innovación

En general, podríamos concluir que aquellas políticas de datos que adoptan un enfoque más orientado en favor de la innovación se caracterizan por:

1. Protección de datos basada en distintos niveles de riesgo, priorizando la protección de los datos personales más sensibles, como la información médica o financiera, mientras se reduce los costes regulatorios para aquellos menos sensibles.
2. Marcos de compartición para datos personales y no personales, fomentando la compartición de datos por defecto tanto en el sector público como privado y eliminando barreras a la compartición voluntaria de datos.
3. Facilitar el flujo de datos, respaldando una economía digital abierta y competitiva.
4. Políticas de producción de datos proactivas, fomentando el uso de los datos como factor de producción mediante la recopilación de datos en varios sectores y evitando lagunas en la información.

Como hemos visto, las políticas de datos se han convertido en un aspecto estratégico para muchos países, ya que no sólo contribuyen a reforzar sus objetivos y prioridades como nación, sino que además envían señales sobre cuáles son sus prioridades e intereses en el escenario internacional. Lograr un equilibrio adecuado entre la protección de datos y el fomento de la innovación es uno de los desafíos clave. Antes de abordar sus propias políticas, se recomienda a los países invertir tiempo en analizar y comprender los distintos enfoques existentes, incluyendo sus fortalezas y debilidades, para después tomar las medidas específicas más adecuadas a la hora de diseñar sus propias estrategias.

Contenido elaborado por Carlos Iglesias, Open data Researcher y consultor, World Wide Web Foundation. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó a finales de 2023 dos ordenanzas tipo que abordan el progreso en dos áreas clave: la transparencia y el gobierno del dato. Ambos documentos no solo mejorarán la calidad de los procesos, sino que facilitarán el acceso, gestión y la reutilización de los datos. En este post, analizaremos la segunda ordenanza elaborada en el seno de la Red de Entidades por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP en su búsqueda de definir modelos de referencia comunes. En concreto, la ordenanza relativa al gobierno del dato.

La utilidad y buen hacer de la Ordenanza Tipo del Gobierno del Dato en la Entidad Local ha sido resaltada por la Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE), quien le otorgó el premio en la categoría ‘Impulsando el conocimiento del dato’ en su 15º Conferencia Internacional ASEDIE.

Bajo esta premisa, el documento aborda todos los elementos relacionados con la obtención, gestión y explotación de los datos para plantearlos como un bien común, es decir, garantizando su apertura, accesibilidad y reutilización. Este es un objetivo relevante para las administraciones locales, ya que gracias a ello pueden mejorar su funcionamiento, los servicios que presta y la toma de decisiones. El gobierno del dato es el marco que guía y garantizar este proceso y esta ordenanza plantea un marco normativo flexible que las diferentes administraciones puedan adaptar según sus necesidades concretas.

¿Qué es el gobierno del dato?

El Gobierno del Dato aborda de forma integral todos los aspectos relacionados con la obtención, gestión y explotación de los datos, así como su apertura y reutilización por toda la sociedad de forma igualitaria. Por tanto, podemos definirlo como una función organizativa responsable de rendir cuentas sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de los datos por parte de la organización, necesaria para acometer la estrategia de negocio. Así lo describen las especificaciones UNE 0077:2023 de Gobierno del Dato y UNE 78:2023 de Gestión del Dato, que recogen procesos estandarizados para guiar a las organizaciones en el establecimiento de mecanismos aprobados y validados que den soporte organizacional a los aspectos relacionados con la apertura y publicación de datos, para su posterior uso por la ciudadanía y otras instituciones.

¿Cómo se desarrolló la Ordenanza de Gobierno del Dato de la FEMP?

Para desarrollar la Ordenanza Tipo de Gobierno del Dato en la Entidad Local, se constituyó en 2022 un grupo de trabajo multidisciplinar que contaba con trabajadores de las AAPP, empresas privadas, representantes del sector infomediario, la Oficina del Dato, universidades, etc. Este equipo planteó dos objetivos principales que marcarían el contenido del documento:

• Elaborar guías para ayuntamientos y otras AAPP donde se defina la estrategia a seguir para poner en marcha un proyecto de datos abiertos.
• Crear un modelo de referencia de conjuntos de datos común a todas las AAPP para facilitar la reutilización de la información.

Teniendo en cuenta estos dos retos, a principios de 2023 el grupo de trabajo de la FEMP empezó a establecer aspectos, estructura, contenidos y plan de trabajo. Durante los meses posteriores, se llevaron a cabo trabajos de redacción, elaboración y consenso de un borrador único.

Además, se organizó un proceso participativo en la plataforma Idea Zaragoza para nutrir el documento con las aportaciones de expertos de todo el país y socios de las FEMP.

El resultado de todo el trabajo se sustentó en la Carta Internacional de Datos Abiertos (Open Data Charter-ODC), las recomendaciones emanadas de la Oficina del Dato del Gobierno de España y la normativa europea y nacional existente sobre esta materia.

Aspectos novedosos y estructura de la Ordenanza de Gobierno del Dato

La Ordenanza Tipo de Gobierno del Dato de la FEMP es acorde al contexto en el que se ha presentado; es decir, reconoce aspectos relevantes del momento actual que estamos viviendo. Alguna de las características a destacar del documento es la premisa de garantizar y potenciar los derechos de las personas tanto físicas como jurídicas y respetar el Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento hace especial hincapié en la proporcionalidad de la anonimización para garantizar la privacidad de las personas.

Otro aspecto novedoso de la norma es que aporta la visión de los datos de alto valor definidos por la Comisión Europea desde la perspectiva de la administración local. Además, la Ordenanza Tipo reconoce un régimen único para el acceso y reutilización de la información pública, acorde a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público.

Más allá de garantizar el marco jurídico y normativo, la Ordenanza de la FEMP también aborda los datos asociados a la inteligencia artificial, sinergia tecnológica puntera que cada día ofrece grandes soluciones innovadoras. Para que una inteligencia artificial funcione correctamente, es necesario contar con datos de calidad que ayuden a su entrenamiento. En relación con este punto, la ordenanza define unos requisitos de calidad (Artículo 18) y métricas para su evaluación que se adaptan a cada contexto específico y que abordan cuestiones como la exactitud, portabilidad o confidencialidad, entre otras.  El documento establece garantías para que el uso de los datos se lleve a cabo respetando los derechos de las personas.

Todos estos aspectos novedosos forman parte de la Ordenanza Tipo de Gobierno del Dato para Entidades Locales de la FEMP que se organiza en la siguiente estructura:

1. Disposiciones generales: Este primer apartado presenta el dato como principal activo digital de las Administraciones Públicas como activo estratégico, y del objeto, principios y derecho de la ciudadanía.
2. Planificación, organización e instrumentos para el gobierno del dato: En este punto se define la organización y competencias para el gobierno del dato. Además, se destaca la importancia de mantener un inventario de conjuntos de datos y fuentes de información (Artículo 9).
3. Los datos: Este capítulo reconoce los requisitos de publicación y los estándares de seguridad, la importancia del uso de vocabularios de referencia, y las categorías de conjuntos de datos cuya apertura debe ser priorizada, en concreto, las 80 tipologías referidas por la FEMP como más relevantes.
4. Ciclo de vida: En este apartado se destaca, por un lado, la obtención, apertura, conservación y utilización de los datos; y, por otro, los límites, supresión y destrucción de los datos cuando se precise de la realización de estas actuaciones.  cuando se precise de la realización de estas actuaciones.
5. Acceso, publicación y reutilización: El quinto capítulo aborda cuestiones relativas a la explotación de los datos como es el uso de licencias específicas, los derechos exclusivos, el pago por reutilización o la solicitud previa para acceder a determinados conjuntos de datos
6. Responsabilidad y garantías: El último punto describe el régimen sancionador y el disciplinario, y las responsabilidades civil y penal del reutilizador.

En definitiva, la publicación de la Ordenanza sobre Gobierno del Dato en Entidades Locales dota a las administraciones locales de una regulación flexible y define estructuras administrativas que buscan la mejora de la gestión, la reutilización y el impulso de una sociedad basada en el dato.

Puedes acceder al documento completo aquí: Ordenanza tipo de Gobierno del Dato en la Entidad Local.

A finales de 2023, como recogió datos.gob.es, el ISTAC hizo públicos más de 500 activos semánticos, entre los que se incluían 404 clasificaciones o 100 esquemas de conceptos. 

Todos estos recursos están disponibles en el Catálogo de Datos Abiertos de Canarias, un entorno en el que hay cabida tanto para recursos semánticos como estadísticos y que, por tanto, puede entrañar una dificultad extra para un usuario que busque únicamente activos semánticos. 

Para facilitar la reutilización de estos conjuntos de datos con información tan relevante para la sociedad, el Instituto Canario de Estadística, con la colaboración de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, publicó el Banco de activos semánticos.  

En este portal, el usuario puede realizar búsquedas de manera más sencilla proporcionando una palabra clave, identificador, nombre del conjunto de datos o institución que lo elabora y mantiene. 

El Banco de activos semánticos del Instituto Canario de Estadística es una aplicación que sirve para explorar los recursos estructurales utilizados por el ISTAC. De esta forma es posible reutilizar los activos semánticos con los que trabaja el ISTAC, ya que hace uso directo de las API de eDatos, la infraestructura que vertebra el instituto de estadística canario. 

El número de recursos a consultar crece enormemente respecto a los datos disponibles en el Catálogo, ya que, por un lado, incluye los DSD (Definiciones de las Estructuras de Datos), con los que se construyen las tablas de datos finales; y, por otro, porque incluye no solo los esquemas y clasificaciones, sino cada uno de los códigos, conceptos y elementos que los componen. 

Esta herramienta es el equivalente de los mencionados Fusion Metadata Registry usados por SDMX, Eurostat o las Naciones Unidas; pero con un enfoque mucho más práctico y accesible sin perder funcionalidades avanzadas. El SDMX es el estándar de compartición de datos y metadatos en el que se basan las organizaciones ya mencionadas. El uso de este estándar en aplicaciones como la del ISTAC permite homogeneizar de manera sencilla todos los recursos asociados a los datos estadísticos que se van a publicar. 

La publicación de datos bajo el estándar SDMX es un proceso más laborioso, ya que obliga a generar no solo los datos, sino también las claves de publicación, pero a la larga permite que se creen plantillas u operaciones estadísticas que permite compararlas con los datos de otro país o región. 

 La aplicación recién lanzada por el ISTAC permite navegar por todos los recursos estructurales del ISTAC, incluyendo las familias de clasificaciones o conceptos, de manera interconectada, por lo que opera como una red. 

Funcionalidades del Banco de activos semánticos 

La principal ventaja de esta nueva herramienta frente a los registros mencionados es la facilidad de uso. La cual, en este caso, se mide directamente por lo poco que cuesta encontrar un recurso específico. 

Gracias a la búsqueda avanzada, se pueden filtrar recursos específicos por ID, nombre, descripción y mantenedor; a los que se agrega la opción de incluir solo los resultados que interesen, discriminando tanto por versión como por si son recomendados por el ISTAC o no. 

Además, está pensado para que sea un gran banco interconectado, de tal manera que, entrando en un concepto, se recomienden clasificaciones, o que en un DSD estén enlazadas todas las representaciones de las dimensiones y atributos. 

Estas características no solo diferencian al Banco de activos semánticos de otras herramientas similares, sino que suponen un paso adelante en materia de interoperabilidad y transparencia al no simplemente ofrecer los recursos semánticos sino también sus relaciones entre ellos. 

El nuevo recurso del ISTAC cumple con lo dispuesto tanto a escala nacional con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (artículo 10, activos semánticos), como a escala europea con el Marco Europeo de Interoperabilidad (artículo 3.4, interoperabilidad semántica). Ambos documentos defienden la necesidad y el valor de utilizar recursos comunes para el intercambio de información, máxima que se está implantando de manera transversal en el Gobierno de Canarias.  

Píldora formativa 

Para difundir este nuevo buscador de activos semánticos, el ISTAC ha publicado un breve vídeo explicativo del Banco y sus características, además de aportar pinceladas necesarias sobre SDMX. En este vídeo es posible conocer, de forma sencilla y en apenas unos minutos cómo utilizar y sacar el máximo provecho al nuevo Banco de Activos Semánticos del ISTAC a través de las búsquedas sencillas, complejas y cómo organizar los datos para que respondan a un análisis previo deseado.

En resumen, con el Banco de activos semánticos, el Instituto Canario de Estadística ha dado un paso significativo para facilitar la reutilización de sus activos semánticos. Esta herramienta que agrupa decenas de miles de recursos estructurales permite acceder de manera sencilla a una red interconectada que cumple con los estándares de interoperabilidad a nivel nacional y europeo.  

La Guía de Gobierno Abierto para Empleadas y Empleados Públicos es un manual para orientar al personal de las administraciones públicas de todos los niveles (local, regional y estatal) sobre el concepto y las condiciones necesarias para lograr un “gobierno abierto inclusivo en un entorno digital”. Concretamente, el documento busca que la administración asuma el gobierno abierto como un elemento transversal de la sociedad, fomentando su conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se trata de una guía exhaustiva, práctica y bien estructurada, que facilita la comprensión y la implementación de los principios del gobierno abierto, dando a conocer ejemplos y buenas prácticas que impulsen el desarrollo de las competencias necesarias para facilitar la sostenibilidad del gobierno abierto a largo plazo.

¿Qué es el gobierno abierto?

La guía adopta la definición más aceptada de gobierno abierto, basada en tres ejes:

1. Transparencia y acceso a la información (eje visión): Hace referencia al acceso abierto a la información pública para facilitar una mayor rendición de cuentas.
2. Participación ciudadana (eje voz): Ofrece la posibilidad de que la ciudadanía sea escuchada e intervenga para mejorar los procesos de decisión y cocreación en las políticas públicas.
3. Colaboración (eje valor): Se centra en la cooperación dentro de la administración o de manera externa, con la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil, a través de la innovación para generar una mayor coproducción en el diseño y puesta en marcha de los servicios públicos.

Este manual define dichos ejes y los descompone en sus elementos más relevantes para su mejor comprensión y aplicación. Según la guía, los elementos básicos de la administración abierta son:

• Una integridad transversal a toda acción pública.
• Los datos son “la materia prima de gobiernos y administraciones públicas” y, por ese motivo, deben ponerse a disposición de “cualquier actor”, respetando los límites que establece la ley.  El uso de tecnologías de la información y comunicación (digitales) se concibe como un “espacio de expansión de la acción pública”, sin desatender las brechas digitales.
• La ciudadanía se sitúa en el centro de la administración abierta, porque no es solo objeto de la acción pública, sino que también “debe gozar de un papel protagonista en todas las dinámicas de transparencia, participación y colaboración”.
• La sostenibilidad de las iniciativas de la administración.

Adaptación de un visual de la Guía de Gobierno Abierto para Empleadas y Empleados Públicos. Fuente: https://funcionpublica.hacienda.gob.es/Secretaria-de-Estado-de-Funcion-Publica/Actualidad/ultimas-noticias/Noticias/2023/04/2023_04_11.html

Beneficios del Gobierno abierto

Con todo ello, se consiguen una serie de beneficios:

• Más calidad institucional y más legitimidad
• Aumento de la confianza en las instituciones
• Políticas más específicas para atender a la ciudadanía
• Más equidad de acceso a la formulación de políticas
• Más innovación en las actuaciones públicas

¿Cómo puedo utilizar la guía?

La guía es muy útil, ya que, para explicar algunos conceptos, plantea retos para que las propias personas funcionarias puedan reflexionar sobre ellos e incluso ponerlos en marcha. Asimismo, los autores proponen casos que van ofreciendo un panorama del gobierno abierto en el mundo y su evolución, tanto de los conceptos relacionados con éste como de las leyes, normativas, planes relevantes y ámbitos de aplicación (incluidos la Ley 19/2023 de transparencia, la agenda España Digital 2025,  Carta Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD). Como ejemplo, entre los casos que menciona, se incluyen el Plan de Inclusión Social Elkar-EKIN de la de Diputación Foral de Gipuzkoa y Frena La Curva,  una iniciativa puesta en marcha por miembros de la Dirección General de Participa­ción Ciudadana y el LAAAB del Gobierno de Aragón durante el COVID-19.

La guía también incluye un test de autodiagnóstico en rendición de cuentas, fomento de la colaboración, referencias bibliográficas y propuestas de mejora.

Además, ofrece diagramas y resúmenes para explicar y esquematizar cada concepto, así como pautas específicas para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se incluye la pregunta ¿dónde están los límites en el acceso a la información pública? Para responderla, la guía cita en qué casos se puede dar acceso a información que haga referencia a la ideología, creencias, afiliación religiosa o sindical de una persona (pág. 26). Con una adaptación a contextos concretos, el manual muy bien podría servir de base para organizar talleres de formación para personas funcionarias por la cantidad de asuntos relevantes que aborda y su organización.

Los autores hacen bien en incluir también advertencias y críticas constructivas a la situación del gobierno abierto en las instituciones. Aunque no hacen señalamientos directos, hablan de:

• Cajas negras: Se critican por ser sistemas cerrados. Se afirma que las cajas negras se deben abrir y transparentar y se debe “incrementar la representación de sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones públicas”.
• Lenguaje administrativo: Es un reto para una real transparencia, ya que, según un estudio que menciona la guía, de 760 textos oficiales, un 78% de ellos no eran claros. Entre lo más difícil de entender se encuentran las solicitudes de becas, ayudas y subvenciones, y los trámites vinculados con el empleo.
• La existencia de una falta de transparencia en algunos municipios, según apunta otro estudio mencionado en la guía. El índice de gobierno abierto global, elaborado por World Justice Project, coloca España en el puesto 24, por detrás de países como Estonia (14), Chile (18), Costa Rica (19) o Uruguay (21) y por delante de Italia (28), Grecia (36) o Rumanía (51), entre 102 países. Open Knowledge Foundation ha dejado de actualizar su Global Open Data Index, específicamente sobre datos abiertos.

En resumen, la administración pública se concibe como un paso hacia un Estado abierto, con la incorporación de los valores de lo abierto a todos los poderes del Estado, incluidos los poderes legislativo y judicial, además del gubernamental.

Otras cuestiones adicionales que se podrían tener en cuenta

Para aquellos que quieran seguir el camino hacia un gobierno abierto, existen una serie de cuestiones a tener en cuenta:

• La guía se puede adaptar a diferentes ámbitos y escalas de lo público. Pero la administración pública no es homogénea ni las personas que la componen tienen las mismas responsabilidades, motivaciones, conocimientos o posturas ante el gobierno abierto. En un examen sobre el uso por parte de la ciudadanía de datos abiertos de la administración vasca, se concluía que un obstáculo para la transparencia es la falta de aceptación o colaboración en algunos sectores de la propia administración. Un paso hacia adelante, por tanto, podría ser hacer campañas internas para la difusión de las ventajas para la administración de integrar perspectivas ciudadanas y generar esos espacios para integrar sus aportaciones.
• Aunque el modelo de caja negra está desapareciendo de la administración pública, que está sometida a gran escrutinio, este ha vuelto de la mano de sistemas algorítmicos cerrados y opacos aplicados a la administración de lo público. Hay muchos estudios en la literatura científica –por ejemplo, este— que alertan de que sistemas de caja opaca erróneos pueden estar funcionando en la administración pública sin que nadie se dé cuenta hasta que se generan resultados dañinos. Este es un asunto que necesita revisión.
• Para su adaptación a contextos concretos, habría que poder definir más concretamente qué es la participación, colaboración y cocreación. Como indica la guía, no solo implican la transparencia, sino poner en práctica iniciativas de colaboración o de innovación. Pero además es necesario hacerse una serie de preguntas adicionales ¿qué es una iniciativa de colaboración o innovación?, ¿qué metodologías existen?, ¿cómo se organiza y mide su éxito?
• La guía resalta la necesidad de incluir a la ciudadanía en el gobierno abierto. Cuando se habla de la inclusión y participación, sobre todo se menciona a la sociedad civil organizada y la academia, por ejemplo, en el Foro de Gobierno Abierto. Pero existen posibilidades de mejora para impulsar una participación y colaboración de las personas a título individual, sobre todo, si se trata de personas con poco acceso a la tecnología. La guía menciona brechas digitales de género, territoriales, por razón de edad o discapacidad, pero no las explora. Sin embargo, cuando se ha plataformizado el acceso a muchos servicios, ayudas y asistencia públicas (sobre todo después de la pandemia de COVID-19), dichas brechas digitales afectan a muchas personas, especialmente personas ancianas, de bajos recursos y a mujeres. Dado que una guía generalista no puede abordar todos los asuntos relevantes en detalle, este merecería una guía aparte.

Cada vez más las instituciones públicas acuden a la decisión algorítmica para una toma de decisiones eficaz, rápida e inclusiva. Por ello, resulta también cada vez más relevante la formación de la propia administración en materia de gobierno abierto en un entorno digitalizado, datificado y plataformizado. Esta guía es un gran primer paso para aquellos que quieren aproximarse a la materia.

Contenido elaborado por Miren Gutiérrez, Doctora e investigadora en la Universidad de Deusto, experta en activismo de datos, justicia de datos, alfabetización de datos y desinformación de género. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor

El enfoque de la regulación de la Unión Europea ha dado un giro importante desde que en 2003 se impulsara la primera normativa sobre reutilización de la información del sector público. En concreto, como consecuencia de la Estrategia Europea de Datos aprobada en 2020 se está ampliando el enfoque regulatorio al menos desde dos puntos de vista: 

• por una parte, se están impulsando modelos de gobernanza que tengan en cuenta la necesidad de integrar, desde el diseño y por defecto, el respeto a otros derechos e intereses jurídicamente relevantes, como es el caso de la protección de los datos personales, la propiedad intelectual o el secreto comercial, tal y como ha sucedido singularmente a través del Reglamento de Gobernanza de los Datos; 

• por otra parte, ampliando el ámbito subjetivo de las normas para ir más allá del sector público, de manera que también se empiezan a contemplar obligaciones dirigidas específicamente a entidades privadas, tal y como demuestra la aprobación en noviembre de 2023 del Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (conocido como Ley de Datos). 

En este nuevo planteamiento adquieren un singular protagonismo los espacios de datos, tanto por lo que se refiere a la importancia de los sectores sobre los que versan (salud, movilidad, medio ambiente, energía…) como, sobre todo, por el destacado papel que están llamados a jugar a la hora de facilitar la puesta a disposición de grandes cantidades de datos, en concreto a la hora de superar los obstáculos técnicos y jurídicos que dificultan su puesta en común. A este respecto, en España ya disponemos de una previsión legal al respecto, que se ha concretado con la creación de una sección específica en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En la propia Estrategia se contempla la creación de “un espacio común europeo de datos relativos a las administraciones públicas, a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del gasto público y la calidad del gasto, luchar contra la corrupción tanto a nivel nacional como de la UE, y abordar las necesidades en relación con el cumplimiento de las normas, además de apoyar la aplicación efectiva de la legislación de la UE y favorecer aplicaciones innovadoras”. Si bien, al mismo tiempo se reconoce, que “los datos concernientes a la contratación pública se difunden a través de varios sistemas en los Estados miembros, están disponibles en diferentes formatos y no son fáciles de utilizar” concluyendo la necesidad, en muchos casos, de “mejorar la calidad de los datos”. 

¿Por qué un espacio de datos en el ámbito de la contratación pública? 

Dentro de la actividad que llevan a cabo las entidades públicas destaca la contratación pública, cuya relevancia en la economía del conjunto de la UE llega hasta casi el 14% del PIB, por lo que se trata de un polo estratégico para dinamizar una economía más innovadora, competitiva y eficiente. Sin embargo, tal y como se reconoce expresamente en la Comunicación de la Comisión titulada Contratación pública: Un espacio de datos para mejorar el gasto público, impulsar la elaboración de políticas basadas en datos y mejorar el acceso de las pymes a las licitaciones, publicada en marzo de 2023, aunque existe una gran cantidad de datos sobre contratación pública, sin embargo “de momento su utilidad para los contribuyentes, los responsables públicos y los compradores públicos es escasa”. 

La regulación sobre contratación pública aprobada en 2014 incorporó una decidida apuesta por el uso de medios electrónicos en la divulgación de la información relativa a la convocatoria y la adjudicación de los procedimientos, si bien dicha normativa adolece de algunas limitaciones importantes:  

• se refiere únicamente a los contratos que superen unos umbrales mínimos fijados a nivel europeo, lo que limita la medida al 20% de la contratación pública en la UE, de manera que son los propios Estados quienes han de promover medidas de transparencia propias para el resto de los supuestos; 

• no afecta a la fase de ejecución contractual, de manera que no se aplica a cuestiones tan relevantes como el precio finalmente pagado, los plazos de ejecución realmente consumidos o, entre otras cuestiones, los posibles incumplimientos por parte del contratista y, en su caso, las medidas adoptadas por las entidades públicas al respecto; 

• aunque se refiere al uso de medios electrónicos a la hora de cumplir con la obligación de transparencia, sin embargo, no contempla la necesidad de que se articule en base a formatos abiertos que permitan la reutilización automatizada de la información. 

Ciertamente, desde la aprobación de la regulación de 2014 se han producido importantes avances a la hora de facilitar la normalización del proceso de recogida de datos, sobre todo al imponerse la utilización de formularios electrónicos para los umbrales antes indicados desde el 25 de octubre de 2023. Sin embargo, resultaba imprescindible un planteamiento más ambicioso que permitiera “aprovechar plenamente el poder que ofrecen los datos sobre contratación pública”. Para ello, en esta nueva iniciativa se contemplan no sólo medidas dirigidas a incrementar decididamente la cantidad de datos disponibles y su calidad sino, además, la creación de una plataforma a escala de la UE para hacer frente a la dispersión actual, así como la combinación con un conjunto de herramientas basadas en tecnologías avanzadas, singularmente la inteligencia artificial. 

Las ventajas de este planteamiento son evidentes desde diversos puntos de vista:  

• por una parte, podría proporcionase una información más precisa a las entidades públicas a la hora de planificar y adoptar sus decisiones;  

• pero también, por otro lado, se facilitarían las funciones de control y supervisión por parte de las autoridades competentes y, en general, de la sociedad;  

• y, sobre todo, se impulsaría de manera decisiva el acceso efectivo de las empresas y, en particular, de las pymes a la información sobre procedimientos actuales o futuros a los que poder concurrir. 

¿Cuáles son los principales retos que se han de afrontar desde el punto de vista jurídico? 

La Comunicación sobre el espacio de datos europeo de la contratación pública supone una importante iniciativa de gran interés por cuanto esboza el camino a seguir, planteando las ventajas que podría suponer su puesta en marcha, enfatizando las posibilidades que ofrece un planteamiento tan ambicioso y, asimismo, identificando las principales condiciones que lo harían viable. Todo ello desde el análisis de relevantes casos de uso, la identificación de los actores claves en este proceso y el establecimiento de un calendario preciso con un horizonte temporal hasta 2025. 

El impulso de un espacio europeo de datos específico en el ámbito de la contratación pública es, sin duda, una iniciativa que potencialmente podría tener un enorme impacto tanto en la propia actividad contractual de las entidades públicas como, asimismo, por lo que se refiere a las empresas y, en general, a la sociedad. Pero para que esto sea posible también habría que plantearse importantes desafíos desde la perspectiva jurídica: 

En primer lugar, actualmente no se contempla ampliar la obligación de publicación a los contratos que se encuentran por debajo de los umbrales establecidos a nivel europeo, lo que supone que la mayor parte de las licitaciones quedarían fuera del ámbito del espacio. Esta limitación plantea una consecuencia adicional, ya que supone dejar en manos de los Estados miembros el establecimiento adicional de obligaciones de publicidad activa a partir de las cuales proceder a la recogida y, en su caso, integración de los datos, lo que podría suponer una dificultad importante a la hora de asegurar la integración de múltiples y heterogéneas fuentes de datos, en particular desde la perspectiva de la interoperabilidad. A este respecto, la Comisión pretende crear un conjunto armonizado de datos que, en el caso de que fueran de obligado acatamiento por parte de todas las entidades públicas a nivel europeo, permitiría no sólo que los datos se recopilen por medios electrónicos, sino que, además, puedan traducirse a un lenguaje común que facilite su tratamiento automatizado. 

En segundo lugar, aunque la Comunicación inste a los Estados para que se esfuercen “por recopilar datos tanto en la fase previa a la adjudicación como en la fase posterior a esta”, sin embargo, configura como voluntarios los anuncios de finalización de los contratos. Si fueran obligatorios se podría “alcanzar una comprensión mucho más detallada de la totalidad del ciclo de la contratación pública”, además de impulsar la adopción de medidas correctoras ante situaciones jurídicamente discutibles tanto por lo que se refiere a la posición jurídica de las empresas que no resultaron adjudicatarias como, asimismo, de las autoridades encargadas de llevar a cabo funciones de fiscalización. 

Otro de los principales retos para el óptimo funcionamiento del espacio europeo de datos consiste en la fiabilidad de los datos publicados, ya que con frecuencia se pueden deslizar errores a la hora de cumplimentar los formularios o, incluso, dicha tarea puede percibirse como una actividad rutinaria que se realiza en ocasiones sin prestar la debida atención a su ejecución, tal y como viene demostrando la práctica administrativa con relación a los CPV. Aunque es preciso reconocer que en la actualidad existen herramientas avanzadas que podrían ayudar a corregir este tipo de disfunciones, lo cierto es que resulta imprescindible ir más allá de una mera digitalización de los procesos de gestión y apostar decididamente por modelos de tramitación automatizados que estén basados en los datos y no en los documentos, como todavía hoy resulta habitual en muchos ámbitos del sector público. Desde estas premisas se podría avanzar decididamente desde las exigencias de interoperabilidad antes referidas e implementar las herramientas analíticas basadas en tecnologías emergentes a que se refiere la Comunicación. 

La necesaria adaptación de la regulación europea sobre contratación pública 

Dada la relevancia de los objetivos planteados y la enorme dificultad que conllevan los retos anteriormente indicados, parece justificado que una iniciativa tan ambiciosa y con un potencial impacto tan destacado se articule a partir de una sólida base normativa. Resulta imprescindible ir más allá de las recomendaciones, estableciendo claras y precisas obligaciones jurídicas para los Estados miembros y, en general, para las entidades públicas, a la hora de gestionar y difundir la información sobre su actividad contractual, tal y como se ha planteado por ejemplo en el espacio de datos sanitarios. 

En definitiva, casi diez años después de la aprobación del paquete de directivas sobre contratación pública, quizás haya llegado el momento de proceder a su actualización con un planteamiento más ambicioso que, desde las exigencias y posibilidades de la innovación tecnológica, permita poner realmente en valor la ingente cantidad de datos que se generan en este ámbito. Más aún, ¿por qué no configurar los datos de la contratación pública como datos de alto valor al amparo de la regulación sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público? 

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

El concepto de datos de alto valor (High-Value datasets) fue introducido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea hace 4 años, en la Directiva (UE) 2019/1024. En ella se definían como una serie de conjuntos de datos con un gran potencial para generar “beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía”. Por ello, los estados miembro debían impulsar su apertura de manera gratuita, en formatos legibles por máquinas, a través de APIs, en forma de descarga masiva y descritos de forma exhaustiva mediante metadatos.  

De manera inicial, la directiva proponía en su anexo seis categorías temáticas a considerar como de alto valor: datos geoespaciales, observación de la tierra y medioambientales, meteorológicos, estadísticos, registros empresariales y datos sobre redes de transporte. Estas categorías fueron detalladas posteriormente en un reglamento de ejecución publicado en diciembre de 2022. Además, para facilitar su apertura, en junio de 2023 se editó un documento con pautas sobre cómo usar DCAT-AP para su publicación.

Nuevas categorías de datos a considerar de alto valor 

Estas categorías iniciales siempre estuvieron abiertas a su ampliación. En este sentido, la Comisión Europea acaba de publicar el informe “Identification of data themes for the extensions of public sector High-Value Datasets” donde se incluyen siete nuevas categorías que se estudia considerar como datos de alto valor 

• Pérdida climática: Hace referencia a los datos relacionados con los enfoques y acciones necesarios para evitar, minimizar y abordar los daños asociados al cambio climático. Ejemplos de conjuntos de datos de esta categoría son las pérdidas económicas y no económicas derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos o los cambios de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar o la desertificación. También incluye datos relacionados con los sistemas de alerta temprana ante desastres naturales, la repercusión de las medidas de mitigación o datos de investigación sobre la atribución de fenómenos extremos al cambio climático. 

• Energía: Esta categoría incluye estadísticas completas sobre la producción, transporte, comercio y consumo final de fuentes de energía primarias y secundarias, tanto renovables como no renovables. Algunos ejemplos de conjuntos de datos a considerar son los indicadores de precios y consumo o la información sobre seguridad energética.  

• Finanzas: Se trata de información sobre la situación de las empresas privadas y las administraciones públicas, que puede utilizarse para evaluar el rendimiento empresarial o la sostenibilidad económica, así como para definir estrategias de gasto e inversión. Incluye conjuntos de datos sobre registros de empresas, estados financieros, fusiones y adquisiciones, así como informes financieros anuales. 

• Gobierno y administración pública: Esta temática incluye aquellos datos que los servicios y empresas públicas recopilan para informar y mejorar la acción de gobierno y la administración de una unidad territorial específica, ya sea un estado, una región o un municipio. Incluye datos relativos al gobierno (por ejemplo, actas de reuniones), los ciudadanos (censos o registro en los servicios públicos) y las infraestructuras gubernamentales. Estos datos se reutilizan posteriormente para fundamentar la elaboración de políticas, prestar servicios públicos, optimizar los recursos y la asignación presupuestaria, así como proporcionar información procesable y transparente a ciudadanos y empresas. 

• Salud: Este concepto identifica los conjuntos de datos que cubren el bienestar físico, y mental de la población, haciendo referencia tanto a aspectos objetivos como subjetivos de la salud de las personas. También incluye indicadores clave sobre el funcionamiento de los sistemas de asistencia sanitaria y la seguridad en el trabajo. Algunos ejemplos son los datos relativos a la Covid-19, la equidad sanitaria o el listado de servicios prestados por los centros sanitarios. 

• Justicia y asuntos jurídicos:  Identifica conjuntos de datos que permiten reforzar la capacidad de respuesta, la rendición de cuentas y la interoperabilidad de los sistemas judiciales de la UE, cubriendo ámbitos como la aplicación de la justicia, el sistema jurídico o la seguridad pública, es decir, aquella que garantiza la protección de los ciudadanos. Los conjuntos de datos sobre justicia y asuntos jurídicos incluyen documentación de jurisprudencia nacional o internacional, decisiones de tribunales y fiscales generales, así como actos jurídicos y su contenido. 

• Datos lingüísticos: Hace referencia a expresiones escritas u orales que están en la base de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural y el desarrollo de servicios relacionados. La Comisión ofrece una definición bastante amplia de esta categoría de datos, todos ellos agrupados bajo la denominación de "datos lingüísticos multimodales". Pueden incluir repositorios de colecciones de textos, corpus de lenguas habladas, recursos de audio, o grabaciones de vídeo. 

Para realizar esta selección, los autores del informe llevaron a cabo una investigación documental, así como consultas a administraciones públicas, expertos en datos y empresas privadas mediante una serie de talleres y encuestas. Además de esta evaluación, el equipo del estudio cartografió y analizó el ecosistema normativo en torno a cada categoría, así como las iniciativas políticas relacionadas con su armonización y puesta en común, especialmente en relación con la creación de Espacios Comunes Europeos de Datos. 

Potencial para las PYMEs y las plataformas digitales 

Además de definir estas categorías, el estudio también ofrece una estimación de alto nivel sobre el impacto de las nuevas categorías en las pequeñas y medianas empresas, así como en las grandes plataformas digitales. Una de las conclusiones del estudio es que la relación coste-beneficio de la apertura de datos es similar en todos los nuevos temas, destacando especialmente aquellos relativos a las categorías "Finanzas" y "Gobierno y administración pública".  

Basándose en los conjuntos de datos disponibles públicamente, también se realizó una estimación del grado de madurez actual de los datos pertenecientes a las nuevas categorías, según su cobertura territorial y su grado de apertura (teniendo en cuenta si estaban abiertos en formatos leíbles por máquinas, con metadatos adecuados, etc.). Para maximizar la relación coste-beneficio global, el estudio sugiere seleccionar para cada categoría temática una aproximación distinta: en base a su nivel de madurez, se recomienda indicar un mayor o menor número de criterios obligatorios para su publicación, asegurándose así el evitar solapamientos entre los nuevos temas y con los datos de alto valor ya existentes. 

Puedes leer el estudio completo en este enlace.