Sector público

Los premios 2024 Best Cases Award del observatorio Public Sector Tech Watch ya tienen finalistas. Estos premios buscan destacar soluciones que utilizan tecnologías emergentes, como inteligencia artificial o blockchain, en las administraciones públicas, a través de dos categorías:

• Soluciones para mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos (Government-to-Citizen o G2C).
• Soluciones para mejorar los procesos internos de las propias administraciones (Government-to-Government o G2G).

Con estos premios se pretende generar un mecanismo para compartir las mejores experiencias sobre el uso de tecnologías emergentes en el sector público y así dar visibilidad a las administraciones más innovadoras de Europa.

Casi el 60% de las soluciones finalistas son españolas

En total, se han recibido 32 propuestas, 14 de las cuales han sido preseleccionadas en una evaluación previa. De ellas, más de la mitad son soluciones de organismos españoles. En concreto, se han preseleccionado nueve finalistas para la categoría G2G -cinco de ellas españolas- y cinco para G2C -tres de ellas ligadas a nuestro país-.

A continuación, se resumen en qué consisten estas soluciones españolas.

Soluciones para mejorar los procesos internos de las propias administraciones

• Innovación en el gobierno local: transformación digital y GeoAI para la gestión de datos (Diputación de Alicante).

Suma Gestión Tributaria, de la Diputación de Alicante, es el organismo encargado de gestionar y recaudar los tributos municipales de los ayuntamientos de su provincia. Para optimizar esta tarea, han desarrollado una solución que combina sistemas de información geográfica e inteligencia artificial (machine learning y deep learning) para mejorar la formación en detección de inmuebles que no tributan en los padrones. Esta solución recaba datos de múltiples administraciones y entidades con el objetivo de evitar retrasos en la recaudación de los ayuntamientos.

• Inspector autonómico de infraestructuras públicas: seguimiento de zonas de obras (Diputación Foral de Bizkaia e Interbiak).

El inspector autónomo de carreteras y el inspector autónomo urbano ayudan a las administraciones públicas a realizar un seguimiento automático de las carreteras. Estas soluciones, que se pueden instalar en cualquier vehículo, utilizan técnicas de visión artificial o por computadora junto a información procedente de sensores para comprobar de forma automática el estado de señales de tráfico, marcas viales, barreras de protección, etc. También realizan tareas de previsión temprana de la degradación del pavimento, monitorizan zonas de obras y generan alertas ante peligros, como posibles deslizamientos.

• Aplicación de drones para el transporte de muestras biológicas (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información -CTTI-, Generalitat de Catalunya).

Este proyecto piloto implementa y evalúa una ruta de transporte sanitario en la región sanitaria de Girona. Su objetivo es transportar muestras biológicas (sangre y orina) entre un centro de salud primaria y un hospital utilizando drones. Gracias a ello, el trayecto ha pasado de durar 20 minutos con el transporte terrestre a siete minutos con el uso de drones. Esto ha permitido mejorar la calidad de las muestras transportadas, aumentar la flexibilidad en la programación de los tiempos de transporte y reducir el impacto medioambiental.

• Automatización robótica de procesos en la administración de justicia (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha una solución para la robotización de procesos administrativos con el fin de agilizar trabajos rutinarios, repetitivos y de bajo riesgo. Hasta la fecha, se han puesto en marcha más de 25 líneas de automatización de procesos, entre las que se encuentran la cancelación automática de antecedentes penales, las solicitudes de nacionalidad, la emisión automática de certificaciones de seguros de vida, etc. Gracias a ello se estima que se han ahorrado más de 500 mil horas de trabajo.

• Inteligencia artificial en el tratamiento de las publicaciones oficiales (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y Servicio de Documentación y Publicaciones Oficiales, Diputación de Barcelona).

El CIDO (Buscador de Información y Documentación Oficial) ha implementado un sistema de IA que genera automáticamente resúmenes de publicaciones oficiales de las administraciones públicas de Barcelona. Utilizando técnicas de aprendizaje automático supervisado y redes neuronales, el sistema genera resúmenes de hasta 100 palabras para publicaciones en catalán o castellano. La herramienta permite el registro de modificaciones manuales para mejorar la precisión.

Soluciones para mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos

• Escritorio Virtual de Inmediación Digital: acercar la Justicia a los ciudadanos a través de la digitalización (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

El Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) permite realizar vistas a distancia con plenas garantías de seguridad jurídica utilizando tecnologías blockchain. La solución integra la convocatoria de la vista, la aportación de la documentación, la identificación de los participantes, la aceptación de consentimientos, la generación del documento justificativo de la actuación realizada, la firma de éste y la grabación de la sesión. De esta forma se pueden realizar actos jurídicos desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse y de forma sencilla, haciendo que la justicia sea más inclusiva, accesible y ecológica. A finales de junio de 2024, se habían celebrado más de 370.000 sesiones virtuales a través de la EVID.

• Aplicación de la IA Generativa para facilitar a los ciudadanos la comprensión de los textos legales (Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions -EADOP-, Generalitat de Catalunya).

A menudo, el lenguaje jurídico es una barrera que impide a la ciudadanía entender fácilmente los textos legales. Para eliminar este obstáculo, el Govern pone a disposición de los usuarios del Portal Jurídico de Cataluña y de la población en general los resúmenes de normas de derecho catalán en lenguaje sencillo obtenidos a partir de la inteligencia artificial generativa. El objetivo es que, a finales de año, estén disponibles los resúmenes de las más de 14.000 disposiciones normativas vigentes adaptadas a la comunicación clara. Los resúmenes estarán editados en catalán y en castellano, con la perspectiva de ofrecer también en el futuro su versión en aranés.

• Emi - Empleo Inteligente (Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia).

Emi, Empleo Inteligente es una herramienta de inteligencia artificial y big data que ayuda a las oficinas del Servicio Público de Empleo de Galicia a orientar a las personas desempleadas hacia las competencias que requiere el mercado laboral, en función de sus capacidades. Los modelos de IA realizan proyecciones a seis meses de los contratos de una ocupación concreta para una zona geográfica elegida. Además, permiten calcular la probabilidad de encontrar empleo de los individuos en los próximos meses.

Puedes ver todas las soluciones presentadas aquí. Los ganadores se anunciarán en el evento final que se celebrará el 28 de noviembre. La ceremonia se celebra en Bruselas, pero se podrá seguir también de manera online. Para ello es necesario registrarse aquí.

Public Sector Tech Watch: un observatorio para inspirar nuevos proyectos

Public Sector Tech Watch (PSTW), gestionado por la Comisión Europea, se posiciona como una “ventanilla única” para todos aquellos interesados -sector público, responsables políticos, empresas privadas, mundo académico, etc.- en los últimos avances tecnológicos para mejorar el funcionamiento del sector público y la prestación de servicios. Para ello cuenta con varias secciones donde se muestra la siguiente información de interés:

• Cases: contiene ejemplos de cómo utilizan tecnologías innovadores y sus datos asociados las organizaciones del sector público en Europa.
• Stories: presenta testimonios para mostrar los retos a los que se enfrentan las administraciones europeas en la aplicación de soluciones tecnológicas.

Si conoces algún caso de interés que actualmente no esté monitorizado por PSTW, puedes darlo de alta aquí. Los casos de éxito son revisados y evaluados antes de incluirse en la base de datos.

En este episodio vamos a profundizar en la importancia de tres de las categorías de conjuntos de datos de alto valor relacionadas entre sí. Se trata de los datos de observación de la Tierra y el medio ambiente, los datos geoespaciales y los datos de movilidad. Para hablarnos de ellas, hemos entrevistado a dos expertos en la materia:

• Paloma Abad Power, Subdirectora adjunta del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
• Rafael Martínez Cebolla, geógrafo del Gobierno de Aragón.

Con ellos hemos explorado cómo estos conjuntos de datos de alto valor están transformando nuestro entorno, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la innovación tecnológica.

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Resumen de la entrevista

1. ¿Qué son los datos de alto valor y por qué son importantes?

Paloma Abad Power: Según la normativa, estos conjuntos de datos de alto valor son los que garantizan un mayor potencial socioeconómico y para ello deben ser fáciles de encontrar, es decir, deben ser accesibles, interoperables y utilizables. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que los conjuntos de datos deben tener sus descripciones, es decir, los metadatos en línea, que informen de las estadísticas y de sus propiedades, y que se puedan descargar o utilizar de forma fácil.

En muchos casos, estos datos suelen ser datos de referencia, es decir, datos que sirven para generar otro tipo de datos, como los datos temáticos, o pueden generar valor añadido.

Rafael Martínez Cebolla: Se podrían definir como aquellos conjuntos de datos que representan fenómenos que sirven para la toma de una decisión, para cualquier política pública o para cualquier acción que pueda emprender una persona física o jurídica.

En ese sentido, hay ya unas directivas, que ya no son tan recientes, como la Directiva del Marco del Agua o la Directiva INSPIRE, que motivaban esa necesidad de disponer datos compartidos bajo unos estándares que posibiliten el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

2. Estos datos de alto valor vienen marcados por una Directiva europea y un Reglamento de ejecución en el que se dictaban seis categorías de conjuntos de datos de alto valor. En esta ocasión nos vamos a centrar en tres de ellas: los datos de observación de la Tierra y el medio ambiente, los datos geoespaciales y los datos de movilidad. ¿Qué tienen en común estas tres categorías de datos y qué conjuntos de datos concretos abarcan?

Paloma Abad Power: En mi opinión estos datos tienen en común la componente geográfica, es decir, son datos ubicados sobre la Tierra y, por tanto, sirven para solucionar problemas de diferente naturaleza y vinculados a la sociedad.

Así, por ejemplo, tenemos, con una cobertura nacional, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), que son las imágenes aéreas, el Sistema de Información de Ocupación del Suelo (SIOSE), las parcelas catastrales, las líneas límite, los nombres geográficos, las carreteras, las direcciones postales, los lugares protegidos - que pueden ser tanto de tipo ambiental, como también los castillos, es decir, patrimonio histórico-, etc. Y estas categorías abarcan casi todos los temas definidos por los anexos de la directiva INSPIRE.

Rafael Martínez Cebolla: Hay que saber distinguir qué es información geográfica pura, con una referencia geográfica directa, frente a otro tipo de fenómenos que tienen referencias geográficas de tipo indirecto. En este mundo actual, el 90% de la información puede ser ubicada, ya sea de manera directa o indirecta. Hoy más que nunca, el tag geográfico es obligatorio para cualquier corporación que quiera implantar una determinada actividad, ya sea social, cultural, ambiental o económica: la implantación de energías renovables, dónde voy a ir a comer hoy, etc. Estos conjuntos de datos de alto valor potencian esas referencias geográficas, sobre todo de tipo indirecto, que nos sirven para tomar una decisión.

3. ¿Cuáles son los organismos que publican estos conjuntos de datos de alto valor? En otras palabras, ¿dónde podría un usuario localizar conjuntos de datos de estas categorías?

Paloma Abad Power: Es necesario destacar el papel del Sistema Cartográfico Nacional, que es un modelo de actuación donde participan las organizaciones de la AGE (Administración General del Estado) y las comunidades autónomas. Está coordinando la coproducción de muchos productos únicos, financiados por estas organizaciones.

Estos productos se publican a través de servicios web interoperables. Los publica, en este caso, el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), quien también se encarga de muchos de los metadatos de estos productos.

Se podrían localizar a través de los catálogos de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) o el Catálogo Oficial de Datos y Servicios INSPIRE, que también, a su vez, está en datos.gob.es y en el European Data Portal.

¿Y quién puede publicar? Todos los organismos que tengan un mandato legal sobre un producto y ese producto esté clasificado dentro del Reglamento. Ejemplos: todos los organismos cartográficos de las Comunidades Autónomas, la Dirección General de Catastro, Patrimonio Histórico, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Geológico y Minero (IGME), el Instituto Hidrográfico de la Marina, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, etc. Son multitud de organismos y muchos de ellos, como he comentado, participan en el Sistema Cartográfico Nacional. Dan los datos y se genera un único servicio para el ciudadano.

Rafael Martínez Cebolla: El Sistema Cartográfico Nacional define muy bien el grado de competencias que asumen las administraciones. Es decir, la administración pública a todas las escalas es la que provee de datos oficiales, ayudada por la empresa privada, algunas veces, a través de la contratación pública.

La Administración General del Estado llega hasta unas escalas 1:25.000 en el caso del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y luego el reparto competencial del resto de escalas es para las administraciones autonómicas o locales. Además, hay una serie de actores, como las confederaciones hidrográficas, los departamentos estatales o el Catastro, que tienen bajo sus competencias la obligación legal de generar estos conjuntos de datos.

Para mí es un ejemplo de cómo se ha de repartir, aunque es cierto que luego hay que engranar muy bien, a través de organismos colegiados, para que la producción cartografía esté bien incardinada.

Paloma Abad Power: También se hacen proyectos colaborativos, como, por ejemplo, un mapa ciudadano, técnicamente conocido como mapa X, Y, Z, que consiste en capturar la cartografía de todas las organizaciones a nivel nacional y local. Es decir, desde escalas pequeñas 1:1.000.000 o 1:50.000.000, hasta escalas muy grandes, como 1:1000, para proporcionar al ciudadano un único mapa multiescala y que se pueda servir a través de servicios web interoperables y normalizados.

4. ¿Tenéis algún otro ejemplo de aplicación directa de este tipo de datos?

Rafael Martínez Cebolla:  Un ejemplo claro lo vimos con la pandemia, con los datos de movilidad que publicó el Instituto Nacional de Estadística. Fueron unos datos muy útiles para la administración, para la toma de decisiones, y con los que tenemos que aprender mucho más para la gestión de futuras pandemias y crisis, también de tipo económico. Nos tienen que servir para aprender y desarrollar nuestros sistemas de alerta temprana.

Yo creo que ahí está la línea de trabajo: datos que sean útiles para la ciudadanía en general. Por eso digo que la movilidad ha sido un ejemplo claro, porque era el propio ciudadano quien estaba informando a la administración sobre cómo se estaba moviendo.

Paloma Abad Power: Yo voy a aportar algún dato. Por ejemplo, según las estadísticas de los servicios del Sistema Cartográfico Nacional, el dato más demandado son las imágenes aéreas y los modelos digitales del terreno. En 2022 eran 8 millones de peticiones y en 2023 pasaron a 19 millones de peticiones, solamente en el caso de las ortoimágenes.

Rafael Martínez Cebolla: Me gustaría añadir que ese aumento también es porque se están haciendo bien las cosas. Por un lado, se mejoran los sistemas de descubrimiento. Mi sensación general es que proyectos de ejemplos exitosos hay muchos, tanto de la propia administración como de empresas que necesitan esa información base para generar sus productos.

Había una aplicación que se generó muy rápidamente con la desescalada - ibas a una página web y te decía hasta donde llegaba a tu término municipal-, porque la gente quería salir y andar. Este ejemplo surge de datos espaciales que se han salido de la administración pública. Yo creo que ahí radica la importancia de ejemplos exitosos, que salen de personas que ven una necesidad imperiosa.

5. ¿Y cómo se incentiva esa reutilización?

Rafael Martínez Cebolla: Yo tengo un sinfín de ejemplos. La incentivación pasa también por la promoción y el marketing, cosa que algunas veces nos ha fallado desde la administración pública. Tú te ciñes a unas competencias y parece que con que lo pongas en un sitio web ya vale. Y no es solo eso.

Nosotros estamos incentivando la reutilización de dos maneras. Por un lado, interna, en la propia administración, enseñándoles que la información geográfica sirve para la planificación y evaluación de las políticas públicas. Y os pongo el ejemplo de Atlas de Salud Pública del Gobierno Aragón, que fue premiado en el año antes de la pandemia por una sociedad ibérica de epidemiología. Para ellos fue útil para saber cómo era la salud del aragonés y qué medidas de prevención tenían que tomar.

En cuanto a los incentivos externos, en el caso del Instituto Geográfico de Aragón, se vio que el perfil que entraba al geoportal era muy técnico. Los formatos que se utilizaban eran también muy técnicos, con lo cual no se llegaba a la ciudadanía en general. Para solucionarlo se promocionaron portales como la IDE didáctica, un portal para enseñar geografía, que llega a cualquier ciudadano que quiera aprender sobre el territorio aragonés.

Paloma Abad Power: Me gustaría resaltar el beneficio económico que esto supone, como se mostró, por ejemplo, en el estudio económico que realizó el Centro Nacional de Información Gráfica con la Universidad de Leuven para medir el beneficio económico de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. Se midió el beneficio que suponía que las empresas privadas utilizasen los servicios gratuitos y libres, en vez de utilizar, por ejemplo, Google Maps u otras fuentes que no son abiertas.

Rafael Martínez Cebolla: Para lo bueno y para lo malo, porque la calidad del dato oficial algunas veces nos gustaría que fuera mejor. Tanto Paloma, en la Administración General del Estado, como yo, en la administración autonómica, algunas veces sabemos que hay datos oficiales donde hay que invertir más dinero para que la calidad del dato sea mejor y pueda ser reutilizable.

Pero sí que es cierto que esos estudios son clave para saber en qué dimensión se mueven los conjuntos de datos de alto valor. Es decir, el tener estudios que informen del beneficio real que supone tener una infraestructura de datos espaciales a nivel estado o a nivel autonómico para mí es clave para dos cosas: para que el ciudadano entienda su importancia y, sobre todo, para que el político que llega cada N años entienda la evolución que han tenido estas plataformas y la revolución relativa a la información geoespacial que hemos vivido en los últimos 20 años.

6. También el Instituto Geográfico de Aragón ha realizado un informe sobre las ventajas de la reutilización de este tipo de datos, ¿verdad?

Rafael Martínez Cebolla: Sí, se publicó a comienzos de este año. Llevamos haciendo este informe desde hace tres o cuatro años de forma interna, porque sabíamos que íbamos a dar el salto hacia una infraestructura de conocimiento espacial y queríamos ver el impacto de implantar un grafo de conocimiento dentro de la infraestructura de datos. El Instituto Geográfico de Aragón ha hecho un esfuerzo en estos últimos años para analizar el beneficio económico que reporta el disponer de esta infraestructura para el ciudadano en sí, no para la propia administración. Es decir, cuánto dinero se ahorra el ciudadano aragonés en sus impuestos por tener esta infraestructura. Hoy sabemos que disponer de una plataforma de información geográfica ahorra aproximadamente 2 millones de euros al año a la ciudadanía aragonesa.

A mí me gustaría ver el informe del próximo enero o febrero, porque creo que el salto va a ser importante. El grafo de conocimiento se implantó en abril del año pasado y ese gap se va a notar en el año que estamos viviendo. Hemos notado un aumento considerable de peticiones, tanto a nivel de visualización como de descarga.

Básicamente de un año al otro, hemos casi duplicado tanto el número de accesos como de descargas. Esto afecta a la componente tecnológica: la tienes que volver a rediseñar. Te está descubriendo más gente, está accediendo más gente a tus datos y, por tanto, tienes que, dedicarle más inversión a la componente tecnológica, porque está siendo el cuello de botella.

7. ¿Cuáles creeis que son los retos que se afrontarán en los próximos años?

Paloma Abad Power: En mi opinión, el primer reto es conocer al usuario para darle un mejor servicio. El usuario técnico, los universitarios, los usuarios de la calle, etc. Estamos pensando en hacer una encuesta cuando el usuario vaya a utilizar nuestra información geográfica. Pero claro, ese tipo de encuestas a veces frena el uso de la información geográfica. Ese es el gran reto: conocer al usuario para hacer servicios más amigables, aplicaciones, etc. Saber llegar a lo que quiere y dárselo mejor.

También hay otro reto a nivel técnico. Cuando empezaron las infraestructuras espaciales el nivel técnico era muy elevado, tenías que saber lo que era un servicio de visualización, los metadatos, conocer los parámetros, etc. Esto hay que eliminarlo, que el usuario simplemente diga yo quiero, por ejemplo, consultar y visualizar la longitud del río Ebro, de forma más amigable. O por ejemplo la palabra LiDAR, que era el modelo digital italiano con una alta precisión. Todos estos vocablos hay que hacérselos mucho más amigables al usuario.

Rafael Martínez Cebolla: Sobre todo, que sean descubiertos. Mi percepción es que hay que seguir potenciando el descubrimiento de los datos espaciales sin necesidad de explicarle al usuario no avezado, o incluso a unos técnicos, que tenemos que tener un dato, un metadato, un servicio…. No, no. Básicamente es que desde los buscadores generalistas se pueda encontrar los conjuntos de datos de alto valor sin necesidad de saber que existe una cosa que se llama infraestructura de datos espaciales.

Se trata de publicar los datos bajo unos estándares amigables, bajo unas versiones accesibles y, sobre todo, publicarlos en direcciones URIs permanentes, que no vayan a cambiar. Es decir, que el dato vaya mejorando en calidad, pero no vaya a cambiar nunca.

Y sobre todo, desde el punto de vista técnico, tanto las infraestructuras de datos espaciales y los geoportales como las infraestructuras de conocimiento tenemos que conseguir que los nodos de información de alto valor se relacionan entre sí desde el punto semántico y geográfico. Entiendo que los grafos de conocimiento van a ayudar en este sentido. Es decir, la movilidad tiene que tener relación con la observación del territorio, con los datos de salud pública o con los datos estadísticos, que también tienen componente geográfico. Esa relación semántica geográfica para mí es clave.

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Clips de la entrevista

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una ayuda destinada al desarrollo de los Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT). Este proyecto contempla la creación de un espacio de datos multisectorial que reunirá toda la información recopilada por las entidades locales. El proyecto se llevará a cabo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y contará con una subvención de 13 millones de euros, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado miércoles 16 de octubre.

Un punto único de acceso a datos de infraestructuras urbanas inteligentes

Gracias a esta actuación se podrá financiar, desarrollar y gestionar un espacio de datos multisectorial que agrupará toda la información recogida por los distintos municipios españoles de forma agregada y centralizada. Cabe recordar que los espacios de datos permiten la compartición voluntaria de información en un entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos.

EDINT actuará como punto único neutro de acceso a la información de las ciudades inteligentes, facilitando que empresas, investigadores y administraciones puedan acceder a la información sin necesidad de visitar la infraestructura de datos de cada municipio, aumentando así la agilidad y reduciendo los costes. Además, permitirá la conexión con otros espacios de datos sectoriales.

La puesta en común de estos datos ayudará a acelerar los procesos de innovación tecnológica en productos y servicios para ciudades inteligentes. Las empresas y organismos también podrán utilizar los datos para la mejorar los procesos y la eficiencia de sus actividades.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ejecutará el proyecto

El proyecto EDINT se articulará a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. La FEMP alcanza a más del 95 % de la población española, lo que le otorga un conocimiento profundo y cercano de las necesidades y retos de la gestión de los datos en los municipios y provincias españolas.

Entre las actuaciones que deberán llevar a cabo, están:

• Desarrollo e implementación de la infraestructura y plataforma de datos, que almacenará los datos de los sistemas de Smart City existentes.
• Incorporación de entidades locales y empresas interesadas en acceder al espacio de datos.
• Desarrollo de tres casos de uso sobre el espacio de datos, centrados en las siguientes áreas: “movilidad inteligente”, “urbes y territorios gestionados” y “mapa de la actividad económica y social de ciudades y territorios”.
• Definición de los esquemas de gobernanza que regularán el funcionamiento del proyecto, garantizando la interoperabilidad de los datos, así como la gestión de la compleja red de actores interesados (empresas, instituciones académicas y organizaciones gubernamentales).
• Puesta en marcha de Centros de Excelencia y Oficinas del Dato, con espacios físicos de trabajo. Estos centros se encargarán de la recopilación de las lecciones aprendidas y el desarrollo de nuevos casos de uso.

Se trata de un proyecto continuo y sostenible a largo plazo que estará abierto a la participación de nuevos actores, ya sean proveedores o consumidores de datos, en cualquier momento.

Un proyecto alineado con Europa

Esta ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. La creación de espacios de datos está contemplada en la Estrategia Europea de Datos, como mecanismo para establecer un mercado común de datos que asegure el liderazgo de la Unión Europea en la economía global de datos. En concreto, se busca alcanzar el libre flujo de información para beneficiar a empresas, investigadores y administraciones públicas.

Además, los espacios de datos son un área clave de la Agenda España Digital 2026, que está impulsando, entre otras cuestiones, la aceleración de los procesos de digitalización del tejido productivo. Para ello se están desarrollando proyectos tractores de digitalización sectorial y centrados en el uso intensivo de datos, especialmente en sectores económicos estratégicos para el país, como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, la industria, el comercio y la energía.

La puesta en marcha del proyecto EDINT se une a otras iniciativas lanzadas previamente como las ayudas para la financiación y desarrollo de casos de uso y demostradores de espacio de datos, que fomentan el impulso de ecosistemas sectoriales público-privados de innovación.

Compartir  datos en condiciones de soberanía, control y seguridad, no solo permite a los gobiernos locales mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, sino que también impulsa la creación de soluciones creativas a diversos desafíos urbanos, como puede ser la optimización del tráfico o la mejora de los servicios públicos. En este sentido, actuaciones como el Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes suponen un paso adelante en la consecución de ciudades más inteligentes, sostenibles y eficientes para toda la ciudadanía.

Un gemelo digital es una representación virtual e interactiva de un objeto, sistema o proceso del mundo real. Hablamos, por ejemplo, de una réplica digital de una fábrica, una ciudad o incluso un cuerpo humano. Estos modelos virtuales permiten simular, analizar y predecir el comportamiento del elemento original, lo que es clave para la optimización y el mantenimiento en tiempo real.

Debido a sus funcionalidades, los gemelos digitales se están utilizando en diversos sectores como la salud, el transporte o la agricultura. En este artículo, repasamos las ventajas que aporta su uso y mostramos dos ejemplos relacionados con los datos abiertos.

Ventajas de los gemelos digitales

Los gemelos digitales utilizan fuentes de datos reales del entorno, obtenidos a través de sensores y plataformas abiertas, entre otros. Gracias a ello, los gemelos digitales se actualizan en tiempo real para reflejar la realidad, lo que aporta una serie de ventajas:

• Aumento del rendimiento: una de las principales diferencias con las simulaciones tradicionales es que los gemelos digitales utilizan datos en tiempo real para su modelización, lo que permite tomar decisiones más acertadas para optimizar el rendimiento de equipos y sistemas según las necesidades de cada momento.
• Mejora de la planificación: utilizando tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, el gemelo digital puede analizar problemas de rendimiento o realizar simulaciones virtuales de «qué pasaría si». De esta forma, se pueden predecir fallos y problemas antes de que ocurran, lo que permite un mantenimiento proactivo.
• Reducción de costes: la mejora en la gestión de datos gracias a un gemelo digital genera beneficios equivalentes al 25% del gasto total en infraestructuras. Además, al evitar fallos costosos y optimizar procesos, se pueden reducir significativamente los costes operativos. También permiten monitorear y controlar sistemas en remoto, desde cualquier lugar, mejorando la eficiencia al centralizar las operaciones.
• Personalización y flexibilidad: al crear modelos virtuales detallados de productos o procesos, las organizaciones pueden adaptar rápidamente sus operaciones para satisfacer las demandas cambiantes del entorno y las preferencias individuales de los clientes / ciudadanos. Por ejemplo, en la fabricación, los gemelos digitales permiten la producción personalizada en masa, ajustando las líneas de producción en tiempo real para crear productos únicos según las especificaciones del cliente. Por otro lado, en el ámbito de la salud, los gemelos digitales pueden modelar el cuerpo humano para personalizar tratamientos médicos, mejorando así la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.
• Impulso de la experimentación e innovación: los gemelos digitales proporcionan un entorno seguro y controlado para probar nuevas ideas y soluciones, sin los riesgos y costes asociados a los experimentos físicos. Entre otras cuestiones, permiten experimentar con grandes objetos o proyectos que, por su tamaño, no suelen prestarse a la experimentación en la vida real.
• Mejora de la sostenibilidad: al permitir la simulación y el análisis detallado de procesos y sistemas, las organizaciones pueden identificar áreas de ineficiencia y desperdicio, optimizando así el uso de recursos. Por ejemplo, los gemelos digitales pueden modelar el consumo y la producción de energía en tiempo real, permitiendo ajustes precisos que reducen el consumo y las emisiones de carbono.

Ejemplos de gemelos digitales en España

A continuación, se muestran tres ejemplos que ponen de manifiesto estas ventajas.

Proyecto GeDIA: inteligencia artificial para predecir los cambios en los territorios

GeDIA es una herramienta para la planificación estratégica de ciudades inteligentes, que permite realiza simulaciones de escenarios. Para ellos utiliza modelos de inteligencia artificial basados en fuentes de datos y herramientas ya existentes en el territorio.

El alcance de la herramienta es muy amplio, pero sus creadores destacan dos casos de uso:

1. Necesidades de infraestructuras futuras: la plataforma realiza análisis detallados considerando las tendencias, gracias a los modelos de inteligencia artificial. De esta forma, se pueden realizar proyecciones de crecimiento y planificar las necesidades de infraestructuras y servicios, como energía y agua, en áreas específicas de un territorio, garantizando su disponibilidad.
2. Crecimiento y turismo: GeDIA también se utiliza para estudiar y analizar el crecimiento urbano y turístico en zonas concretas. La herramienta identifica patrones de gentrificación y evalúa su impacto en la población local, utilizando datos censales. De esta forma se pueden comprender mejor los cambios demográficos y su impacto, como las necesidades de vivienda, y tomar decisiones que faciliten el crecimiento equitativo y sostenible.

Esta iniciativa cuenta con la participación de diversas empresas y la Universidad de Málaga (UMA), así como el respaldo económico de Red.es y la Unión Europea.

Gemelo digital del Mar menor: datos para cuidar el medio ambiente

El Mar Menor, la laguna salada de la Región de Murcia, ha sufrido graves problemas ecológicos en los últimos años, influenciados por la presión agrícola, el turismo y la urbanización.

Para conocer mejor las causas y valorar posibles soluciones, TRAGSATEC, una entidad de protección ambiental de propiedad estatal, desarrolló un gemelo digital. Para ello mapeó un área circundante de más de 1.600 kilómetros cuadrados, conocida como la Región del Campo de Cartagena. En total se obtuvieron 51.000 imágenes nadirales, 200.000 imágenes oblicuas y más de cuatro terabytes de datos LiDAR.

Gracias a este gemelo digital, TRAGSATEC ha podido simular diversos escenarios de inundaciones y el impacto que tendría instalar elementos de contención u obstáculos, como un muro, que redirigieran el flujo del agua. También han podido estudiar la distancia entre el terreno y el agua subterránea, para determinar el impacto de la filtración de fertilizantes, entre otras cuestiones.

Retos y camino hacia el futuro

Estos son solo dos ejemplos, pero ponen de manifiesto el potencial de una tecnología cada vez más popular. No obstante, para que su implementación sea aun mayor es necesario hacer frente a algunos retos, como los costes iniciales, tanto en tecnología como en capacitación, o la seguridad, al aumentar la superficie de ataque. Otro de los retos a destacar son los problemas de interoperabilidad que surgen cuando las distintas administraciones públicas establecen gemelos digitales y espacios de datos locales. Para profundizar en esta problemática, la Comisión Europea ha publicado una guía que ayuda a identificar los principales retos organizativos y culturales de interoperabilidad, ofreciendo buenas prácticas para solventarlos.

En resumen, los gemelos digitales ofrecen numerosas ventajas, como la mejora del rendimiento o la reducción de costes. Estos beneficios están impulsando su adopción en diversas industrias y es probable que, a medida que se superen los retos actuales, los gemelos digitales se conviertan en una herramienta esencial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa en un mundo cada vez más digitalizado.

La decidida apuesta por los espacios comunes de datos a nivel europeo es uno de los ejes principales de la Estrategia Europea de Datos aprobada en 2020. En dicho documento ya se anunciaba este planteamiento como base para, por una parte, dar soporte al impulso de las políticas públicas y, por otra, facilitar el desarrollo de productos y servicios innovadores a partir de la inteligencia de datos y el aprendizaje automático.

Ahora bien, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos sectoriales precisaba, como presupuesto ineludible, un marco normativo adecuado de carácter transversal que permitiera establecer las condiciones de viabilidad y seguridad desde la perspectiva jurídica. A este respecto, una vez consolidada la reforma de la regulación sobre reutilización de la información del sector público con novedades de gran calado como los datos de alto valor, en 2022 se aprobó la regulación sobre gobernanza de datos y posteriormente, ya en 2023, la denominada Ley de Datos. Con estas iniciativas ya aprobadas y la reciente publicación oficial del Reglamento sobre Inteligencia Artificial, el impulso de los espacios de datos adquiere una especial trascendencia, en particular en el ámbito del sector público, con el fin de garantizar la disponibilidad de datos suficientes y de calidad.

Los espacios de datos: diversidad en su configuración y regulación

En la Estrategia Europea de Datos ya se contemplaba la creación de espacios comunes europeos de datos en una serie de sectores y ámbitos de interés público, si bien al mismo tiempo no se descartaba que se pusieran en marcha otros nuevos. De hecho, en los últimos años se han anunciado nuevos espacios, con lo que el número actual se ha ampliado notablemente como veremos más adelante.

La razón principal de los espacios de datos consiste en facilitar la puesta en común y el intercambio de datos fiables y seguros en sectores económicos estratégicos y ámbitos de interés público. Así pues, no se trata simplemente de promover grandes conjuntos de datos sino, sobre todo, de apostar por iniciativas que ofrezcan la accesibilidad de los datos según modelos de gobernanza idóneos que, en última instancia, permitan la interoperabilidad de aquellos en el conjunto de la Unión Europea a partir de infraestructuras tecnológicas adecuadas.

Aunque se puedan ofrecer caracterizaciones generales de los espacios de datos a partir de una serie de notas comunes, lo cierto es que existe una gran diversidad desde la perspectiva jurídica en cuanto a los fines que persiguen, las condiciones en las que se comparten los datos y, en particular, los sujetos que participan.

Esta heterogeneidad también se encuentra presente en los espacios relacionados con el sector público, es decir, aquellos en los que existe un protagonismo destacado de los datos generados por Administraciones y otras entidades públicas en el ejercicio de sus funciones a los que, por tanto, resulta de plena aplicación la regulación sobre reutilización y datos abiertos aprobada en 2019.

¿Cuáles son los espacios europeos de datos relativos al sector público?

A principios de 2024 se hizo pública la segunda versión de un documento de trabajo de la Comisión Europea con el doble objetivo de ofrecer una visión actualizada del marco normativo europeo para los espacios de datos y, asimismo, identificar las iniciativas europeas sobre espacios de datos para evaluar su grado de madurez y los principales desafíos de futuro que plantea cada una de ellas.

En concreto, por lo que se refiere a las Administraciones públicas se contemplan cuatro espacios de datos: el espacio de datos jurídicos, el relativo a la contratación pública, el vinculado al sistema técnico “una sola vez” en el contexto de la Administración electrónica y, finalmente, el espacio de datos de seguridad para la innovación. Se trata de iniciativas muy diversas que, además, presentan un grado de madurez desigual, de manera que algunas cuentan con un nivel de desarrollo ciertamente avanzado y un sólido soporte institucional, mientras que otros casos simplemente están esbozados inicialmente y tienen por delante un esfuerzo considerable para su diseño e implementación.

Analicemos más en profundidad cada uno de estos espacios a los que se refiere el citado documento de trabajo.

1. Espacio de datos jurídicos

Se trata de un espacio de datos vinculado con la legislación y la jurisprudencia generadas tanto por la Unión Europea como por los Estados miembros. Con esta iniciativa se pretende apoyar al colectivo de las profesiones jurídicas, a las Administraciones públicas y, en general, facilitar a la sociedad el acceso con el fin de reforzar los mecanismos del Estado de Derecho. Este espacio se ha fundamentado hasta ahora en dos iniciativas concretas:

• Una relativa a la información sobre la normativa publicada oficialmente, que se ha articulado a través del Identificador Europeo de Legislación-ELI (European Legislation Identifier). Se trata de un estándar europeo que facilita la identificación de las normas de manera estable y fácilmente reutilizable ya que describe la legislación con un conjunto de metadatos procesables automáticamente, de acuerdo con una ontología recomendada.
• La segunda, por su parte, se refiere a las decisiones adoptadas por los órganos judiciales, cuya accesibilidad se ha facilitado mediante un sistema europeo de identificador único denominado ECLI (European Case Law Identifier) que se asigna a las decisiones de los órganos judiciales tanto europeos como estatales.

Estas dos relevantes iniciativas, que facilitan el acceso y el tratamiento automatizado de la información jurídica, han exigido pasar de un modelo de gestión basada en documentos (boletín oficial, resoluciones judiciales) a un modelo basado en datos. Y ha sido precisamente este cambio de paradigma el que permite ofrecer servicios avanzados de información que van más allá de los límites jurídicos y lingüísticos que plantean la diversidad regulatoria e idiomática existente a lo largo de la Unión Europea.

En todo caso, aun reconociendo el importante avance que suponen, todavía restan importantes retos a los que hacer frente, como podría ser el caso de facilitar el acceso por preceptos concretos y no por documentos normativos o, entre otros, la disponibilidad de los documentos judiciales a partir de las normas que aplican y, asimismo, la vinculación de las normas con su interpretación judicial por los diversos órganos judiciales de todos los Estados. En el caso de estos dos últimos supuestos el desafío es incluso mayor, ya que exigirían el enlace automatizado de ambos identificadores.

2. Espacio de datos de contratación pública

Se trata, sin duda, de uno de los espacios con un mayor impacto potencial por cuanto en el conjunto de la Unión Europea se calcula que las entidades públicas invierten unos dos billones de euros (casi el 14% del PIB) en la compra de servicios, obras y suministros. Así pues, con este espacio se pretende no sólo facilitar el acceso al mercado de la contratación pública en toda la Unión Europea sino también reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público asociado a dicha actividad, lo que resulta esencial en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la eficiencia.

La relevancia práctica de este espacio viene reforzada por el hecho de que disponga de un documento oficial específico que respalda decididamente el proyecto y donde se establece una precisa hoja de ruta con el objetivo de asegurar su despliegue en unos plazos razonables. Además, a pesar de las limitaciones en su ámbito de aplicación (no se contempla ampliar la obligación de publicación a los contratos que se encuentran por debajo de los umbrales establecidos a nivel europeo, ni tampoco los anuncios relativos a la finalización de los contratos), se encuentra en un estado muy avanzado, en particular por lo que se refiere a la disponibilidad de una ontología específica que facilita la accesibilidad de la información y su reutilización al reforzar las condiciones de interoperabilidad.

En definitiva, con este espacio se está facilitando el tratamiento automatizado de los datos relativos a la contratación pública partiendo de la interconexión de los conjuntos de datos existentes, lo que facilita una visión más completa de la contratación pública en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que se ha calculado que existen más de 250.000 poderes adjudicadores de contratos públicos.

3. Sistema Técnico Único (Administración electrónica)

Con este nuevo espacio se pretende dar soporte a la necesidad que existe en los procedimientos administrativos de recopilar información emitida por Administraciones de otros Estados, sin que se le requiera directamente a los interesados. Se trata, por tanto, de recopilar de forma automática y segura las pruebas requeridas en un ámbito formalizado a partir de la interconexión directa entre las diversas entidades públicas que, de esta manera, actuarán como fuentes auténticas de la información requerida.

Esta iniciativa está vinculada con el objetivo de abordar la simplificación administrativa y, en concreto, con la aplicación de:

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1463 de la Comisión, de 5 de agosto de 2022, por el que se establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema técnico para el intercambio automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación del principio de «solo una vez».
• Reglamento (UE) del Parlamento  Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por el que se establecen medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la Unión (Reglamento sobre la Europa Interoperable), con el que se pretende establecer una sólida estructura de gobernanza de la interoperabilidad en el sector público.

4. Espacio de datos de seguridad para la innovación

En este caso el objetivo consiste en mejorar el acceso de las autoridades policiales a los datos necesarios para entrenar y validar algoritmos con el objetivo de reforzar el uso de la inteligencia artificial y, de este modo, reforzar el cumplimiento normativo con pleno respeto de las normas éticas y jurídicas.

Aunque se parte de una ineludible necesidad de facilitar el intercambio de datos entre las autoridades policiales de los Estados miembros, sin embargo, el documento de trabajo enfatiza que no se trata de una prioridad en las estrategias sobre Inteligencia Artificial en este ámbito, destacándose asimismo que el uso avanzado de datos en este área desde la perspectiva de la innovación es relativamente bajo en la actualidad.

A este respecto es oportuno destacar la iniciativa para el desarrollo del sandbox de Europol, proyecto que fue auspiciado por la decisión del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) al apostar por la creación de un espacio aislado que permita a los Estados desarrollar, entrenar y validar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ahora que ya se encuentra en gran medida consolidado el proceso de digitalización de las entidades públicas, el principal reto para los espacios de datos en este ámbito consiste en ofrecer condiciones técnicas, jurídicas y organizativas adecuadas para facilitar la disponibilidad de los datos y su interoperabilidad. En este sentido, convendría tener en cuenta estos espacios de datos a la hora de ampliar el listado de datos de alto valor, en la línea ya adelantada por el estudio publicado por la Comisión Europea en 2023, donde se enfatiza que los conjuntos de datos con mayor potencial son los relativos a Gobierno y administración pública, los vinculados a Justicia y asuntos jurídicos, así como los datos financieros.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Los organismos públicos locales, como diputaciones y ayuntamientos, juegan un papel crucial a la hora de abrir sus datos al público. Poner datos a disposición de la ciudadanía no solo fomenta la confianza en las instituciones, sino que también impulsa la innovación, facilita la participación ciudadana y promueve la toma de decisiones informadas. A través de la apertura de datos, estas entidades pueden contribuir a una gestión más eficiente, colaborativa y responsable, que responda mejor a las necesidades de la sociedad.

Para conocer las actividades que llevan a cabo, así como los conjuntos de datos más populares, el pasado mes de mayo se realizó una encuesta en la que participaron más de 65 representantes de entidades locales. A continuación, se resumen algunas de las conclusiones extraídas.

Estrategias para impulsar la apertura de datos

Algunos ayuntamientos han diseñado estrategias específicas de datos abiertos adaptadas a sus necesidades. Es el caso de los ayuntamientos de Barakaldo, Pinto, Sant Feliu de Llobregat o Valencia, entre otras.  

Otros ayuntamientos incluyen el impulso de los datos abiertos dentro de planes estratégicos más amplios, como Granada y su Plan Estratégico de Innovación y SmartCity. En su línea estratégica número ocho, el Ayuntamiento de Granada incluye actuaciones relacionadas con la gobernanza del dato y su plataforma de datos, incidiendo en la aplicación de los principios Open Data en el Ayuntamiento y la puesta a disposición pública de las bases de datos municipales.

Además, algunos ayuntamientos están yendo un paso más allá, como el Ayuntamiento de Alcobendas, que está actualizando su estrategia de datos abiertos con una estrategia de Gobierno del Dato, centrada en tres ejes (personas, procesos y tecnología), con la que buscan impulsar la cultura del dato. Vitoria Gasteiz, por su parte, está trabajando en la constitución de una oficina del dato y de la infraestructura necesaria para darle soporte, que les permitirá diseñar una estrategia de datos más general.

Este es un camino donde las Diputaciones tiene mucho que decir, ayudando a los ayuntamientos a avanzar en la puesta a disposición de la ciudadanía de datos de interés. Un ejemplo es la Diputación de Córdoba, que ha puesto en marcha un Plan de Reutilización de la Información del Sector Público para promover la apertura de datos de forma homogénea a través de su plataforma inteligente provincial y la carga automatizada. Las diputaciones también impulsan la apertura de datos a través de la formación, dando cursos a empleados públicos de la provincia. Así lo han hecho la Diputación de Salamanca o Cáceres.

Prioridades y retos

La publicación de datos abiertos no es suficiente si estos no se actualizan de manera continua y oportuna.  Por ello, todos los encuestados coinciden en que la actualización de sus conjuntos de datos  es una de las tareas que más tiempo y recursos consumen. Mantener los datos abiertos actualizados permite a ciudadanos, empresas y otros actores acceder a información relevante y oportuna, lo que facilita la planificación, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones en un entorno cambiante.

Para ello, muchos encuestados confirman que realizan auditorías periódicas, así como inventarios de las bases de datos – como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet-. Estos inventarios también se están llevando a cabo con el fin de identificar datos de alto valor. Es el caso del Ayuntamiento de Valencia, que está realizando una catalogación de los datos actuales y clasificándolos en base a si pertenecen o no a las denominadas categorías de alto valor.

Para garantizar que los datos ofrecidos están actualizados, también son muchos los organismos que impulsan procesos de automatización, como la Diputación de Salamanca. Al implementar sistemas automatizados, los organismos públicos pueden garantizar que los datos se actualicen de manera continua, reduciendo errores humanos y optimizando recursos. Además, se asegura que la información es la misma en todos los portales de la organización.

Además de la actualización continua y las auditorías de mejora, la apuesta por los datos geoespaciales permite a las entidades locales entender mejor  el entorno y  tomar de decisiones informadas. Publicar este tipo de datos permite visualizar  la distribución de servicios, infraestructuras, recursos y problemas en un territorio, facilitando la planificación urbana, la gestión medioambiental y la movilidad, entre otros aspectos clave. En este sentido, se continúan desarrollando Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) a nivel local, como la IDE de la Diputación Foral de  Guipuzcoa, o Geoportales como el de la Diputación de Córdoba.

Otra prioridad, indicada por el Ayuntamiento de Sant Feliu, es la incorporación de la perspectiva de género en las publicaciones de datos, siempre ycuando sea posible, con un doble objetivo: evidenciar adecuadamente las diferencias y desigualdades de la situación de las mujeres, y, sobre todo, ayudar a definir políticas públicas correctivas.

Por el contrario, entre los retos, los organismos destacan las dificultades técnicas para estandarizar y normalizar los datos a nivel corporativo, debido muchas veces a que la información se encuentra aislada en silos. Por ello, ven necesario establecer mecanismos de coordinación entre áreas y estructuras de gobierno del dato.

Además, los organismos encuestados consideran necesario, en primer lugar, impulsar la cultura del dato dentro de la organización, apostando por el aumento de recursos humanos y técnicos, y de formación.

Datos más populares

El fin último de los portales de datos abiertos es la reutilización de los mismos. En este sentido, algunos de los mecanismos que utilizan las entidades locales para monitorizar el uso de sus datos son:

• Consulta de estadísticas de los conjuntos de datos más descargados. Se está apostando por la creación de cuadros de mando interactivos, como este con los accesos a todos los conjuntos de datos de portales de ayuntamientos que usan la solución del consorcio AOC (Administració Oberta de Catalunya).
• Consulta de opiniones aportadas e implementación de un sistema de valoraciones.
• Uso de plataformas de observabilidad de software, basadas en inteligencia artificial (IA) y automatización,  para supervisar, analizar y optimizar la experiencia del usuario.
• Implementación de herramientas que generan índices de popularidad.
• Creación de formularios para que los reutilizadores puedan informar de los productos y servicios que desarrollan utilizando los datos del portal, como este ejemplo del Cabildo de Tenerife.

De todos los conjuntos de datos, las categorías que destacan las entidades locales participantes en la encuesta son las siguientes:

Accede a la versión accesible aquí

En resumen, las iniciativas de datos abiertos de los organismos locales representan una oportunidad invaluable para fortalecer la apertura de datos. Aún quedan desafíos a los que hacer frente, pero el compromiso con la apertura de datos es una realidad.

Los datos tienen un gran poder transformador de la sociedad. Su capacidad para generar conocimiento, impulsar la innovación y empoderar a la ciudadanía es innegable. En concreto, los datos abiertos de las administraciones públicas son un recurso con el que abordar, desde una perspectiva innovadora, los grandes desafíos ambientales, sociales y económicos.

En este sentido, las administraciones públicas, entre ellas las comunidades autónomas, están organizando concursos que impulsan la cultura del dato. Para hablarnos de estas iniciativas hemos entrevistado a:

• Sonia Gómez Martín, Jefa de Servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León.
• Imanol Argüeso Epelde, Responsable de Proyectos de la Dirección de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco.

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Resumen de la entrevista

1. Para empezar, nos pueden presentar brevemente sus iniciativas de datos. ¿Qué tipo de datos y contenidos podemos encontrar en la plataforma Open Data Euskadi? ¿y en la plataforma de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León?

Imanol Argüeso Epelde: En Open Data Euskadi, la iniciativa de datos abiertos del Gobierno Vasco, hay un catálogo de en torno a los 12.000 conjuntos de datos que son del Gobierno Vasco, de las tres diputaciones forales de la Comunidad Autónoma de Euskadi - que son Vizcaya, Guipúzcoa y Álava - y de las tres capitales de estos territorios. Mediante un sistema de federación, se muestran en el catálogo todos sus conjuntos de datos.

Además, hay un apartado de comunidad, donde vamos mostrando noticias que consideramos relevantes del mundo de los datos abiertos. También tenemos un apartado para los concursos y ejemplos de productos que se han hecho con nuestros datos.

Sonia Gómez Martín: Todo ello es parecido a lo que podemos encontrar en la plataforma de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. En nuestro caso, el catálogo de datos abiertos solo aglutina los datos de la propia administración de la Comunidad Autónoma, no de las distintas diputaciones ni de las capitales de provincias.

Además del catálogo de datos, tenemos un portal de visualizaciones, en el que damos cabida a datos que tengan mucho volumen de información y donde se puedan hacer visualizaciones y consultas por API. Estos datos son de diferentes temáticas: hay hasta 21 categorías como salud, sector público, cultura, ocio, medio rural y pesca, etcétera.

2. ¿Qué actividades lleváis a cabo para impulsar la reutilización de esos datos?

Sonia Gómez Martín: La actividad principal durante estos últimos años ha sido la organización y la convocatoria anual del Concurso de Datos Abiertos, a través del cual fomentamos que haya reutilizadores que por lo menos utilizan algún conjunto de datos de nuestro catálogo para crear productos, servicios, recursos didácticos.

También hay alguna otra serie de actividades internas. Por ejemplo, se hacen cursos con nuestra escuela de formación destinados a personal interno de la Junta, para que sepan la importancia de la reutilización de la información que se genera dentro del sector público y pongan a disposición de ciudadanos y empresas datos abiertos.

Además, en el portal hay una sección de noticias y también recibimos solicitudes de difusión de aplicaciones o de apertura de datos.

Imanol Argüeso Epelde: Nosotros también impartimos cursos dentro del Gobierno Vasco y a otras administraciones. Por ejemplo, este año hemos impartido uno a la Diputación Foral de Álava. También tenemos una iniciativa llamada Aula Open Data de la Universidad del País Vasco, situada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Es un aula de empresa orientada a que los alumnos utilicen datos abiertos, hagan aplicaciones, visualizaciones y servicios derivados de los datos, y conozcan esta herramienta de cara a su futura actividad profesional.

También participamos en cualquier evento, jornada, charla, etc. Cuando nos surge algún evento relacionado con los datos abiertos, solemos participar.

3. Nos habéis introducido ya los concursos de datos que organizáis. ¿Nos podéis detallar un poco más en qué consisten cada uno de ellos?

Imanol Argüeso Epelde: En el caso de Euskadi son dos convocatorias: una de aplicaciones y otra de ideas. Precisamente ahora tenemos el plazo de inscripción abierto para la 5.ª edición de las dos convocatorias, que finaliza el 10 de octubre.

En el caso del concurso de aplicaciones, se premia cualquier producto derivado de los datos abiertos de alguno de los catálogos del Gobierno Vasco, diputaciones forales y las tres capitales de Euskadi. Es obligatorio utilizar algún dataset de estos catálogos. Lo único que se pide es una URL con el servicio o el producto que se desarrolle y un pequeño documento describiendo el proyecto.

En el caso de la convocatoria de ideas, se necesita un documento explicando alguna idea para generar algún producto con datos abiertos.

Repartimos en torno a 34.000€ en premios en diferentes categorías.

Y también es importante comentar que, aunque como tal lo organiza el Gobierno Vasco, colaboran las tres diputaciones forales y los tres ayuntamientos de las capitales vascas: participan en el jurado, nos ayuda en la promoción, etc.

Sonia Gómez Martín: En nuestro caso es una única convocatoria, pero hay cuatro categorías. Se establece también una categoría de ideas, parecida a la del Gobierno Vasco. Otra de productos y servicios que también es parecida a la que ha comentado Imanol: se busca una aplicación o URL donde se desarrolle un sitio web que utilice algún conjunto de datos de nuestro catálogo. Y luego hay dos categorías adicionales. Una de recursos didácticos, con la que se busca fomentar la creación de recursos didácticos abiertos, nuevos e innovadores usando conjuntos de datos de nuestro portal que sirvan de apoyo a la enseñanza en el aula. Y otra categoría de periodismo de datos, donde se busca premiar piezas periodísticas publicadas o actualizadas de forma relevante en cualquier soporte escrito o audiovisual, donde la información tenga en cuenta conjuntos de datos abiertos de nuestro catálogo.

Repartimos 12.000€ en premios en total. Y bueno, ahora mismo tenemos abierta la 8ª edición hasta el día 23 septiembre del 2024.

4. ¿Qué requisitos son necesarios para para participar?

Sonia Gómez Martín: Las candidaturas no pueden haber sido premiadas con anterioridad en otros concursos. En todas las categorías es necesario utilizar al menos una fuente de datos del catálogo del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Y una misma persona puede presentar varias candidaturas a diferentes categorías.

En el caso de periodismo de datos, se busca que haya sido publicadas a partir del último día en que se podían presentar las candidaturas el año anterior, que en este caso es el 3 de octubre de 2023.

En el caso de la categoría de productos y servicios hay unos premios destinados a estudiantes, ahí sí que quien presenta la candidatura tiene que ser estudiante matriculado en cursos lectivos 2023-2024 o 2024-2025.

Imanol Argüeso Epelde: El caso de Euskadi es similar. Se pide que se utilice algún conjunto de datos de los catálogos de datos abiertos públicos que hemos comentado: de las tres diputaciones, las tres capitales o el Gobierno Vasco. En el caso de las aplicaciones, además, es necesario desarrollar algún alguna aplicación, visualización o sitio web a partir de esos datos abiertos.

En ambos concursos puede participar cualquier persona particular,  profesional o incluso cualquier empresa.

Aprovecho para animar a la gente. El plazo termina el 10 de octubre y cualquiera que esté interesado todavía tiene tiempo para presentar una idea o generar algún producto.

5. ¿Y cuál ha sido el impacto de estos concursos? ¿Nos podéis poner algún ejemplo de soluciones, ideas o productos que se han presentado al concurso?

Sonia Gómez Martín: Hay cosas muy interesantes, sobre todo en lo que aportan los estudiantes. En las ediciones en las que yo he formado parte del jurado, he visto, por ejemplo, una aplicación, una web, que recogía la oferta de toda la formación profesional en Castilla y León. También un análisis de los datos energéticos que a mí me pareció muy interesante. Además, algún instituto ha presentado y ha resultado premiado con iniciativas realizadas a partir de catálogos de información agrícola. Hacían un pequeño análisis de las peculiaridades de nuestro territorio.

Imanol Argüeso Epelde: La verdad es que la mayoría de los productos que se generan no siguen activas. Pero sí que hay algunos ejemplos muy interesantes que hoy en día siguen funcionando. Por citar algún ejemplo, en la última edición se presentó un sitio web llamado Openslot, que ofrece información sobre las máquinas de juego y de recreo en Euskadi: los fabricantes, los modelos de máquinas y realiza predicciones. Es una aplicación como muy específica de un sector.

Otro ejemplo: el año pasado resultó ganadora un grupo de Telegram que se basaba en datos abiertos para ofrecer, información sobre qué franjas horarias eran más idóneas para el consumo energético, que también continúa activa. Hay algunas que perduran en el tiempo y otras que se desarrollan solo para los concursos.

6. ¿Qué consejos daríais a otros organismos públicos que quieran poner en marcha iniciativas de este tipo?

Imanol Argüeso Epelde: Yo sobre todo remarcaría la importancia de la divulgación, de promocionar los concursos en centros de formación, en universidades relacionadas con las tecnologías de la información.

También nos ha funcionado incluir un sistema de votación para que la gente pueda votar las candidaturas. Y este año hemos incluido diferentes categorías por temática, en el caso de ideas. En el caso de aplicaciones, se valora si el acceso a los datos es a través de una API o del punto SPARQL. Lo que queremos es diversificar y que más gente tenga opciones de optar al premio.

Sonia Gómez Martín: Yo quiero insistir en lo que ha dicho Imanol sobre la promoción. Es muy importante que las universidades conozcan los concursos y animarlas a participar. También hacer difusión en redes sociales, en vuestro portal de datos.gob.es, etc. Todo poquito a poco va contribuyendo a que se conozcan y cada vez haya más participantes.

7. Estos concursos son una ventana para escuchar las necesidades de los reutilizadores, ¿Han realizado alguna acción concreta fruto de ese feedback?

Sonia Gómez Martín: Nosotros tenemos, en el propio portal de datos abiertos, un apartado donde recibimos solicitudes de reutilizadores, sobre qué tipos de datos abiertos les gustaría tener. Las recibimos y las trasladamos, pero es verdad que internamente a veces tenemos problemas para que esos datos que demandan se materialicen. El centro directivo del que dependen esos datos no siempre tiene la facilidad de pasarlos a formatos de datos abiertos o incluso estructurados.

En las redes sociales también tenemos una cuenta en X, @transparencia, donde también recibimos solicitudes, las valoramos y estudiamos.

Imanol Argüeso Epelde: Sí, es verdad. Normalmente las áreas de datos abiertos somos muchas veces meros transmisores y es difícil a veces materializar las peticiones. Yo creo que una de las grandes ventajas de los concursos es que, internamente, resulta una fuente de información muy interesante para escuchar a los realizadores, para ver qué problemas tienen, qué herramientas utilizan, qué características tienen… y eso permite orientar los esfuerzos.

A raíz de esta fuente de información, hemos abierto determinados conjuntos de datos. El ejemplo que he comentado, Openslot, utiliza datos que no estaban abiertos y que los abrimos a raíz de ese participante. También hemos desarrollado diversas API REST a partir de los datos más demandados: datos meteorológicos, calidad del aire, calidad del agua, etc.

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Clips de la entrevista

La revolución digital está transformando los servicios municipales, impulsada por la creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA) que también se benefician de los datos abiertos. Estos avances tienen potencial para redefinir la manera en que los municipios ofrecen servicios a sus ciudadanos, proporcionando herramientas para mejorar la eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad. El presente informe analiza casos de éxito en el despliegue de aplicaciones y plataformas que buscan mejorar diversos aspectos de la vida en los municipios, destacando su potencial para liberar algo más del vasto potencial aún por explotar de los datos abiertos y las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial.

Las aplicaciones y plataformas descritas en este informe tienen un alto potencial de replicabilidad en diferentes contextos municipales, ya que abordan problemas que son comunes. La replicación de estas soluciones puede llevarse a cabo mediante la colaboración entre municipios, empresas y desarrolladores, así como a través de la liberación y estandarización de datos abiertos.

A pesar de los beneficios, la adopción de datos abiertos para la innovación municipal también presenta importantes desafíos. Debe garantizarse la calidad, actualización y estandarización de los datos publicados por las entidades locales, así como la interoperabilidad entre diferentes plataformas y sistemas. Además, es necesario reforzar la cultura de datos abiertos entre todos los actores implicados, incluidos los ciudadanos, los desarrolladores, las empresas y las propias administraciones públicas.

Los casos de uso analizados se dividen en cuatro secciones. A continuación, se describen cada una de estas secciones y se muestran algunos ejemplos de las soluciones incluidas en el informe.

Transporte y Movilidad

Uno de los desafíos más significativos en las áreas urbanas es la gestión del transporte y la movilidad. Las aplicaciones que utilizan datos abiertos han demostrado ser efectivas en la mejora de estos servicios. Por ejemplo, aplicaciones como Park4Dis facilitan la localización de plazas de aparcamiento para persona con movilidad reducida, utilizando datos de múltiples municipios y contribuciones de voluntarios. CityMapper, que ha alanzado escala global, por otro lado, ofrece rutas de transporte público optimizadas en tiempo real, integrando datos de diversos modos de transporte para proporcionar la ruta más eficiente. Estas aplicaciones no solo mejoran la movilidad, sino que también contribuyen a la sostenibilidad al reducir la congestión y las emisiones de carbono.

Medio Ambiente y Sostenibilidad

La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ha impulsado el desarrollo de aplicaciones que promueven prácticas ecológicas. CleanSpot, por ejemplo, facilita la localización de puntos de reciclaje y la gestión de residuos urbanos. La aplicación incentiva la participación ciudadana en la limpieza y el reciclaje, contribuyendo a la reducción de la huella ecológica. Liight, por su parte, gamifica comportamientos sostenibles, recompensando a los usuarios por acciones como reciclar o usar el transporte público. Estas aplicaciones no solo mejoran la gestión ambiental, sino que también educan y motivan a los ciudadanos a adoptar hábitos más sostenibles.

Optimización de Servicios Públicos Básicos

Las plataformas de gestión de servicios urbanos, como Gestdropper, utilizan datos abiertos para monitorizar y controlar infraestructuras urbanas en tiempo real. Estas herramientas permiten una gestión más eficiente de recursos como el alumbrado público, redes de agua y mobiliario urbano, optimizando el mantenimiento, la respuesta ante incidencias y reduciendo costes operativos. Por otra parte, el despliegue de sistemas de gestión de citas previas, como CitaME, ayuda a reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia en la atención al ciudadano.

Agregadores de Servicios a los Ciudadanos

Las aplicaciones que centralizan información y servicios públicos, como Badajoz Es Más y AppValencia, mejoran la accesibilidad y la comunicación entre las administraciones y los ciudadanos. Estas plataformas proporcionan datos en tiempo real sobre transporte público, eventos culturales, turismo y trámites administrativos, facilitando la vida en el municipio tanto a los residentes como a los turistas. Por ejemplo, al integrar múltiples servicios en una sola aplicación, se mejora la eficiencia y se reduce la necesidad de desplazamientos innecesarios. Estas herramientas también apoyan a las economías locales al promover eventos culturales y servicios comerciales.

Conclusiones

La utilización de datos abiertos y tecnologías de inteligencia artificial está transformando la gestión municipal, mejorando la eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad de los servicios públicos. Los casos de éxito presentados en este informe describen cómo estas herramientas pueden beneficiar tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas convirtiendo las ciudades en entornos más inteligentes, inclusivos y sostenibles, y respondiendo mejor a las necesidades y bienestar de sus habitantes y visitantes.

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ELISA: El Plan en cifras es una herramienta lanzada por el gobierno español para visualizar datos actualizados sobre la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  A través de visualizaciones intuitivas, esta herramienta ofrece información sobre el número de empresas y hogares que han recibido financiación, el tamaño de las empresas beneficiarias y las inversiones realizadas en las diferentes palancas de actuación definidas en el Plan.

La herramienta también proporciona también el detalle de fondos gestionados y ejecutados en cada Comunidad Autónoma. De esta forma, se puede apreciar la distribución territorial de los proyectos. Además, la herramienta viene acompañada de fichas territoriales, donde se muestra un detalle más cualitativo del impacto del Plan de Recuperación en cada Comunidades Autónomas

El reciente Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2023 sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Data Act) incorpora importantes novedades en la normativa europea a la hora de facilitar el acceso a los datos generados por los productos conectados y los servicios relacionados. Además de establecer medidas para impulsar la interoperabilidad en los espacios de datos, los servicios de tratamiento de datos y los contratos inteligentes, la nueva regulación también incorpora una importante novedad al regular la puesta a disposición de datos a favor de las entidades públicas en situaciones excepcionales.

¿Una nueva orientación en la regulación europea?

Con la normativa sobre reutilización de la información del sector público se pretendía fundamentalmente facilitar el acceso a los datos generados por las entidades del sector público, de manera que se impulsara el desarrollo de servicios de valor añadido basados en la innovación tecnológica. De hecho, tal y como se afirma expresamente en la Directiva de 2019, la reforma que llevó a cabo se justificaba en gran medida por la necesidad de actualizar el marco normativo aplicable a los nuevos desafíos que planteaba la tecnología digital y, en particular, la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas.

Posteriormente, al amparo de la Estrategia Europea de Datos se aprobó una regulación sobre gobernanza, se han impulsado los espacios de datos y, asimismo, se ha publicado hace tan solo unos meses la Data Act. Esta última implica un importante giro desde el punto de vista de los sujetos afectados ya que, a diferencia de las regulaciones anteriores centradas en las obligaciones de las entidades del sector público, por una parte, disciplina las relaciones entre privados y, por otra, establece una importante medida destinada a que las entidades privadas sean quienes proporcionen datos a los organismos públicos en ciertas condiciones singulares.

¿En qué situaciones han de proporcionarse los datos?

En primer lugar, es necesario enfatizar que la Data Act no tiene por objeto ampliar los supuestos en que las entidades privadas tienen que entregar datos a los organismos públicos en cumplimiento de sus potestades de supervisión y cumplimiento normativo, como puede ser el caso de la prevención, investigación e imposición de sanciones penales o administrativas. Así pues, no afecta a las obligaciones que los sujetos privados ya tengan que cumplir para que, en base a los datos solicitados, los organismos públicos puedan ejerzan su actividad habitual en el ejercicio de una misión de servicio público como las indicadas.

Se trata, en cambio, de una regulación que pretende hacer frente a situaciones excepcionales, imprevisibles y limitadas en el tiempo, que pueden referirse:

• bien a la necesidad de obtener los datos para responder a una emergencia pública que no se encuentren disponibles por medios alternativos en condiciones equivalentes, como puede ser el caso del suministro de datos en entornos y plataformas ya existentes que se hubiesen desplegado para otra finalidad (por ejemplo: prestación de un servicio, ejecución de un proyecto de colaboración…);
• o, en su caso, a la imposibilidad por parte de la entidad pública de disponer de datos específicos para hacer frente a una tarea asignada por la ley y realizada en interés público cuando se hayan agotado todos los demás medios a su disposición, como puede ser el caso de la compra de datos no personales en el mercado por el organismo público, la consulta a una base de datos púbicas o su obtención en base a obligaciones previamente existentes para los sujetos privados.

En este último supuesto, es decir, cuando la necesidad de disponer de los datos no se justifique por la exigencia de responder a situaciones de emergencia, el objeto de la solicitud no podrá referirse a datos de carácter personal salvo que, por la propia naturaleza de la petición, sea imprescindible poder conocer en algún momento la identidad de su titular. En ese caso será necesario proceder a la seudonimización. En consecuencia, dado que los datos no estarían anonimizados, se habrán de tener en cuenta las garantías que establece la normativa sobre protección de datos. En concreto:

• Los datos se tendrán que separar de su titular para que este no pueda ser identificado por otra persona no autorizada.
• Habrán de adoptarse medidas técnicas y organizativas que impidan la reidentificación del titular, salvo  por quien está habilitado para ello cuando resulte necesario.

¿Para qué finalidades no se pueden utilizar los datos?

Salvo que la entidad privada que los proporcione lo hubiese autorizado expresamente, los organismos públicos no pueden emplear los datos para satisfacer una finalidad distinta a la que justificó su puesta a disposición. Sin embargo, en el ámbito de la estadística oficial o cuando se necesiten llevar a cabo actividades de investigación científica o análisis que no puedan realizar por sí mismas las propias entidades públicas que solicitan los datos, se permite que se puedan ceder a otras entidades para realizar dichas actividades. Ahora bien, esta posibilidad presenta importantes limitaciones, ya que dichas actividades deben resultar compatibles con los fines para los que se obtuvieron los datos, lo que impediría por ejemplo utilizar los datos para entrenar algoritmos que luego puedan emplearse para el ejercicio de otras funciones o competencias propias de la entidad pública no relacionadas con la investigación o el análisis. Asimismo, los datos sólo podrán ponerse a disposición de entidades sin ánimo de lucro o que satisfagan fines de interés público como pueden ser las universidades y los organismos públicos de investigación.

Tampoco se podrán utilizar los datos para desarrollar o mejorar productos y servicios relacionados con la entidad que los entrega, ni compartirlos con terceros para dichos fines. Esto impediría, por ejemplo, que utilicen los datos para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial por parte de la entidad pública o uno de sus contratistas que afecten negativamente al objeto de la actividad habitual de la entidad que los proporcionó.

Por último, los datos obtenidos en aplicación de esta regulación no pueden ponerse a disposición de otros sujetos al amparo de la normativa sobre datos abiertos y reutilización del sector público, de manera que su aplicación queda excluida expresamente.

¿Qué garantías se establecen para el titular de los datos obligado a entregarlos?

La petición de los datos deberá formularse por el organismo público mediante una solicitud formal en la que será preciso determinar los datos necesarios y justificar por qué se dirige a la entidad que recibe el requerimiento. Además, será imprescindible explicar las razones excepcionales que sustenten la solicitud y, en concreto, por qué no es posible obtener los datos por otra vía.

Con carácter general, el titular de los datos tiene derecho a formular una reclamación frente a la solicitud de los datos, que habrá de dirigir a la autoridad competente designada por cada Estado para garantizar la aplicación del Reglamento y que figurará en el registro que establezca la Comisión Europea.

Finalmente, en ciertos casos, se reconoce al titular de los datos el derecho a solicitar una compensación razonable por los costes y un margen razonable necesario para poner los datos a disposición de la entidad pública, si bien esta última puede impugnar la compensación solicitada ante la autoridad antes referida. Sin embargo, cuando la petición de acceso a los datos se justifique en la necesidad de responder a emergencias públicas o la salvaguarda de un interés público significativo, no se contempla compensación alguna a los titulares de los datos. Este sería el caso de un acontecimiento de origen natural (terremotos, riadas…) o situaciones imprevistas y graves que afectan al normal funcionamiento social en ámbitos esenciales como la salud o el orden público.

En definitiva, la obligación de proporcionar datos a las entidades públicas por parte de los sujetos privados en estos casos va más allá del objetivo de impulsar un mercado único de datos a nivel de la Unión Europea, finalidad que en gran medida había sustentado el avance en la regulación en materia de datos en los últimos años. Sin embargo, la gravedad de la situación generada como consecuencia del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de establecer un marco normativo general que garantice que las entidades públicas puedan disponer de los datos necesarios para hacer frente a situaciones excepcionales por razones de interés público. En todo caso, la efectividad de estas medidas sólo podrá comprobarse a partir de septiembre de 2025, cuando está prevista su efectiva aplicación.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.